Continuando con el propósito de la Cátedra Zaragoza Vivienda de potenciar y canalizar el debate acerca de la situación actual del sector inmobiliario, no podíamos dejar de abordar uno de los fundamentales problemas a los que se enfrenta hoy la sociedad española como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria. Las crisis financiera e inmobiliaria, unidas al incremento del desempleo, han dado lugar en los últimos seis años a 400.000 ejecuciones hipotecarias.
Aun cuando los datos sobre el impacto de tales procedimientos sobre las familias son inseguros, a falta de un tratamiento estadístico adecuado que el reciente plan estadístico nacional 2013-2016 parece haberse propuesto paliar, existe una notable alarma social y cierto debate político que conviene abordar. El obvio protagonismo, e innegable trabajo, de diversos colectivos sociales, surgidos para hacer frente a dramas personales y familiares derivados de los lanzamientos por desahucio o ejecución hipotecaria, hace, además, que deban éstos pasar a primer plano, al igual que algunas iniciativas de mediación que, con el sistema financiero enfrente, tratan de contribuir a buscar soluciones.
Tras la burbuja, las políticas de vivienda y el modelo de sector inmobiliario, y por extensión el sistema hipotecario mismo, están puestos en cuestión en nuestro país. El gravísimo sobreendeudamiento privado que han generado, como consecuencia del funcionamiento inflacionista del sector inmobiliario español y de un modelo de satisfacción del derecho a la vivienda basado en el acceso en propiedad, están impulsando propuestas de reforma que, como es lógico, ofrecen diferentes alternativas y van desde el inmovilismo de algunos a un profundo replanteamiento de la normativa hipotecaria, de enjuiciamiento civil, de arrendamientos urbanos y fiscal propugnado por otros.
En ese punto, con una iniciativa legislativa popular en curso y varios proyectos de ley en trámite, con numerosas resoluciones judiciales que cuestionan el modelo actual (y muchas otras que lo aplican sin crítica), con un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto de posibles prácticas abusivas para el consumidor pendiente de una inminente sentencia, entre otras cuestiones, el interés académico y social de la Jornada resulta patente.
Este es el programa provisional de la Jornada que se celebrará sobre estas cuestiones el próximo 25 de enero, en la cual contaremos con Julio Rodríguez López, Angel Dolado Pérez, Ada Colau, José Luis Batalla y representantes de Cáritas, Stop Desahucios y AICAR-ADICAE. Estáis invitados a asistir (hasta completar aforo, claro). Tendrá lugar en el Centro de Historias de Zaragoza de 16 a 21 horas.