Bienes públicos

 

Elemento común: titularidad pública, causa de un régimen o regímenes exorbitantes –para su especial protección– respecto del régimen de los bienes privados, pero no es un régimen unitario. El régimen varía, en función de la “afectación” o uso a que el bien esté destinado.

 

1. Bienes de dominio público o “demaniales”: propiedades de un ente público afectadas a un uso o servicio públicos y sometidas a un régimen especial de utilización y protección: inalieanables, inembargables e imprescriptibles

Distinción entre demanio “natural” y “artificial” (SsTC 227/88 y 149/91)

Escala de la demanialidad: diferente intensidad de la protección.

Titularidad no limitada a los entes públicos territoriales: 48.2 LOFAGE

Regulaciones generales:

·        art. 132.1 y .2 CE; arts. 338-345 CC;

·        LRBRL arts. 79-82; TRRL arts. 74-85; RB; RBAr (D. 347/2002, de 19 de noviembre).

·        Ley Patrimonio de la C.A. Aragón (DLgs. 2/2000, de 29 de junio, LPAr);

Regulaciones específicas: LA; LCo; LMi; LHidr.; LCarret.; LAutop.; LVP; LMo, LPu.

 

2. Bienes comunales: Bienes de dominio público municipal cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos.

Abundantes problemas históricos. Montes vecinales en mano común (Ley 55/1980, de 11 noviembre).

Regulación: art. 132.1 CE; arts. 79.3 y 80.1 LBRL; arts. 75, 77 y 78 TRRL; RB, RBAr.

 

3. Bienes del Patrimonio Nacional.

Concepto: propiedades del Estado afectadas al uso y servicio de la Corona.

Dificultades de calificación.

Regulación: art. 132.3 CE; Ley del Patrimonio Nacional 16 junio 1982.

 

4. Bienes patrimoniales (o “de propios”): propiedades de un ente público no afectadas al uso ni al servicio público y sometidas, en principio, a un régimen jurídico próximo al común.

Tránsito de la demanialidad a la patrimonialidad.

Regulación: art. 132.3 CE; arts.79-82 LBRL; arts. 74-85 TRRL; RB; LPAr., RBAr.

·        Ley de Patrimonio del Estado (Decreto 1022/1964, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto Articulado de la LPE);

STC 166/1998, de 15 de julio y STS 29 de enero de 1999: matización del principio de inembargabilidad.

 

DOMINIO PUBLICO

1. Elemento subjetivo: los titulares de bienes de dominio público.

A)    Aclaraciones previas:

-la titularidad no comporta que otras Administraciones puedan tener algunas competencias sobre el bien de que se trate (ej., las costas, de titularidad estatal, pero sobre las que Administraciones autonómicas y municipios pueden tener algunas competencias de ordenación),

-la titularidad tampoco comporta la exclusividad para regular el régimen jurídico de esos bienes, cuyo régimen básico ha de establecer el legislador estatal (CE art. 149.1.8 y 149.1.18). El RDlgs. 2/2000, de 29 de junio, LPAr. regula tanto los bienes patrimoniales como los de dominio público de titularidad de la Administración autonómica en términos muy similares a los de la legislación estatal.

B) Titularidad.

-postura tradicional: sólo los entes territoriales

-realidad de entes institucionales creados para mantener la titularidad de un sector del dominio público: Confederaciones Hidrográficas, Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (antes, RENFE), Puertos del Estado, etc. 48.2 LOFAGE

-posibilidad de que los entes institucionales sean beneficiarios de la expropiación forzosa

-adscripciones a entes institucionales (art. 80 LPE): no adquieren la titularidad.

-no pueden existir bienes de dominio público que sean de titularidad de personas privadas. Casos particulares: limitaciones de la propiedad; bienes de titularidad de un concesionario adscritos a la prestación de un servicio público.

2. Elemento objetivo: bienes susceptibles de integrarse en el dominio público.

·        Postura tradicional: “partes del territorio” (art. 538 CC francés).

·        Actualmente también bienes muebles e incluso bienes inmateriales (ej. dominio público hertziano: STC 127/1994 y art. 61 LGTc de 1998).

3. Elemento teleológico: fines a que han de estar destinados los bienes de dominio público.

A) Afectación.

a) la afectación es el criterio central del dominio público: cuando la afectación desaparece, el bien pasa a ser patrimonial (arts. 341 CC, 1 LPE, 37 LPAr., 6 RB)

b) consisten en el destino del bien a un uso o servicio público, en sentido amplio (función pública). La legislación utiliza otros criterios que son especificación del básico fomento de la riqueza nacional, necesidades de defensa del territorio nacional (art. 339 CC). Limites: art 33 y 38 CE

c) formas de producirse la afectación

–Afectación del demanio natural: genérica, por la propia Constitución o por Ley.

–Afectación del demanio artificial: en ocasiones se hace por la propia Ley (LPE art. 1 o TRRL art. 74), pero generalmente ha de hacerse mediante acto administrativo

expresa:     Administración del Estado: LPE arts. 113-119, competencia del Mº de Hacienda;

Administración autonómica: LPAragón art. 33.2.a) y 34, competencia del Consejero de Ec y Hac;

Administración local: RBienes art. 8.1 y 2 RB: expediente sobre oportunidad y legalidad, información pública, voto favorable de la mayoría del número legal de concejales.

tácita o implícita:     Administración del Estado: LPE arts. 119, adquisición por expropiación forzosa;

Autonómica: LPAragón art. 33.2.b);

Local: RBienes, art.8.4.a): planes de ordenación urbana y proyectos de obras y servicios. RBAr. Art. 8 y 9

presunta:    Administración autonómica : LPAragón art. 33.2.c).,

Administración local: RB art. 8.4.b) y c). Usucapión

B) Desafectación.

a) Demanio natural: por cambio normativo o de la realidad.

b) Demanio artificial:            Administración del Estado y autonómica: exigencia de desafectación expresa (arts. 120 y 123 LPE y 37 LPAr.)

Administración local: expresa (art. 8.1, 2 y 3; comunales: art. 100 RB, art. 12 RBAr).        

tácita (art. 8.4.a RB. Art 8.2 y 3 RBAr).

C) Mutación demanial. No genera derecho de reversión

- Por cambio de afectación: arts. 124-125 LPE; arts. 35-36 LPAr.; art. 14 RBAr

- Por imposición de afectaciones secundarias: art. 32.4 LPAr.

- Por cambio de sujetos.

 

4. Elemento normativo: régimen específico de los bienes de dominio público.

Régimen de utilización y de protección (remisión).

 

UTILIZACION DEL DOMINIO PUBLICO

1. Utilización por la Administración:

·        Utilización directa de los bienes de servicio público (art. 1.2 LPE)

·        Reservas demaniales: se precisa habilitación legal.

·        tienen como finalidad concretas manifestaciones del interés general: LA art. 41.1; LCo art. 47; LMi art. 7.

·        la decisión de reservar es discrecional, pero recurrible

·        ha de ser hecha por la Administración titular

·        sólo tiene sentido sobre bienes susceptibles de ser utilizados por los particulares, no sobre los originariamente destinados a ser utilizados en exclusiva por la Administración

·        la finalidad para la que fue realizada la reserva vincula a la Administración (ej.: LCo art. 48.2).

·        la concurrencia de derechos preexistentes de particulares no impide la declaración de reserva, pero obligará a indemnizar por el cese de los usos incompatibles

·        la explotación de la zona reservada puede ser hecha directamente por la Administración o a través de terceros en función de títulos jurídicos diversos, al amparo de la LCAP (concesión, concierto, sociedad de economía mixta, gestión interesada). Ej. LCo art. 48.1.

 

2.      Utilización por particulares: RB art. 74 y ss.

è    Uso común general: libre.

·        Concepto y ejemplos legales: arts. 76 RB, 48.1 LA, 31.1 LC

·        Uso libre y gratuito, que no precisa título administrativo habilitante y conforme con el destino principal del bien.

·        Interés legítimo de los usuarios y facultades de desafectación o cambio de la afectación del bien.

è    Uso común especial normal: sujeto a autorización administrativa.

·        art. 75 RB. Ejemplos: LA art. 49 y LC art. 51.1.

·        Concepto: uso común calificado por concurrir circunstancias especiales de peligrosidad, intensidad de uso o similares, circunstancias que aconsejan su sujeción a autorización administrativa.

·        No existe un derecho subjetivo al uso especial.

·        Problema de la distinción entre usos comunes especiales y usos privativos: el criterio de la concurrencia o no de transformación física del bien.

·        Otorgamiento y transmisibilidad de la autorización: RB art. 77.2 y 3. RS art. 9.

·        Extinción: posibilidades de revocación sin indemnización cuando resulten incompatibles con la normativa aprobada con posterioridad, produzcan daños al dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso público (LCo art. 55.1). RS art. 16.

è    Uso privativo y uso común especial anormal: sujeto a concesión.

·        Concepto: distinción entre concesiones de servicio público y concesiones de dominio público.

·        Procedimiento de adjudicación (RB art. 82 y ss): memoria, proyecto, licitación, tanteo, adjudicación, garantía, formalización.

·        ¿Es discrecional el otorgamiento de una concesión de dominio público?

·        Naturaleza y contenido:

– clausulado (RB art. 80);

– derecho real administrativo: defensa “interdictal” frente a la vía de hecho, acceso al Registro de la Propiedad como “finca especial”.

– la cláusula “salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero” (RB art. 80.11),

·        Plazo: máximo 99 años (LPE art. 126, RB art. 79) Plazos menores en leyes especiales: LA art. 57; LCo art. 66; LMo art. 62.

·        Extinción y reversión (a la extinción de la concesión por cualquier forma, la Administración retoma posesión de los bienes e instalaciones):

1. Vencimiento del plazo.

2. Mutuo acuerdo entre Administración y concesionario.

3. Revisión de oficio (LAP).

4. Revisión (alteración de los supuestos físicos determinantes del otorgamiento cuando la concesión no sea alterable -inindemnizable-, fuerza mayor a petición del concesionario -inindemnizable-, necesidades de adecuación a nueva realidad normativa del aprovechamiento - indemnizable-).

5. Rescate total o parcial (circunstancias anómalas o excepcionales: indemnizable el valor de las obras autorizadas no amortizadas y la pérdida de beneficios en el ejercicio económico en curso): expropiación forzosa.

6. Caducidad (incumplimiento de las condiciones esenciales o plazos de la concesión, o interrupción permanente de la explotación durante un determinado plazo, imputable al concesionario): renuncia voluntaria del titular (no aceptada por la Administración), impago del canon, falta injustificada de explotación del recurso durante un determinado plazo, agotamiento del recurso, incumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión, alteración de la finalidad de la concesión, invasión del dominio público no concedido y demás supuestos legalmente previstos.

 

Protección del dominio publico: (art. 132.1 CE) imprescriptibilidad,

Inalienabilidad: bienes extra commercium, pero cabe la desafectación, declaración de alienabilidad y enejenación por órgano competente: arts. 61 y 62 LPE, 57 LPAr, 109 RB.

- Competencia: Estado: Mº Hacienda (art. 62 LPE).

- consecuencia: inembargabilidad: en realidad, era característica de todo bien público, pero ha habido cambios tras STC 15 julio 1998: arts. 44 LGP y 154.2 LHL.

 

PRERROGATIVAS ADMINISTRATIVAS SOBRE EL DOMINIO PUBLICO

1. Publicidad posesoria

A) Registros administrativos: Inventarios y Catálogos administrativos sin efectos jurídicos, con efectos internos, título para inscripción registral: arts. 6 LPE, 9 LPAr, 17 RB, 25 a 42 RBAr. Bienes revertibles:  RBAr. Art. 38

B) Catálogos especiales, con efectos jurídicos externos: Catálogo de Montes de Utilidad Pública, catálogo administrativo de carácter público (LMo art. 6 y 10).

C) Registro de la Propiedad

– tesis tradicional: el dominio público no precisa del sistema de garantías del Registro de la Propiedad.

– el art. 5 RH, en su primera redacción, parecía prohibir inscripción de bienes demaniales, pero es una dispensa de inscripción, porque históricamente relajaba la general obligación administrativa de inscribir sus bienes.

– ejemplos de bienes demaniales que siempre han accedido al Registro: bienes de servicios públicos de Corporaciones Locales, montes, minas.

– RH art. 4 y 5 vigentes (redacción del RD 1867/1998): “serán inscribibles los bienes inmuebles y los derechos reales sobre los mismos, sin distinción de la persona física o jurídica a que pertenezcan, y por tanto, los de las Administraciones públicas y los de las entidades civiles o eclesiásticas” (art. 4); “los bienes inmuebles de dominio público también podrán ser objeto de inscripción, conforme a su legislación especial” (art. 5). 42 RBAr. ¿Obligación de inscribir?  Certificación del Secretario

- Ventaja de coexistencia de dos sistemas de protección: superación de los inconvenientes que derivan de la inscripción por particulares.

– títulos inscribibles: LH art. 206 y LPAr art. 21.2

 

2. Deslinde administrativo

- todo propietario tiene la facultad de deslinde, por medio de un procedimiento judicial (art. 384 CC). Privilegio administrativo: proceder por sí mismo al deslinde, desplazando a la otra parte la carga de impugnar, ante la Jurisdicción contencioso-administrativa. No puede servir de acción reivindicativa disimulada (STS de 28 de diciembre de 1999)

- Regulaciones generales: arts. 13 ss LPE, 15 LPAr, 44.1.b) y 56 ss RB.; 54 a 61 RBAr.

- Regulaciones especiales: sobre todo, montes, agua y costas.

- el deslinde, en principio, solo declara el estado posesorio de hecho o la realidad física del terreno, no la propiedad, que se reserva a los órganos jurisdiccionales civiles: arts. 14.2 LPE, 65 RB; 55 RBAr.. Por eso, el deslinde debe respetar posiciones consolidadas de particulares (inscripción registral, excepto en costas (LCo art. 13.1), o posesión treintenal).

- Posibilidad de doble proceso:

* ante la Jurisdicción contencioso-administrativa contra el acto de deslinde (competencia y procedimiento).

* examen del derecho de propiedad ante la Jurisdicción civil.

·        Crítica: en realidad, la Administración declara el alcance de su propiedad y la Jurisdicción contencioso-administrativa debería poder entrar en ello, evitando dos procesos sobre un mismo asunto.

 

3. Reintegro posesorio o interdictum proprium

- Facultad de autotutela posesoria: sin plazo en dominio público, en 1 año para bienes patrimoniales (arts. 8 LPE, 13 y 46 LPAr, 82.a RB, 62 y 63 RBAr.).

- En bienes de dominio público, la Administración defiende su derecho a poseer. En los bienes patrimoniales, Administración defiende el hecho de la posesión, igual que particulares, pero con interdicto propio (250 LEC).

- la legislación local (RB art. 71-72) y la autonómica (LPAr. art. 13) contemplan específicamente esta potestad. La LPE parece concebirla simplemente como el resultado de la potestad de investigación y no prevé procedimiento específico.

- Acción subrogatoria de los vecinos en defensa de bienes locales: art. 68 LRBRL.

 

4. Policía demanial

– potestad investigadora, para resolver sobre titularidad de bienes (44-55 RB, 9-12 LPE, 14 ss LPAr; 48 a 53 RBAr.). Distinción entre las materias civil y administrativa (art. 55 RB).

* procedimiento administrativo que termina con una resolución ejecutiva sobre la titularidad administrativa del bien investigado.

* posibilidad de iniciación por “denuncia” de particular. La legislación estatal y la de régimen local prevén para el “denunciante”, que ha de adelantar una parte de los gastos, un “premio e indemnización” del 10% del valor del bien recuperado (LPE art. 11 y RB art. 54).

– potestad sancionadora y de restablecimiento de la legalidad: 44.2 RB remite a disposiciones específicas. LPAr art. 75 y ss 71 RBAr. En relación 197 LAL.

– potestad de desahucio administrativo, en el ámbito local (arts. 120-135 RB, 173 LAL; 64 a 70 RBAr.):

- extinción de los derechos sobre bienes de dominio público o comunales (RB art. 120-122).

- resolución de contratos de arrendamiento o extinción de derechos personales a favor de funcionarios locales o sobre viviendas de protección oficial de propiedad de la entidad local (RB art. 134).

 

5.  Inembargabilidad.

–principio tradicional de inembargabilidad, aplicado a bienes de dominio público y patrimoniales. Manifestación concreta de la “incomerciabilidad” recogida en el art. 132 CE: inalienabilidad, imprescribtibilidad e inembargabilidad.

–críticas doctrinales referidas a la inembargabilidad de los bienes patrimoniales, en cuanto suponía un obstáculo a la ejecución de sentencias y suponía la existencia de un margen de irresponsabilidad de los poderes públicos.

–primeras rupturas:

a) RD 1684/90, de 20 de diciembre, RGR, y RD 1517/91, de 11 de octubre, RGR de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, contemplan determinadas fórmulas de compensación de deudas entre Administraciones.

b) art. 154.2 LHL (redacción dada por la Ley 66/97, de 30 de diciembre): posibilidad de “ejecución de hipotecas sobre bienes patrimoniales inmuebles no afectados directamente a la prestación de servicios públicos”

–SSTC 166/1998, de 15 de julio, y 201/1998, de 19 de octubre: admiten el embargo de bienes patrimoniales no afectados a la prestación de servicios públicos, aunque no permiten la retención de caudales públicos.

–STS 29 de enero de 1999: procedimiento de apremio para el cobro de tributos locales liquidados a organismos autónomos de carácter comercial de la Generalidad de Cataluña.

 

BIENES COMUNALES

1. Origen histórico

- Nebulosa histórica; teorías diversas: restos de la Edad de Oro, tesis germánica de la propiedad comarcana, tesis francesa del origen en concesiones señoriales, tesis de la propiedad consorcial, etc.

- Variedad de procesos históricos.

- Origen genérico en España en Reconquista.

2. Titularidad

- Tesis de la titularidad compartida entre municipio y vecinos: art. 79.3 LBRL.

- Titularidad de municipio sobre bienes de dominio público: art. 80.1 LBRL y 5 RB. 170 LAL

- Titularidad de vecinos: naturaleza de derecho público subjetivo de aprovechamiento y disfrute: art. 18.1.c) LBRL.

- Recíproca influencia: municipio organiza el aprovechamiento y vecinos ejercen derecho al aprovechamiento.

3. Régimen

-Naturaleza peculiar (STC de 2 de febrero de 1981): 132 CE. Inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad: arts. 80-81 LBRL.

- Limitaciones a desafectación expresa: art. 100 RB. 179 Y 180 LAL ( y art. 12 y 13 RAAr). Transición de dominio público a patrimonial.

- Reintegro posesorio sin límite de tiempo: 82 LBRL.

4. Aprovechamiento

- Vecindad como presupuesto: 18.1.c) LBRL y extranjeros domiciliados por 103.1 RB.

- Principio general es explotación colectiva o comunal (art. 94.1 RB): disfrute general y simultáneo por vecinos para pastos, leñas, rocas, caza. Art. 96 a 98 RBAr

- Costumbre o reglamentación local (art. 94.2 RB).

- Adjudicación por lotes o suertes, con posible pago de cuota anual (97 y 99 RB).

- Adjudicación en pública subasta (arts. 94.3 y 98 RB. 98 RBAr).

 

BIENES PATRIMONIALES

1. Concepto.

- Caracterización negativa: no son de dominio público (arts. 1 LPE, 5 LPAr., 79.3 LBRL, 6.1 RB).

- Caracterización positiva: régimen de Derecho privado (arts. 345 CC, 2 LPE, 43.1 LPAr., 80.2 LBRL, 6.2 RB).

- Tradicionalmente eran bienes productores de renta para los entes públicos.

2. Régimen jurídico.

- Regulaciones generales: LPE, LPAr, RB, RBAr.

- Regímenes especiales: patrimonios forestales, industriales, del suelo (PMS).

- Principios LPE:

          Limitar las prácticas contrarias a la personalidad única de la Administración.

          Competencia general del Mº de Hacienda y de la Dirección General del Patrimonio del Estado.

          Los Ministerios sectoriales tienen competencias de conservación y administración., pero los bienes innecesarios “se devuelven” al Mº de Hacienda.

3. Protección.

- Potestad de recuperación o reintegro posesorio en 1 año (LPAr art. 46).

- Potestad de investigación y deslinde (LPAr art. 47)

- Inembargabilidad limitada (LPAr art. 44, pero SsTC 166/1998 y 201/1998): se distingue entre

            1. Bienes patrimoniales afectos a usos o servicios públicos: la normativa no hace mención expresa, no obstante, su característica común reside en estar destinados a una finalidad pública y, como cumplen fines públicos, estar sujetos a un régimen jurídico especial diferente de los bienes patrimoniales no afectos a usos o servicios públicos. Dicho régimen jurídico no es único para todos los bienes y se contiene en la legislación sectorial. Ejemplo: montes catalogados municipales, patrimonio municipal del suelo.

            2. Bienes patrimoniales no afectos a usos o servicios públicos: alienables, prescriptibles y embargables (STC 166/1998, de 15 de julio). Ejemplo: parcelas sobrantes y efectos no utilizables o todos aquellos bienes no destinados a un fin especial y adquiridos por herencia, legado o donación o por ejecución de actos administrativos. No cumplen ninguna finalidad pública, su función principal reside en producir ingresos para el erario de la Entidad: arts. 76 TRRL y 6.1 RBEL. Uso: arts. 92 y 93 RBEL.

4. Adquisición (LPE art. 19 y ss; LPAr art. 49 y ss; RB art. 10 y ss).

- por atribución de la ley: problemas históricos sobre bienes mostrencos entre el Rey y el primer ocupante. Solución intermedia LPE: art. 21 para bienes vacantes, art. 22 para bienes poseídos sin título (STC 58/1982, de 27 de julio, sobre la Ley de Patrimonio catalana: la competencia exclusiva para regular estos bienes es estatal).

- adjudicaciones judiciales o administrativas (LPE art. 27-30, LPAr art. 52)

          Comiso penal (CP arts. 127-129, 374 y 431).

          Ejecuciones fiscales por vía de apremio, cuando la subasta quede desierta art. 150.1.a) RGR.

- por expropiación forzosa (LPAr art. 49.1.c).

- por traspaso derivado de transferencia o delegación de competencias o servicios del Estado u otros entes administrativos [EAAr art. 47.b), LPAr art. 49.1.b)]

- “mediante hechos, actos y negocios jurídicos, onerosos o gratuitos, inter vivos o mortis causa, por accesión, ocupación, prescripción y demás formas admitidas en derecho” (LPAr art. 49.1.d).

          Por prescripción adquisitiva (remisión al Derecho Civil).

          A título oneroso, mediante concurso público (LPE art. 55 y 92; LPAr art. 50). Régimen especial para la adquisición de títulos, valores mobiliarios y participaciones (LPAr art. 53).

          Por herencia, legado o donación, a beneficio de inventario (LPE art. 24, LPAr art. 51.1 establece como condición para la adquisición que las cargas y gravámenes no superen el valor intrínseco).

LPAr art. 51.2: “En defecto de las personas legalmente llamadas a la sucesión de quien fallezca intestado bajo vecindad civil aragonesa, sucederá la C.A. de Aragón, de conformidad con lo previsto en la Compilación de Derecho Civil de Aragón y en la regulación legal de las sucesiones por causa de muerte en Aragón”.

Ley aragonesa 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte, art. 220: “1. En defecto de las personas legalmente llamadas a la sucesión conforme a las reglas anteriores, sucede la C.A. 2. Previa declaración judicial de herederos, la DGA destinará los bienes heredados o el producto de su enajenación a establecimientos de asistencia social de la Comunidad, con preferencia los radicados en el municipio aragonés en donde el causante hubiera tenido su último domicilio.” Art. 221. “1. En los supuestos del artículo anterior, el Hospital de Nuestra Señora de Gracia o Provincial de Zaragoza será llamado, con preferencia, a la sucesión legal de los enfermos que fallezcan en él o en establecimientos dependientes. 2. Previa declaración judicial de herederos, la Diputación Provincial de Zaragoza destinará los bienes heredados o el producto de su enajenación a la mejora de las instalaciones y condiciones de asistencia del Hospital.”

5. Enajenación.

A) Comunidad Autónoma de Aragón (LPAr art. 56 y ss.)

- delimitación de la situación física y jurídica e inscripción en el correspondiente registro público.

- declaración de alienabilidad o autorización para enajenar. Competencia:

          bienes inmuebles: el Consejero de Hacienda en los de menos de 600.000 euros; el Consejo de Gobierno en los restantes casos;

          bienes muebles: el Consejero del Departamento que tenga adscrito el bien a enajenar, en los de menos de 600.000 euros; el Consejo de Gobierno en los restantes casos;

          bienes incorporales: Consejo de Gobierno, salvo que el valor exceda los 1.500.000 euros, en cuyo caso corresponde a las Cortes (ej: Ley 1/2000, de 17 de marzo, de autorización de venta de valores mobiliarios de la C.A. Aragón procedentes de la herencia de don Elías Alfredo Martínez Santiago: “Se autoriza la enajenación de los valores mobiliarios que integran el Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón, por título abintestato de don Elías Alfredo Martínez Santiago”; “La enajenación se realizará atendiendo a las expectativas propias de la evolución del mercado financiero, en la Bolsa y a su precio de cotización oficial, en los términos previstos en el art. 59 de la LPAr”).

          bienes de interés artístico o cultural: previa autorización de las Cortes (téngase en cuenta además el art. 38 LPHE).

- principio de subasta. Posibilidad de concurso, de adjudicación directa y de permutas.

- Cesiones gratuitas: a) prohibición de cesión a favor de particulares, salvo para fines de utilidad pública o interés social o establecimientos benéficos con sede en Aragón; b) autorización del Consejo de Gobierno, que tendrá que dar cuenta a las Cortes.

B) Legislación estatal (LPE art. 61 y ss, 95, 98, 103 y 104).

- no se contempla la intervención parlamentaria

- varían las reglas de distribución de competencias: en bienes inmuebles, hasta 18 millones de euros corresponde al Mº de Hacienda; en muebles corresponde en todo caso al Departamento que los tuviese adscritos; en bienes incorporales corresponde siempre al Consejo de Ministros.

- tras la reforma de la Ley de Acompañamiento a los PGE para 2003, cabe enajenarlos con libertad de pacto (el contrato de compraventa, ya calificado como privado por la LCAP, hace superflua esta reforma), con pago aplazado hasta 10 años mediante aval o garantía.

- Cesiones gratuitas: a) posibilidad de cesión de muebles a favor de otras Administraciones, entes públicos o privados sin ánimo de lucro cuando no hubiera sido posible venderlos o permutarlos o su valor se hubiese depreciado hasta un 75%; b) posibilidad de destrucción si no es posible la cesión.

C) Especialidades de la legislación de régimen local (186-190 LAL).

- tutela de la C.A.: ha de darse cuenta de toda enajenación o cesión gratuita, requiriéndose autorización cuando el valor del objeto enajenado exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto anual.

- mayorías cualificadas: es preciso el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros legales de la Corporación en los casos de cesión gratuita y en los de enajenación de bienes cuyo valor exceda el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto anual.

- requisitos de las cesiones gratuitas:

·        a favor de instituciones públicas o entidades privadas de interés público sin ánimo de lucro.

·        información pública.

·        los fines deben cumplirse en un plazo máximo de 5 años y mantenerse un mínimo de 30 años.

6. Explotación.

A) Legislación estatal (arts. 31-35 LPE): tras la reforma de la Ley de Acompañamiento a los PGE para 2003, cabe negociar con ellos con libertad de pacto (vid. arts. 4, 5.3, DT SEPI de la LCAP: se trata de contratos privado), con posibilidad de pactar prestaciones accesorias.

1.      por la propia administración

2.      por medio de una entidad pública empresarial

3.      por particulares mediante contrato público (escritura pública)

B) Comunidad Autónoma de Aragón (LPAr art. 68-71)

a)         por la propia administración y por medio de una entidad pública: Administración y gestión: art. 71, los frutos y rentas se ingresan en tesorería

b) por particulares mediante contrato público (escritura pública). Puede ser contrato administrativo especial o privado: Competencia del Consejero hasta canon de 30.000 euros; investigacion y control públicos; frutos de los particulares

C) Entidades locales (ausencia de régimen general en RB)

- Ciertas especialidades: art. 92, 93 o 116

- LALA: 184 a 185. Cabe explotación por particular. Criterio de selección subasta pero excepcionalmente el concurso. Mediante ordenanza se puede regular el aprovechamiento específico de ciertos bienes.