Prof. Delgado Echeverría      Derecho Civil Aragonés     


II. LAS FUENTES DEL DERECHO CIVIL ARAGONÉS

Jesús Delgado Echeverría
Catedrático de Derecho civil

 

 21.          El problema de las fuentes en la historia.

22.          La Compilación de 1967.

23.          La Constitución y la reformulación del Título Preliminar en 1999.

24.          El sistema de fuentes.

25.          La ley (aragonesa).

26.          La costumbre.

27.          Los principios generales.

28.          El principio "Standum est chartae". Sentido e historia.

29.          El principio “Standum est chartae” y las fuentes del Derecho civil de Aragón.

30.          Ambito y límites de la libertad civil.

31.          Aplicaciones del principio.

32.          El principio en la jurisprudencia.

33.          ¿Otras fuentes del Derecho civil aragonés? En particular, el papel de la jurisprudencia.

34.          El Derecho supletorio.

35.          La aplicación del Derecho supletorio.

36.          Remisiones y otras relaciones entre Derecho aragonés y Código civil.

 

21.          El problema de las fuentes en la historia.

Hasta la promulgación del Código civil, el texto fundamental sobre fuentes del Derecho aragonés (desde 1711, sólo el civil) eran las líneas finales del Prólogo Nos Iacobus, que remitía, para cuando los fueros no regularan alguna materia, “al sentido natural y la equidad” (ad naturalem sensum vel equitatem recurratur). Como se ha visto (supra, núms. 5 y 6), estas expresiones podían entenderse y se entendieron de modos diversos y aun contradictorios. Interesa ahora añadir que a finales del Antiguo Régimen, junto a una inteligencia del sentido natural y la equidad como fuentes autónomas de manifestación del Derecho, se extendía su utilización como cauce para la remisión a otros sistemas normativos en función de Derecho común (el Derecho romano y el canónico, acaso con preferencia de éste como supuestamente más equitativo: así, por ejemplo, Portolés y Lissa). Pero la resistencia política a reconocer la recepción del Derecho común (sin perjuicio de su penetración doctrinal y del romanismo instrumental de los foristas) contribuyó a admitir como Derecho supletorio, tras la Nueva Planta, el castellano, según enseñó, no sin incurrir en contradicciones, Franco de Villalba a principios del siglo XVIII. En la segunda mitad del siglo XIX ésta parece la opinión común entre los foralistas, lo que facilitará la aceptación del Código civil español como supletorio único e inmediato de los Fueros y Observancias y, luego, del Apéndice de 1925.

A partir del Congreso de Jurisconsultos Aragoneses de 1880-81 el tema de las fuentes viene a primer plano en su sentido más propio, como fuentes de producción del Derecho. Junto a la ley (el futuro Apéndice y, como supletorio, el Código civil y el resto de la legislación general del Estado), e incluso por encima de ella, se afirma la primacía de la costumbre y del principio Standum est chartae, entendido como consagración de la fuerza de la voluntad de los particulares para crear normas jurídicas preferentes a las emanadas del legislador.

Tanto el Proyecto de Apéndice de 1899 como el de 1904 dedican sus primeros artículos a las fuentes del Derecho civil aragonés, en el sentido ahora indicado. La costumbre, aun contra ley, y el pacto se consideran las fuentes principales y más características, hasta el punto que el brocardo Standum est chartae llega a ser emblema y símbolo del Derecho aragonés y de algunas de las instituciones más representativas en el mundo del Derecho (Colegio de Abogados, Facultad de Derecho, que lo conservan en su sello). Este planteamiento presupone, promulgado el Código, que no se aplican en Aragón los primeros artículos del mismo, sobre fuentes, por resultar así del art. 13 Cc. (fruto de iniciativa aragonesa, como sabemos): en Aragón habría de aplicarse el Código como Derecho supletorio único e inmediato -a diferencia de lo reclamado y conseguido por otros territorios forales, señaladamente Cataluña-, pero no una parte del mismo -su Título Preliminar- con carácter preferente, sino sólo, como el resto de su articulado, en cuanto no hubiera norma propia aragonesa. Esta forma de entender el primitivo art. 13 Cc. fue contradicha por el Tribunal Supremo y por la generalidad de la doctrina no aragonesa, de manera que se impuso una interpretación según la cual el Derecho civil aragonés, en virtud del art. 12 Cc., no podría tener otras fuentes que las establecidas de modo absolutamente general y uniforme en el Código civil. Así lo explicó la Exposición de Motivos del Apéndice de 1925, que, en efecto, no hizo la menor concesión en este campo.

Una de las críticas más repetidas por los foralistas aragoneses al Apéndice fue la de no contener un sistema de fuentes propio, y no cejaron en el empeño de conseguirlo. No pretendían con ello un poder legislativo aragonés productor de leyes (salvo, en cierto modo, en la Segunda República, al formular proyectos de Estatuto de Autonomía), sino dejar establecida, con diferentes matices, la primacía de la costumbre y del pacto.

De hecho, desde los antecedentes más remotos de la Compilación del Derecho civil de Aragón, ya en la Comisión revisora del Apéndice creada en 1935, es característica la insistencia en la necesidad de incluir unas normas sobre fuentes, reconocedoras de la costumbre y el principio Standum est chartae, y que muy pronto hicieron referencia también a los principios generales tradicionales.

22.          La Compilación de 1967.

La Comisión de Codificación, a la que se hacían llegar desde los años cincuenta los proyectos de Compilaciones elaborados por las Comisiones del respectivo territorio, cercenó en ellos todos los preceptos que aludían a fuentes del Derecho propio, incluso bajo la forma indirecta de reglas de integración de las normas compiladas. Así ocurrió, señaladamente, con la Compilación catalana.

El proyecto elaborado en Aragón contenía un título preliminar de rúbrica “Disposiciones generales” y tres artículos con los titulillos: “Normas jurídicas”, “La costumbre” y “Standum est chartae”. El título preliminar salió de la Comisión de Codificación incluso aclarado y mejorado respecto de la propuesta aragonesa, tras pasar por situación de incertidumbre en cuya superación pudo ser decisiva la personalidad del presidente, el aragonés Castán Tobeñas, quien se había manifestado en favor de la regulación de las fuentes ya en el año 1935.

En la Compilación promulgada como ley del Estado en 1967 el Título Preliminar lleva por rúbrica “Las normas en el Derecho civil especial de Aragón” (la misma que hoy día, con la supresión del adjetivo “especial” desde 1985), y los titulillos de los tres primeros artículos coinciden exactamente con los actuales: “Fuentes jurídicas”, “De la costumbre” y “Standum est chartae”. La redacción de los artículos tuvo algunas modificaciones en 1985, para sustituir el adjetivo “especial” por “peculiar” en el art. 1.º-1 y suprimir en el 2.º y en el 3.º la referencia al Derecho natural como límite de la costumbre y del pacto. Luego, los tres artículos han sido formulados de nuevo en 1999, para expresar más directa y adecuadamente el sistema de fuentes. Pero los cambios sustanciales no los han introducido estas nuevas redacciones (la de 1999 se presenta como constatación de las mudanzas ya ocurridas), sino la sustitución del marco constitucional en que se inserta el Derecho civil aragonés lo mismo que los demás Derechos civiles autonómicos.

En 1967 la Compilación era una ley estatal (no las había de otra clase u origen), ordinaria, que tenía con el Código civil y las demás leyes civiles españolas las relaciones comunes a las normas de igual rango en un mismo ordenamiento, presididas por el principio según el cual la ley posterior deroga a la anterior. Era muy difícil acotar un ámbito específicamente aragonés en que la Compilación resistiera la fuerza derogatoria de cualquier ley general posterior. Las relaciones con el Código civil quedaban definidas por el art. 1.º de la Compilación, el 13 del Cc. en su redacción de 1974 (posterior, por tanto, a 1967) y el art. 2.º del Decreto de 31 de mayo de 1974, que al sancionar el texto articulado del Título Preliminar del Código precisó que éste no había de alterar lo regulado en las Compilaciones.

La costumbre y los principios generales -señaladamente, entre ellos, el principio Standum est chartae- eran verdaderas fuentes de producción del Derecho civil aragonés, que no quedaba circunscrito a las disposiciones contenidas en la Compilación. En defecto de estas normas legales, y aun por encima de ellas, operaban desde 1967 la costumbre y los principios. Sin embargo, la deficiente dicción del art. 1º-1 (fruto de redacción transaccional en la Comisión de Codificación, para salir al paso de una enmienda que, en efecto, pretendía excluir aquellas fuentes) pudo dar pie a una interpretación restrictiva que la historia del precepto desmentía.

23.          La Constitución y la reformulación del Título Preliminar en 1999.

Por obra de la Constitución de 1978, el Derecho aragonés sale de la competencia estatal y pasa a ser virtualmente Derecho de la Comunidad Autónoma desde que ésta nace en 1982. La Ley de las Cortes de Aragón 3/1985, de 21 de mayo, constata y proclama este cambio de sustancia jurídica en su art. 1.º, con la fórmula de “se adopta e integra en el Ordenamiento jurídico aragonés” el texto normativo de la Compilación de 1967. El texto de la Compilación sigue idéntico al que era -con las modificaciones que la misma ley de 1985 introduce-, pero en adelante el fundamento de su fuerza de obligar, su posición en el Derecho español y sus relaciones con otros conjuntos normativos -en particular, el Código civil- son muy distintos.

El art. 1.º Comp. ya no expresaba bien esta realidad normativa. Recordemos su apartado 1: “Constituyen el Derecho civil de Aragón, como expresión de su régimen especial [particular, desde la reforma de 1985], las disposiciones de esta Compilación integradas con la costumbre y los principios generales en los que tradicionalmente se inspira su ordenamiento jurídico”. El texto parece encerrar todo el Derecho civil de Aragón en los preceptos de la Compilación ya vigente, negando u oscureciendo la posibilidad de que haya Derecho civil aragonés en cualquier ley futura aragonesa dentro de su competencia; es decir, ocultando que la ley aragonesa, así, en abstracto, era ya fuente del Derecho civil aragonés. Por otras parte, el término “integradas”, si bien permitía entender que la costumbre y los principios son llamado a colmar las lagunas de la ley como verdaderas fuentes del Derecho, tampoco expresa esta idea con la deseable claridad.

En cuanto a su apartado 2 (“en defecto de tales normas, regirán el Código civil y las demás disposiciones constitutivas del Derecho general español”), no expresaba adecuadamente las relaciones entre el Derecho aragonés y el estatal, gobernadas ahora por los mandatos de la Constitución.

Formular adecuadamente y aclarar en algunos puntos el sistema de fuentes del Derecho civil aragonés es la finalidad de la Disposición final primera de la Ley 1/1999, de Sucesiones por causa de muerte. Como explica la Exposición de Motivos de la misma, la nueva redacción del Título Preliminar trata de expresar mejor el sistema ya existente como consecuencia de los cambios operados por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, respetando al máximo el texto anterior de estos artículos. La ocasión de hacerlo era muy oportuna y casi necesario aprovecharla, pues al entrar en vigor la Ley de Sucesiones -y, poco después, la de Parejas estables no casadas- dejaba de ser cierto que el Derecho civil aragonés estuviera constituido exclusivamente por la Compilación.

La competencia legislativa aragonesa para determinar las fuentes del Derecho civil aragonés deriva del art. 149-1-8.ª Const., en su inciso final. Teóricamente, una ley aragonesa podría introducir un sistema de fuentes distinto del que conocemos, pero éste se basa en las propuestas de los juristas aragoneses desde el siglo XIX, parece ser objeto de amplio consenso y nadie ha propuesto una alteración sustancial.

24.          El sistema de fuentes.

Las fuentes del Derecho civil de Aragón son la ley, la costumbre y los principios generales en los que tradicionalmente se inspira su ordenamiento jurídico (art. 1.º-1 Comp.). La enumeración -ley, costumbre, principios- no prejuzga orden o jerarquía entre las fuentes expresadas sucesivamente. Las relaciones entre costumbre y ley vienen indicadas en el art. 2.º, del que resulta el reconocimiento de la costumbre contra ley no imperativa. De manera similar, el art. 3.º reconoce la virtualidad de los pactos o disposiciones aun contra ley, si ésta es dispositiva.

Este sistema de fuentes es el del Derecho civil aragonés, sobre que la Comunidad Autónoma tiene competencia. El Derecho civil aplicable en Aragón y a los aragoneses como Derecho estatal, en el ámbito de la competencia exclusiva del Estado, tiene su propio sistema de fuentes, el establecido en el art. 1º del Código civil. Cada sistema es propio, por tanto, de un Ordenamiento distinto, relacionados a través de la Constitución como norma superior.

Dentro del Derecho civil aragonés, en el ámbito de la competencia legislativa aragonesa, el Derecho estatal es supletorio en la medida en que no haya en un momento dado normas aragonesas (ley, costumbre, principios), y en la forma que éstas establezcan. Este es el sentido del apartado 2 del art. 1.º Comp. (“supletorio sólo en defecto de normas aragonesas y de acuerdo con los principios que las informan”). Naturalmente, nada dice -pues no podría decir- la ley aragonesa sobre la aplicación del Derecho general del Estado en el ámbito de la competencia estatal: en este ámbito, el Derecho estatal no es supletorio del aragonés, sino de aplicación directa. Por ejemplo, las reglas sobre celebración y validez del matrimonio se aplican de manera general y directa en toda España, no porque lo diga el art. 13 Cc. -muy poco significativo y nada decisivo tras la Constitución, aunque no derogado formalmente- sino porque el art. 149-1-8.ª Const. reserva a la competencia exclusiva del Estado “en todo caso” la “legislación civil” sobre “relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio”.

25.          La ley (aragonesa).

La fuente principal del Derecho civil aragonés es la ley aragonesa. Es la principal por la frecuencia mucho mayor de la aplicación de sus normas, por estar a su alcance configurar como imperativas normas que serán entonces límite de la costumbre, de los principios tradicionales y de los pactos o disposiciones de los particulares, e incluso porque es la ley la que determina el sistema de fuentes y, por tanto, el lugar y alcance de las demás.

Cabe hacer una teoría o doctrina general sobre la ley en el ordenamiento jurídico aragonés, pero como no es específica de la ley en cuanto fuente de Derecho civil (que es el aspecto que aquí nos interesa), bastará con mencionar algunos de sus rasgos diferenciales respecto de la legislación del Estado.

Órgano legislativo es el Parlamento o Cortes de Aragón. No son posibles, por tanto, leyes orgánicas, ni leyes sobre materias que exigirían ley orgánica, pues éstas corresponden únicamente al Congreso de los Diputados (art. 81 Const.). Tampoco cabe legislar mediante decretos-leyes (art. 86 Const.). Por el contrario, sí son posibles Decretos legislativos, fruto de delegación en el Gobierno de Aragón mediante leyes de bases o de autorización para refundir textos legales (art. 15-2 EAA), aunque no se han utilizado en materia civil (no hay, por tanto, texto refundido oficial de la Compilación).

La iniciativa legislativa corresponde (art. 15-2 EAA) a los miembros de las Cortes de Aragón (proposiciones de ley), a la Diputación General (proyectos de ley) o a cierto número de ciudadanos (iniciativa popular). Lo normal es que las leyes civiles sean fruto de un proyecto del Gobierno, debatido luego en las Cortes. Pero caben las otras posibilidades, y así la iniciativa de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a Parejas estables no casadas, correspondió a una proposición de ley. No hay hasta ahora leyes civiles de iniciativa popular.

De acuerdo con el D. 10/1996, la Comisión aragonesa de Derecho civil informa con carácter preceptivo los proyectos de ley referidos al Derecho civil y elabora los anteproyectos que el Gobierno le encomiende.

Las leyes aragonesas que contienen normas de Derecho civil no necesitan invocar expresamente el título competencial del art. 149-1-8ª Const. y el art. 35-1-4ª EAA, aunque es habitual que lo hagan sus exposiciones de motivos. Ni con ello tienen mayor fuerza ni la disminuye no mencionar el título. Puede así ocurrir que en leyes sobre materias distintas y diversas se encuentren normas civiles, plenamente válidas si realmente corresponden a la competencia autonómica: el único reproche podría ser, según los casos, de técnica legislativa.

Las leyes autonómicas carecen de sanción real. Las promulga en nombre del Rey el Presidente de la Diputación General, que ordena su publicación en el Boletín Oficial de Aragón y en el Boletín Oficial del Estado (art. 20-1 EAA). Entran en vigor a los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial de Aragón, si no disponen otra cosa (art. 20 EAA y 2.º Cc., que opera aquí como supletorio). La Ley de Sucesiones ordenó su entrada en vigor precisamente el 23 de abril de 1999 -con una vacatio legis de algo más de dos meses-; la de Parejas estables no casadas, una vacatio de seis meses desde su publicación en el BOA.

Las leyes autonómicas tienen la misma fuerza y rango que las estatales, unas y otras en el ámbito de sus respectivas competencias. Están sujetas a la Constitución y pueden ser objeto de recurso de inconstitucionalidad en los mismos casos y con las mismas consecuencias que las estatales.

26.          La costumbre.

A. La costumbre en el Derecho histórico. Sin duda, la costumbre tuvo gran importancia en el Derecho histórico, como hace patente el propio título oficial de las Observancias (Observantiae consuetudinesque Regni Aragonum…) y las muchas costumbres que en su recopilación se encuentran con la fórmula “de consuetudine Regni” o similares, en algún caso con la indicación de que determinado fuero “por costumbre, no se guarda” (Obs. 10 “De fideiussoribus”, libro IV) . También la separación, en 1552, de los fueros “que no están en uso” muestra que el desuso o la costumbre o práctica contraria a fuero tenían fuerza suficiente para privar a éste de vigencia.

Los foristas se sirvieron, para fundar en textos aragoneses la costumbre contra fuero, principalmente de la observancia 10, De privilegiis militum, libro VI (que reconoce la adquisición o usurpación de jurisdicción real por los señores) y del contenido del juramento real según el fuero De iis quae dominus Rex, del que resulta la preferencia de la costumbre tanto general como particular; pero derivaban de los textos y los conceptos del Derecho común los requisitos de que sea racional y prescrita (en algunos casos, como en la aludida usurpación de jurisdicción, exigen prescripción inmemorial). Miguel del Molino explica también que, según los foristas (con fundamento en la Obs. 3ª Declarationes monetatici, Libro IX), la costumbre contra fuero, a diferencia de lo que ocurre en el Derecho común, no se extiende por identidad de razón a los actos o casos similares.

B. El Derecho consuetudinario en la etapa codificadora. Bien dice Isábal que “en Aragón, país donde se ha dado en la práctica gran importancia a la costumbre, se ha teorizado poco acerca de ella”. Los foralistas del XIX no reclaman para la costumbre un papel relevante hasta después del Congreso de 1880-81 (el Congreso no se mostraba partidario). Parece decisiva en este cambio de actitud la influencia del pensamiento de Joaquín Costa, especialmente en virtud de su obra “Derecho consuetudinario del Alto Aragón” (1ª ed. 1880), que sigue siendo la más interesante descripción y valoración de las costumbres jurídicas del Pirineo y Prepirineo oscenses. Desde entonces este Derecho del Alto Aragón -con la Casa aragonesa como institución central- tiende a considerarse el Derecho aragonés por antonomasia, especialmente por lo que se refiere a las costumbres familiares y sucesorias, lo que no deja de ser sinécdoque que toma la parte por el todo, con el riesgo de ocultar una realidad más compleja y diversificada.

En cualquier caso, hay que distinguir, por lo menos, entre lo que es descripción y explicación de las formas de vida tradicionales con mayor o menor reflejo jurídico (objeto de la antropología social, ciencia de la que Joaquín Costa puede considerarse pionero en España) y el sentido estricto de la costumbre como fuente del Derecho, productora de normas generales que obligan en lo futuro (al menos supletoriamente o en defecto de acto de autonomía privada) a todas las personas de un lugar o comarca, o a todos los aragoneses.

Tanto el proyecto de Apéndice de Ripollés (1889) como el de Gil Berges (1904) ponen gran énfasis en el Derecho consuetudinario. No hay que olvidar que, en la coyuntura codificadora, presentar determinadas instituciones como de Derecho consuetudinario significaba salvarlas para el futuro, pues el primitivo art. 13 del Código (así como, de manera similar, el 12 en su edición reformada) respetaba la integridad de las disposiciones “forales o consuetudinarias que actualmente estén vigentes”. Era el momento, por tanto, de levantar acta de las costumbres para mantenerlas y darles luego entrada en el futuro Apéndice, como se propone hacer, sobre todo, el Anteproyecto de Gil Berges al recoger y desarrollar numerosas costumbres pirenaicas. Estas costumbres jurídicas recogidas en los textos legales -así, limitadamente, en el Apéndice de 1925- se fundan en la libertad civil y se manifiestan las más de las veces en pactos y disposiciones, señaladamente en capítulos matrimoniales, que no vinculan sino a quienes intervienen en ellos, sin crear de ordinario norma jurídica consuetudinaria (aplicable en lo futuro a los demás miembros de la localidad o comarca) ni estar regidos imperativamente ellos mismos, en la generalidad de los casos, por costumbre preexistente. En este sentido, tienen fundamento consuetudinario y pudieron por ello llegar a nosotros a través del Apéndice de 1925 instituciones tan importantes como el testamento mancomunado, la fiducia sucesoria o los mismos pactos sucesorios, de los que en los Fueros no había más que alguna referencia insuficiente.

Ambos Proyectos citados, además de dar acogida a algunas costumbres anteriores, propusieron que la costumbre fuera fuente de producción de normas jurídicas para el futuro. Esto es lo que quedó excluido del Apéndice de 1925 y lo que, por el contrario, tuvo reconocimiento en la Compilación de 1967.

C. Concepto de costumbre en el Derecho vigente. La Compilación, que alude a la costumbre no sólo en los arts. 1.º y 2.º, sino asimismo en los arts. 20-1, 33, 34, 57-1, 75, 143-1 (también el art. 69 LS), no indica en ningún lugar qué se entienda por costumbre o cuáles sean sus elementos y requisitos. La tradición jurídica distingue un elemento externo, el uso, entendido como conducta generalizada, repetida y uniforme; y un elemento interno (opinio iuris seu necesitatis), consistente en la creencia, por parte de quienes observan el uso, de estar ajustando su conducta a una norma jurídica.

Se ha propuesto, para perfilar el concepto de costumbre en el Derecho aragonés y ante la ausencia de toda precisión en la Compilación, acudir al Derecho supletorio, representado por el Código civil. Este rodeo no parece útil, pues el Código tampoco contiene definición ni indicación de elementos o requisitos de la costumbre. En realidad, lo que ocurre es que en ambos Ordenamientos el concepto de costumbre es el elaborado por la doctrina del Derecho común europeo, por más que sean distintas la función y jerarquía que se le reconoce en el sistema de fuentes. En principio, construyendo a partir de la doctrina de los autores clásicos aragoneses -que podría hacerse valer hoy en concepto de principios tradicionales - no se llega a conclusiones distintas de las mantenidas habitualmente por el Tribunal Supremo y por los civilistas españoles que citan las Partidas como expresión del Derecho castellano histórico. Puede por ello prescindirse aquí de cuanto el lector puede encontrar en cualquier manual o tratado de Parte General del Derecho civil.

Hay, sin embargo, una posible divergencia, debida a haberse separado el Código civil, en 1974, de la doctrina común, al equiparar a la costumbre los usos jurídicos no interpretativos (art. 1.º-3, 2.º párr.). Si esto significa eliminar para la costumbre, según el Código, el requisito de la opinio iuris (cuestión discutida por los autores), no hay razón para pensar que en el Derecho aragonés se haya producido el mismo cambio.

D. Límites de la costumbre. Costumbre contra ley. El art. 2.º Comp. no deja ninguna duda sobre la posibilidad de costumbre contra ley, con el límite de la Constitución y de las normas imperativas del Derecho aragonés.

El límite de las normas y principios constitucionales, en rigor, no era necesario recordarlo en la Compilación, pues toda norma jurídica que pretenda validez en el Ordenamiento español está sujeta a la Constitución. Pero no sobra que lo haga patente el precepto, sobre todo una vez suprimida, en 1985, la referencia al límite del Derecho natural, pues la coherencia de la costumbre con la Constitución será comprobación de su admisibilidad ética.

Normas imperativas del Derecho aragonés son todas las de este carácter en la totalidad del Ordenamiento aragonés, comprendidos, por tanto, el Estatuto de Autonomía y todas las leyes emanadas de las Cortes de Aragón, no sólo las de Derecho civil. En este último, en virtud del principio de libertad civil, las leyes se presumen meramente dispositivas, susceptibles, por tanto, de ser derogadas o modificadas por la costumbre en contrario, o pospuestas por la norma consuetudinaria.

Normas imperativas del Derecho civil aragonés, antepuestas en todo caso a la costumbre, pueden encontrarse también en sus principios generales.

Suele hacerse la pregunta de si vale una costumbre aragonesa contraria a norma (imperativa, o sólo dispositiva) del Código civil. La respuesta práctica y clara es que sí, sin duda, en todo caso. Pero, en realidad, la pregunta no está bien formulada. Estamos hablando de la costumbre como fuente del Derecho civil aragonés, por lo que, en el ámbito que este abarca, es irrelevante que sobre la materia haya o no norma, y de qué tipo, en el Código civil, pues éste sólo se aplicaría como supletorio en defecto de norma aragonesa. No se da la posibilidad de contraste entre la norma aragonesa (la costumbre) y una norma ajena a su sistema (el Código). En el fondo, es el mismo fenómeno por el que una disposición legal aragonesa desplaza a las normas del Estado, siendo entonces irrelevante la posible contradicción -meramente lógica- con ellas, pues sus relaciones no están regidas por el principio de jerarquía, sino por el de competencia.

Ahora bien, conviene recordar que respecto de las normas del Código que operan en el ámbito de la competencia exclusiva del Estado, ya no estamos ante una costumbre fuente del Derecho civil aragonés, sino ante una costumbre regida por el Código, sujeta a su art. 1.º-3. La clave, por tanto, está en la extensión posible del Derecho civil aragonés. Dicho de otro modo, hasta donde pueda llegar una ley civil aragonesa puede hacerlo una costumbre aragonesa, sujeta sólo a normas superiores en el Ordenamiento aragonés.

E. La prueba de la costumbre. La existencia de una costumbre no es un hecho sobre el que las partes puedan disponer libremente en el proceso, por eso las reglas de la carga de la prueba de los hechos no son adecuadas para este caso. La costumbre es una norma jurídica a la que las partes están sujetas. Ahora bien, al no ser norma publicada por el aparato estatal ni tener otra publicidad que la de los hechos en que reposa, se comprende que los jueces no estén obligados a conocerla. De ordinario, será alegada por alguna de las partes en el proceso, que tendrá interés en probar su existencia y podrá hacerlo por todos los medios de prueba, que versará sobre los hechos reiterados de que nace o a través de los que se expresa la norma consuetudinaria.

Pero el juez puede y debe aplicar la norma consuetudinaria cuya existencia le conste e incluso hacer las averiguaciones pertinentes para cerciorarse de la costumbre alegada o que, a su conocimiento, pueda ser decisiva en el caso. Esto es lo que el art. 2.º-2 Comp. -siguiendo la Observancia 9ª De probationibus- le exige, más claramente a partir de la reforma de 1999, que sustituye la expresión “su propio conocimiento” por la más tradicional (perscrutari, decía la Observancia citada), clara y exigente de “sus propias averiguaciones”. No se impone expresamente al juez la obligación de conocer y aplicar la costumbre notoria (cfr. art. 1.º Comp. Galicia, art. 1.º LDCFPV, ley 3.ª-2 Fn. Navarra), pero si son notorios los hechos repetidos en que se basa la costumbre el juez habrá de aplicar ésta.

Para sus averiguaciones el juez podrá servirse de cuanto medios estime necesarios (cfr. art. 281-2 Lec.), que podrán dar lugar a actos procesales específicos o bien consistir en actividad privada del juez (consulta de repertorios, sentencias, autores).

La STJA 13 junio 1995 (RDCA, 1996, 1º, 3) aplica una costumbre del valle de Gistain (según la cual los fiduciarios para la designación de heredero han de ser personas pertenecientes a casas distintas de la misma familia) sin que, al parecer, tal costumbre fuera objeto de prueba en el pleito: a virtud, por tanto, de su propio conocimiento. Notable la coincidencia  -más de un siglo mediante- con la S. Audiencia de Zaragoza 21 abril 1882, confirmada por la del TS 30 diciembre 1882 (Ripollés, I, 22 y 22 bis,  II, 422 y 422 bis), que resuelven un supuesto de fiducia sucesoria conferida a los más próximos parientes con fundamento en la costumbre, aplicada por el juez de primera instancia “quien, de referencia a propias averiguaciones dice que es aquella regla general en el país”, de modo que tal costumbre aplicada a virtud del propio conocimiento del juez evitó la aplicación de las normas limitativas -ciertamente imperativas en su ámbito territorial de aplicación- de las leyes de Toro sobre testamento por comisario.

Interesantes consideraciones en el voto particular (f. j. 10) de la STSJA 11 noviembre 1998 (RDCA, 1999, 1º, 2), sobre supuesta costumbre -cuya existencia, correctamente, se niega- de dejar al menos cinco sueldos a cada uno de los hijos en concepto de legítima.

En las Audiencias, la Sala civil de la Territorial, en S. 20 febrero 1987, no aplicó la costumbre invocada sobre convivencia entre instituyentes e instituido en pacto sucesorio “a una mesa y mantel”, por no haber sido probada. La APZ, Sec. 4ª, 10 diciembre 1993, confirma S. del juzgado, que apreció costumbre de conceder un tercio del ribazo o talud entre dos fincas al propietario de la finca inferior.

27.          Los principios generales.

Los principios generales en los que tradicionalmente se inspira el ordenamiento jurídico aragonés desempeñan distintas funciones:

a) En cuanto principios tradicionales, ponen en relación el Derecho vigente en cada momento con sus raíces históricas. Desempeñan así una función semejante a la de la “tradición jurídica” en otros Derechos autonómicos, como el navarro o el catalán. Representan la dimensión historicista del Derecho civil aragonés. Historicismo limitado, pues no se pretende la vigencia, ni siquiera indirectamente, del Derecho de los Fueros y Observancias, que fue definitivamente derogado en un nítido planteamiento codificador por el Apéndice de 1925 (como éste por la Compilación).

b) Sobre los principios tradicionales priman los principios constitucionales y los generales del ordenamiento autonómico aragonés (también los principios generales del Derecho comunitario europeo). De manera que el campo de los principios tradicionales que hoy inspiran el Derecho aragonés está acotado por la Constitución, el Derecho europeo aplicable y las leyes aragonesas. Por eso no pueden ser hoy principios del Derecho aragonés, por ejemplo, el de familia fundada en el matrimonio (para excluir o posponer la descendencia no matrimonial), o el de subordinación de la mujer al marido y reconocimiento en éste de la jefatura de la familia. Son las leyes de hoy (la primera, la Constitución) las que criban y disciernen qué principios del pasado siguen operando hoy como principios tradicionales.

c) En cuanto principios generales sistemáticos, expresan que el Derecho aragonés no es un elenco inconexo de reglas especiales o de excepción (que sólo alcanzarían sentido por relación a un sistema externo y ajeno), sino que constituye un sistema animado por principios propios. Esta idea es subrayada por el concepto de “ordenamiento jurídico”, que cuando aparece en la Compilación aragonesa de 1967 no había sido utilizado todavía en una ley civil (para bien o para mal, el concepto no tiene entrada en el Código civil hasta la reforma de su Título Preliminar en 1974). Desde entonces, el concepto de “ordenamiento” quiere poner de relieve los caracteres de coherencia, sistematicidad, principios propios y capacidad de autointegración que corresponden, en su propio ámbito, al Derecho civil aragonés.

d) Los principios sistemáticos y los tradicionales sirven para interpretar las leyes y las costumbres aragonesas. En unas materias serán más significativos los principios tradicionales (por ejemplo, en ciertos aspectos de los pactos sucesorios); en otras, los sistemáticos (por ejemplo, respecto del pasivo del consorcio conyugal). En todas, suponen que el Derecho civil aragonés tiene criterios interpretativos propios, eventualmente distintos de los que propone el Código civil.

e) Los principios generales del Derecho aragonés sirven para colmar lagunas de ley y de costumbre, antes de dar entrada al Derecho supletorio y para evitar la aplicación de éste. En particular, mediante el recurso a la analogia iuris, que es un método para conocer los principios sistemáticos, se da respuesta a casos no expresamente previstos en la ley aragonesa. Por tanto, es improcedente acudir al Código civil simplemente porque determinada institución o situación no esté expresamente regulada en la ley o en la costumbre, pues la respuesta correcta puede alcanzarse muchas veces mediante razonamientos que toman como punto de partida normas dadas para otros casos, para extender su solución al no contemplado cuando en ambos se aprecie identidad de razón, o para argumentar a contrario.

28.          El principio "Standum est chartae". Sentido e historia.

A. Planteamiento. El texto del art. 3.º Comp. sigue de cerca el de la Obs. 16 De fide instrumentorum (“De la fe de los documentos”), cuya traducción sería: “El Juez debe siempre atenerse a la carta (documento) y juzgar por ella y según lo que en ella se contiene, a no ser que en ella se contenga algo imposible o contrario al Derecho natural”.

Otra Observancia, la 1.ª De equo vulnerato (“Del caballo herido”), tras enunciar que por costumbre del reino los Fueros no reciben interpretación extensiva, añade concisamente: “y por fuero estamos a la carta” (et de foro stamus chartae). Esta Observancia, que es la primera con que se abre la recopilación oficial, es asimismo la más famosa (por ejemplo, hoy forma el texto del escudo de la Facultad de Derecho de Zaragoza), si bien durante siglos se atendió más a lo que parece decir sobre la interpretación de los fueros que a la siguiente frase, referida a lo que el fuero dispone sobre “estar a la carta”. Ambas cuestiones se expresaban con el mismo brocárdico “Standum est chartae”, que significaría así dos cosas bien distintas: que en la interpretación de los fueros “hay que estar a la letra” (interpretación literal de la ley, por lo que no cabría interpretación extensiva ni restrictiva, mucho menos analogía), y que ha de juzgarse con arreglo a lo pactado o dispuesto por los particulares según resulta del documento.

En cuanto al criterio de literalidad para la interpretación de los Fueros, de gran importancia histórica (una manifestación significativa puede verse en F. De testamentis, Alcañiz, 1436) y que dio lugar todavía en el siglo XIX a posiciones doctrinales contrastantes, es hoy cuestión totalmente ajena al sistema del Derecho civil aragonés. Las leyes aragonesas se interpretan, básicamente, como cualesquiera otras y cabe, no sólo la interpretación extensiva de sus preceptos, sino la analogía legis y la analogía iuris. Tampoco para la interpretación de los documentos o de los actos jurídicos cabe alegar hoy una supuesta regla de interpretación literal, que ninguna norma establece y que desmentirían preceptos como los arts. 33 y 75 Comp. y 69 y 101 LS.

 En cambio, el apotegma Standum est chartae, en su sentido de primacía del pacto o disposición, como sinónimo o expresión del principio de “libertad civil” tal como lo entendió Joaquín Costa, es el principio general más característico del Derecho aragonés. Como expresó la Exposición de Motivos de la Compilación de 1967, en el art. 3.º de la misma “se configura el principio Standum est chartae en acatamiento a la tradición jurídica del país sobre autonomía de la voluntad y libertad civil”. Sus avatares desde el siglo XIX le han llevado a constituirse en símbolo o emblema de todo el Derecho civil aragonés, con la consiguiente dificultad, propia de todo emblema, para interpretarlo y precisar su alcance y sus funciones.

B. “Por fuero estamos a la carta”. “Pactos rompen fueros”. La Observancia “De fide instrumentorum” aparece por vez primera, que sepamos, en la colección de Pérez de Salanova, a principios del siglo XIV; la “De equo vulnerato”, en la de Jaime de Hospital, a finales del mismo siglo. Son textos, por tanto, relativamente tardíos. Pero las Observancias no inventaron ni introdujeron el principio ni su expresión esencial. La Obs. De equo vulnerato dice que es el fuero el que ordena estar a la carta (et de foro estamus chartae), y tal fuero, a menudo olvidado, existió realmente: es el fuero De confesis (Jaime I, Huesca, 1247), en que se lee que cuando en un pleito una parte alega la carta (el pacto) contra la otra, el juez no debe juzgar sino según aquel documento (ipse Iustitia non debet iudicare nisi ad illam cartam). Es interesante reseñar que los antecedentes de este fuero se encuentran en recopilaciones de fueros de la tradición jacetana, incluido un texto de mediados del siglo XII, en que ya aparece la expresión “iudicare ad cartam”.

Por otra parte, en los Fueros de Teruel, desde 1177, hay textos muy expresivos del deber de los jueces de atenerse estrictamente a lo contenido o escrito en los documentos. Recordemos que estos fueros no tienen, en principio, nada que ver con los Fueros de Aragón (aunque no conocemos suficientemente las relaciones entre una y otra foralidad). Pero ocurre que en su última refacción, en 1564 (Felipe II), se añade una aclaración del siguiente tenor: “Queremos y mandamos que todos y qualesquiere pactos e convenciones que se harán entre partes, aunque sean contra natura del tal contracto, se hayan de observar y guardar en juycio y fuera del, pues dichos pactos o el otro de ellos no sean contra ius naturale, ni imposibles: pues por fuero de Teruel sit standum chartae”. Es evidente que se utiliza la formulación de la Obs. 16 de fide instrumentorum, proporcionando una interpretación auténtica de ésta en el sentido de la libertad de pacto.

Nada de lo anterior significa que la expresión encarecedora del valor del pacto sea algo específico del Derecho aragonés, ni que en Aragón se proclame y respete la libertad civil o la autonomía de la voluntad de manera distinta y con mayor fuerza que en otros lugares de Europa. De hecho, como expone con detalle Lacruz Berdejo, apotegmas y principios de tenor semejante a los aragoneses se extienden por muchos territorios de Europa (de Francia, de Alemania, de Inglaterra) desde el siglo XII, y en el Fuero General de Navarra (siglo XIII) se formulará con gran contundencia con la fórmula “paramiento fuero vience”. En todos estos casos se expresa un rechazo más o menos profundo al Derecho romano, negando que sus normas tengan aplicación como límite de la voluntad de los particulares, pero también una concepción de los estatutos o Derechos territoriales respetuosa de la libertad de los particulares al pactar o disponer sobre sus propias incumbencias.

Esta idea dio en Aragón (aunque no podemos documentarlo para épocas alejadas) el aforismo “pactos rompen fueros” y sin duda los aragoneses ejercieron esta libertad casi sin límites. Por ejemplo, pactaron con frecuencia en capítulos matrimoniales la inaplicación de los Fueros y Observancias en su conjunto, así como dispusieron de sus bienes para después de la muerte prescindiendo de la legítima del Fuero. En el Derecho público, llegaron a acordar “desaforamientos” temporales, mediante declaración por concejos de ciudades y villas de que no habían de aplicarse durante algún tiempo los fueros que establecían garantías para la persecución y castigo de presuntos delincuentes, sino que había de procederse contra ellos desaforadamente.

29.          El principio “Standum est chartae” y las fuentes del Derecho civil de Aragón.

A. La autonomía privada no es fuente del Derecho. El art. 3.º se encuentra, obviamente, en el Título preliminar de la Compilación, que tiene como rúbrica “Las normas en el Derecho civil de Aragón”. Por ello ha podido plantearse si los pactos o las disposiciones de los particulares (la autonomía privada, en suma) es fuente del Derecho civil de Aragón.

En sentido propio, la autonomía privada no es fuente del Derecho civil aragonés, puesto que no emanan de ella normas jurídicas con los caracteres de abstracción y generalidad. La autonomía privada da regla o norma para el caso concreto y las personas señaladas, que son aquéllas de que la norma procede: no pretende regular, mediante la formulación de hipótesis, una serie indefinida de acaecimientos posibles en el futuro en los que tomen parte personas indeterminadas. Si se opina, en el terreno de la teoría general del Derecho, que también es norma la que carece de los caracteres de abstracción y generalidad, puede decirse que el pacto es fuente u origen de esta norma concreta. Pero, aun entonces, está claro que no será fuente “del Derecho civil de Aragón”, como lo son la ley, la costumbre y los principios generales.

Es posible que los Proyectos de Apéndice de 1889 y 1904 quisieran dar al pacto rango de fuente del Derecho por encima de la ley (especialmente el de 1889, que enumera como primera de las “fuentes del Derecho civil aragonés” “el acuerdo o convenio”). Puede entenderse este planteamiento si se adopta el punto de vista del caso concreto sometido al juez: éste ha de buscar la norma (particular y concreta) aplicable al caso, en primer lugar y antes que en la ley, en la carta. Este es el punto de vista del art. 75 Comp., que al señalar las fuentes del derecho de viudedad dice que “se rige, en orden de prelación, por el pacto, la costumbre, las disposiciones de este Título y las del Código civil”.

Cabe también indicar, con Lacruz, que en Aragón, aun sin constituir legislación, la voluntad de los otorgantes expresada en capítulos y testamentos prolonga su vigencia y su imperio a través de las familias y de las generaciones, imponiéndose a personas que no pactaron, respecto de las cuales tiene la condición heterónoma de una ley.

B. Sí es fuente del Derecho el principio “Standum est chartae”. La razón principal de la situación del contenido del art. 3.º en el Título Preliminar es que enuncia expresamente el principio general tradicional y sistemático más importante del Derecho civil de Aragón. Este principio, como todos los demás, sí que es fuente del Derecho aragonés, lo informa, sirve para guiar su interpretación y aplicación y puede tener más consecuencias que las que el legislador enumera.

El enunciado legal del principio fija y aclara su principal virtualidad (conforme a él, “se estará… a la voluntad de los otorgantes”), pero no agota sus potenciales aplicaciones, pues el legislador, si por un lado ha querido plasmarlo en la letra de la ley, por otro lo ha querido en cuanto principio general que, por ello, excede siempre en su posibilidades de las palabras en que circunstancialmente se exprese.

Otras “expresiones” de este principio se encuentran, por ejemplo, en los arts. 3 y 69 LS, que lo citan por su nombre; pero también en otros, como el 23 (capítulos), el 29 (“muebles por sitios”) y el 75 (viudedad) Comp., o el 5-1 de la Ley de Parejas estables no casadas, que hace una paráfrasis no muy afortunada del art. 3.º Comp.

C. Lo que dice el principio respecto de la ley. Hay, además de lo expuesto y de la conveniencia simbólica de colocarlo en el frontispicio de la Compilación, otra buena razón técnica para que el principio Standum est chartae se exprese en el Título preliminar. De acuerdo con este principio, las leyes se presumen supletorias o de Derecho voluntario, lo que supone un rasgo específico de la ley que merece ser advertido a la vez que se la enumera entre las fuentes del Derecho civil aragonés.

Rasgo tan importante que Lacruz llega a considerarlo “la clave de la cuestión”: “Sobre todo, importaba que quedase clara la primacía de la voluntad, a través de una presunción de supletoriedad de las leyes”. Por ello, el precepto correspondiente del Anteproyecto de Compilación elaborado por la Comisión aragonesa comenzaba diciendo que “en aquellas materias capaces de regularse por pacto o disposición unilateral, la ley, mientras no se deduzca claramente lo contrario, tiene sólo valor supletorio del arbitrio del individuo”. Lo demás, que el juez haya de atenerse a la carta, aparecía como una consecuencia de este valor subsidiario de la ley. Y así sigue siendo, porque no hay indicio de que la supresión de estas palabras en la Comisión de Codificación quisiera alterar sustancialmente el contenido del principio. Sobre todo, ello es así porque este es el alcance y virtud del principio según la tradición jurídica de que trae causa el enunciado contenido en el texto legal.

En 1967, a la Comisión aragonesa preocupaban, sobre todo, los preceptos imperativos del Código civil: era difícil reconducirlos a su papel de Derecho supletorio de la voluntad de los particulares cuando el legislador residía en Madrid y consideraba al Código como Derecho común, normas imperativas incluidas. Hoy el problema está superado y la dicción del final del art. 3.º Comp., redactado por la ley de 1999, no deja lugar a dudas, según se explica en el número siguiente.

La cuestión se plantea hoy únicamente respecto de las leyes aragonesas, que, en efecto, han de presumirse meramente supletorias de los pactos y disposiciones. Esto no significa, naturalmente, que no haya normas aragonesas imperativas (como vamos a ver a continuación), ni supone una limitación para el legislador, que puede establecer las normas imperativas que le parezcan convenientes, sino una actitud por su parte de general confianza en la sensatez y buen sentido con que los aragoneses regularán libremente sus asuntos, sin necesidad de prohibiciones.

Tampoco parece que haya de regir en Aragón la regla según la cual los actos jurídicos contrarios a norma imperativa son nulos de pleno derecho, salvo que la norma disponga otra cosa (art. 6.º-3 Cc.). Es acorde con el principio Standum est chartae la averiguación, caso por caso, de las consecuencias de la contradicción con la ley, que sólo serán las de invalidez cuando la ley lo prevea así (como señala expresamente la Comp. navarra, ley 7), aunque tampoco es preciso que paladinamente establezca la sanción de nulidad para que ésta sea la adecuada, si así resulta de la interpretación del precepto prohibitivo.

30.          Ambito y límites de la libertad civil.

A. Ambito: la totalidad del Derecho civil aragonés posible. El principio Standum est chartae opera en la totalidad del Derecho civil aragonés, en todas las partes o materias que lo componen: obligaciones y contratos, derechos reales, persona y familia, sucesiones. Correlativamente, sólo en el Derecho civil aragonés (ámbito en el que es supletorio el Derecho civil general de España), no en el Derecho civil estatal estrictamente tal, es decir, aquel que necesariamente es de la competencia exclusiva del Estado.

Dicho de otro modo: hasta donde podría legislar el legislador aragonés, y con la misma libertad, pueden disponer los aragoneses mediante pactos o disposiciones, pues hasta donde llega la competencia legislativa aragonesa en materia de Derecho civil, hasta ahí mismo alcanza la virtualidad del Standum est chartae. Como dijo Portolés (ciertamente en contexto muy distinto, pero con finalidad análoga) “todo lo que puede hacer la ley puede hacerse por medio del pacto”. En este ámbito no hay más normas imperativas que las aragonesas. En particular, conviene recordar que las del Código civil sólo pueden ser supletorias de la voluntad de los particulares (como lo son de las leyes y las costumbres civiles aragonesas), pues, ahora lo mismo que en 1967, sólo en defecto de principios aragoneses, entre ellos, muy señaladamente, el Standum est chartae, puede ser llamado el Código civil en su función de Derecho supletorio.

B. Límites: en general. Tres señala el art. 3.º Comp.: lo imposible, la Constitución y las normas imperativas aragonesas.

Desde 1967 y hasta 1985, el art. 3.º señalaba como límites, además de lo imposible, la contrariedad al Derecho natural o a norma imperativa aplicable en Aragón. Los dos primeros proceden, obviamente, de la tradición jurídica basada en la Obs. 16 De fide instrumentorum.

La alusión al Derecho natural fue suprimida desconsideradamente y sin pensar en sus consecuencias por el legislador de 1985. La enmienda del grupo parlamentario socialista que dio luego lugar a la inopinada supresión proponía inteligentemente sustituirlo por el de los “principios generales del Derecho”, por ser, se decía en la enmienda, “más globalizador y más acorde con el espíritu de nuestro texto constitucional”, pero el hecho es que se suprimió sin más. Ciertamente, operaba el límite de los preceptos y principios constitucionales en su función de señalar un mínimo ético común, como expresamente dice desde 1999 el art. 3.º Comp.

También en 1999 la referencia a las “normas imperativas del Derecho aragonés” sustituye a la ambigua e insuficiente (pero difícilmente mejorable en 1967) de la “norma imperativa aplicable en Aragón” (que tendía igualmente a posponer la aplicación de las normas del Código).

C. El límite de lo imposible. El precepto vigente, sin pretender modificar lo sustancial de anteriores redacciones —en que la imposibilidad se predicaba de las cláusulas de los documentos—, refiere directamente la imposibilidad de cumplimiento a la voluntad de los otorgantes. La imposibilidad de cumplir incluye la imposibilidad originaria de la prestación, que impide el nacimiento de las obligaciones (en lo que no dice cosa distinta de los arts. 1.116 Cc., sobre condición imposible, 1.272 Cc., sobre cosas o servicios imposibles y 1.460 Cc.). Pero la imposibilidad de dar cumplimiento a los preceptos de la autonomía de la voluntad objetivados en la carta no se restringe al Derecho de obligaciones, sino que abarca también el ámbito de los derechos reales, de familia y de sucesiones). Este es uno de los aspectos en que el art. 3.º Comp. difiere del alcance del art. 1.255 Cc.

Puede hablarse de una imposibilidad jurídica. Se incurriría en ella al utilizar una figura jurídica privándole en forma contradictoria de algún elemento esencial. En este sentido, resulta imposible una compraventa sin precio, una donación sin ánimo de liberalidad, unos capítulos sin referencia alguna al matrimonio o una institución de heredero universal que no responda en absoluto de las deudas (las consecuencias de esta imposibilidad, por lo demás, dependerán de cada caso). Por el contrario, no es imposible el pacto contra natura contractus, como sería una compraventa sin responsabilidad por saneamiento, o una enfiteusis sin comiso, laudemio y fadiga, por recordar ejemplos ya señalados por los clásicos.

Son también de imposible cumplimiento las cláusulas irreductiblemente contradictorias o que obligan o permiten y al mismo tiempo prohiben.

En general, servirá para convencer de que no incurre en imposibilidad jurídica el negocio, cláusula o combinación pretendidos el mero hecho de que se encuentren admitidos en algún ordenamiento jurídico vigente o pretérito.

El límite de lo imposible pocas veces se transgredirá en la práctica, pero no por ello es menos importante su señalamiento. Antes al contrario, muestra, en positivo, que está al alcance de la autonomía de la voluntad todo lo que es posible sin excepción, ni precisión de ningún otro fundamento: también lo inusitado, lo desconocido hasta entonces, aun lo arbitrario y caprichoso, sin necesidad en ningún caso de que el legislador o la costumbre lo autoricen, reconozcan, prevean o imaginen. No se necesita más apoyo para la validez del acto de autonomía que el propio principio Standum est chartae, con límites tan lejanos como el de lo imposible, que más parece hipérbole para ponderar la amplitud inusitada de la libertad reconocida que confín cierto de las posibilidades de autorregulación.

D. El límite de la Constitución. Es obvio que la autonomía privada de los aragoneses está sujeta a la Constitución, pero convenía expresarlo en el art. 3.º —y así se hace desde 1999— ya que sus normas no pertenecen al Derecho aragonés, sino que están por encima de éste, y de ellas derivan principios generales de todo el ordenamiento español que delimitan el campo de lo lícito y admisible. La referencia a la Constitución, por tanto, vine a desempeñar la función que históricamente correspondió al Derecho natural, a la vez que proporciona también los principios de orden público español que han de respetarse en cualquier caso.

E. Las normas imperativas del Derecho aragonés. Estas son, ante todo, las emanadas del legislador, pero también pueden derivar de la costumbre y de los principios generales tradicionales. Las legales se encontrarán casi exclusivamente en las leyes autonómicas de carácter civil. No porque en las demás leyes no pueda haber normas prohibitivas, sino porque, de estar fundadas en títulos competenciales distintos de la conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil propio, según reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional no pueden determinar las consecuencias inter privatos del incumplimiento de las prohibiciones legales (así, S. T.C. 264/1993, de 22 de julio, al declarar inconstitucional el apartado 2 del art. 24 de la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de ordenación de la actividad comercial en Aragón).

Tanto la Compilación como la Ley de Sucesiones y la de Parejas estables contienen normas prohibitivas. No tendría demasiada utilidad formar ahora un catálogo de ellas, que se verá, cada una, en el lugar sistemático apropiado.

Probablemente, son más en las leyes civiles aragonesas las normas que, por el contrario, tienden a dejar claro que en el Derecho aragonés no rigen determinadas prohibiciones que el Código civil mantiene (o mantenía en 1967), siguiendo una técnica que procede del Apéndice de 1925 y que entonces era imprescindible, por no reconocerse el principio general de libertad civil. Este es el sentido de preceptos de la Compilación como los arts. 23, 25 y 26, sobre capítulos matrimoniales, su posible contenido y su otorgamiento tanto antes como después de celebrado el matrimonio; el 24, que permite a los cónyuges hacerse donaciones y celebrar entre sí toda clase de contratos; el 29 (“muebles por sitios”), el 75, sobre primacía del pacto en la regulación del derecho de viudedad. Asimismo, en la Ley de Sucesiones, arts. 3 (general); 62 (sucesión paccionada); 84 (renuncia a la herencia futura); 102 (testamento mancomunado); 108 (que reduce o flexibiliza requisitos que el Código establece para la validez del testamento); 124 (fiducia sucesoria); 149 y 150 (sobre algunos aspectos de las sucesiones voluntarias) y tantos otros. En la Ley de Parejas estables, pueden verse los arts. 5-1 y 15, 16 y 17 (estos tres últimos, se remiten a la Ley de Sucesiones). Hoy, en rigor, tales normas no serían imprescindibles, pero resultan útiles para evitar toda duda, además de contribuir a perfilar, en algunos casos, institutos tradicionales y, en muchos otros, señalar algún requisito o concretar las consecuencias de determinados negocios o cláusulas.

31.          Aplicaciones del principio.

Las normas citadas al final del número anterior contienen aplicaciones concretas del principio Standum est chartae que el legislador ha querido señalar expresamente. Pero, como se ha reiterado, no son necesarias normas de este tipo para que el principio opere; antes al contrario, su valor principal consiste en que sus virtualidades pueden desplegarse en cualesquiera casos imaginables, siempre que no se traspasen los límites establecidos.

El Prof. Lacruz indicó buen número de aplicaciones del principio en los diversos ámbitos del Derecho civil. Algunas de ellas han sido recogidas luego por el legislador en la Ley de sucesiones (pactos sucesorios entre quienes no son parientes entre sí aun fuera de capítulos, fiducia conferida a cualquier persona, validez de la condición de no contraer matrimonio). Merece la pena hacer mención de otras, en temas de Derecho patrimonial, que marcarían diferencias entre el Derecho del Código civil y el aragonés.

En materia de obligaciones y contratos, puede ser fuente de las obligaciones la voluntad unilateral, siempre que tenga cierto reconocimiento social; por otra parte, no es requisito necesario del contrato la causa del mismo: sobre ambas cuestiones había reflexionado Lacruz ya en su primera obra, sobre la Promissio sine causa en los Fueros de Aragón (1944).

No hay un numerus clausus de derechos reales. Planteamiento valioso para la práctica, por ejemplo, en materia de variedades atípicas de la propiedad horizontal y en las urbanizaciones. También proponía Lacruz la posibilidad de configurar como derecho real la reserva de tesoros que pacta con el comprador el dueño de la casa que se sospecha contenerlos (lo negó la S. T.S. 27 junio 1988, a pesar de que la cláusula estaba inscrita en el Registro de la Propiedad). Es viable asimismo, e inscribible, el instrumento mediante el cual se transmite el dominio de un inmueble sin expresar la causa. Tampoco hay razón para considerar operante entre nosotros la prohibición del art. 400-2 Cc. de pactar la indivisión por tiempo superior a diez años (cfr. art. 50 LS).

La lista, naturalmente, no es exhaustiva, y cada supuesto de los sugeridos requeriría análisis y explicaciones que no son de este lugar.

32.          El principio en la jurisprudencia.

El principio Standum est chartae es invocado con gran frecuencia en las resoluciones judiciales, aunque no siempre tiene un papel relevante y autónomo en la motivación del fallo.

En el siglo XIX prestó gran servicio en los tribunales -junto con la costumbre- para fundamentar instituciones como el testamento mancomunado, los pactos sucesorios o la fiducia, que apenas tenían reflejo en el Cuerpo de Fueros y Observancias entonces vigente, precisamente por ser creación de los particulares en ejercicio de su libertad. Gracias a ello, como se ha dicho, algunas importantes aplicaciones concretas del principio pudieron llegar al Apéndice de 1925. En los últimos tiempos es también en asuntos de Derecho de familia y de sucesiones cuando los tribunales han de pronunciarse con más precisión sobre el alcance del principio, al juzgar  sobre capitulaciones tradicionales que vienen a ser “la carta fundacional de la casa” (con expresión de la S. TSJA 9 noviembre 1991).

La S. TSJA 18 diciembre 1990 (RDCA, 1995, 1º, 2) se ocupa del requisito de forma (que el principio exige en su propio enunciado), para declarar nula donación de hacienda sin escritura pública. El requisito de forma aflora también en la S. TSJA 29 septiembre 1992 (RDCA, 1995, 1º, 8), respecto de un supuesto pacto entre hermanos para determinar cuál de ellos había de ser el heredero.

En la S. TSJA 13 junio 1995 (RDCA, 1996, 1º, 3) el aspecto más relevante es el de la interpretación e integración, en el caso mediante el recurso a la costumbre local, de las cláusulas de unos capítulos. Problemas de interpretación y aplicación se abordan también en las SS. TSJA 29 septiembre 1992, arriba citada, y 5 octubre 1998 (RDCA, 1999, 1º, 1), así como en sentencias de instancia, como la S. JPII Huesca núm. 2, 21 febrero 1994 (RDCA, 1996, 2º, 4) y S. JPII Ejea núm. 2, 28 junio 1994 (RDCA, 1996, 2º, 16).

En la S. TSJA 5 julio 1995 (RDCA, 1996, 1º, 4) el principio sirve para fundamentar una sociedad familiar atípica en liquidación, que no encajaba en los moldes del art. 33 Comp. La S. TS 10 abril 1990 casa la de la Audiencia de Zaragoza por infringir el principio, al no aplicar las consecuencias de una cláusula testamentaria a favor de viudo al que se instituyó como usufructuario universal de todos sus bienes «para los días de su vida, bajo la única condición de que al ocurrir el fallecimiento de éste pasen los bienes todos a los legítimos herederos de la testadora», cláusula que la Audiencia, contra su claro texto, entendió como viudedad foral.

En resoluciones de primera instancia el principio es a veces citado -junto con preceptos del Código civil, como sus arts. 1.091 y 1.255- en asuntos ajenos al Derecho de familia y de sucesiones. Así, en S. JPII Teruel núm. 2, 31 diciembre 1994 (RDCA, 1996, 2º, 27: renta pactada en vivienda de protección oficial, superior a la permitida) y SS. JPII Teruel núm. 1, 9 febrero 1995 (RDCA, 1997, 1º, 43: cláusula de estabilización en arrendamiento urbano), 18 mayo 1995 (RDCA, 1997, 1º, 54: cláusula penal en contrato de compraventa de vehículo) y 15 noviembre 1995 (RDCA, 1997, 1º, 62: compraventa de participación en multipropiedad). No es algo nuevo: la Audiencia de Zaragoza ya había invocado un siglo antes el principio aragonés junto a las normas del Cc. o las anteriores de la Novísima Recopilación en SS. como las de 28 abril 1894, 24 junio y 7 diciembre 1895 (Ripollés, III, núms. 622, 623 y 624).

Supuestos de este tipo -en principio, alejados del tradicional Derecho foral en su más restrictiva interpretación “familiar” en torno a la casa- pueden ser muy importantes si, entonces, el recurso de casación es competencia del TSJA. Lo negó un Auto TSJA 3 julio 1992, entendiendo que de otro modo se perjudicaría la competencia del TS. Pero en 1998, en época en que el TS había decidido remitir al TSJA todos los recursos que éste rechazaba en razón de la supresión del art. 29 EAA, remitió en efecto uno fundado en infracción de los arts. 1.281, 1.282, 1.091 y 1.445 Cc. y, además, del art. 3.º Comp. (alegado por primera vez en casación). El TSJA aceptó la competencia y resolvió por S. 5 octubre 1998 (RDCA 1999, 1º, 1).

En la citada S. TSJA 5 octubre 1998 se hacen dos importantes declaraciones. Frente a la alegación del recurrido, que señala que es en el recurso de casación cuando por vez primera el recurrente alega el art. 3º Comp., se establece que “los tribunales que conocen de un litigio que ha de ser resuelto conforme al Derecho civil de Aragón habrán de aplicar el art. 3º Comp. sin necesaria invocación de parte, por tratarse de un precepto general sobre la aplicación de las normas del Derecho civil de Aragón”. De otra parte, se formula de la siguiente manera la esencia del principio: “Consagra el legislador aragonés… el principio de la libertad civil, que permite a los ciudadanos establecer sus relaciones en la forma y con el contenido que tengan por conveniente, tanto en materia de obligaciones y contratos como en otros ámbitos del Derecho civil”.

Se plantea de este modo la importantísima cuestión de si al TSJA corresponde la competencia casacional siempre que se alegue infracción del art. 3.º Comp. (como ha aceptado reiteradamente, en el caso paralelo del principio “paramiento fuero vence”, el TSJN); de modo que, entonces, toda la materia a la que pudiera extenderse el principio de libertad civil viene a ser por ello Derecho civil aragonés (que es la premisa necesaria para la competencia del TSJA).

El arraigo del principio Standum est chartae en la práctica del foro aragonés se muestra adicionalmente en la alusión al mismo en jurisdicciones distintas de la civil. Así, la S. APZ, Sec. 3ª, 16 diciembre 1994, en un caso penal de estafa, afirma que «dar primacía o prioridad a unas declaraciones testificales sobre un contrato por el firmado» va «en contra del principio aragonés civil "Standum est cartae" que concede prioridad a la escritura en acatamiento del tradicional apotegma "hablen cartas y no barbas" ».

33.          ¿Otras fuentes del Derecho civil aragonés? En particular, el papel de la jurisprudencia.

No hay más fuentes de producción del Derecho civil aragonés que las enunciadas en el art. 1.º-1 Comp. Ni la equidad, ni la analogía, ni la jurisprudencia son fuentes, pero resulta oportuno decir de ellas algunas palabras, en particular de ésta última.

A. La equidad. Era invocada expresamente en el Prólogo de los Fueros de 1247 como medio único de colmar las lagunas del fuero (junto al “sentido natural” y quizás como términos sinónimos). En la Compilación se hace referencia a ella en los arts. 34, 59 y 149-2. Puede ser más importante su función como criterio director de las decisiones de la Junta de Parientes, especialmente cuando actúan resolviendo divergencias entre los padres en el ejercicio de la autoridad familiar (art. 9-2 Comp.) o desacuerdos entre los cónyuges en la gestión de los bienes comunes (art. 49-1 Comp.).

B. La analogía. Nadie duda hoy de la posibilidad de aplicar una norma legal aragonesa a casos semejantes no comprendidos en ella (analogia legis), así como de inducir principios generales partiendo de una pluralidad de casos regulados, de modo que el principio rija otros muchos en que el legislador no pensó (analogia iuris). Esto último está incluido en la invocación como fuente de los principios generales, según se ha visto. Sólo después de los principios -por tanto, ya agotadas todas las posibilidades de la analogía- procede acudir al Derecho supletorio.

C. La jurisprudencia. La casación foral. La jurisprudencia, como doctrina establecida, de modo reiterado, por los tribunales, al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho tiene una función en principio idéntica en todo el Derecho civil español, estatal o autonómico. Pero a la dificultad de precisar cuál sea exactamente esta función (“complementará el ordenamiento jurídico”, dice el art. 1.º-6 Cc.) se añade la de prever cuál será a corto plazo la regulación de la casación civil, pues las reglas de la Lec. 2000 no pueden aplicarse plenamente sin modificaciones en la LOPJ.

Además, para los Derechos civiles autonómicos, y entre ellos el aragonés, hay que señalar algunos rasgos específicos de la llamada “casación foral”. Por último, el Derecho civil aragonés, y sólo él, atraviesa una coyuntura desoladora, tras la supresión del art. 29 EAA en 1996, en cuya consideración no nos detendremos.

De manera general, la jurisprudencia de los tribunales -de todos ellos- tiene autoridad o eficacia ejemplar por su calidad y fuerza de convicción para otros jueces y para los ciudadanos. En ningún caso, tampoco cuando procede del Tribunal Supremo, tiene fuerza vinculante. Ahora bien, cuando procede de los Tribunales competentes para entender del recurso de casación por infracción de ley, es claro que, por lo regular, dichos tribunales darán lugar al recurso cuando el tribunal inferior haya interpretado la ley apartándose de la doctrina del superior, por lo que su doctrina interpretando la ley se impondrá fácilmente en la práctica.

En materia de Derecho civil aragonés, es competente para entender del recurso de casación, en la generalidad de los casos, el TSJA (prescindiendo aquí de las consecuencias de la lamentable supresión del art. 29 del EAA en su reforma de 1996, de imprescindible reposición para la normalidad de la vida jurídica aragonesa). Esta competencia abarca todos los recursos contra resoluciones de los tribunales con sede en Aragón susceptibles de casación, siempre que se funden en infracción de norma jurídica civil aragonesa (ley, costumbre o principios), incluido, en mi opinión, el supuesto en que la norma infringida sea del Código civil en su función de Derecho supletorio y, sin duda, de aquellos preceptos del Código objetos de remisión estática desde la Compilación.

La doctrina del TSJA, por tanto, está llamada a ser de vital importancia para la unificación de la jurisprudencia sobre Derecho civil aragonés. Pero más aún y previamente para la formulación misma de esa doctrina jurisprudencial orientadora, emanada de un intérprete especialmente autorizado por su situación en la cúspide de la organización de los Tribunales en Aragón. Es de esperar que las nuevas normas (entre ellas las procesales de Lec. 2000 y la necesaria reforma de la LOPJ) permitan que llegue a su consideración un número varias veces superior de casos y con sus resoluciones satisfaga las legítimas esperanzas que su creación suscitó.

La doctrina del Tribunal Supremo seguirá constituyendo jurisprudencia también en materias de Derecho civil aragonés. La formada con anterioridad puede alegarse en el recurso de casación ante el TSJA (naturalmente, también ante el propio TS). Pero ocurre que también puede seguir creando jurisprudencia de Derecho aragonés -eventualmente, en contraste con la del TSJA- a través de los recursos de casación sobre Derecho aragonés para los que, de acuerdo con las normas procesales, puede ser competente (por alegarse conjuntamente infracción de norma constitucional o por proceder el caso de tribunales no aragoneses).

34.          El Derecho supletorio.

Como es sabido, para los juristas aragoneses de la época de la codificación (al menos, su inmensa mayoría, expresada a través de las Corporaciones profesionales) el único Derecho supletorio del Derecho aragonés había de ser el Código civil, hasta el punto de que el art. 13 Cc. (derogado en 1974) que así lo estableció procede de una enmienda aragonesa a la Ley de Bases del Código civil formulada en el Congreso por Gil Berges. Esta postura es consecuencia del rechazo secular a la recepción del Derecho romano, cuando las circunstancias históricas llevan al convencimiento de que la remisión que en 1247 se había hecho al sentido natural y a la equidad resultaban poco útiles para resolver con seguridad los muchos asuntos que los Fueros y Observancias, congelados desde hacía más de siglo y medio, no abordaron.

Consecuentemente, la Compilación estableció en 1967 que “en defecto de tales normas [es decir, la Compilación, integrada con la costumbre y los principios generales tradicionales], regirán el Código civil y las demás disposiciones constitutivas del Derecho general español”. En su momento, esta fue la norma fundamental respecto de las relaciones entre Derecho civil aragonés y el Derecho general español, Código civil incluido. Desde 1974, estas relaciones, respecto del Código civil (no respecto de las demás disposiciones del Derecho general español), venían determinadas también por el art. 13 Cc., que no alteraba en nada la situación fijada por el art. 1.º Comp. (ni lo pretendió: vid. art. 2.º D. 1.836/1974, de 31 de mayo, por el que se reconoce fuerza de ley al texto articulado del Título Preliminar del Código civil).

El posterior cambio radical no lo opera la reforma del art. 1.º Comp. en 1999, sino la Constitución de 1978, que sustituye la raíz o fundamento de las relaciones entre un Derecho civil ya competencia de la Comunidad Autónoma y el Derecho estatal. Ahora la norma básica no está (no podría estar) ni en el Código ni en la Compilación (leyes ordinarias de ordenamientos distintos, entre las que no hay relaciones jerárquicas), sino en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, a la vez éste Ley Orgánica del Estado y Norma Institucional básica de la Comunidad Autónoma de Aragón. En la Constitución, es norma clave la expresada al final de su art. 149-3: “El Derecho estatal será, en todo caso, supletorio del Derecho de las Comunidades Autónomas”. En el Estatuto, el ap. 2 del art. 41: “En defecto de Derecho propio, será de aplicación, como supletorio, el Derecho general del Estado”.

Por Ley 1/1999, el art. 1.º-2 Comp. queda redactado del siguiente modo: “El Derecho civil general del Estado se aplicará como supletorio sólo en defecto de normas aragonesas y de acuerdo con los principios que las inspiran”.

Esta redacción toma del Estatuto la explicación de que Derecho supletorio es el aplicado en defecto de Derecho propio (“sólo en defecto de normas aragonesas”) y la designación del Derecho estatal como “Derecho general del Estado”. Esto último, en razón de que las normas autonómicas son también normas del Estado español y, para ciertas sensibilidades políticas, es importante subrayarlo mediante una terminología que concreta con el adjetivo “generales” las normas del Estado (las emanadas de su órganos o instituciones centrales) distintas de las emanadas de las Comunidades Autónomas. Además, el precepto indica que la aplicación del Derecho civil general del Estado se hará “de acuerdo con los principios que informan” a las normas aragonesas.

35.          La aplicación del Derecho supletorio.

Derecho supletorio es el aplicable, en el ámbito del Derecho civil aragonés, en defecto de norma aragonesa. Las normas aragonesas no tienen por qué ser deficientes o insuficientes, necesitadas de otras supletorias, ya que nada se opone a que el legislador aragonés legisle tan completamente en el ámbito de su competencia que (en su caso, junto con la costumbre y los principios) no deje ningún hueco por el que pueda entrar el Derecho supletorio. La supletoriedad del Derecho estatal es, por tanto, contingente (y meramente transitoria, si la Comunidad autónoma quiere agotar sus competencias en la materia).

En definitiva, la mayor o menor aplicación del Código civil, como supletorio de un Derecho civil autonómico, depende del legislador autonómico. Puede éste legislar con el propósito de evitar toda ocasión en que el Código civil español sea llamada en concepto de supletorio (tal parece la política legislativa seguida en Cataluña); pero puede también entender más adecuado obrar de manera distinta.

El legislador aragonés, al aprobar la Ley de Sucesiones por causa de muerte, ha advertido que “no pretende agotar o llegar al límite de la competencia autonómica en esta materia”, pues, correlativamente, no “trata de excluir” la aplicación del Código civil, partiendo del reconocimiento de que los juristas aragoneses nunca han sentido como ajeno el Código civil ni mucho menos mostrado su rechazo o repulsa al mismo; en consecuencia, “es grande el espacio que esta Ley deja a las normas del Código civil, en concepto de Derecho supletorio de acuerdo con el art. 1 Comp.” (Preámbulo, apartado I).

Mayor espacio al Código, como Derecho supletorio, dejan las normas de la Compilación, pues, aprobadas originariamente en Madrid, excluía entonces el poder político que una norma compilada reprodujera con variantes o complementos un precepto del Código, entendido entonces por la doctrina dominante como “Derecho común español”. Hoy el legislador autonómico puede, si quiere (en el ámbito de su competencia), promulgar tanto normas que coincidan exactamente con las del Código como que las contradigan frontalmente. Como ha aclarado repetidas veces el Tribunal Constitucional, ninguna objeción hay a que una Comunidad copie normas estatales o se inspire en ellas (mientras lo haga en el ámbito de sus competencias).

Ahora bien, las normas autonómicas desplazan al Derecho estatal y le privan de la ocasión de ser aplicado como supletorio, pero no lo derogan, pues no forma parte de su ordenamiento. El Derecho estatal desplazado queda siempre ahí, vigente en su sistema propio y presionando desde abajo al autonómico de preferente aplicación pasando a llenar todos los huecos que en él se produzcan. Esta realidad obliga a una cuidadosa técnica legislativa en las leyes autonómicas, para evitar soluciones inopinadas a través de un Derecho supletorio con el que no se contó.

Esta es la razón de que se insista en que el Derecho supletorio ha de aplicarse de acuerdo con los principios que informan las normas aragonesas. La norma supletoria viene al servicio del Derecho aragonés, para proporcionar soluciones cuando ninguna se encuentra de un modo u otro en éste, no para contradecirlo o limitarlo, sino para ayudar a la consecución de un orden armónico de respuestas coherentes, informadas, por tanto, por los mismos principios.

Evitar “la injerencia de aquellos preceptos del Código civil que no armonizan con los principios del Derecho aragonés o dificultan la aplicación o desarrollo de sus instituciones propias” (Preámbulo LS, I) es la finalidad de la inclusión en leyes aragonesas de normas específicas que, si no fuera por la presión del Derecho supletorio y su posible invocación errónea por los intérpretes, serían totalmente innecesarias.

Así, por ejemplo, la mayor parte, si no todas, de las citadas al final del núm. 20. También, igualmente como ejemplos, las indicaciones en la LS de que la colación de liberalidades no procede por ministerio de la ley (art. 47), de que no hay reservas hereditarias legales (art. 149-3) y de que son válidas las condiciones de contraer o no matrimonio en todas sus variantes, así como las llamadas (peyorativamente) captatorias, tienen la finalidad de evitar la indebida injerencia o intromisión de ciertos preceptos del Código. Si no hubiera en el Código civil artículos como los 1.035 ss., 811 y 968 ss., y 793 y 794, carecerían de objeto los citados preceptos de la LS, pues, como es obvio, no hay en un ordenamiento más consecuencias legales (como las reservas o la colación) que las en él previstas (y, si no las quiere, le basta con no preverlas), ni las condiciones de contraer o no matrimonio ni las captatorias son de imposible cumplimiento o contrarias a la Constitución, por lo que habría de bastar para su indubitada validez con que ninguna norma aragonesa las prohibiera. Pero el razonable temor a que la fuerza de la inercia llevara a los intérpretes a aplicar, indebidamente, el Código (que, en realidad, nada habría de suplir, pues no hay laguna donde nada se impone ni prohibe) hace prudente la previsión del legislador.

36.          Remisiones y otras relaciones entre Derecho aragonés y Código civil.

El Código civil, como las demás leyes civiles generales del Estado, se aplican en Aragón y a los aragoneses en uno de estos dos conceptos: por aplicación directa, cuando la norma se encuentra en el ámbito de la competencia exclusiva del Estado, o como Derecho supletorio del aragonés, en defecto de norma de éste (ley, costumbre, principios) y de acuerdo con los principios generales del Derecho aragonés. Hasta aquí, lo ya explicado.

A. Las remisiones estáticas. Origen y utilidad. Además, hay algunos enunciados normativos en el Código civil que valen, a todos los efectos, como enunciados normativos del Ordenamiento jurídico aragonés. Son los casos en que, de acuerdo con la Disposición final de la Compilación introducida por Ley 3/1985, de 21 de mayo, “las remisiones que la Compilación del Derecho civil de Aragón hace al articulado del Código civil se entenderán siempre en su redacción actual” (donde “actual” quiere decir en el día de la entrada en vigor de la citada Ley de 1985).

Se trata de la consecuencia más importante de la técnica de las “remisiones estáticas”, introducida, para la Compilación catalana, en 1984, y copiada luego por el legislador aragonés con la misma finalidad de evitar que posteriores modificaciones del Código civil cambiaran también el contenido normativo de los preceptos que en la Compilación se remiten expresamente a determinados preceptos del mismo.

La idea, que se remonta al menos, en el contexto de los “Derechos forales” y sus relaciones con el Código, a los años de elaboración de la Compilación catalana, es coherente con aquella situación en que no existían legisladores autonómicos que pudieran enderezar en cualquier momento la normativa propia si nuevos rumbos del Código civil les parecieran inoportunos, a la vez que se negaba, desde las instancias prelegisladoras y legisladoras centrales, la legitimidad de reproducir en las Compilación, de forma literal o modificada, preceptos tomados del Código. Se quieren remisiones estáticas (“congelación”, a efectos del Derecho propio, de concretos preceptos del Código), para evitar acoger sin quererlo inoportunas modificaciones posteriores. Pero entonces, años cincuenta, la regla que pretendía hacer estáticas las remisiones e inmune el Derecho catalán ante el posible cambio posterior de determinados preceptos del Código no consiguió ser admitida en la Compilación catalana. En 1984, el legislador catalán, comprensiblemente, se apresuró a introducirla, y el aragonés copió literalmente sin especial reflexión (no se proponía norma de esta índole en el primer anteproyecto de modificación, y sólo en el último momento se introdujo en el definitivo).

B. Reparos a la técnica de las remisiones estáticas. En 1985 el panorama era diferente al de la época de elaboración de las Compilaciones, y la necesidad y aun utilidad del criterio de “remisiones fijas” muy inferior y cuestionable.

Escasa necesidad, pues si a consecuencia de una reforma del Código en el ámbito de la competencia autonómica en materia de Derecho civil (por tanto, en preceptos aplicables supletoriamente) resulta inadecuada y poco deseable la regulación desde el punto de vista del legislador autonómico, le basta a éste con legislar en la forma deseada, impidiendo mediante una regulación propia la aplicación supletoria del Código. Por supuesto, no ocurre así cuando los preceptos se encuentran en el ámbito de la competencia exclusiva del Estado, pero entonces tampoco serviría de nada -no ampliaría el ámbito de competencia autonómica- la técnica de las remisiones estáticas.

Cuestionable también la técnica, pues, aun no siendo claramente  inconstitucional el procedimiento, sin duda lesiona el principio de seguridad jurídica y, más en particular, el de publicidad de las normas el que, para averiguar el contenido de las emanadas de un legislador autonómico, haya que acudir el ciudadano a la publicación oficial que se hizo acaso hace más de un siglo, sin que haya rastro textual del precepto en el periódico oficial de la Comunidad (el BOA, en nuestro caso). Es también cuestionable que el legislador otorgue fuerza de obligar a normas sobre cuyo contenido no ha formado una voluntad propia por el procedimiento legislativo adecuado, actuando con propio conocimiento y valoración del precepto que ahora promulga en su ámbito de competencia.

C. Remisiones estáticas en la Compilación. Como quiera que sea, en la Compilación del Derecho civil de Aragón -y sólo en ella, entre las leyes aragonesas- se encuentran, con seguridad, algunas remisiones estáticas al articulados del Código. Buenos ejemplos ofrecen el art. 52-2, en su remisión a “los supuestos de los arts. 1.392 y 1.393 del Código civil”, al regular las causas de disolución de la comunidad conyugal; el art. 86-2, que remite -en forma compleja y condicionada- a “los artículos 533 y siguientes del Código civil”, asumiendo las causas de extinción del usufructo allí contempladas como causas de extinción del usufructo de viudedad; el art. 143-2, sobre inmisión de raíces y ramas, que autoriza el ejercicio “con justa causa, de las facultades que a dicho propietario concede el artículo 592 del Código civil”; el 144, sobre régimen normal de luces y vistas, con su referencia a “las distancias marcadas por el artículo 582 del Código civil” y el 145, sobre luces y vistas, que concluye: “queda a salvo lo dispuesto en el artículo 541 del Código civil”.

En todos estos casos, si cambiara el contenido o se suprimiera el precepto en el Código civil, nada se alteraría en el Derecho aragonés, donde seguiría valiendo en su versión vigente en 1985 como Derecho aragonés. Por tanto, es que vale ya, desde la misma fecha, como Derecho aragonés, con la fuerza de obligar que le dieron las Cortes de Aragón (sin que por ello deje, naturalmente, de ser Derecho del Estado el mismo enunciado normativo: un sólo texto, por tanto, pero dos normas distintas, correspondientes a dos ordenamientos en cada uno de los cuales tiene el valor que le de el legislador competente).

Desde el punto de vista del ordenamiento aragonés, puede entenderse como una especie de legislación “per relationem”, que incorpora a este ordenamiento una norma expresada originariamente en otro.

En los ejemplos anteriores -especialmente los últimos- resulta bastante claro que cambiar el contenido actual en la norma objeto de remisión desharía el sistema. Por ello puede parecer necesaria, en el caso, la técnica de la remisión fija o estática. Pero, en realidad, la técnica legislativa adecuada llevaría hoy a incluir en la ley aragonesa cuantas normas o especificaciones contienen los artículos del Código (u otras similares, equivalentes o contrarias, si así se prefiere) acordes con los demás preceptos aragoneses y formando conjuntos armónicos. Bastaría recordar los problemas que la aplicación del art. 541 Cc. tiene en el contexto del 145 y concordantes de la Compilación para convencer de ello.

De hecho, todas las remisiones que en la Compilación se hacían al Código en materia de Derecho de sucesiones (arts. 119 -determinación de la legítima- y 128 -sucesión intestada) han desaparecido en la Ley de Sucesiones de 1999.

D. Casos dudosos. También han desaparecido, en materia de sucesiones, los casos dudosos en que la referencia al Código se hacía sin indicación del número del artículo y de tal manera que cabía dudar del carácter estático de la remisión: arts. 103-3 (revocación en la sucesión contractual), 126-3 (imputación en la legítima), 135 (sucesión en bienes no troncales), 139 (reserva de bienes), todos ellos con problemas más o menos graves de interpretación conjunta (los preceptos del Código con los de la Compilación).

Quedan supuestos de este tipo dudoso de remisión en la Compilación: arts. 75 (que remite, en materia de viudedad, a “las disposiciones del Código civil”) y 84, reglas 2.ª y 4.ª (aplica al usufructo vidual en materia de expensas y mejoras “lo dispuesto en el Código civil en relación al poseedor de buena fe” y “la obligación de alimentos, con las condiciones y el alcance con que las regula el Código civil”).

E. Remisiones simples, referencias o “normas de engarce”. Los últimos casos citados —a reserva de mayor análisis de cada uno de ellos—no son propiamente remisiones (en el sentido de la Disposición final de la Compilación), sino que indican simplemente el engarce de las normas compiladas con determinados conjuntos normativos del Derecho supletorio.

Parece seguro que así ocurre con la llamada que el art. 153 Comp. hace a “la legislación común” para suplir las omisiones de cualesquiera contratos relativos a la ganadería, en defecto de usos observados en el lugar del cumplimiento: el contenido de esa “legislación común” será el que en cada momento tenga por obra de la actividad del legislador competente.

Así ocurre también con las indicación o referencias que pueden encontrarse, de manera más o menos precisa, en la Ley de Sucesiones. Por ejemplo, cuando se alude a “la legislación sobre estas técnicas de reproducción” al regular la sucesión de los nacidos mediante inseminación artificial post mortem (art. 10-2), o se alude a la capacidad sucesoria de las personas jurídicas “constituidas legalmente”, o se ofrece “la vía de la tercería de dominio” (art. 43). Del mismo modo, cuando se reconoce la voluntad del disponente en testamento “otorgado conforme a la ley” (art. 90-1), o se admite, para el testamento mancomunado, “cualquier forma, común, especial o excepcional, admitida por la ley” (art. 94-1), o se señala la nulidad y consecuencias de los testamentos en cuyo otorgamiento no se hayan observado los requisitos esenciales “prescritos por la ley” (art. 108-1).

En todos estos casos, es claro que “la ley” mencionada puede ser el Código civil u otra estatal y que las normas así aludidas no son aragonesas, ni el legislador aragonés pretende incorporarlas a su ordenamiento con la técnica de las remisiones estáticas. Si alude a tales normas -que son Derecho supletorio, o acaso Derecho en la competencia exclusiva del Estado- es por necesidades de la propia regulación, para indicar el engarce entre unas y otras buscando la mayor claridad y seguridad en la aplicación. Las normas estatales -las vigentes en cada momento- se aplicarían igualmente aunque nada dijera la ley aragonesa, pero acaso se suscitarían mayores dudas sobre cómo armonizar las de una y otra procedencia.

F. De nuevo sobre la complejidad de las relaciones. Con los ejemplos de remisiones y de otras formas de referencia desde la ley aragonesa a la estatal, en función o no de Derecho supletorio, se ha puesto de manifiesto una vez más la complejidad de las relaciones entre normas de distintos ordenamientos. Complejidad y dificultad para el legislador autonómico, especialmente cuando ha decidido, como el aragonés, no agotar el ámbito competencial propio y dejar indefinidamente que numerosos preceptos del Código civil español actúen como supletorios, pues resulta entonces más necesario prever y dar a conocer los engarces adecuados en cada materia.

Complejidad y dificultad también para el intérprete. Dilucidar si hay que acudir al Código u otra ley estatal para colmar una laguna -tras haber agotado el sistema de fuentes aragonés-, como Derecho supletorio entonces, o en otro concepto, y ensamblar en todo caso correctamente las normas aplicables puede no ser fácil. Grandeza y servidumbres del Estado plurilegislativo en materia civil. Tarea para la que quizás haya que desembarazarse de algunas rutinas. Dificultad y grandeza, por otra parte, paralelas a las que ofrece todos los días la aplicación del Derecho europeo por los Tribunales españoles.

Hemos asistido en pocos años a cambios espectaculares que han hecho saltar el sistema de fuentes que en 1974 quiso consagrar el título preliminar del Código. Cambios y retos que al menos los jóvenes enfrentarán sin prejuicios.