a) «OBJETIVOS Y MÉTODO PARA UNA POLÍTICA
LEGISLATIVA EN MATERIA DE DERECHO CIVIL
DE ARAGÓN», PONENCIA GENERAL ELABORADA
POR LA COMISIÓN ARAGONESA DE DERECHO CIVIL (DECRETO 10/1996, DE 20 DE FEBRERO)

Presentación

La Comisión Aragonesa de Derecho Civil, regulada por el Decreto 10/1996, de 20 de febrero, tiene entre sus funciones la general de «asesoramiento, estudio y propuesta a la Diputación General en materia de Derecho Civil Aragonés y especialidades procesales derivadas de aquel Derecho sustantivo».

Constituida la Comisión el día 6 de mayo de 1996, comenzó de inmediato a reflexionar sobre opciones generales de política legislativa para el Derecho civil de Aragón. El resultado de sus deliberaciones es la Ponencia que, una vez entregada formalmente a la Diputación General de Aragón el día 8 de octubre, creemos oportuno y debido presentar a la opinión pública aragonesa, en particular a los profesionales del Derecho, con la mayor publicidad.

La Ponencia concluye con una llamada a la participación más amplia y plural en las tareas prelegislativas. Propiciar esta participación y el necesario debate es la finalidad de estas páginas.

A su contenido, pensado cuidadosamente a la vez que abierto a las sugerencias de cuantos crean que pueden aportar algo a la tarea común, nada he de añadir aquí. Sí quiero dejar constancia de la ilusión y la emoción con que los redactores de la Ponencia proponemos empezar el camino que habrá de llevar al primer Cuerpo Legal de Derecho civil de Aragón aprobado en democracia por los aragoneses.

Zaragoza, octubre de 1996

Jesús Delgado Echeverría.

Presidente de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil.

SUMARIO: I. PLANTEAMIENTO: 1. El Derecho civil, parte esencial de la identidad histórica de Aragón. — 2. Legislación, aplicación de la norma, observancia del Derecho. — II. ANTECEDENTES: 1. El punto de partida. La Compilación vigente. — 2. Antecedentes. Continuidad con los trabajos de generaciones anteriores. — 3. La formación del texto de la Compilación de 1967. — III. LA SITUACIÓN ACTUAL: 1. Los aciertos de la Compilación vigente. — 2. Los límites de origen de la Compilación. — 3. Adecuación de la Compilación a nuestro tiempo. — IV. LA TAREA POR REALIZAR. UN NUEVO CUERPO LEGAL DEL DERECHO CIVIL DE ARAGÓN: 1. Legislar para la actualización y desarrollo del Derecho civil aragonés. — 2. Un Cuerpo legal de Derecho civil aragonés. — 3. Las relaciones con el Código civil. — 4. Posibilidad de aprobación fraccionada o por partes del Cuerpo legal del Derecho civil de Aragón. — V. LLAMADA A LA PARTICIPACIÓN MÁS AMPLIA Y PLURAL EN LAS TAREAS PRELEGISLATIVAS.

I. Planteamiento

1. El Derecho civil, parte esencial de la identidad histórica de Aragón

Entre los rasgos culturales que caracterizan históricamente a Aragón y le han legitimado constitucionalmente para constituirse en Comunidad Autónoma destaca y es acaso el primero el Derecho.

Los aragoneses, desde el inicio de su identidad histórica y a lo largo de los siglos, han mostrado una predisposición especial para la creación del Derecho, bien sea mediante actos legislativos que con el nombre de «Fueros» promulgaban las Cortes con el Rey, bien en forma de costumbre vivida, bien a través de actos jurídicos por los que los particulares regulan sus incumbencias personales y familiares. La aplicación oficial del Derecho, tanto a través de los Tribunales (incluido el del Justicia) como extrajudicialmente por un notariado que descuella en el contexto europeo adopta formas propias en muchos sentidos ejemplares. Durante siglos los foristas aragoneses, en estrecha relación con la práctica judicial y el ejercicio de la abogacía, han elaborado y transmitido a las siguientes generaciones una doctrina foral o jurídica de gran calidad y contribuido así al desarrollo y perfeccionamiento técnico del Derecho propio.

La forma propia en que los aragoneses de todas las épocas han conformado sus relaciones jurídicas privadas en el marco del ordenamiento foral se ha mantenido en lo sustancial hasta el presente, como fruto de una voluntad colectiva que se proyecta hacia el futuro. La Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía sientan las bases de un posterior desarrollo y actualización de acuerdo con las necesidades y las ideas de las generaciones actuales.

La conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil aragonés es hoy competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón e incumbencia de todos los aragoneses. La vitalidad y el futuro del Derecho civil aragonés no dependen sólo de la actuación de los órganos institucionales de la Comunidad Autónoma, sino también de la actitud y actuación de otras instituciones, como las judiciales, los Colegios profesionales o la Universidad, así como de los particulares en la configuración de sus relaciones jurídicas de Derecho civil.

2. Legislación, aplicación de la norma, observancia del Derecho

Mantener el Derecho civil aragonés es, sin duda, una exigencia indeclinable que renueva cada generación de aragoneses. Pero es también una tarea que entraña dificultad y gasto de energías y de dinero y requiere cuidados y atenciones que, ciertamente, no serían necesarios sin aquella exigencia.

El Derecho civil aragonés regula hoy las relaciones jurídicas civiles, especialmente familiares y sucesorias, de poco más de un millón de personas, y lo hace en concurrencia con un Derecho civil estatal (competencia exclusiva del Estado en ciertas materias) y en el seno del Ordenamiento jurídico español.

Todo Derecho —salvo acaso en fases muy primitivas de su formación— requiere sus intérpretes, que lo apliquen y vivifiquen en cada aplicación. Sin jueces, sin abogados, sin fiscales, sin procuradores, sin notarios y registradores, todos ellos expertos en aquel Derecho, y sin profesores que puedan formarlos y contribuir al desarrollo doctrinal no es posible la pervivencia de un sistema jurídico, tampoco la del Derecho civil aragonés. Sin una organización judicial idónea o un sistema fiscal adecuado el Derecho privado se resentirá. No basta con la promulgación de la norma por el legislador para que ésta opere realmente en la conformación de las relaciones sociales. Bien lo supieron los grandes legisladores, como Justiniano y Napoleón, que se ocuparon de la organización de las profesiones jurídicas y la enseñanza del Derecho al tiempo que promulgaban sus Códigos.

Pues bien, lo específico del Derecho civil aragonés es que requiere estas atenciones y este entramado profesional al servicio de una población reducida, en un contexto institucional (organización judicial, registros y notariado, colegios profesionales, sistema fiscal, Universidad) que, en conjunto, no lo tiene como referencia principal, y con necesidad de ajuste continuo con el resto del Ordenamiento español. De ahí su fragilidad, que no deriva sustancialmente, por el contrario, de su propio contenido normativo, su adaptación a la realidad social, su aceptación y su observancia por los aragoneses. Más aún, es su adecuación esencial a la forma de vivir y pensar de los aragoneses la que ha deparado su pervivencia en los últimos casi trescientos años, en que no ha contado con una renovación normativa a través de un poder legislativo propio y ha sufrido un contexto institucional adverso o, en el mejor de los casos, indiferente.

Los aragoneses y sus poderes públicos han manifestado su convencimiento de la necesidad de un cuidado y atenciones especiales para con el Derecho civil aragonés (que, por las razones dichas, en efecto las necesita) en su Estatuto de Autonomía, al encomendar al Justicia de Aragón la «tutela del Ordenamiento jurídico aragonés, velando por su defensa y aplicación» (art. 33.1, b)) y señalar en la correspondiente ley que integra el ordenamiento jurídico aragonés, en primer lugar, «el Derecho civil o foral de Aragón». De acuerdo con estas normas el Justicia viene actuando en la promoción de la observancia y el conocimiento del Derecho civil aragonés y podría contribuir de modo relevante a los trabajos de preparación de una reforma legal; pero además, y es lo que aquí queremos subrayar, la propia existencia de la norma aragonesa muestra un objetivo propio y un compromiso de la Comunidad Autónoma de Aragón en el cuidado específico del Derecho civil aragonés que importa tener presente en las reflexiones sobre cómo abordar la tarea legislativa en este campo.

También la misma existencia de esta «Comisión aragonesa de Derecho civil», autora de la presente Ponencia General, es buena muestra de la conciencia generalizada en Aragón sobre la necesidad de una atención específica a la formulación, aplicación y observancia del Derecho civil aragonés. Una Comisión permanente como ésta, que fue creada (aun con nombre y configuración ligeramente diferentes) por el primer Gobierno autonómico aragonés y mantenida por todos los posteriores, carece de equivalente en las demás Comunidades Autónomas con Derecho civil propio.

II. Antecedentes

1. El punto de partida. La Compilación vigente

Para encauzar adecuadamente las reflexiones y sugerencias sobre la política legislativa en materia de Derecho civil, que son el objetivo de esta Ponencia, debe partirse del examen de la situación actual.

El Derecho civil aragonés recibe hoy su formulación como norma legal en la «Compilación del Derecho civil de Aragón». La propia Compilación determina el sistema de fuentes del Derecho civil aragonés, reconociendo como tales, junto a la ley, a la costumbre y a los principios generales en los que tradicionalmente se inspira el ordenamiento jurídico aragonés. Por tanto, no todo el Derecho civil aragonés se encuentra formulado en la Compilación, pues también la costumbre y los mencionados principios son fuente de normas, lo que no debe olvidarse nunca al formular las leyes.

Ahora bien, fuera de la Compilación no hay otras normas legales que tengan como objeto principal el Derecho civil aragonés, por lo que sólo de la Compilación (incluido su sistema de fuentes) hemos de ocuparnos.

La Compilación es una ley cuya vigencia y eficacia formales han cambiado desde su promulgación como Ley estatal en 8 de abril de 1967. La Ley aragonesa 3/1985, de 21 de mayo, en el ejercicio de la competencia legislativa constitucional y estatutariamente atribuida a Aragón para la conservación, modificación y desarrollo de su Derecho civil foral o especial, adoptó e integró en el Ordenamiento jurídico aragonés el texto normativo de la Compilación, a la vez que introducía en su articulado algunas modificaciones dirigidas, principalmente, a su adecuación a los principios de la Constitución de 1978.

De esta manera, un contenido normativo netamente aragonés, enraizado en nuestra historia y redactado en lo sustancial por aragoneses —aunque sometido luego a rectificaciones por los órganos centrales del Estado— adquiría también una forma de validez netamente aragonesa, mediante ley autonómica.

La Compilación vigente está compuesta, en su mayor parte, por las normas promulgadas en 1967. Regula hoy el mismo número de instituciones, con la estructura general y las determinaciones básicas que entonces se dieron. Las modificaciones posteriores (1985, 1988 y 1995), sin perjuicio de lo que luego se dirá, son, formalmente, modificaciones en la redacción de alguno de los artículos, que, con muy pequeñas excepciones, han conservado su numeración y sus epígrafes; y, sustancialmente, no alteran en profundidad el sentido de las instituciones tradicionales.

El texto de la Compilación de 1967 es un texto de origen aragonés, elaborado reflexivamente durante decenios por nuestros mejores jurisconsultos (con intervención de cuantas instituciones y particulares quisieron en fase de información pública), que acertó a recoger con excelente técnica y adecuar a la realidad social de la época lo más importante de las instituciones de Derecho civil de que los aragoneses se habían ido dotando desde los orígenes del Reino.

2. Antecedentes. Continuidad con los trabajos de generaciones anteriores

La Compilación de 1967 derogó el «Apéndice al Código civil correspondiente al Derecho foral de Aragón», de 7 de diciembre de 1925. Tal derogación no significa una ruptura con el Derecho anterior, mucho menos su repudiación, sino, por el contrario, refleja la fidelidad a la tradición histórica y la exigencia de ampliación de los estrechos cauces que el Apéndice proporcionaba, a la vez que pone de manifiesto la continuidad con los trabajos prelegislativos de anteriores generaciones de aragoneses en la época contemporánea.

En efecto, la primera y muy importante iniciativa para codificar el Derecho civil aragonés surgió hace poco más de un siglo, en el Congreso de Jurisconsultos aragoneses celebrado en Zaragoza entre noviembre de 1880 y abril de 1881. El impulso inicial de Gil Berges (Decano del Colegio de Abogados de Zaragoza y conocido dirigente republicano, diputado a Cortes por su ciudad durante decenios), acertó a congregar a representantes de todas las instituciones aragonesas, en particular sus Colegios Profesionales y la Universidad, que desde la modernidad, el constitucionalismo y el liberalismo de la Restauración, revisaron los Fueros, Observancias y Actos de Cortes del Reino de Aragón en lo que, desde la «Nueva Planta» de 1711, estaban vigentes, tomando postura tras debate y mediante votación sobre el contenido de las normas forales que habían de pasar a un Código de Derecho civil aragonés.

La elaboración, que culminó en 1888, del Código civil español, interfirió con las propuestas de aquel Congreso, pero el camino quedaba ya señalado: los juristas aragoneses querían dar nueva forma, en un Código, con todos los rasgos que esta manera de legislar conlleva, a los contenidos normativos hasta entonces recogidos en los Fueros y Observancias. Aunque a los juristas aragoneses de hoy pueda parecernos una opción obvia —lo que es buena muestra del acierto de quienes la formularon—, no era, sin embargo, la única posible. Dejando aparte la de la mera y simple abolición del Derecho histórico —que nunca se ha planteado entre nosotros—, ocurre que en Cataluña, por las mismas fechas, se estaban fraguando postulados radicalmente contrarios a la codificación del Derecho catalán, y que, de hecho, sólo en Aragón se formuló explícita y colectivamente el designio de codificar el Derecho civil propio.

Mientras el Congreso de Jurisconsultos realizaba sus tareas, Luis Franco y López, Senador del Reino, por encargo de su correligionario el Ministro conservador Alvarez Bugallal, redactaba una «Memoria sobre las instituciones que deben continuar subsistentes del Derecho civil aragonés y reforma y adiciones que en ellas es conveniente establecer». La Memoria iba acompañada de un amplio articulado, y fue completada por su autor en 1890 con unas «Adiciones a la Memoria» que tenían en cuenta la publicación entonces reciente del Código civil español. No hay tampoco un trabajo semejante en las demás regiones forales, pues sus Memorias, o son reticentes o aun decididamente contrarias a la codificación (como la de Durán y Bas para Cataluña) o mucho más breves y poco decisivas para la evolución posterior del correspondiente Derecho.

A partir de 1889, las conclusiones del Congreso (de las que se hizo eco Costa, publicándolas en su obra «La Libertad civil y el Congreso de Jurisconsultos aragoneses») y la Memoria de Franco y López serán las dos referencias inexcusables para toda opinión o toma de postura sobre el Derecho civil aragonés, tanto individual como colectiva o corporativa. Así, en significativo ejemplo, el Colegio de Abogados de Huesca imprime en 1889 (aprobadas por su Junta General) unas Observaciones a la Memoria de Franco y López, que comienzan con las siguientes palabras: «El criterio que predomina en este Colegio es que, deben por regla general conservarse, perfeccionándolas en lo posible, todas las instituciones que caracterizan e imprimen un sello de originalidad a la legislación foral; y muy especialmente las que consagran la libertad civil de los aragoneses». Era, sin duda, expresión del criterio ampliamente compartido por los juristas aragoneses.

Las conclusiones del Congreso y la Memoria de Franco y López serán los materiales de trabajo iniciales en todas las Comisiones que se formaron para redactar un proyecto de ley de Derecho civil aragonés. La constituida en 1889 por representantes de las Diputaciones provinciales, los Colegios profesionales y la Facultad de Derecho comenzó por formular su punto de vista respecto de la «Memoria», aunque superó algunos de sus presupuestos (por ejemplo, en cuanto a la admisión de la costumbre como fuente y el papel del principio Standum est chartae) en el texto del proyecto publicado en 1899 (llamado habitualmente de Ripollés, por ser su presidente). La que, presidida por Gil Berges, inició sus trabajos en 1899, amplía en su Proyecto el contenido del anterior, incorporando especialmente el derecho consuetudinario, para lo que se sirvió —además de los conocimientos directos de su Presidente y redactor personal— de la obra de Costa. El Proyecto fue impreso en 1904 y, lo mismo que el anterior y la «Memoria» y su «Adición», a expensas de la Diputación Provincial de Zaragoza (Imprenta del Hospicio), que se sentía en algún sentido continuadora de la vieja Diputación del Reyno.

Este último Proyecto es el que sirvió, veinte años más tarde, para que la Comisión de Codificación preparara el «Apéndice» que se promulgó en 1925, versión muy recortada y deficiente de lo que los juristas aragoneses habían propuesto tiempo atrás. No es ahora cuestión de formular su crítica (lo hicieron todos los autores que se ocuparon del mismo, así como la Ponencia Preparatoria de la Comisión de 1935 a que luego se aludirá), sino de recordar que ha sido la norma legal vigente durante más de cuarenta años y que todavía algunas cuestiones que llegan hoy a los tribunales se rigen por sus reglas. Derogado por la Compilación en 1967, puede decirse que todo su contenido está incluido en ella, si bien —además de algunas opciones de signo distinto— con otra sistemática , alcance más amplio y una técnica superior.

El «Apéndice» nos deparó, indirectamente, otro de los antecedentes necesarios en toda tarea legislativa sobre Derecho civil aragonés, la obra de Isabal «Exposición y comentario del cuerpo legal denominado Fueros y Observancias del Reino de Aragón», que sintetiza en artículos redactados con técnica moderna el Derecho civil de los Fueros y Observancias, cuyo contenido expone. La obra fue publicada en 1926 por el Colegio de Abogados de Zaragoza con la fotografía de su autor, que era el Decano del mismo.

Tan pronto como se publicó el Apéndice los juristas aragoneses se propusieron revisarlo y mejorarlo. La primera ocasión se presentó bajo la Constitución republicana, de modo que en 1935 se constituyó una Comisión para la revisión del Apéndice nombrada por el Ministro de Gracia y Justicia. De poco tiempo dispusieron para sus trabajos, pero al menos dos Ponencias entonces aprobadas proyectaron su influencia en toda la etapa posterior. Por una parte, la que trataba de la aplicación del principio de igualdad jurídica entre cónyuges, de acuerdo con los principios enunciados en la Constitución de 1931; pero, sobre todo, la Ponencia Preparatoria que sentaba los criterios fundamentales con que acometer una reformulación legislativa del Derecho civil aragonés. Estos criterios resultaron tan aceptados y compartidos que aquella Ponencia resultó aprobada de nuevo por la Comisión que en 1944 —guerra civil por medio— reanudó la tarea de formar de nuevo un cuerpo legal de Derecho aragonés.

3. La formación del texto de la Compilación de 1967

Por lo que acaba de decirse, cabe entender que la formación de la Compilación vigente comienza en 1935, aunque entonces no se redactara ningún artículo. Sí se hizo a partir de 1944, en un ambiente distinto, que cabe sintetizar en la convocatoria de un «Congreso Nacional de Derecho civil», celebrado en Zaragoza en octubre de 1946, en el que, con asistencia de autoridades nacionales y representación de los juristas de todas las regiones con Derecho civil propio se aprobaron unas conclusiones que sentaron las bases para la formación y aprobación de todas las Compilaciones de los Derechos civiles forales o especiales promulgadas entre 1959 y 1973. La iniciativa de aquel Congreso procedía del grupo de juristas aragoneses reunidos en el Consejo de Estudio de Derecho Aragonés (incardinado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en la Facultad de Derecho de Zaragoza), que organizó desde 1942 en Jaca Jornadas de Estudios del Derecho aragonés estrechamente relacionadas con los trabajos prelegislativos. Sólo este contexto organizativo, dedicado al estudio y difusión del Derecho civil aragonés, hizo posible la existencia de la Compilación.

La Comisión de Juristas aragoneses que tenía el encargo de redactar un texto articulado de Derecho civil aragonés (cuya tramitación ulterior y aprobación había de producirse en instancias madrileñas) tomó en 1953 el acuerdo de formar un Seminario presidido por uno de sus miembros, el profesor Lacruz Berdejo, formado por jóvenes investigadores, que habría de aportar a las Secciones y Pleno de la Comisión el estudio histórico y de Derecho comparado, con los materiales correspondientes, así como propuestas articuladas sobre cada una de las instituciones. La importancia decisiva de la actividad del Seminario para la Compilación vigente puede apreciarse por la simple lectura de los Informes en él elaborados, recientemente publicados por iniciativa del Justicia de Aragón.

La Comisión hizo público un primer Anteproyecto en 1962, sobre la base del que el Seminario había concluido el año anterior, y tras unas «Jornadas» celebradas en junio de 1961, organizadas por las autoridades judiciales, la Facultad de Derecho y los Colegios profesionales, en las que se debatieron las grandes opciones. Sometió el Anteproyecto a información pública, a la que concurrieron Corporaciones y particulares. Se imprimió el informe conjunto del Colegio Notarial de Zaragoza y los Registradores de las tres provincias aragonesas. A resultas de la información pública, se formó un segundo Anteproyecto en 1963.

De la posterior evolución (Comisión de Codificación, primero en Sección especial y luego en el Pleno; Cortes, en Comisión y en Pleno), interesa señalar aquí que, sin perjuicio de algunas aportaciones y mejoras, la necesidad de someter el texto elaborado en Aragón a otras instancias y poderes externos suponía una merma y recorte del contenido posible de la ley. También, que, en definitiva, el contenido de la Compilación aprobada como Ley 15/1967, de 8 de abril, corresponde en su inmensa mayor parte al texto propuesto por la Comisión aragonesa, basado en el de su Seminario.

III. La situación actual

1. Los aciertos de la Compilación vigente

La Compilación, con las limitaciones de toda obra humana y las específicas de una época y unos condicionantes políticos y jurídicos, acertó en lo esencial. Es importante señalarlo así, porque no cree la Comisión que estemos en presencia de una norma viciada en su origen que haya de ser urgentemente abolida y sustituida. Es claro que tampoco lo cree el poder legislativo aragonés, que, en 1985, adoptó e integró en el Ordenamiento jurídico aragonés el texto normativo de la Compilación de 1967, indicando con esto su aprobación de aquella obra al hacerla suya. Las modificaciones legales posteriores, de entidad limitada, lo han sido a concretos artículos de la Compilación, respetando siempre su estructura.

La Compilación acertó, para empezar, en la determinación del sistema de fuentes (ley, costumbre, principios generales, entre ellos el standum est chartae), dando así satisfacción a las aspiraciones manifestadas por los juristas aragoneses desde finales del pasado siglo.

Es acertado también, en principio, el elenco de instituciones jurídicas que regula. Sin prejuzgar ahora el pormenor de las modificaciones, adiciones o mejoras de que son susceptibles las normas, pocas voces, si alguna, han dejado de mostrar su acuerdo sobre la existencia y sentido general de una regulación sobre la edad de las personas tendente a ampliar la capacidad de éstas; las relaciones entre ascendientes y descendientes consideradas desde la primacía del interés de los menores; la junta de parientes con sus múltiples funciones familiares; la libertad de capitular y la de contratación entre cónyuges; la cuidada regulación del activo, el pasivo y la gestión de la comunidad conyugal legal; la viudedad, en sus dos fases de derecho expectante y de usufructo; la consideración del pacto como modo de delación sucesoria, junto con el testamento y la ley; el testamento mancomunado, forma habitual de testar los cónyuges aragoneses; la fiducia sucesoria tantas veces conferida en el mismo o en capitulaciones; la amplia libertad de disponer distribuyendo los bienes entre los descendientes; la sucesión troncal, expresión de una forma de entender la propiedad y la familia; la regulación, en el derecho de bienes, de las luces y vistas, distinguiendo lo que es régimen normal en las relaciones de vecindad y el constitutivo de servidumbre; el derecho de abolorio, aun siendo éste objeto de algunas críticas.

Basta esta breve reseña de las instituciones reguladas en la Compilación para comprender que se encuentran en ella las instituciones que, junto con otras hoy no contempladas, deben estar y seguir siendo reguladas específicamente en una ley aragonesa de acuerdo esencialmente con el contenido que hoy tienen.

Incluso las innovaciones que, siempre con algún fundamento histórico, introdujo la Compilación y recibieron en su momento, por ello, alguna crítica, han sido al cabo bien acogidas por los juristas y los aragoneses en general, destinatarios y protagonistas del Derecho. Así, apenas se recuerda, salvo para aprobar la reforma, que el usufructo vidual recaía sólo sobre los inmuebles en la regulación anterior a la Compilación. La «presunción de muebles por sitios» del art. 39 —probablemente una solución ortopédica, fruto de las circunstancias que constreñían la evolución del Derecho aragonés— no ha creado dificultades en su aplicación. La junta de parientes, innovación criticada entonces por no encontrarse en el Apéndice ni en los Fueros, sino sólo en la costumbre de algunas comarcas de Aragón, ha tenido tan excelente acogida que en 1985 el legislador aragonés, posiblemente olvidados ya todos de aquel origen y polémica, amplió sus competencias y atribuciones.

Por otra parte, no es indicio desdeñable de la adecuación de las normas compiladas a nuestro tiempo que algunas de ellas hayan sido precursoras de reformas más recientes del Código civil, o que ciertas instituciones que consideramos características de nuestro Derecho hayan sido acogidas recientemente en leyes civiles de otras Comunidades Autónomas.

En efecto, en cuanto a lo primero, basta pensar en la regulación de la edad, con la consideración específica del mayor de catorce años y la técnica de la asistencia, ahora recogida para algunos supuestos en el Código y en la Ley de protección del menor; o en la admisión de la tutela de bienes y la pluralidad de tutores; o en la libertad de capitular antes o después del matrimonio y de contratación entre cónyuges, tradicional en Aragón, que el Código no conoce sino desde 1975; o en tantos aspectos de la regulación del activo y del pasivo de la comunidad conyugal que en la reforma del Código de 1981 se acercan a la regulación aragonesa de 1967 o se inspiran directamente en ella.

En cuanto a lo segundo, los pactos sucesorios han tenido entrada franca en la Ley de Derecho civil foral vasco de 1 de julio de 1992, que ha introducido también el testamento mancomunado y ha puesto éste y su tradicional testamento por comisario —afín a nuestra fiducia sucesoria— a disposición de todos los vascos, extendiendo este último, por tanto, más allá del ámbito de aplicación del anterior Derecho vizcaíno. De modo similar, el Parlamento gallego (ley de 24 de mayo de 1995 ) ha regulado los pactos sucesorios, el testamento mancomunado y el testamento por comisario, en razón de la utilidad y conveniencia de estas instituciones en la sociedad gallega actual.

Cabe pensar que los legisladores central, vasco y gallego han tenido en cuenta la regulación aragonesa al abordar la suya propia.

Por último, desde el punto de vista formal, la Compilación es una ley de extraordinaria calidad técnica. Basta considerar que es la primera ley civil española que numera los apartados de sus artículos y pone un epígrafe a cada uno de ellos, adelantándose en decenios a la difusión en España de estas preocupaciones por la calidad formal de las leyes. Su lenguaje es sobrio, cuidado y preciso y sus divisiones internas bien estructuradas. Es en todos estos aspectos superior al Código civil español, lo cual quizás no sea de extrañar respecto del texto originario de éste, mucho más antiguo, pero que puede predicarse asimismo respecto de las reformas incorporadas al Código en los últimos veinte años.

2. Los límites de origen de la Compilación

La Compilación, fruto excelente de la mejor civilística de la época y Cuerpo legal del que podemos sentirnos orgullosos los aragoneses, padece también, como es natural, imperfecciones e insuficiencias. Ante todo, tiene unos límites de origen que son los que impone una situación política, un contexto jurídico y la mentalidad de una época. Dicho de otro modo, la Compilación no podía ir más allá de ciertos límites, propios del tiempo en que se formó y que hoy han desaparecido.

En primer lugar, y como condicionante máximo, la decisión última sobre la legalidad y conveniencia del contenido del Derecho aragonés compilado no correspondía a un inexistente poder político aragonés, sino al Gobierno y las Cortes del Estado centralizado. No quiere decirse con esto que hubiera un conflicto explícito con las autoridades del Estado —en el caso de la Compilación aragonesa, puede hablarse de una negociación oficiosa con las instancias madrileñas—, sino hacer referencia a una situación en que las propuestas que se hicieran desde Aragón habían de estar pensadas desde el principio para convencer en otras instancias, a personas con mentalidad jurídica muy diferente, de su necesidad o muy alta conveniencia. Se produce así una autocensura previa, que evita la formulación de toda idea que no tenga de antemano posibilidad de aceptación por las instancias exteriores y superiores.

Esta actitud de prudente autolimitación, que cercena en su raíz las posibilidades de evolución del Derecho aragonés, es la que han tenido que adoptar los juristas aragoneses, no sólo en la etapa de formación de la Compilación, sino desde hace más de un siglo. En efecto, en el marco de la codificación civil española, Aragón —como las demás regiones forales— sólo podía hacer valer, para evitar su desaparición, las «instituciones que convenga conservar», argumentando esta conveniencia y habiendo de renunciar a las que no parecieran imprescindibles; mucho más a hipotéticas sugerencias de formación de instituciones nuevas acordes con necesidades recientemente sentidas. Se daba por supuesto que nuevas reglas para atender a situaciones igualmente nuevas habían de ser, por necesidad, normas estatales uniformes en toda España.

En esta tesitura, que obliga a la defensa de las instituciones del Derecho propio para procurar su conservación, casi no cabe otra forma de abordar la tarea legislativa que con un planteamiento historicista, al menos en cuanto que el argumento básico para defender las normas propuestas es mostrar su presencia en los Fueros y Observancias, en la doctrina tradicional o en la costumbre. Cualesquiera que fueran las convicciones íntimas de los miembros de la Comisión sobre la naturaleza del Derecho y la función del legislador, es lo cierto que, en cuanto Comisión, apenas podían actuar de otro modo que a la manera de la escuela histórica, pues este era el principal instrumento de legitimación de su tarea, ya que no podían basarla sino en su competencia como expertos en el Derecho preexistente y en la vaga asunción del papel de intérpretes del espíritu jurídico del pueblo aragonés, carente entonces de verdaderos representantes políticos.

Al Derecho aragonés sólo le estaba permitida su conservación, y aun ésta provisional y efímera o, al menos, sin garantías de futuro, pues la Ley de bases de 1888 y el art. 13 del Código civil claramente decían que las regiones forales conservaban su Derecho «por ahora». Es cierto que el Congreso Nacional de Derecho civil de 1946 había abierto perspectivas más favorables para los Derechos forales, pero, de una parte, sus conclusiones no se plasmaron sino en disposiciones sin rango legal, mientras que la Ley de Bases de 1888 no fue derogada y el artículo 13 del Código seguía hablando (en 1967, y hasta 1974) de la conservación «por ahora»; de otra, el propio Congreso preveía la vigencia de las Compilaciones como temporal, para mientras no se llegara a un Código civil español único y uniforme, que era el objetivo último y explícito de todo el proceso allí diseñado.

La presencia del horizonte unificador del Derecho civil era un condicionante de primera magnitud que tendía a comprimir la obra compiladora, no sólo por consecuencia de una presión externa, sino también por la convicción sincera de algunos miembros de la Comisión y de una parte significativa de los juristas aragoneses sobre la conveniente existencia de un Código civil único para todos los españoles, por más que ello hubiera de retrasarse a un futuro temporalmente indeterminado y sin mengua de la pervivencia de algunas instituciones aragonesas, acaso generalizadas a todos.

Una de las consecuencias de la idea de unificación del Derecho civil español era la conceptuación del Código civil existente como centro y pieza principal del sistema de Derecho civil, respecto del que la Compilación habría de tener un papel secundario y tan limitado como fuera posible.

En particular, se tendía a excluir del texto compilado toda norma que, por su parecido con otra del Código —mucho más si había de coincidir literalmente—, pudiera ser excusada por la aplicación de éste; se multiplicaban las remisiones más o menos precisas al articulado del Código y se confiaba en que sus normas, en concepto de Derecho supletorio, complementarían de manera adecuada las de la Compilación, formando entre las de una y otra procedencia un conjunto de sentido armónico. Estas premisas han tenido consecuencias perturbadoras en la aplicación práctica del Derecho civil aragonés.

Un ejemplo especialmente llamativo de la aludida forma de ver las relaciones entre la Compilación y el Código, y de sus posibles desconcertantes consecuencias, lo proporciona la regulación —casi meras referencias aisladas— de la dote: bastó con que el legislador del Código prescindiera de la institución de la dote en 1981 para que la dote quedara en el Derecho aragonés sin regulación legal conocida, pues la Compilación descansaba plenamente en el Código.

También, por señalar otros casos de mayor frecuencia en la práctica (pues el fenómeno puede observarse, en mayor o menor medida, en todas las instituciones compiladas), la regulación de la disolución y división de la comunidad conyugal, de las formas testamentarias, de la protección de la legítima —con la utilización de conceptos como desheredación y preterición no desarrollados en la Compilación— o de la adquisición de las servidumbres es fragmentaria y su aplicación requiere una tarea interpretativa de cierta dificultad. Para esta tarea hay que conocer muy bien el sistema de la Compilación y el sistema del Código, y tratar de conseguir partiendo del primero soluciones coherentes mediante la aplicación de normas del Código en concepto de Derecho supletorio en todo aquello que la Compilación no regula.

Ahora bien, la aplicación del Código no puede ser mecánica e indiscriminada, sino que hay que ponderar siempre la existencia de principios del Derecho aragonés (fuente prioritaria respecto del Código en cuanto supletorio) que matizan y aun impiden la aplicación de preceptos legales ajenos a la Compilación cuando responden a principios distintos. Más adelante insistiremos sobre esta dificultad, que es intrínseca a los planteamientos metodológicos de la Compilación de 1967.

Para terminar con estas reflexiones sobre los límites originarios de la Compilación de 1967, conviene recordar que durante mucho tiempo la Comisión que la elaboró se llamó oficialmente —al menos, en sus propios documentos— «Comisión revisora del Apéndice», indicando así la idea que muchos de sus miembros se hacían sobre el limitado alcance de su cometido. De hecho, algunas propuestas del Seminario se enfrentaron a la incomprensión por parte de la Comisión o de algunos de sus miembros, que no querían admitir la eventualidad de otras normas sino las que ya tenían cabida en el Apéndice, redactadas acaso con mayor claridad y sin más añadidos que los imprescindibles para acudir a dificultades o problemas de aplicación ya suscitados en la práctica.

Esta opción restrictiva, en parte fundada en convicciones personales y en parte por temor a hacer obra inútil que Madrid no habría de aprobar, a la que se oponía otra con un entendimiento mucho más amplio del Derecho aragonés y de las posibilidades de plasmarlo en ley, llevó naturalmente a un resultado transaccional, en el que se renunció a incluir normas que, en algunos casos, llegaron a estar redactadas de manera bastante perfilada. Por ejemplo, se formuló propuesta de incluir una norma que admitiera en Aragón la adopción por quien ya tiene hijos, siguiendo el viejo precedente de los Fueros de 1247 (norma cuya presencia en la Compilación no hubiera sido en modo alguno irrelevante, como demuestran la Ley 3/1988, sobre equiparación de los hijos adoptivos, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra ella y la STC 88/1993, de 12 de marzo), que se rechazó por su contraste con la prohibición que entonces contenía el Código y que se consideraba inamovible. Asimismo se pretendió regular de manera más amplia y sistemática la tutela, con atención, entre otros aspectos, a la pluralidad de tutores (criterio que el Código, tiempo después, también acabó acogiendo), y de modo que la Junta de parientes de nueva regulación tuviera las funciones en el Código encomendadas a un «Consejo de familia» que apenas si existía en la realidad. También las limitaciones que al fin prevalecieron en cuanto a quiénes se puede conferir fiducia sucesoria, o entre quiénes pueden celebrarse pactos sucesorios, o la circunscripción de las normas sobre servidumbres, son posteriores a formulaciones más amplias que no tuvieron éxito en algún momento del proceso legislador. Eventualmente, algunas de las propuestas del Seminario o de la Comisión que no llegaron a ser ley en 1967 podría retomarlas el legislador aragonés actual. En cualquier caso, son exponentes de las potencialidades del Derecho aragonés advertidas ya hace decenios, aunque entonces los límites originarios del planteamiento compilador impidieran su fruto.

3. Adecuación de la Compilación a nuestro tiempo

Es muy razonable preguntarse si un texto legal con las limitaciones de origen que hemos señalado, que nació hace treinta años durante los cuales la sociedad y las concepciones jurídicas han evolucionado rápidamente y que han visto la instauración de un marco constitucional radicalmente nuevo, sigue siendo adecuado a las necesidades y las expectativas de los aragoneses del siglo veintiuno.

Partimos de la convicción de que, tal como hemos desarrollado anteriormente, el elenco de instituciones que la Compilación recoge y los rasgos esenciales de su regulación, por su conformidad con el sentido jurídico de los aragoneses manifestado durante siglos, sigue siendo adecuado para encauzar el Derecho civil aragonés del próximo siglo.

Pero nos parece asimismo claro que algunas de las normas, sea por su contenido sustantivo, sea, más frecuentemente, por defectos en su plasmación en la ley o por desajustes originarios o sobrevenidos con el resto del Ordenamiento jurídico, presentan deficiencias que convendría enmendar. En general, puede decirse que la formulación legal de las normas es susceptible de ampliaciones, rectificaciones y mejoras que hoy pueden abordarse en un marco constitucional totalmente distinto, a través de las instituciones aragonesas y, en particular, mediante el ejercicio de la potestad legislativa por las Cortes de Aragón, representantes del pueblo aragonés, que tiene así de nuevo la posibilidad, perdida desde 1707, de regular en libertad su propio Derecho civil. Al desaparecer las constricciones a que antes nos hemos referido, el Derecho civil aragonés puede alcanzar nuevos horizontes.

Las Cortes de Aragón ya han procedido, especialmente en 1985, a la entonces más urgente tarea de adecuar las normas de la Compilación a los principios constitucionales, señaladamente los de no discriminación por razón de filiación ni de sexo. De este modo, y en paralelo con lo que poco antes el legislador estatal había hecho con el Código civil y otros legisladores autonómicos hicieron respecto de sus Derechos civiles propios, la Compilación armoniza con los mandatos constitucionales y con importantes decisiones legales tomadas por el legislador estatal en el ámbito de sus competencias exclusivas, como es la introducción del divorcio.

En este sentido, la Compilación no tiene problemas específicos de adecuación constitucional, ni otros de adaptación a las necesidades actuales de la sociedad mayores que los que puede tener, por ejemplo, el Código civil.

Sí cabe, por el contrario, plantear una reflexión sobre si los valores constitucionales del Estado social y democrático de Derecho podrían vivificar e inspirar en mayor medida las instituciones civiles aragonesas, renovando su savia y robusteciendo su desarrollo en el próximo siglo. Asimismo, sobre si necesidades, valoraciones o deseos surgidos en Aragón en los últimos tiempos no podrían o deberían tener reflejo en nuevas normas de Derecho civil, orgánica y armónicamente relacionadas con las más tradicionales.

Junto a estas posibilidades y, en general, la conveniencia de repensar los principios que inspiran y los fundamentos de justicia en que descansan todas y cada una de las instituciones civiles aragonesas, se hacen visibles ciertos desajustes de la formulación legislativa actual de las normas.

Algunas instituciones tienen hoy una regulación, en su conjunto, cuestionable, por razones de fondo diversas. Así, quizás no sea necesario que la dote y la firma de dote tengan un lugar en una ley de Derecho aragonés para el siglo veintiuno, pero, de tenerlo, habrían de recibir un tratamiento mucho más amplio y posiblemente distinto. La regulación de la ausencia ha perdido casi todo su sentido originario, pues ahora el art. 7 no atiende sino a alguna de sus consecuencias en el derecho de viudedad y la administración y disposición de bienes comunes. La tutela requiere posiblemente un nuevo planteamiento global, con atención específica a la de los incapacitados y que tenga en cuenta, respecto de los menores, las potencialidades razonables de la autoridad familiar ejercida por quienes no son los padres, las instituciones del acogimiento y la adopción y, en general, su coordinación con todas las medidas de protección de menores. No cabe ignorar que hay voces —que ya surgieron en el ambiente liberal del pasado siglo— que cuestionan el derecho de abolorio, por suponer una traba al tráfico de inmuebles no justificada fuera de ciertos ámbitos agrarios tradicionales, o el consorcio foral que la Compilación recuperó tras su olvido por el Apéndice. También del testamento ante capellán se ha dicho que, en su actual regulación, podría vulnerar el principio constitucional de libertad religiosa.

Además, hay sin duda numerosos desajustes que podemos considerar técnicos, de defectuosa expresión legal, falta de claridad, ausencia de cauces claros para hacer valer los derechos reconocidos, dificultades de integración de la norma aragonesa con las correspondientes del Código, etc.

Estos desajustes son a veces originarios —como las remisiones internas incorrectas de los artículos 74.1 y 76.2—, a veces sobrevenidos por el cambio de otras leyes civiles o del contexto en que la norma ha de operar, o incluso como consecuencia colateral de las modificaciones fragmentarias introducidas con posterioridad en la Compilación, de las que proporciona ejemplo preocupante el artículo 141.

Los estudiosos, sobre todo en los últimos años, han hecho valiosas indicaciones sobre estas deficiencias del texto compilado desde diversos puntos de vista, que a veces entrañan también crítica a algunos aspectos de contenido o criterio de regulación. Por ejemplo, se ha echado en falta un mayor desarrollo de las reglas de la fiducia durante la situación de pendencia, se ha criticado, por incompleta, la regulación de los testigos en los testamentos o se ha señalado la dificultad de entender correctamente las normas sobre preterición, como ha puesto de manifiesto una conocida sentencia de nuestro Tribunal Superior de Justicia. La enumeración, por supuesto, podría ser muchísimo más amplia. Aun siendo muchas de estas indicaciones doctrinales opinables, y no pocas de ellas referidas a problemas de interpretación que pueden considerarse normales y aceptables en toda ley y solventables en sede jurisprudencial, no hay duda de que muchos de los defectos denunciados son reales, algunos de cierta gravedad y buena parte de ellos evitables en una formulación de la ley que tenga en cuenta las críticas apuntadas.

Ahora bien, es opinión de la Comisión que no es la mejor vía para solucionar el tipo de problemas interpretativos y de aplicación de la norma a que nos referimos en el párrafo anterior la de las reformas fragmentarias de la Compilación dirigidas únicamente a tratar de superar deficiencias advertidas. Es muy difícil realizar la corrección del yerro o insuficiencia apreciados sin poner en cuestión otras muchas normas, con el riesgo de no acertar si se atiende a un solo precepto o un reducido número de ellos olvidando el resto; el de modificar, de pasada, otras normas sin criterio fijo y meditado e, incluso, el de introducir nuevos problemas de ajuste sistemático y de interpretación y aplicación de las normas reformadas más graves acaso que aquellos que motivaron la intervención del legislador.

IV. La tarea por realizar. Un nuevo Cuerpo Legal
del Derecho civil de Aragón

1. Legislar para la actualización y desarrollo del Derecho civil aragonés

Si la situación del Derecho civil aragonés, por lo que se refiere a la formulación legal de sus normas, es la hasta aquí analizada, puede concluirse que la tarea legislativa que el futuro requiere no tiene como objeto y finalidad la urgente sustitución de un texto legal inadecuado, sino el perfeccionamiento y desarrollo del contenido del mismo, que resulta insuficiente cuando se le conmensura con las necesidades, expectativas y posibilidades de mayor perfección que hoy están a nuestro alcance.

El ámbito del Derecho civil aragonés posible se ha ampliado venturosamente por obra de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. Ha quedado atrás el restrictivo planteamiento que no admitía otro contenido sino el de las «instituciones que convenga conservar», pues ya no es la «conservación» el criterio constitucional para determinar la competencia legislativa autonómica, sino también la «modificación» y, sobre todo, el «desarrollo». El Tribunal Constitucional, señaladamente en su Sentencia 88/1993, de 12 de marzo, ha interpretado el artículo 149.1.8º de la Constitución en términos suficientemente amplios para que, en principio, cualquier regulación de Derecho civil aragonés que pudiéramos seriamente desear tenga acomodo constitucional.

Sin perjuicio de que, dado el caso, fuera prudente un mayor análisis de la doctrina constitucional para perfilar los límites de la competencia autonómica respecto de unas hipotéticas normas muy lejanas a la actual Compilación, basta para abordar con plena confianza la obra legislativa considerar la realidad eficaz y no discutida de las leyes civiles de otras Comunidades Autónomas que no tienen, en ningún caso, mayores títulos competenciales que los que a Aragón corresponden. Cataluña no sólo ha innovado sustancialmente en su Compilación, sino que ha promulgado un Código de Sucesiones por causa de muerte y varias leyes civiles especiales (filiaciones, tutela, acción negatoria, censos, garantías posesorias sobre cosa mueble, potestad del padre y de la madre, alimentos, entre otras) cuya sola enumeración sería aquí demasiado larga. En el País Vasco, su Ley de Derecho civil foral vasco de 1 de julio de 1992, además de introducir instituciones que no se contenían en la Compilación del Derecho foral vizcaíno, como el testamento mancomunado, y regular con muy distinta redacción y no pocas modificaciones sustantivas las ya conocidas, extiende algunas de ellas a todo el País Vasco, abriendo el camino a un Derecho civil autonómico aplicable a todos los vascos, no sólo a los comparativamente escasos sujetos anteriormente al Derecho vizcaíno o al ayalés. La Ley de Derecho civil de Galicia (24 de mayo de 1995) puede decirse que no procede en su mayor parte de la Compilación derogada, sino que forma un texto más extenso con regulación de instituciones que el legislador encuentra en la costumbre o considera las más adecuadas a la realidad gallega. En Galicia, además, la Ley reguladora de la casación civil en materia de Derecho gallego, si bien recurrida por el Gobierno central, está en vigor y se aplica ordinariamente en las actuaciones del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

No queremos insinuar, con las anteriores consideraciones, que el camino del Derecho civil aragonés haya de ser el mismo que el que han seguido, por lo demás de formas divergentes entre sí, otras Comunidades Autónomas con Derecho civil propio. Tampoco que el legislador aragonés haya de perseguir necesariamente el agotamiento del campo competencial en esta materia, ampliando los límites del Derecho civil aragonés tan lejos como la Constitución permite. Entendemos, más bien, que conviene trazar el propio camino, partiendo de nuestro Derecho histórico y desarrollándolo de manera acorde con nuestras necesidades y convicciones, en la confianza de que no habremos de encontrar, previsiblemente, dificultades de encaje constitucional.

El objetivo global de la tarea legislativa, de acuerdo con cuanto se ha expuesto, sería la actualización, profundización y desarrollo de las normas vigentes, partiendo de las instituciones reguladas en la Compilación, mediante la promulgación de un nuevo Cuerpo legal de Derecho civil aragonés enraizado en nuestra historia, vivificado por los principios y valores constitucionales y adecuado a las necesidades y convicciones de los aragoneses de hoy y del próximo siglo.

2. Un Cuerpo legal de Derecho civil aragonés

Excluimos, por tanto, la conveniencia de leyes de reforma parcial de la Compilación vigente. No advertimos la urgencia de intervenciones legislativas dirigidas a sustituir la regulación actual de alguna institución por ser claramente inadecuada, ni una reforma parcial de alguna entidad encontraría fácil acomodo en la estructura y articulado de la Compilación. Cabría, obviamente, la promulgación de leyes especiales de Derecho civil aragonés sobre materias específicas, pero no nos parece que, hoy por hoy, haya alguna materia o institución para la que deba recomendarse esta técnica.

El nuevo Cuerpo legal, que vendría a sustituir a la Compilación derogándola formalmente, podría conservar el nombre de «Compilación», pero también podría recibir el de «Codigo de Derecho civil aragonés». Ambas denominaciones tienen raigambre entre nosotros. Compilación se llamó el primer cuerpo de nuestros Fueros (Huesca, 1247) y, siglos más tarde, es nombre que los foralistas aragoneses propusieron en los años cuarenta de nuestro siglo para evitar el de «Apéndice» al Código civil que la Ley de Bases de éste había impuesto. Por otra parte, un «Código» es lo que el Congreso de Jurisconsultos aragoneses de 1880—81 quiso propiciar, y «Código» preferían que se llamara a su obra quienes prepararon el Anteproyecto que se publicó en 1899. Hasta cierto punto, ambas denominaciones son intercambiables, si bien no es de olvidar que tienen también connotaciones distintas que pueden resultar preferibles a unos o a otros. En realidad, el Cuerpo legal que se propone, como ya la actual «Compilación», no puede atenerse a un concepto estricto de ésta, como colección de normas preexistentes que reciben un orden nuevo y acaso otra redacción, pero sin innovar en su contenido; sin duda ha de ser mucho más, pero tampoco puede ni quiere ser un Código civil completo y exhaustivo con vocación de hacer tabla rasa con el pasado. Por ello la cuestión de la denominación, que no deja sin embargo de tener importancia, puede quedar por ahora abierta.

El nuevo Cuerpo legal, se ha dicho, habrá de derogar la Compilación. Ello no impide que la mayor parte de las normas de ésta, en su redacción actual o con los necesarios retoques, pasen al articulado del mismo. Junto a estas normas recibidas, en el nuevo Cuerpo legal se añadirían otras, quizás en mayor número, dirigidas acaso a la regulación de instituciones hoy no contempladas, pero, sobre todo, a desarrollar con todo el detalle preciso para su más cómoda aplicación la regulación de las instituciones que hoy conocemos.

Han creido percibir los miembros de la Comisión que una de las razones por las que las normas de la Compilación vigente no son invocadas y aplicadas en todos los casos que están llamadas a regular puede ser la forma a primera vista poco expresiva en que se presentan. Una lectura somera de ellas no permite siempre apreciar su enjundia y alcance, dejando ocultas muchas implicaciones y consecuencias que el legislador de 1967 previó, pero que no se manifiestan con la facilidad hoy deseable para la ordinaria aplicación de la ley. Acaso la redacción conceptual y quintaesenciada que la Compilación recibió en 1967 fue, no tanto una opción de técnica legislativa como una necesidad, a fin de dar cabida, concentradamente, al mayor número de determinaciones normativas en un texto al que, por razones externas, no había de permitirse gran extensión. Pero, como quiera que sea, en razón también de que no han proliferado los comentarios y estudios a la Compilación en la medida que esta merece, es claro que sus normas no han dado todos los frutos que, en semilla, portaba su texto.

Pues bien, uno de los rasgos del futuro Cuerpo legal ha de ser el de desarrollar y aclarar las normas preexistentes, facilitando su comprensión y detallando sus consecuencias, complementándolas con cuantos preceptos sean necesarios para la acabada regulación de cada institución, de modo que no sea preciso acudir habitualmente a la ponderación de los principios inspiradores del Ordenamiento aragonés para recurrir luego a los preceptos del Código civil español que puedan resultar supletorios. Esto supone plantear de modo diferente al pensado en 1967 las relaciones entre el Derecho civil aragonés y el Código civil español, en la forma que, por su importancia, veremos en el siguiente epígrafe.

También, con la misma finalidad de llevar a sus consecuencias prácticas y dar cauce a la más hacedera aplicación de sus normas, el Cuerpo legal del Derecho civil de Aragón habrá de atender muy especialmente a los medios procesales que han de servir de vehículo para la realización del Derecho sustantivo. La Compilación vigente prevé en numerosos y muy variados supuestos la intervención del Juez (en el futuro, habría que atender también a la intervención del Ministerio Fiscal), y aun da alguna indicación de procedimiento. Pero la práctica ha demostrado que tales reglas o indicaciones son claramente insuficientes, por ejemplo, para la aprobación de cuentas de administración de bienes de menores, enajenación de inmuebles o establecimientos mercantiles de aquellos, divergencias entre los padres en la educación de sus hijos, constitución de la Junta de Parientes o resolución de discrepancias surgidas entre cónyuges en la administración de la comunidad. Es igualmente patente la necesidad de regular un adecuado cauce procesal para la liquidación y división judiciales de la comunidad conyugal, así como para actuar adecuadamente en el supuesto de embargo por deudas privativas hoy considerado en el artículo 46 de la Compilación.

El nuevo Cuerpo Legal habrá de contener las reglas procesales que permitan la eficaz aplicación de sus normas sustantivas. Es una necesidad desde hace tiempo sentida, a la que debe legítimamente atenderse en el ejercicio de la competencia que sobre el «Derecho procesal civil derivado de las peculiaridades de su Derecho sustantivo» corresponde a Aragón en virtud del art. 35.1,4º de su Estatuto, conforme con el art. 149.1,6º de la Constitución española.

Los preceptos citados permiten que las normas procesales derivadas de las peculiaridades del Derecho civil aragonés constituyan una Ley procesal civil aragonesa, independiente del Cuerpo de Derecho civil. La Comisión no descarta esta opción para el futuro, pero, en todo caso, cree conveniente la inclusión en el Cuerpo de Derecho civil proyectado de, al menos, aquellas normas procesales más íntimamente relacionadas con los preceptos sustantivos.

Otras normas procesales podrían ser objeto de una Ley especial, necesaria igualmente para el caso de que se quisiera —como autorizadas voces proponen— regular algunos aspectos de la casación civil de Derecho aragonés, con objeto de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón tuviera ocasión de pronunciarse en mayor número de casos y dar respuesta a las expectativas que su creación suscitó.

En otro orden de cosas, pero siempre con la finalidad de dar respuesta a los problemas de la aplicación práctica de la norma civil, el nuevo Cuerpo Legal habrá de cuidar las consecuencias que sus preceptos puedan tener en el Registro civil y el de la propiedad, contribuyendo con ello a la seguridad jurídica.

3. Las relaciones con el Código civil

El futuro Cuerpo legal del Derecho civil de Aragón ha de hacer patente, especialmente, el nuevo tipo de relaciones que mantiene con el Código civil español, como consecuencia de la estructuración constitucional del Estado de las Autonomías.

El Código civil ya no es expresión de un Derecho común de cuyo sistema el aragonés (como los demás civiles autonómicos) forme parte. El Código civil contiene normas de procedencia estatal que, salvo en las materias (como matrimonio y divorcio, por poner un ejemplo relevante) que son competencia exclusiva del Estado, tienen la función de Derecho supletorio respecto de las emanadas del legislador aragonés. Es, por tanto, la norma aragonesa autonómica la que determina directa o indirectamente, ampliando, restringiendo o condicionando, la aplicación de los preceptos del Código en las materias regidas por el Derecho civil aragonés. De hecho, esto lo hace ya así la Compilación vigente, que, además, desde 1985, ha incorporado al Ordenamiento jurídico aragonés buen número de enunciados normativos del Código civil, por el procedimiento de declarar estáticas las remisiones que al mismo se hacen desde la Compilación (Disposición final de la Ley 3/1985, de 21 de mayo).

Pues bien, el futuro Cuerpo legal ha de contener todos los preceptos que, encontrándose hoy su texto en el Código civil, son ya Derecho aragonés en virtud de las remisiones hechas por la ley aragonesa, además de todos aquellos que, coincidan o no con los que el Código dicta para su ámbito de aplicación, sean necesarios o convenientes para la completa regulación de las instituciones civiles comprendidas en la Ley aragonesa.

En realidad, una legislación autonómica basada en las remisiones a normas de otro legislador o apoyada sustancialmente en la función supletoria del Derecho estatal —como es el caso de la Compilación vigente— sólo es comprensible (superado el contexto unitario y unificador del Derecho civil en que las Compilaciones nacieron como excepciones transitorias) durante un corto periodo de tiempo, mientras el legislador autonómico prepara leyes propias que comprendan todas las normas que éste quiera tener en vigor en el ámbito de sus competencias.

En las materias en que un legislador es competente, debe tender a regularlas en su integridad, sin remisiones a ordenamientos extraños, de tal manera que el destinatario de la norma pueda leerla en una sola publicación oficial. Cabe exigir del legislador que conciba por sí mismo y calcule por propio conocimiento y bajo su exclusiva responsabilidad el contenido y alcance de las normas que dicta para los ciudadanos a que representa. De otro modo padece el principio de publicidad de las normas y el de seguridad jurídica.

Tendencialmente completo, en el sentido apuntado, ha de ser el futuro Cuerpo legal, con la consecuencia de que, para aplicar el Derecho civil aragonés, habrá de bastar en la mayor parte de los casos con la consulta y alegación de las normas en él contenidas. La facilidad que ello supone creemos que habrá de ser bien acogida por los profesionales del Derecho, a la vez que contribuirá sustancialmente a una mayor seguridad jurídica, al resultar indudable qué norma ha de aplicarse y con qué tenor.

Naturalmente, el Código civil seguirá siendo aplicable en Aragón en todas aquellas materias que corresponden a la competencia exclusiva del Estado y también, en concepto de supletorio, en aquellas relativas a instituciones que, no estando hoy representadas en la Compilación, tampoco parezca oportuno por el momento regular mediante ley aragonesa.

No se trata, por tanto, de sustituir el Código civil español por otro aragonés —lo que, constitucionalmente, sólo sería posible de manera limitada—, ni de apartarnos del contenido del mismo por un prurito de diferenciación. El Código no ha sido nunca considerado en Aragón como un cuerpo extraño, impuesto o contrario a nuestras concepciones jurídicas. La finalidad no es arrumbarlo o expulsarlo de la vida jurídica aragonesa, sino conseguir, en la forma dicha, que las normas legales de Derecho civil aragonés se encuentren exclusivamente en la Ley aragonesa.

4. Posibilidad de aprobación fraccionada o por partes del Cuerpo legal del Derecho civil de Aragón.

La tarea de redactar un nuevo Cuerpo legal del Derecho civil de Aragón ha de llevar, necesariamente, cierto tiempo. Aunque no puede hablarse, propiamente, de urgencia en legislar —al menos en cuanto que las normas vigentes, como se ha dicho, no presentan extraordinarias deficiencias o clara inadecuación a nuestro tiempo—, sí puede ser conveniente ir adelantando la aprobación como ley de partes completas que puedan tener sentido relativamente independiente de las demás. Cada ley parcial derogaría una parte de la Compilación y, al final del proceso, todas ellas constituirían el nuevo Cuerpo Legal.

La Comisión considera preferible, en abstracto, la redacción unitaria y la aprobación del Cuerpo legal en su conjunto, por las conocidas razones de coherencia sistemática y necesaria trabazón interna entre todas las normas del Derecho civil aragonés, y también para hacer menos complicada la transición entre las normas hoy contenidas en la Compilación y las nuevas, pues de otro modo habrían de coexistir durante tiempos distintos normas de la Compilación y normas de nueva promulgación. Pero reconoce que razones de oportunidad pueden hacer deseable la aprobación anticipada de leyes que contengan una parte del Derecho civil. Ello parece factible, sin grave peligro de incoherencias, contradicciones o lagunas, siempre que la materia de la ley corresponda a una parte suficientemente completa en sí misma del Derecho civil. Esta autosuficiencia será siempre relativa, pues es bien sabido, por ejemplo, que el Derecho de familia y el Derecho de sucesiones mantienen íntima relación, especialmente estrecha en un Derecho como el aragonés.

De resultar adoptada la opción en favor de la aprobación por partes, puede sugerirse que estas comprendan al menos la materia de uno de los libros de la actual Compilación. Eventualmente, el primero sería a su vez susceptible de alguna división.

En el arreglo de su propio trabajo la Comisión ha considerado preferible, consultadas sus fuerzas, no abordar simultáneamente —mediante distribución entre sus miembros— todas las materias, sino concentrarse en el estudio de una de ellas, hasta culminarlo con la redacción de un texto articulado que pueda servir, en su caso, como Proyecto o Proposición de Ley. Sin más razón de peso que la inclinación prudente de sus miembros —pues no se aprecia ninguna decisiva para dar preferencia o prioridad a una parte sobre otra—, la Comisión se propone ocuparse, en primer lugar, de la parte correspondiente al Derecho de Sucesiones.

V. Llamada a la participación más amplia y plural
en las tareas prelegislativas

Si contamos desde el Congreso de Jurisconsultos de 1880, los aragoneses, en más de un siglo, hemos redactado varios Proyectos de leyes de Derecho civil aragonés que, en dos ocasiones, 1925 y 1967, han llegado a recibir aprobación del legislador estatal tras su reelaboración por éste.

Sólo ahora, por primera vez desde 1707, podemos proponernos la formación de un Cuerpo legal del Derecho civil aragonés bajo nuestra exclusiva responsabilidad. Todas las fuerzas son pocas para tamaña empresa. Queremos hacer el Código o Compilación del Derecho civil de Aragón para el siglo veintiuno. Para acertar en los criterios sustantivos y lograr una legislación digna de nuestro brillante pasado foral, a la vez que parangonable o superior al Código civil español y que pueda medirse con el exigente modelo de la Compilación actual, es necesaria la aportación de cuantos tengan algo que decir.

Sin duda hay en Aragón hombres y mujeres capaces de llevar a cabo la tarea, así como instituciones competentes y sensibles a esta llamada. La Magistratura y el Foro, la Universidad y los Colegios profesionales, entre otras organizaciones, han demostrado en el pasado su disposición a poner la riqueza de sus conocimientos y experiencias al servicio de la obra común —al servicio de todos los aragoneses, en definitiva—, mediante la participación de sus representantes en las Comisiones constituidas para la redacción de Proyectos y el apoyo a sus trabajos; sus observaciones en los momentos en que los textos salieron a información pública; la impresión y difusión de textos y opiniones; la organización de actos, jornadas, reuniones o congresos para el debate y la información.

Todo hace suponer que no habrán de ser menores ahora que en el pasado la generosidad, el entusiasmo y el acierto de los juristas aragoneses en la preparación del primer Cuerpo legal del Derecho civil de Aragón que habrá de ser aprobado en democracia por los aragoneses.

Por supuesto, la última palabra, aquella que da fuerza de ley a las ideas y previsiones contenidas en los textos, la tienen en todo caso las Cortes de Aragón, representantes del pueblo aragonés, que es el destinatario de las leyes y protagonista de su Derecho civil.

Zaragoza, octubre de 1996.