RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN

 

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA de la legislación española

I. Hasta la CE 1978:

            1. siglo XIX y primer tercio del siglo XX.

-aplicación del Código Civil a la responsabilidad de los funcionarios y a los concesionarios y contratistas de obras públicas o de servicios públicos (ferrocarriles, electricidad, gas, etc).

-negativa a aplicar a la Administración la responsabilidad subsidiaria de los arts. 1903 CC o 22 CP.

-posibilidad de reconocer el pago de indemnizaciones, por el Consejo de Ministros y a título de equidad (Ley de 1 de julio de 1911, de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, art. 24).

            2. II República: art. 41.3 CE 1931: responsabilidad subsidiaria del Estado por actuaciones de los funcionarios públicos en ejercicio de sus cargos. STS 18 de marzo de 1936 (Arz. 594): Ayuntamiento de Madrid por el homicidio imprudente cometido por uno de sus empleados.

            3. La reforma de los años 1954-1957.

-la introducción de una cláusula general de responsabilidad: art. 121 y ss LEF.

-la competencia de la Jurisdicción contencioso-administrativa: art. 3 LJ de 1956.

-la ampliación de los daños indemnizables y la quiebra de la unidad de Jurisdicción: art. 40 y ss LRJAE de 1957.

II. Constitucionalización de la responsabilidad patrimonial de la Administración.

- art. 106.2 CE: sistema de responsabilidad objetiva que da primacía al resarcimiento de la víctima sobre el control de las actuaciones administrativas.

- art. 149.1.18 CE: competencia exclusiva del Estado para regular los aspectos sustantivos de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas; imposición constitucional de la unicidad del sistema de responsabilidad de las Administraciones públicas, pudiendo modularse por razón de la materia, pero no por razón del sujeto activo del deber de indemnizar.

- arts. 9.3 (responsabilidad de los poderes públicos) y 121 CE (responsabilidad de la Administración de Justicia).

- Legislación postconstitucional: art. 139 y ss. LAP: reformas: Ley 4/1999, de 13 de enero, y por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, de reforma de la LOPJ: hacia la unificación del sistema de responsabilidad de las Administraciones públicas. Nueva quiebra del sistema: los contratos de seguro de responsabilidad civil de las Administraciones públicas.

 

2. REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD: lesión, imputabilidad, causalidad, indemnización

 

a) LESIÓN: antijurídica, efectiva, individualizable y económicamente evaluable

I. Características fácticas del daño indemnizable (art. 139.2 LAP).

            1. Daño efectivo: ya producido (no caben reclamaciones de daños futuros ni solicitar de un órgano judicial el reconocimiento de la existencia del fundamento jurídico de la responsabilidad, desligado de un daño efectivo, al contrario de lo que sucede en el Derecho comunitario); y referido a un derecho o interés económico ya integrado en el patrimonio de la víctima (no cabe como regla general la indemnización de las “simples expectativas”), aunque esta regla se ve flexibilizada a veces por el principio de “confianza legítima”.

            2. Daño individualizable: excluye las limitaciones generales de derechos de contenido patrimonial, a no ser que tal limitación incida con especial intensidad sobre una persona o grupo determinado de personas (arts. 239.2 TRLS92 y 43 LRSV98).

            3. Daño económicamente evaluable. En especial, la indemnizabilidad de daños morales: paulatino reconocimiento: de la indemnizabilidad de daños morales accesorios a lesiones físicas (pretium doloris), pasando por el reconocimiento de daños morales puros de extrema gravedad : STS 12 de marzo de 1975 (Arz. 1798), “novios de Granada”  hasta el reconocimiento de daños morales menores en casos de funcionamiento gravemente anormal de la Administración (indemnización-sanción): STS 31 de enero de 1992 (Arz. 729) panteones de Barcelona.

II. Requisitos jurídicos del daño: la antijuridicidad (art. 141.1 LAP, primer inciso).

            1. Funcionamiento anormal (ilegal) de la Administración: comporta la antijuridicidad de los daños, como regla general. Uso del criterio en los casos de funcionamiento normal de la Administración: distinción de las potestades administrativas cuyas consecuencias no son indemnizables (tributaria, sancionadora, etc.) de las actuaciones legítimas que dan lugar a indemnización (requisas civiles, art. 120 LEF).

            2. Jurisprudencia sobre la indemnizabilidad de los perjuicios producidos por las modificaciones del planeamiento urbanístico y su positivación en los arts. 41-44 LRSV 98: daños antijurídicos (pérdida de aprovechamientos ya patrimonializados, gastos administrativos o para la formulación de proyectos, etc) y perjuicios no indemnizables (expectativas de desarrollo urbano, valor especulativo de los terrenos, etc).

b) IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

I. La cláusula “funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”: “servicios públicos” = giro o tráfico administrativo.

II. La concurrencia de Administraciones públicas: art. 140 LAP: fórmulas “conjuntas” de actuación = solidaridad; resto de los casos:

a) Si es posible la determinación de cuotas = mancomunidad

b) Si no es posible = solidaridad (STS de 15 de noviembre de 1993, Arz. 10115).

III. La imputación a la Administración de los daños producidos por contratistas particulares que actúan en su nombre.

            1. Línea jurisprudencial mayoritaria: responsabilidad de la Administración por las actuaciones dañosas de concesionarios y contratistas de servicios públicos o de obras de titularidad pública. La posición de garante de la Administración pública: deberes de resolver sobre la existencia de responsabilidad, de determinar el sujeto activo del deber de indemnizar y de ejecutar sus propios actos administrativos firmes.

            2. Una línea jurisprudencial novedosa: STS 12 de diciembre de 2000 (Arz. 2172): citación de oficio del contratista como codemandado.

            3. La normativa: art. 1.3 (nulo) del Reglamento de procedimientos en materia de responsabilidad, RD 429/1993; arts. 97.3 LCAP, 9.4 LOPJ y 219 LCAP (¿un supuesto excepcional?)

IV. El funcionamiento anormal de los servicios públicos.

            1. Art. 142.4 LAP: de acuerdo con una línea jurisprudencial mayoritaria, no existe un margen de tolerancia en el caso de que haya ilegalidades de carácter menor en los actos administrativos. Esta negación se matiza en los casos de ejercicio de potestades discrecionales o aplicación de conceptos jurídicos indeterminados (STS 5 de febrero de 1996, Arz. 987, denegación de apertura de farmacia).

            2. La responsabilidad por omisión: la aplicación del estándar del servicio. Inexistencia, con carácter general, de reglas de Derecho positivo que impongan unos estándares de calidad en la prestación de los servicios administrativos y su fijación jurisprudencial: cláusulas legales de limitación o exoneración de la responsabilidad de la Administración y su constitucionalidad.

ej. de limitación: Ley 24/1998, de 13 de julio, del servicio postal universal, art. 21: “1. El operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal responderá económicamente, salvo caso de fuerza mayor, de la adecuada prestación de los servicios que lo integran, cuando los envíos se entreguen en régimen de certificado o de valor declarado. 2. El Gobierno fijará la cuantía máxima de la indemnización por la pérdida o deterioro de los envíos certificados, así como las cantidades mínimas y máximas en las que podrán asegurarse los envíos en régimen de valor declarado”;

ej. de exoneración: Ley 33/1984, de 2 de agosto, de ordenación del Seguro Privado, art. 22.2: “El ejercicio de las facultades de control no constituirá a la Administración del Estado en responsable por las actividades y operaciones de las entidades sujetas a control, salvo que el daño producido sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos de conformidad con lo dispuesto en la legislación general”; y Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, art. 92: “La incorporación a los Registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de los informes de auditoría de cuentas y de los folletos informativos sólo implicará el reconocimiento de que aquellos contienen toda la información requerida por las normas que fijen su contenido y en ningún caso determinará responsabilidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la falta de veracidad de la información en ellos contenida”.).

- Primera manifestación jurisprudencial: STS 28 de enero de 1972 (Arz. 351), sobre mal estado de la carretera: determinación casuística del grado de diligencia exigible a la Administración en su señalización y mantenimiento (ej. STS 9 de diciembre de 1993, Arz. 1792/94, árbol caído sobre la carretera); policía de cauces (ej. STS 27 de septiembre de 1991, Arz. 8038); muerte o lesiones sufridas por internos de instituciones penitenciarias a manos de otros reclusos (ej. STS 4.1.1991, Arz. 500); autolesiones o suicidios de internados en hospitales o establecimientos psiquiátricos (ej. SSTS 3.1.1990, Arz. 154, o 28.2.1995, Arz. 1489).

V. Los criterios de imputación en caso de funcionamiento normal del servicio.

- Actividades materiales. Cláusula general para las secuelas accidentales de la actividad material de la Administración: la imputación por riesgo.

- Actividad jurídica: actos con efectos expropiatorios o cuasiexpropiatorios (requisas civiles ex art. 120 LEF); ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas: STS 18 de marzo de 1976 (Arz. 2025): perjuicios del propietario de un taller debido a obras en la vía pública; STS 27 de septiembre 1979 (Arz. 3299): perjuicios sufridos por los propietarios de un camping debido a la desviación de la carretera junto a la que se situaba; STS 13 de noviembre 1991 (Arz. 8811): perjuicios a los propietarios de un camping debido al cierre temporal de la carretera de acceso debido a la realización de obras.

- Un supuesto próximo a la responsabilidad patrimonial: el enriquecimiento sin causa de la Administración pública. Campo usual de aplicación: la nulidad, total o parcial, de contratos administrativos habiéndose realizado la contraprestación por el contratista privado, acarrea el problema de la disminución de la eficacia de la regulación de la contratación administrativa.

c) relación de causalidad entre la actividad administrativa y el resultado dañoso.

            1. Los tratamientos teóricos de la responsabilidad:

-causalidad natural o teoría de la equivalencia de la condiciones.

-causalidad jurídica o teorías de la causalidad eficiente o adecuada.

-la posición del Tribunal Supremo: una aproximación pragmática.

            2. Interferencias del nexo causal.

-culpa de la víctima:

*en concurrencia con un funcionamiento normal de la Administración: culpa exclusiva de la víctima y exoneración de la Administración. Ej. STS 21 de diciembre de 1998 (Arz. 10221): lesiones producidas al disolver la policía, utilizando medios proporcionados, una manifestación ilegal.

*en concurrencia con un funcionamiento anormal de la Administración: concurrencia de culpas y aplicación de la técnica de la “compensación de culpas” (imputación sólo de una parte proporcional de los daños a la Administración y, por tanto, reducción de la indemnización). Ej. STS 12 de mayo de 1982 (Arz. 3326), caso de la avioneta de Barajas.

-concurrencia de hecho de tercero:

*jurisprudencia mayoritaria: aplicación de la teoría de la equivalencia de las condiciones y de la responsabilidad como obligación solidaria. Ej. STS 5 de noviembre de 1974 (Arz. 4510), caso empresarios españoles de Guinea Ecuatorial; STS 25 de enero 1992 (Arz. 1343), explosión de butano debida en última instancia a un descuido de un particular, pero posibilitada por el deficiente funcionamiento de los servicios de inspección.

*tendencia reciente: teoría de la causalidad adecuada y consideración de la obligación de indemnizar como mancomunada, por lo que la Administración sólo responde por el porcentaje que en la causación del daño cabe atribuirle. Ej. STS 28 de noviembre de 1998 (Arz. 9967), accidente de aviación debido al mal estado del avión y falta de previsión del piloto, pese a lo que se permitió el despegue (la Administración indemnizará el 60%).

- concurrencia de fuerza mayor, causa de exclusión de la responsabilidad (art. 106.2 CE y art. 139.1 LAP). La reforma del art. 141.1 LAP “matiza los supuestos de fuerza mayor”. Tribunal Supremo: STS 31 de mayo de 1999 (Arz. 6154), sobre contagio de hepatitis C: la referencia al estado de la ciencia o la técnica es una simple positivación de una regla subyacente en la jurisprudencia anterior; se refiere al estado de los conocimientos, no a las obligaciones legalmente establecidas para una determinada actividad: el cumplimiento de los estándares legales no exonera a la Administración; la prueba de ese estado de conocimientos corresponde a la Administración.

 

d) indemnización

I. Principio de integridad patrimonial (art. 106.2 CE y art. 139.1 LAP).

II. Momento de referencia para el cálculo de la indemnización: art. 141.3 LAP:

– producción de la lesión.

– actualización conforme al IPC.

– intereses de demora conforme a los arts. 36 y 45 LGP: si transcurren 3 meses desde el reconocimiento de la obligación o la notificación de la sentencia condenatoria; interés legal del dinero vigente en el momento de generarse la deuda; desde el momento en que el deudor reclame por escrito el cumplimiento de la obligación (entendiendo la jurisprudencia por tal el escrito de reclamación de responsabilidad dirigido a la Administración).

III. La posibilidad de indemnización en especie o mediante pagos periódicos: art. 141.4 LAP, supeditada a que resulte más adecuado para reparar el perjuicio y al consentimiento del interesado.

IV. La incidencia del carácter lícito o ilícito de la actuación de la Administración: la jurisprudencia invoca a veces el art. 1107 CC, que distingue entre los daños de que responde el “deudor de buena fe” –”los previstos o que se hayan podido prever”– y los imputables en caso de “dolo”, que son “todos los que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento”: STS 8 de febrero de 1991 (Arz. 1214), nulidad de la separación del servicio de un catedrático de enseñanza media por desviación de poder: el TS distingue entre ilegalidad “normal” e ilegalidad “anormal” o cualificada (en la que deben indemnizarse todos los daños probados que se deriven de los hechos, entre los que destacan los “morales”).

V. La compatibilidad del deber de indemnizar con un seguro suscrito por la víctima y con la prestación de una pensión extraordinaria.

            1. Compatibilidad del deber de indemnizar con un seguro suscrito por la víctima: STS 26 de febrero de 1991 (Arz. 1087), indemnización por lesiones físicas y días de baja laboral; distinción entre seguros de daños y seguros de vida o integridad física.

            2. Compatibilidad de la indemnización con la prestación de una pensión extraordinaria. Frente a la línea tradicional: la pensión extraordinaria constituye una compensación predeterminada legalmente de los daños y, en consecuencia, es incompatible con la indemnización, la STS 4 de febrero de 1999 (Arz. 4870), principio de reparación integral: la pensión extraordinaria cubre el menoscabo patrimonial, pero puede no cubrir otros daños, especialmente el daño moral.

VI. Valoración de los daños personales, ante el subjetivismo de las valoraciones judiciales, que da lugar a inseguridad jurídica y a desigualdades de trato injustificables;

1. Solución doctrinal: uso de baremos objetivos, como los empleados para el cálculo de la indemnización de los daños corporales sufridos por las víctimas de atentados terroristas (DA 16ª LPGE 1990 y art. 6 RD 673/1992, –que permite la personalización de la indemnización, incrementándola hasta en un 30% en función de las circunstancias “personales, familiares, económicas y profesionales de la víctima”; también Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo, y RD 1912/1999, de 17 de diciembre) o para la indemnización a los pacientes contagiados de VIH en centros hospitalarios públicos o a sus causahabientes (RD-Ley 9/1993, de 28 de mayo).

2. STC 181/2000, de 29 de junio, sobre la DA 8ª Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (baremo para la valoración de los daños personales provocados por accidentes de tráfico): la limitación de la valoración del lucro cesante en los casos de lesiones que produzcan la baja médica de las víctimas sólo es admisible para los casos en que no concurra culpa relevante del conductor causante.

 

3. Procedimiento administrativo y jurisdiccional.

I. Plazo de prescripción de la acción (art. 142.5 LAP).

1.      Un año:

–de producirse el hecho lesivo.

–de manifestarse los daños. Si ambos momentos no coinciden, se aplica el criterio más favorable al ejercicio de la acción.

2.      Daños corporales:

–desde completa curación.

–caso de no ser ésta posible, desde la estabilización de las secuelas.

3.      En caso de ejercicio de acciones penales contra un funcionario o autoridad (art. 146.2 LAP):

–el ejercico de acciones penales, como regla, no interrumpirá la tramitación de los procedimientos de responsabilidad: recupera vigencia la jurisprudencia que entendía que en el caso de ejercicio de acciones penales el plazo de prescripción se inicia con el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria.

 

II. Procedimiento administrativo.

            1. Procedimiento abreviado (art. 143 LAP y RD 429/1993 arts. 14-17).

–cuando la existencia (o inexistencia) de la responsabilidad y la cuantía de la indemnización resulten “inequívocas”.

–la propuesta de resolución se somete a dictamen del Consejo de Estado (u órgano autonómico homologable). Si existe discrepancia entre el dictamen y la propuesta, el procedimiento se tendrá que resolver conforme a la tramitación ordinaria.

            2. Procedimiento ordinario.

–iniciación a solicitud de interesado o de oficio (art. 142 LAP). La iniciación de oficio se notificará a los interesados, pero el procedimiento podrá instruirse aunque éstos no se personen, pero no podrá resolverse, sino que el instructor deberá proponer el archivo provisional de las actuaciones, que se convertirá en definitivo si pasa el plazo de prescripción sin que haya comparecido ningún interesado (RD 429/93, art. 5 y 11.2).

–legitimación activa, reconocida también a las Administraciones públicas, aunque la Ley se refiera sólo a los ciudadanos.

–legitimación pasiva, la Administración que ejerza la competencia en el momento de formularse la reclamación, no la que realizó la actuación presuntamente dañosa (SsTS 10 de octubre de 1988, Arz. 8188, 21 de noviembre de 1998, Arz. 9963...).

–previsión expresa de la posibilidad de terminación convencional (RD 429/1993 art. 8, 11.2 y 13.1).

–dictamen preceptivo del Consejo de Estado (art. 22.13 LOCE), cuando la responsabilidad se impute a la Administración del Estado o de una Comunidad Autónoma que no tenga órgano propio homologable; o del órgano autonómico equivalente al Consejo de Estado, caso de existir (RD 429/1993 art. 12.1).

3.      Plazos, efectos del silencio y recursos.

–plazo para resolver y notificar: 6 meses (RD 429/93, art. 13.3)

–silencio negativo (art. 142.7 LAP y art. 13.3 RD 429/93).

–la resolución pone fin a la vía administrativa (art. 142.6 LAP).

 

III. Proceso contencioso-administrativo.

1.      Jurisdicción competente.

–monopolio jurisdiccional contencioso-administrativo (art. 2.e LJ).

–la concurrencia de sujetos privados: el carácter preferente de la Jurisdicción contencioso-administrativa (art. 9.4 LOPJ).

2.      La especialidad de los daños derivados de actos administrativos ilegales.

–el plazo de prescripción se inicia con la firmeza de la sentencia que declara la invalidez del acto dañoso (art. 142.4 LAP).

–posibilidad de ejercitar la acción de responsabilidad como subordinada de la pretensión de anulación, incluso si no se hubiese solicitado el resarcimiento en vía administrativa, pudiendo introducirse la pretensión de resarcimiento incluso en la vista o el escrito de conclusiones (art. 31.2 y 65.3 LJ).

 

Responsabilidad patrimonial del Estado por actos legislativos

 

Fundamento: Arts. 9.3, 33, 106.2 y 33.3 CE (comprende tanto los bienes como los derechos y ha de interpretarse de conformidad con el art. 1 del Protocolo 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos-: toda ley expropiatoria que excluyera la indemnización sería inconstitucional por aplicación del artículo 33.3 CE).

 

I. Supuestos de responsabilidad del Estado por actos legislativos no incluidos en el art. 139.3 LAP.

1. Leyes inconstitucionales: declarada su nulidad por el TC, habrán de indemnizarse los perjuicios antijurídicos derivados de su aplicación. No obstante, es preciso tener en cuenta art. 40 LOTC. Por otra parte, el TC en ocasiones, aplicando la llamada “técnica prospectiva”, elimina los efectos retroactivos de sus sentencias: STC 45/1989, de 20 de febrero, sobre liquidación conjunta del IRPF.

2. Leyes de caso único o de contenido expropiatorio: admisibles en nuestro Derecho, pese a los problemas respecto al art. 24 CE (STC 166/1986, de 19 de diciembre, RUMASA II), gracias a la jurisprudencia constitucional sobre la distinción entre ley expropiatoria y ley de regulación de la propiedad:

a) STC 227/1988, de 29 de noviembre (Ley de Aguas): es necesario distinguir entre expropiación (privación indemnizable) y otro tipo de intervención limitativa de derechos (privación no indemnizable). Para que se aplique la garantía expropiatoria del art. 33.3 CE, debe haber privación singular (sustracción o ablación de un derecho o interés legítimo impuesto a uno o varios sujetos); distinta de las medidas legales de delimitación o regulación general del contenido de un derecho que, sin privar singularmente del mismo a sus titulares, constituyen una configuración "ex novo" modificativa de la situación normativa anterior, que ni están prohibidas por la Constitución ni dan lugar por sí solas a una compensación indemnizatoria).

b) STC 149/1991, de 4 de julio (Ley de Costas): la DT 1ª no viola la garantía expropiatoria, pues la conversión legislativa forzosa de derechos dominicales en zona de dominio público impuesta por el art. 132.2 CE, respeta la garantía expropiatoria del art. 33.3 CE en los términos de la STC 166/1986 (Rumasa II), FJ 13: el legislador puede fijar diferentes "modalidades de valoración" para determinar la indemnización; modalidades que deben ser respetadas "a no ser que se revelen desprovistas de base razonable", lo que no sucede aquí, ya que las condiciones de la conversión (duración de la concesión, exoneración del canon, respeto de usos y aprovechamientos) son razonables, al haber en 30+30 años margen de tiempo sobrado para amortizar cualesquiera instalaciones, asegurando la ausencia de canon una mayor rentabilidad económica. Además, “nada impide que los afectados por la expropiación puedan impugnar ante la jurisdicción competente el acto administrativo de conversión de su título dominical en título concesional para deducir ante ella las pretensiones que estimen pertinentes frente al mismo”.

De acuerdo con el concepto abstracto de expropiación, lo procedente es abrir la fase de justiprecio. No obstante, en los supuestos de declaración de espacios naturales protegidos la jurisprudencia ha optado por aplicar analógicamente la regulación de la responsabilidad por modificación de planes urbanísticos (STS 9 de febrero de 1999, Ar. 1878, Sa Cánova de Artá).

3. Leyes que requieren de actos administrativos para su eficacia: existirá responsabilidad de la Administración y no del Estado-legislador, cuando “la producción del daño revista caracteres lo suficientemente singularizados e imprevisibles como para que pueda considerarse intermediada o relacionada con la actividad de la Administración llamada a aplicar la Ley” (STS 17 de febrero de 1998, Ar. 1677). Cuando la aplicación de la Ley sea mecánica, la eventual antijuridicidad queda cubierta por ésta y en todo caso podremos estar ante el supuesto del art. 139.3 LAP, que regula la responsabilidad por el cambio legislativo.

 

II. Supuestos de responsabilidad del Estado por actos legislativos incluidos en el art. 139.3 LAP: “Las Administraciones públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos”. Posiblemente inconstitucional, pues relega a los jueces la interpretación del carácter expropiatorio de las leyes.

1. Jurisprudencia en los supuestos de:

- jubilación anticipada e incompatibilidad de funcionarios;

- perjuicios de empresas pesqueras por la adhesión a la CEE -SsTS de 5 de marzo de 1993, 27 de junio de 1994 y 17 de febrero de 1998, que reinterpreta las anteriores a la luz del principio de confianza legítima-;

- daños derivados de leyes inconstitucionales, SsTS de 15 y 26 de febrero y 13 de junio de 2000 sobre la tasa sobre el juego.

2. Procedimiento administrativo y contencioso-administrativo para reclamar.

 

III. Supuesto conexo: responsabilidad del Estado por actuaciones de agentes de Estados extranjeros en territorio nacional.

            1. El supuesto general: la inmunidad de agentes diplomáticos y consulares, a los que los Tratados internacionales suscritos por España reconocen inmunidad.

            2. Regulación específica: la actuación de las fuerzas armadas norteamericanas en España. (Acuerdo de Desarrollo del Tratado de Amistad y Cooperación entre España-USA de 24 de enero de 1976, art. 27).

3. Dictamen de 11 de junio de 1987, del Consejo de Estado: “el súbdito español no se encuentre en peor condición ante un Estado extranjero productor de daños en relación con la situación que ostentaría ante el Estado español, a tenor del Derecho vigente”.

 

Responsabilidad del Estado-juez

I. Régimen general de la responsabilidad del Estado por actuaciones judiciales: art. 121 CE y los art. 292 a 297 LOPJ.

            1. Responsabilidad por funcionamiento “anormal”. Aplicación supletoria de las reglas de la responsabilidad patrimonial de la Administración, en cuanto resulten compatibles con las peculiaridades de la institución.

2. Delimitación positiva (la actividad jurisdiccional) y negativa (aplicación del régimen general de responsabilidad (art. 106.2 CE) a los actuaciones no jurisdiccionales de órganos judiciales y a las actuaciones de la Administración de apoyo a los órganos judiciales; supuesto específico: la policía judicial).

            3. Causas de exclusión de la responsabilidad: fuerza mayor (art. 292.1 LOPJ) y conducta dolosa o culposa del perjudicado (art. 295 LOPJ).

            4. Finalidad y contenido de la intervención del CGPJ: determinar la anormalidad de las actuaciones y la procedencia de la acción de regreso ex art. 296 LOPJ.

            5. El informe del Consejo de Estado y la resolución del Ministro de Justicia.

II. Títulos de imputación: error judicial de hecho o de Derecho procesalmente irreparable (art. 293 LOPJ); necesidad de una previa declaración judicial mediante sentencia de la existencia de error; prisión preventiva injusta (art. 294 LOPJ):

–especie del género “error judicial” en la que la existencia del error se reconoce implícitamente en el mismo proceso, al absolver al encarcelado preventivamente, sin que sea precisa una declaración específica, como ocurre en los supuestos del art. 293 LOPJ.

–supuestos:      *absolución o sobreseimiento por “inexistencia del hecho imputado” o inexistencia objetiva;

*la jurisprudencia equipara los supuestos de no participación en los hechos suficientemente probada o inexistencia subjetiva;

*se excluyen los supuestos de absolución por falta de pruebas, en los que se considera que la actuación judicial acordando la prisión preventiva no puede considerarse como un error judicial; y

funcionamiento anormal de la Administración de Justicia (cláusula de cierre: retrasos anormales o injustificados, etc).

III. Responsabilidad civil de Jueces y Magistrados (arts. 296, 297 y 411 a 413 LOPJ).

 

Responsabilidad patrimonial de la Administración y Derecho comunitario

I. Normativa sobre responsabilidad patrimonial de la Administración comunitaria.

            1. Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (París, 1951), art. 40.3: “el Tribunal es competente para acordar, a petición de parte lesionada, una reparación pecuniaria a cargo de la Comunidad en caso de perjuicio causado en la ejecución del presente Tratado por una falta de servicio de la Comunidad”.

2. arts. 288.2 TCE, y 188.2 Euratom: “en materia de responsabilidad extracontractual, la Comunidad deberá reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros”.

II. La jurisprudencia del TJCE.

            1. Admisibilidad de la acción de “constatación de responsabilidad”, es decir, una acción declarativa motivada por un daño futuro pero suficientemente cierto (STJCE 2 de junio de 1976, Kampffmeyer), incluso si no pretende más que la declaración del fundamento jurídico de la responsabilidad, dejando para un momento posterior elementos como la causalidad (STJCE 28 de marzo de 1979, Granaria).

            2. Jurisprudencia por funcionamiento “anormal”:

–basada en la noción de “falta de servicio”, apreciada en función de las circunstancias del caso concreto. No ha habido ningún caso de condena por responsabilidad objetiva, aunque el TJ no ha negado expresamente su posibilidad.

–actividad jurídica:

*la regla violada ha de ser una norma establecida como garantía de los derechos de los particulares: la violación de una norma organizativa (p. ej. un vicio de incompetencia) no acarrea responsabilidad (STJCE 13 de marzo de 1992, Vregdenhil).

*un acto de aplicación de un reglamento legal puede generar cuando se haga una aplicación inmediata, sin previa advertencia ni posibilidad de adaptación para los destinatarios de la norma, por violación del “principio de confianza legítima” (STJCE 14 de mayo de 1975, CNTA).

–actividad normativa. Requisitos:

* violación de una regla superior de Derecho protectora de los particulares, como el principio de no discriminación (STJCE 4 de octubre de 1979, Ireks-Arkady) o el principio de protección de la confianza legítima  (STJCE 19 de mayo de 1992, Mulder).

*ilegalidad grave e inexcusable, actuando con un desconocimiento de los límites de sus poderes lindando con lo arbitrario.

*daño anormal y grave

III. La responsabilidad de las Administraciones nacionales por no trasposición o trasposición defectuosa de directivas comunitarias: la normativa comunitaria no resulta directamente aplicable, dado su carácter restrictivo, pero supone un mínimo indisponible para el legislador nacional.

- STJCE 19 de noviembre de 1991, Francovich y Bonifaci: principio general de que los particulares deben ser indemnizados por los perjuicios derivados de las infracciones del Derecho comunitario. Requisitos en el caso de no trasposición de directivas: la directiva debe tener como finalidad el reconocimiento de derechos a los particulares; el contenido de esos derechos debe estar suficientemente concretado en la directiva; debe existir relación de causalidad entre el incumplimiento y los daños.

- STJCE de 16 de diciembre de 1993, Wagner Miret: transposición defectuosa: la responsabilidad patrimonial es más respetuosa que la aplicación directa con el principio de autonomía de las autoridades nacionales para la trasposición de las directivas.

IV. La responsabilidad concurrente de la Administración nacional y la comunitaria: la responsabilidad de la Administración comunitaria es subsidiaria de la de la Administración nacional cuando se produzca un supuesto de responsabilidad por infracción del Derecho comunitario que sea imputable a ambos. La responsabilidad del Estado se exigirá ante la Jurisdicción nacional y la de la Administración comunitaria ante el TJCE (STJCE Kampffmeyer).