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RESEÑA HISTÓRICA

Creación

Recuperando una institución histórica.

La función propia de la Escuela de Práctica Jurídica.

Creación

Una Orden de la Presidencia de Gobierno de 31 de enero de 1966 (B.O.E. de 7 de febrero) creaba la Escuela de Práctica Jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Su funcionamiento, establecía aquella disposición lacónicamente, se ajustaría al reglamento contenido en la Orden de 28 de septiembre de 1964, dictada en desarrollo del Decreto de 2 de abril de 1955. Por delante de la norma creadora, que prestaba respaldo oficial a la organización de estas actividades postgrado en Zaragoza, estaban la iniciativa y las gestiones múltiples de Don Vicente Herce Quemada, Catedrático de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y Vicedecano de la misma, quien contó con el apoyo incondicional de la propia Facultad de Derecho y del Rectorado, del Colegio de Abogados y de la Audiencia Territorial para sacar adelante su proyecto.

Nacía esta Escuela para hacer frente a una demanda profesional que ya comenzaba a hacerse sentir con carácter imperioso, aunque no revistiera la extensión que llegó a adquirir años después, cuando resultó manifiestamente insuficiente la pasantía, fase previa de aprendizaje y preparación para el ejercicio profesional realizada bajo la tutela de quienes ya eran abogados o procuradores con experiencia en el foro. La función a cubrir por el nuevo centro era brindar a los licenciados que aspiraban a ejercer la profesión de abogado o procurador un conocimiento práctico de las técnicas y procedimientos a utilizar para la aplicación del Derecho, con independencia de las posibilidades de acceder para este aprendizaje a los despachos de otros profesionales, camino abierto a muy pocos si se tiene en cuenta el considerable aumento del número de candidatos al ejercicio libre de las profesiones Jurídicas.

Recuperando una institución histórica.

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La Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza no fue sólo, en el momento de su creación oficial, un instrumento adecuado para el adiestramiento práctico en orden al ejercicio de las profesiones jurídicas, llenando un vacío en la preparación de los titulados que aspiraban a colegiarse. Venía también a recuperar una institución histórica, con dos siglos de existencia en la ciudad. En efecto, aunque los estudios de Derecho existían en la Universidad de Zaragoza desde la creación de ésta en 1583, ya en el año 1733 se creó la que se autodenominó Muy Ilustre Academia de Práctica jurídica, bajo los auspicios de Don Manuel José de Gaspar y de Segovia, con la finalidad de "erigir un hermoso templo a la Justicia, un tribunal bien imitado a la abogacía moderna, para que estudiando radicalmente los principios prácticos, se adiestren los nuevos abogados en el manejo de las causas, disciernan los derechos de las partes, procedan juntos con los clientes, y sean bien admitidos en los tribunales". Con la denominación de Academia Jurídico-Práctica Aragonesa, se refrendó por Real Acuerdo de 27 de noviembre de 1747, convirtiéndose tras la Real Cedula de 5 de julio de 1772, de Carlos III, en la Real Academia de Jurisprudencia Práctica, promovida por la Real Audiencia del Reino de Aragón, poniéndose desde sus orígenes bajo "el patrocinio y protección de la Soberana Reina de los Ángeles María Santísima del Pilar, y del abogado más perfecto el glorioso Señor San Ivo". En esta época comenzó el gran desarrollo de esta institución de formación forense, transformándose la exigencia legal de cuatro años de práctica para ser recibido de ahogado en la Real Audiencia, por obra de la Real Provisión de 14 de agosto de 1784, en la necesidad de acreditar la asistencia a la Academia de Jurisprudencia Práctica durante un periodo de dos años para ser admitido al examen de abogado en la Audiencia de Aragón.

  La vida de la Academia se fue afianzando hasta que se vieron interrumpidas sus actividades en 1808, a consecuencia de la Guerra de la Independencia. Aquellas, sin embargo, se reiniciaron después de más de treinta años de suspensión, el 14 de febrero de 1841. En esta fecha, su nuevo presidente, Don Mariano Nougués Secall, adelantándose en más de un siglo a la creación de las Escuelas de Práctica Jurídica -como recordaba en un artículo Alfonso Pérez Gordo (Revista "Universidad", 10.2.1982) con motivo de la reanudación de las actividades de la Escuela de Zaragoza- justificaba con precisión y valentía el papel de aquel centro de preparación forense: "peligroso es pasar de las universidades al foro para el alumno y para la sociedad", ya que "no basta con saber las leyes, poseer una multitud de noticias sin haberlas aplicado a algunos casos y sin haber adquirido aquel tacto fino, aquel juicio pronto que solo se adquiere con la experiencia y con el ejercicio"; añadiendo, "hacer ensayos con los litigantes es un género de inhumanidad; aprender errando de modo que cada yerro sea una lección, es una máxima abominable en la abogacía y en la judicatura".

En verdad, esta institución superaba en sus fines a los que hoy corresponden a una Escuela de Práctica Jurídica. Sin embargo, el hecho de que en el repertorio de sus objetivos fundacionales estuviera la formación y el perfeccionamiento profesional de quienes se dedicaban al ejercicio práctico del Derecho, presta a este antecedente histórico un significado singular para enlazar con su versión presente. (No obstante, queda pendiente, y constituye un reto para los juristas aragoneses de nuestros días, el dar continuidad a un empeño que se pudo hacer realidad durante dos siglos con bastantes menos personas y medios: dar vida -no sólo oficial- a una Academia de Jurisprudencia de Aragón, en la que se reúnan los juristas que, desde la vertiente científica y práctica, han alcanzado un reconocimiento de excelencia, para contribuir con su trabajo en común a una elaboración actualizada y dotada de autoridad de los problemas jurídicos que revisten especial proyección social, así como del Derecho propio de Aragón.)

  La Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza quiere -como también expresaba Alfonso Pérez Gordo, en la publicación citada- "de una vez para siempre, servir de vehículo de unión entre la Universidad y los juristas profesionales". Es necesaria una institución que sirva de lugar de encuentro a la enseñanza universitaria del derecho y a la formación y el perfeccionamiento, que a un tiempo precisan -pero que también están en condiciones de aportar- los profesionales del foro; que permita conjugar la aportación de todas las corporaciones jurídicas, enriqueciendo, la teoría con la práctica, la ciencia con la experiencia, brindando a los juristas que vayan a dedicarse como profesionales libres a la aplicación del Derecho una sede permanente que atienda, con solicitud y responsabilidad, a su aprendizaje y perfeccionamiento profesional. Para todo ello, resulta imprescindible e incuestionable el concurso y la participación de las organizaciones colegiales de las profesiones jurídicas, y muy particularmente del Real e Ilustre Colegio de Abogados, así como de los representantes del Poder Judicial.

La función propia de la Escuela de Práctica Jurídica.

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  España es, en el momento presente, el único país de la Comunidad Económica Europea que permite el acceso a la abogacía sin otro requisito que el de haber concluido sus aspirantes los estudios de la Licenciatura en Derecho. En los demás países, el aumento del número de alumnos en esta licenciatura universitaria -lo que es expresión de un fenómeno más general, constituido por la masificación de la enseñanza superior- no ha supuesto el prescindir de una formación profesional específica y obligatoria que garantice una capacitación práctica suficiente de los abogados; lo que constituye un aspecto particular de la tutela jurídica que el Estado debe garantizar a los ciudadanos para el conocimiento y la defensa de sus derechos.

Las Escuelas de Práctica Jurídica han nacido para impartir unas enseñanzas de aprendizaje, de especialización y de formación permanente a quienes se dedican a las profesiones forenses. Por lo que respecta a las primeras, se trata de lograr una eficaz formación en las técnicas y modos de actuación profesional y - de manera especial - el adiestramiento de los abogados y procuradores ante los tribunales y oficinas públicas. En lo que afecta a la actualización profesional, las Escuelas pretenden contribuir mediante cursos especiales al estudio y puesta al día de la formación jurídica de quienes ya están desempeñando una actividad profesional de contenido jurídico; vertiente de interés incuestionable en una sociedad como la nuestra en la que los cambios en las normas vigentes se suceden con una celeridad tal, en particular en algunos sectores del ordenamiento jurídico, que resulta difícil, sin el concurso de especialistas, llegar a adquirir un conocimiento adecuado sobre el alcance y la proyección aplicativa de aquellas.

Para alcanzar estos objetivos, la Escuela de Práctica Jurídica de Zaragoza mantiene una estrecha colaboración para redactar sus programas, reclutar los profesores y organizar sus actividades con el Colegio de Abogados, con los organismos de la Administración de Justicia y, también, con la Facultad de Derecho. En todo caso, la dimensión y la metodología de la docencia de la Escuela va orientada a impartir una formación práctica, posterior a los estudios de la Licenciatura en Derecho, seleccionando a grupos de licenciados a los que sea posible impartir una enseñanza participativa orientada hacia el adiestramiento profesional. De esta manera, será posible transmitir las técnicas y las vivencias del quehacer profesional de los abogados en su trabajo cotidiano, evitando reiterar explicaciones generales sobre instituciones jurídicas que hay que presumir suficientemente conocidas a lo largo de la carrera universitaria.

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