I.         ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y FORMACIÓN DEL DERECHO CIVIL ARAGONÉS

©Jesús Delgado Echeverría

1.                Raíces históricas y fundamento constitucional.

A. Constitución, Estatuto e historia. De acuerdo con el art. 149-1-8T Const., el Estatuto de Autonomía de Aragón (10 agosto 1982) incluye entre las materias sobre las que corresponde competencia exclusiva a la Comunidad Autónoma de Aragón "la conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil aragonés" (art. 35.1.4º). Sólo la historia puede dar explicación de este hecho.

Aragón tiene hoy Derecho civil propio y la correspondiente competencia legislativa porque al entrar en vigor la Constitución española existía en Aragón un Derecho civil foral. Existía porque no había desaparecido, a pesar de la Nueva Planta borbónica y de la política unificadora de la codificación. No había desaparecido del todo, quizás sea mejor decir, pues lo que quedaba no tenía ni mucho menos su anterior envergadura histórica. Quedaba o se mantenía vigente una parte del Derecho civil (principalmente, Derecho de familia y de sucesiones), contenida en la Compilación de 1967. El resto del Derecho civil aplicable en Aragón y a los aragoneses era -y, en buena medida, así sigue siendo- el contenido en el Código civil español y en otras leyes civiles del Estado.

Que hoy Aragón -lo mismo que Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Navarra y País Vasco- tenga esta competencia legislativa no depende de la vía de acceso a la autonomía, ni del grado de ésta. Andalucía, por ejemplo, no tendrá nunca competencia legislativa sobre Derecho civil, pues el art. 149-1-8ª Const. la confiere "allí donde existan" Derechos civiles forales o especiales, y en Andalucía no existía un Derecho civil propio al promulgarse la Constitución (ni lo había habido en el pasado). Es, por tanto, la historia la que, a través de la Constitución, hace posible la existencia actual del Derecho civil aragonés.

B. Derecho civil, Derecho autonómico, Derecho foral. Tras la Constitución y el Estatuto de Autonomía, las Cortes de Aragón legislan sobre Derecho civil -en los límites del art. 149-1-8º Const.-, pero también, en virtud de otros títulos competenciales, sobre otras muchas materias. Por tanto, hoy Derecho aragonés no es sólo el Derecho civil, sino el contenido en todas las leyes emanadas de las actuales Cortes de Aragón, así como las disposiciones generales de inferior rango de la Diputación General. En su inmensa mayoría, son leyes y disposiciones de Derecho Público.

El Derecho civil aragonés es, por tanto, Derecho autonómico (es decir, forma parte del actual Ordenamiento jurídico de la Comunidad autónoma); pero es también, por su origen y significado histórico, Derecho foral, algo que no cabe decir del Derecho aragonés autonómico distinto del civil.

Es muy cierto que, durante muchos siglos, Aragón, como entidad política independiente, contó también con un sistema u ordenamiento jurídico propio completo (tan completo como cualquier otro de la época). Las materias que hoy consideramos de Derecho político, fiscal, penal, procesal, administrativo o mercantil, lo mismo que las civiles, estaban atendidas por normas específicamente aragonesas: fundamentalmente, por fueros. Derecho foral todo ello, puede decirse. Pero mientras el Derecho civil histórico, aun recortado y amenazado, llega en vigor hasta 1978, el resto fue abrogado definitivamente en 1707. Por ello, el Derecho aragonés autonómico no civil no conecta con el foral histórico (acaso una excepción, al menos de matiz, hay que hacer para la regulación del Justicia de Aragón), sino que tiene la misma naturaleza que el Derecho emanado de cualquier otra Comunidad Autónoma.

C. El Derecho foral y los Fueros. Las relaciones del Derecho civil aragonés (autonómico) actual con el de los Fueros son complejas. La existencia de Derecho foral en 1978 permitió al Estatuto de Autonomía asumir la competencia legislativa sobre Derecho civil: esta es la clave fundamental de estas relaciones. El contenido del Derecho civil aragonés en 1978 es el punto de partida para la conservación, modificación y, sobre todo, desarrollo del Derecho civil aragonés. El contenido histórico, mucho más amplio, no justifica constitucionalmente la competencia legislativa aragonesa sobre las materias en que ya no estaba vigente norma aragonesa en 1978; al menos en la interpretación del Tribunal Constitucional, aunque podrían derivarse consecuencias distintas de la Disp. Adicional 3ª del Estatuto de Autonomía.

Ahora bien, el contenido histórico, "foral", no vincula al legislador autonómico actual. Es decir, corresponde a las Cortes de Aragón, en representación del pueblo aragonés, decidir la política legislativa de Derecho civil que en cada momento juzgue adecuada a las circunstancias. Caben así, legítimamente, tanto un planteamiento historicista, "foralista" a ultranza, como la regulación de las instituciones con criterios radicalmente nuevos y desconocidos hasta el momento. Naturalmente, también todas las posiciones intermedias, que son, en general, las más sensatas, en particular en una materia como el Derecho civil, en que la continuidad suele ser una virtud con más frecuencia que la ruptura.

D. Derecho civil autonómico no foral. Existen también normas de Derecho civil autonómico no foral, que no entroncan en absoluto con el Derecho foral histórico, ni la correspondiente competencia legislativa tiene como fundamento el art. 149-1-8ª Const. Estas normas civiles aragonesas, frecuentemente incluidas en leyes más amplias de carácter, en general, administrativo, son consecuencia de otros títulos competenciales, como pueden ser los relativos a caza, asociaciones, fundaciones o cooperativas. Normas de Derecho civil autonómico de este tipo existen -aunque limitadamente y con contornos y límites polémicos- en todas las Comunidades Autónomas. En principio, no nos ocupamos en este Manual de este Derecho civil aragonés autonómico no foral.

2.                Los orígenes. La inicial diversidad jurídica.

El Derecho de los primeros siglos del Condado y luego Reino de Aragón fue sin duda plural y disperso, como lo son los diferentes grupos humanos que se van uniendo al primitivo núcleo del territorio de los Aragones. En un primer momento, podemos suponer que la regulación era muy rudimentaria y fragmentaria, más basada la norma en costumbre de seguirla y, esporádicamente, en decisiones singulares de la autoridad, que en formulación generalizadora.

El origen o procedencia de este primitivo Derecho es tema discutido. Parece lo más probable que las instituciones jurídicas, necesariamente muy elementales, respondieran a la creación autóctona de aquellas comunidades humanas, de acuerdo con sus necesidades y su estado cultural. Lo que no excluye supervivencias e influjos varios. Algunos autores (Hinojosa y Wohlhaupter, por ejemplo) mantuvieron tesis germanistas, hoy difícilmente sostenibles en sus propios términos. También se especuló sobre la supervivencia de costumbres indígenas prerromanas (Joaquín Costa), y algo hay también de verdad en estas ideas. El Derecho visigodo -ya muy romanizado- tuvo alguna influencia, acaso a través de los mozárabes de las ciudades conquistadas (Huesca, Zaragoza), que introdujeron también cierta aportación musulmana en el Derecho cristiano.

Especial influencia exterior, con anterioridad a la penetración doctrinal romano-canónica de que luego hablaremos, es la del Derecho franco, introducido con la inmigración de quienes vinieron de ultrapuertos a poblar los nuevos centros urbanos, señaladamente Jaca.

Hasta mediados del siglo XIII no hay un ordenamiento general, sino una pluralidad de Derechos comarcales, consuetudinarios, poco a poco puestos por escrito por particulares. Usos, costumbres o fueros de la tierra, se les llamó. También son fueros los otorgados por los monarcas como carta de población para atraer pobladores a núcleos recientemente conquistados o creados, cuyas connotaciones de privilegio son indudables. Solo en épocas posteriores con el término fueros se designarán también las disposiciones generales emanadas del Rey con las Cortes, y estos serán, en Aragón, los Fueros por antonomasia.

Entre los siglos XI y XIII, el profesor Lalinde ha señalado una triple dirección. En primer lugar, una foralidad burguesa y ciudadana, con centro en Jaca, de inspiración franca y fomentadora del comercio. En segundo lugar, una foralidad infanzona o militar, de carácter nobiliario, con punto de partida en Barbastro que se desplazará a Zaragoza. Por último, la foralidad de extremadura, que constituye grandes concejos o comunidades (Calatayud, Daroca, Teruel) en territorios fronterizos con los musulmanes.

Para lo que sigue, nos interesa especialmente el Derecho que se va formando en Jaca y de allí extendiendo a otras comarcas, pues con él más que con ninguno otro se relaciona el Derecho privado (civil) que llegará a los "Fueros de Aragón" y, consiguientemente, el Derecho civil hoy contenido en la Compilación del Derecho civil de Aragón, en la Ley de Sucesiones por causa de muerte y en la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad.

3.                Del Fuero de Jaca a los "Fueros de Aragón" (1247)

Sancho Ramírez otorgó a Jaca un fuero municipal -uno de los primeros que se conocieron en Aragón- en fecha discutida entre 1063 y 1078 (la más admitida hoy, 1077), con la mira de atraer nuevos pobladores que contribuyeran al florecimiento de una ciudad que sería capital del reino. Ofrecía este fuero -breve- un estatuto de libertad personal a una masa de pequeños comerciantes, artesanos, cambiadores de moneda u hospederos de mercaderes y peregrinos a quienes se daban excepcionales facilidades para la adquisición de bienes inmuebles, consagrándose la legitimación de su posesión por tenencia de año y día y estableciéndose numerosas garantías de seguridad jurídica y procesal.

Este fuero, además de adiciones específicas por concesión de sucesivos monarcas, se completó y amplió incorporando las costumbres jurídicas que habían traído los nuevos pobladores de Jaca y que en esta ciudad habían desarrollado. Con esta configuración se extenderá por el reino y fuera de él. En Navarra el Fuero de Jaca se concedió a Estella, a Sangüesa, al barrio de San Cernín de Pamplona y a otros lugares.

Cuando en 1187 Alfonso II confirmó el Derecho de Jaca, hizo la siguente declaración: "Se que de Castilla, de Navarra y de otras tierras suelen venir a Jaca a aprender buenos fueros y costumbres y llevarlos a sus lugares". Este Derecho no era sólo el concedido un siglo atrás, sino el formado por vía consuetudinaria y judicial al amparo de la libertad. Con materiales jurídicos dispersos -fazañas, fueros, costumbre, usos- se realizaron intentos de recopilación, por iniciativa de juristas particulares, desde la segunda mitad del siglo XI. Dicha labor cristaliza en diversas redacciones anónimas de un Fuero (extenso) de Jaca, en lenguas romances de discutible identificación, emparentadas tanto con los posteriores "Fueros de Aragón" como con el Fuero General de Navarra.

Es probable que en Jaca hubiera incluso una verdadera escuela de foristas, lo que explicaría el desarrollo temático y técnico del Derecho pirenáico navarro-aragonés y la afluencia de gentes de la tierra llana, así como de Navarra y Castilla, para aprenderlo y practicarlo de vuelta a sus lugares. Sin duda, en los pleitos celebrados en otras villas y ciudades se acudía en apelación a Jaca. En una carta enviada en 1342 por el Consejo de esta ciudad al de Pamplona, que solicitaba una copia compulsada de los fueros de Jaca, se recuerda que de la capital navarra se solía acudir en apelación a Jaca, lo mismo que desde San Sebastián y Fuenterrabía. Los jaqueses se negaron en aquella ocasión a proporcionar una versión completa y corregida de los fueros, argumentando que, de hacerlo, se quitarían motivos para que les llegaran los pleitos en apelación.

Este Derecho pirenáico de origen jaqués se extiende también por la tierra llana, en la ribera del Ebro y dota a la mayor parte del Reino, en la primera mitad del siglo XIII, de un ordenamiento judiciario relativamente uniforme. En su formación poco habían tenido que ver los monarcas.

4.                Los primeros "Fueros de Aragón" (Huesca, 1247)

A. La obra de Jaime I y la Corte General de Huesca. Jaime I, ya rey de Valencia y Mallorca, convoca Corte general en Huesca y promulga en 1247 unos Fueros de Aragón de aplicación territorial en todo el reino (salvo, por el momento, Teruel). La voluntad de unificación jurídica es clara en el monarca -que ya había promulgado los Furs para el nuevo reino de Valencia- y coincide en el tiempo con iniciativas legislativas similares en otros países europeos ("desde Sicilia hasta Islandia", precisa A. Wolf), incluida Castilla, mediante las obras legislativas de Alfonso X.

No es la "Compilación" o el "Código" de Huesca, como se denominó luego a estos Fueros de 1247, una mera recopilación o puesta en orden de las normas vigentes hasta el momento, aunque también persigue este objetivo de clarificación y seguridad jurídica. Vidal de Canellas afirma que no había ninguna escritura cierta y auténtica de los fueros de Aragón, e incluso acusa a los foristas de ocultar codiciosamente algunos cuadernos de fueros para aparecer como sabios a los ojos de la gente. La promulgación de los fueros por el monarca acabaría con esta situación de incertidumbre.

Pero Jaime I no se limitó a ello, sino que, partiendo de los fueros contenidos en escritos de sus predecesores -según palabras que pone en su boca el prólogo que pasó a la colección oficial-, muy probablemente las recopilaciones privadas de procedencia jacetana de que antes hemos hablado, los hace leer y enmendar en la "Curia general" (Cortes) que al efecto ha convocado en Hueca, con presencia de obispos, ricoshombres, caballeros y representantes de algunas villas y ciudades. Se suprimieron fueros considerados inútiles, se completaron y aclararon los oscuros, se corrigieron unos, se añadieron otros y se ordenó el conjunto en nueve libros, todo ello con el consejo y consentimiento de los presentes. Por último, el rey ordena que, en adelante, todas las causas se juzguen únicamente por estos fueros dentro de las fronteras de Aragón: las normas anteriores quedan tácitamente derogadas y las recién promulgadas -coincidan o no con las antiguas- tienen ahora un ámbito de aplicación territorial unificado. Esto último, con todo, sólo con muchos matices puede aceptarse como realidad en los siglos posteriores, dados los privilegios y costumbres vigentes en villas y ciudades.

B. Vidal de Canellas y el "Vidal Mayor". Es segura la participación de Vidal de Canellas en la elaboración de estos Fueros de 1247. Era obispo de Huesca, es decir, de la sede en que se reunió la Curia general; pariente del Rey; amigo del poderoso canonista Raimundo de Peñafort; es probable que hubiera intervenido ya en la redacción de los Furs de Valencia; consta su formación jurídica en Derecho romano y canónico en la Universidad de Bolonia, la más importante al efecto en la Europa de su tiempo. Su fama como jurista perduró durante siglos, pues era citado con particular veneración, y la obra sin duda suya (el "Vidal Mayor", traducción más o menos fiel, al aragonés, de la que comenzaba con las palabras In excelsis Dei Thesauris, de la que sólo se conservan fragmentos en latín) justifica esta fama. Todo ello lleva a pensar que su intervención en la redacción de los Fueros debió de ser muy intensa. De hecho, la mayoría de los historiadores han dado por supuesto que él fue el redactor o compilador, por encargo del rey, según parece decir uno de los prólogos.

Se ha discutido si la Maior Compilatio Vitalis (el "In Excelsis") recibió sanción oficial. El Libro es mucho más amplio y doctrinal, con eruditas explicaciones dirigidas a los foristas y a los letrados expertos en la administración de justicia; más cercano, por su contenido, al comentario o tratado doctrinal que a la escueta enunciación de normas. Pero ello no excluiría que hubiese sido promulgado junto a la Compilatio Minor, como su complemento y desarrollo, pues no podemos acercarnos al Derecho medieval con los conceptos de ley y de doctrina de los autores que el Estado de Derecho ha separado radicalmente.

En esta cuestión discutida, nos limitaremos a indicar como hipótesis plausible que el rey encargó a Don Vidal la redacción de la Compilatio Maior, mucho más romanizada ("europeizada", por tanto) y alejada del Derecho aragonés autóctono, y que posiblemente la promulgó; pero que su voluntad se estrelló frente a la oposición de la nobleza del reino, apegada al Derecho antiguo en su versión tradicional, de modo que, adentrado el siglo XIV, sólo la Compilatio minor es considerada oficial.

C. La ordenación sistemática de los Fueros. Las dos compilaciones de Fueros (la menor y la mayor) tienen exactamente la misma ordenación sistemática. Es decir, todos los textos de la menor se encuentran en la mayor, están en ésta bajo los mismos títulos, guardan el mismo orden secuencial y ambas compilaciones tienen -salvo lo que luego se dirá-  la misma división en libros.

Esta ordenación sistemática procede de Don Vidal, que encarece la importancia de habérsela dado y nos explica detallada y convincentemente los criterios utilizados. Imita, en lo posible, los libros y los títulos del Código de Justiniano y de las Pandectas, por lo que divide los fueros en nueve libros, de acuerdo con los del Código (tal como se entendía éste en la Edad media).

Ciertamente, las ediciones impresas de los Fueros de Aragón y la mayor parte de los manuscritos -desde principios del siglo XIV o poco antes- dividen la Compilatio minor en ocho libros. Pero que ambas compilaciones tuvieron en su origen nueve libros me parece indudable, pues resulta evidente que, cuando la menor se presenta en ocho, es así por el simple procedimiento de unir el segundo y el tercero en uno solo, dejando intacto todo lo demás. Esta unión puede conjeturarse que se produjo en 1300, como consecuencia de la decisión de Jaime II de abrir con sus fueros aprobados en Cortes de aquella fecha un nuevo libro, el noveno, al que hizo sitio de este modo para no aumentar el número de los del Código de Justiniano (modelo tan importante de código bien ordenado que sigue siendo el seguido siglos más tarde, en 1552).

D. Derecho civil en los "Fueros de Aragón". Los "Fueros de Aragón" (Huesca, 1247) contienen la totalidad del ordenamiento judiciario, es decir, las normas de procedimiento y las sustantivas o de fondo que los jueces han de tener en cuenta al juzgar tanto pleitos civiles como penales. Este era el ámbito de la tradición foral jacetana. Sólo con posterioridad se consideran también fueros y se promulgan como tal las normas atinentes a la organización, gobernación y administración del Reino, o a las garantías políticas de los aragoneses, aprobadas por las Cortes con el Rey.

Las normas de Derecho civil contenidas en los fueros de 1247 son fragmentarias, contenidas sobre todos en los libros segundo, tercero, cuarto y quinto (en la ordenación en ocho libros). La regulación de las obligaciones y los contratos fue luego abandonada en la práctica y sustituida por la del Derecho común europeo (Derecho romano y canónico), así como, en parte, la de los derechos reales. El Derecho de familia y el de sucesiones perduró, por el contrario, evolucionando hasta nuestros días. Ya se regula en los Fueros de 1247 el consorcio conyugal de muebles y adquisiciones, junto con las arras, como instituciones principales de lo que hoy llamamos régimen económico matrimonial. Se reconoce el usufructo de viudedad, al menos a favor de las viudas. La sucesión mortis causa tiene un marcado carácter familiar, con reglas distintas para los bienes de patrimonio y de abolorio y consideración específica del "consorcio foral". En cuanto a la libertad de disponer, lo único seguro es que los foristas de la época entendían de maneras diversas fueros que imponen reservar una parte para los hijos y prevén causas para su eventual desheredación. Sólo desde 1307 se implanta con relativa claridad lo que hoy llamamos "legítima colectiva".

5.                El Derecho supletorio.

El prólogo o decreto de promulgación Nos Iacobus ordena que, en adelante, en Aragón no se juzgue sino de acuerdo con los fueros promulgados, pero que si los fueros no son suficientes en algún caso, se acuda al sentido natural y a la equidad (ad naturalem sensum vel equitatem recurratur). Esta remisión al sentido natural y a la equidad no coincide exactamente con el texto de los prólogos en romance, ni con el In excelsis, y fue entendida de modos diversos hasta el final de la época foral, pues es la norma que indicó el derecho supletorio en ausencia de fuero hasta 1707 e incluso, para el Derecho civil, hasta 1925.

 "Sentido natural" y "equidad", como se ha dicho, no es vertido uniformemente en los textos romances. "Aequitas" no tenía una traducción romance admitida y así en unos textos da "mesurança" y en otros "memoria", cuando muy probablemente tuvo en su origen el sentido de 'igualdad' o 'igualación', es decir, la aplicación al caso no regulado de la norma dictada para otro similar o, dicho de otro modo, lo que hoy llamamos analogía o aplicación analógica. Con toda claridad exige esta aplicación analógica de los fueros, como primer recurso cuando el caso concreto no está regulado, el In excelsis, remitiendo luego a per probabiles rationes et naturalem sensus hominum.

El "sentido natural" está matizado de formas diversas en los prólogos transmitidos en romance. "Natural seso" (que parece un arquetipo abstracto) dice alguno, pero también "naturales sesos de buenos omnes et leales", que remite más bien a la necesidad de consultar a personas concretas, como aclara sin lugar a duda el prólogo del manuscrito de Miravete: "et si por aventura y vienen algunos casos dupdantes que non y aya fuero expreso, mandamos que iudguen con consello et con seso natural de buenos omes". Esta consulta a hombres buenos podría dar origen a un derecho de corte popular, pero también, por el contrario, a un derecho erudito, si se atiende a lo que indica el segundo prólogo del Vidal Mayor: "que fuesse iudgado lealmente por naturales sesos de buenos omnes et leyales, catando el acoriendo a los dreitos et a las leyes". Ambos aspectos, popular (jurisprudencial y consuetudinario) y erudito, pueden encontrarse luego en las Observancias.

6.   ¿Recepción del Derecho romano?

Derechos y leyes (iura et leges) son el Derecho romano, o éste y el canónico. ¿Podía aplicarse en Aragón, en defecto de Fuero, el Derecho romano? Ciertamente, a Vidal de Canellas no le repugnaba, pues en su Compilatio Maior pretendía armonizar Fuero y Derecho situando al primero en el contexto del segundo. Pero los foristas, en general, excluían expresamente la aplicación del Derecho romano, pues decían que las leyes romanas habían sido prohibidas por los reyes de Aragón (probablemente se referían a una constitución de Jaime I dada en Barcelona, en 1251, de dudosa aplicación directa a Aragón) y explicaban que los reyes de Aragón (como los demás de Yspanie, añade una de las glosas) no son ni han sido súbditos de los emperadores por lo que no han de aplicarse sus leyes. Ahora bien, está en el ambiente de la época considerar que el sentido natural y la equidad se encuentran en el Derecho romano (ratio scripta) y en el canónico, tal como expresa el segundo prólogo del Vidal Mayor y sin duda mantuvieron y practicaron muchos foristas de todos los siglos, por más que otros negaron la equiparación.

En cualquier caso, la penetración del Derecho romano y canónico fue menor en Aragón que en otros países europeos. El Derecho "común", romano-canónico, elaborado en las Universidades (a partir de la de Bolonia), recibido formalmente o por vía de hecho en los demás territorios de la Corona de Aragón (Cataluña, Valencia, Mallorca) o en otros reinos peninsulares (Castilla, Navarra), no lo fue del mismo modo entre nosotros. Propiamente (utilizando la terminología acuñada por Lalinde), no hubo "recepción", sino oposición política a la misma, resistencia, repudio consciente; lo que no pudo evitar, con todo, cierta penetración doctrinal e instrumental, como queda de manifiesto en el "Vidal Mayor", en las Observancias (más en las explicaciones de Jaime de Hospital que no pasaron a la colección oficial) o incluso en las glosas a los fueros. La cultura jurídica de los foristas es, inevitablemente, la cultura del Derecho común europeo.

7.               Otras tradiciones forales aragonesas.

A. Los "Fueros de Sobrarbe". Poco cabe decir de los llamados "Fueros de Sobrarbe". No conocemos texto alguno, corto ni largo, que pueda identificarse como fuero otorgado por algún Rey a esta comarca, o elaborado en ella o en ella aplicado. Mucho menos como normas previas a la existencia del primero de los reyes, que actuarían como condición y límite a la autoridad de éstos. Cabe suponer que se desarrollaría en Sobrabe un usus terrae, para todas sus gentes o sólo para infanzones, que podría ser diferente del de Aragón, pero no sabemos en qué consistirían las diferencias.

Prescindiendo aquí del importante mito político que caracterizó la doctrina foral del reino en los siglos XV y XVI, si unos "fueros de Sobrarbe" (o su espíritu, como inconcreto fuero de infanzones) han dejado huellas en el texto de los Fueros de Aragón, incluso en el Derecho privado, puede haber sido a través de su impregnación de la foralidad jacetana tal como la conocemos en los manuscritos de "Fuero de Jaca", que, en efecto, acogen y desarrollan la estructura estamental del Reino y los privilegios de ricoshombres, caballeros e infanzones.

B. La foralidad de extremadura. Una concepción distinta de la foralidad muestran los fueros de la "extremadura" aragonesa, es decir, la tierras más al sur en contacto bélico con los musulmanes. Son los fueros de Calatayud, Daroca y Teruel (este último asumido también en Albarracín).

Tanto el de Calatayud como el más extenso de Daroca debieron de perder vigencia, al menos por lo que respecta al Derecho civil, desde 1247. El de Daroca contenía, entre sus escasas prescripciones de Derecho privado, una totalmente contraria a la libertad de testar, según la cual no puede dejarse a un hijo más que a otro sino que todos han de dividir por igual. Es buena muestra de la diversidad de concepciones jurídicas sobre esta materia en distintas comarcas de Aragón, diversidad en cierto modo subsistente hasta nuestros días. De modo contrastante, los hombres de Jaca, desde 1187 (al confirmar sus fueros Alfonso II ), tanto si tienen hijo como si no, pueden disponer de sus bienes y heredades como les plazca, sin contradicción alguna. En los Fueros de Aragón de 1247 la cuestión queda incierta y discutida, y no es hasta el Fuero de testamentis civium, aprobado precisamente en Cortes celebradas en Daroca en 1311 (que amplía a todos los ciudadanos y demás aragoneses la facultad de hacer heredero a uno de los hijos, al que quieran, dejando a los otros lo que bien les parezca) cuando se encauza el problema a través de lo que hoy llamamos "legítima colectiva".

Es notable que el citado fuero de testamentis civium haga una salvedad expresa respecto de "los hombres de las universidades de Teruel y Albarracín, que tienen otros fueros suyos". En efecto, el Fuero concedido en 1177 por Alfonso II a Teruel (amplio territorio que tenía a la villa, luego ciudad, como centro), dio lugar a un cuerpo legal amplio, que en siglo XIII era tan extenso como el de Jaca, pero seguidor de una tradición jurídica distinta, la de la Extremadura aragonesa y castellana. Se ocupa de toda clase de asuntos: la organización judicial y la administración de justicia (a cargo del Juez y de los "alcaldes de fuero"), la gestión de los asuntos municipales, pesos y medidas, cabalgadas, indemnización por caballos muertos en la batalla (la posesión de caballos es criterio clave de estratificación social), delitos y sus penas y muchas cosas más.

Perduró su aplicación en Teruel (con sus aldeas), Abarracín y la villa de Mosqueruela hasta 1598, en que sus destinatarios se incorporaron a los Fueros de Aragón. Que sepamos, ninguna influencia recíproca hubo entre ambas foralidades, muy distintas entre sí. Por ejemplo, en el Fuero de Teruel la patria potestad conlleva fuertes poderes sobre los hijos, en contraste con la foralidad aragonesa, en que llegó a decirse que de consuetudine Regni non habemus patriam potestatem; aunque tiene interés recordar que en el Fuero de Teruel (y en el de Cuenca, con que está emparentado) se ha visto una manifestación de la patria potestad compartida entre el padre y la madre.

El régimen económico matrimonial, distinto del de los Fueros de Aragón, parece imponerse de manera más rígida a los cónyuges. Se prevé el pacto de hermandad, pero se dificulta extremadamente, exigiendo que se haga en público (en el concejo o en la colación) y con la aprobación de todos sus herederos. No parece haber usufructo de viudedad, aunque sí "aventajas" que pueden ser de bastante valor.

En el Derecho de sucesiones, es característico el derecho de los hijos legítimos a heredar todos por igual, sin posibilidad de dar a uno más que a otro, lo mismo que disponía el fuero de Daroca.

Es notable el especial valor que se da al pacto establecido por escrito, a la carta, de modo que los jueces y alcaldes han de reconocer su derecho inmediatamente y sin dilación a quien muestre la carta, tal como en ella esté y se contenga, no obstante cualquier fuero viejo o nuevo. Todo esto desarrollado y dicho con mucho mayor énfasis y siglos antes de que una Observancia del Reino recogiera la expresión "Standum est Chartae".

En 1598, como se ha dicho, desapareció la foralidad turolense. Pero quizás esta agregación formal a los Fueros de Aragón no supuso un gran cambio en la aplicación del Derecho civil, pues los particulares pudieron seguir actuando en esta materia con los mismos criterios tradicionales, en la medida en que no infringían normas imperativas de los Fueros de Aragón. Por ejemplo, el que ahora pudieran los padres hacer heredero a uno solo de los hijos no obligaba a nadie y los turolenses siguieron, por lo general, dividiendo la herencia igualitariamente entre los hijos; como, por lo demás, se hacía usualmente en gran parte del Reino. El principio de libertad civil permite, no impone, por lo que es capaz de integrar sensibilidades jurídicas muy distintas.

8.                Formación del "Volumen viejo" de los Fueros

A. Adiciones posteriores a la Compilación de 1247. Cuando los Fueros de Aragón se imprimen por vez primera (1476/77) la Compilación de 1247 constituye sólo una pequeña parte de sus páginas, que todavía crecieron en posteriores ediciones (1496, 1517, 1542), adicionando simplemente los fueros nuevamente promulgados a los antiguos, sin otro orden que el cronológico. A esta colección de fueros se le llama por ello "cronológica" y, a veces, los forista la denominaban "Volumen viejo".

Esta colección, cuando se imprimió, hacía tiempo que tenía doce libros. Los ocho primeros con los Fueros de Jaime I: la Compilación de Huesca, más varios textos heterogéneos colocados al final, entre los que destacan los fueros de Ejea de 1265 y, ya reinando su sucesor Pedro III, el Privilegio General otorgado por éste en 1283. Son dos piezas políticas de gran entidad, pues en la primera se perfila la figura del Justicia de Aragón, mientras que el Privilegio General (que sólo desde 1348 tiene formalmente el carácter de fuero) se convertirá en el fundamento pactado de las libertades del Reino.

B. Libro IX: Jaime II. El IX comprendía los fueros del reinado de Jaime II. En su largo reinado (más de treinta y seis años) se ocupó del ordenamiento foral como acaso ningún otro rey de Aragón, para lo que contó con el apoyo del Justicia Jimeno Pérez de Salanova, igualmente duradero en su cargo y uno de los Justicias con mayores conocimientos técnicos de todos los tiempos. Entre los fueros de Derecho privado, destacan los de testamentis nobilium (Alagón, 1307) y de testamentis civium (Daroca, 1311) sobre libertad de testar entre los hijos, que fueron decisivos para el Derecho aragonés de sucesiones por causa de muerte, y todavía hoy están en la base de lo dispuesto sobre legítimas en la Ley de Sucesiones por causa de muerte (arts. 171 ss.). También en materia de sucesiones y donaciones un fuero de los de 1311 se ocupa de la reversión de los bienes dejados por los padres a los hijos cuando estos fallecen abintestato sin descendencia (vid. arts. 209 y 210 de la Ley de Sucesiones).

En tema de liquidación de la sociedad conyugal por fallecimiento de un cónyuge, en 1307 se amplía el contenido de las "aventajas" a que tiene derecho el viudo (vid. art. 57 Comp.).

C. Libro X: Pedro IV. Los fueros de las Cortes convocadas por Pedro IV ocupan el libro X de los Fueros. En Cortes de 1348 (en que abolió el Privilegio de la Unión) y en las muchas otras que tuvo este Rey se regularon algunas de las piezas claves del entramado político-administrativo del gobierno del Reino. En cuanto al Derecho civil (que es lo único que aquí nos ocupa), es importante y duradera la limitación de la capacidad de obrar de los mayores de 14 años (edad de la mayoría) y menores de veinte. En 1348 se atiende al riesgo de que los menores que salen de la tutela sean presionados o engañados al aprobar y dar finiquito de las cuentas de la misma. Por ello se retrasa a los veinte años la facultad de hacerlo, o bien, desde los catorce, con la aprobación de dos parientes de la línea de donde procedan los bienes y autorización judicial (compárese con el vigente art. 6 de la Compilación). Al año siguiente se limitan más sus facultades, pues para la enajenación de bienes sitios (inmuebles) se requiere hasta los veinte años aprobación judicial por causa de necesidad. Dos siglos más tarde, en 1564 (Felipe I, Monzón), se da una regla distinta, en que lo decisivo es la intervención de los padres, antecedente directo del Derecho hoy vigente.

Otro fuero de 1348 amplía las aventajas del marido y otro de 1349 se ocupa de los bienes del ausente del reino durante más de diez años, permitiendo a los hermanos y demás parientes entrar en posesión de los bienes y tomarlos de los procuradores o administradores del ausente, dando garantías de que no los enajenarán y que, en caso de volver el ausente, le rendirán cuentas. Es norma que está entre los antecedentes de los arts. 7 y 8 de la Compilación.

D. Libro XI: Juan I. Su hijo y sucesor Juan I celebró dos reuniones de Cortes, pero sólo en una se aprobaron fueros, en Monzón, 1390, que pasaron a formar el breve libro XI. Entre otras cosas, se acordó en aquellas Cortes que las vasijas o tinajas de vino y de aceite, aunque por fuero y uso del Reino debían considerarse entre las cosas muebles y, por tanto, dividirse entre marido y mujer al disolverse el matrimonio, como de ello de siguen muchos perjuicios, habrán de considerarse en lo sucesivo como sitios o inmuebles y no entrar en la división.

El usufructo vidual a favor tanto del viudo como de la viuda sobre los bienes inmuebles del difunto era una institución practicada y regulada desde siglos atrás. Ahora se añade la precisión de que el viudo, con cargo al usufructo, ha de mantener o alimentar adecuadamente a los hijos comunes. En 1398 (Martín I, Zaragoza) se ampliará esta obligación para abarcar también a los hijos sólo del difunto (hijastros del viudo). Puede verse hoy lo dispuesto en el art. 116 Lrem. Algo que ver con esto tienen también los artículos 9-3 y 10.

E. Libro XII: Martín I. Martín I quiso, como sus predecesores, que los Fueros por él promulgados en Cortes formaran un nuevo libro, el XII. En él se recogen los de Cortes de Zaragoza, 1398-1400, y Maella, 1404, siendo éstos los primeros que se publicaron en romance y no en latín. De Cortes de Martín I, además del fuero citado sobre alimentos, son también, en materia de Derecho civil, varios fueros sobre donaciones (Zaragoza, 1398). Uno de ellos exige la insinuación (constatación judicial) de las de cuantía mayor de quinientos sueldos para que puedan oponerse a los acreedores del donante. Otro, para el caso de donación de todos los bienes o de los bienes habidos o por haber ("institución contractual de heredero, diríamos hoy), señala casos en que los hijos pueden impugnarla si nada les deja el donante, o no han sido mencionados los que luego nazcan. Se trata, por tanto, de proteger la legítima de los descendientes, pero en términos que no es fácil integrar con el resto del sistema legitimario, que parece ha sido discutido en todas las épocas.

En las mismas Cortes se dispone, respecto del derecho de viudedad, que lo pierde el viudo o viuda por el solo hecho de desposarse por palabras de presente, aunque el matrimonio no se haya solemnizado en la faz de la Iglesia ni se haya consumado por cópula carnal.

F. El resto del Libro XII. La Casa de Trastamara. Al morir Martín I sin descendientes legítimos se abrió una crisis sucesoria que, como es sabido, resolvió el Compromiso de Caspe a favor de Fernando I de Antequera, Infante de Castilla. En las ediciones impresas de los Fueros se deja constancia de su llegada al trono y la forma en que ocurrió. A partir de este momento, las adiciones al Volumen de los Fueros parecen más descuidadas, sin abrir nuevos libros, de modo que el XII llegó a ser muy abultado.

Entre los fueros civiles contenidos en este Libro XII, hay algunos de Juan II (1461) que son precedente más o menos directo de normas hoy en vigor. Así, una concreción sobre la reversión de donaciones caso de fallecer intestado y sin hijos el donatario. Otro fuero establece que la mujer, a quien el marido ha nombrado en su testamento tutora de los hijos comunes, o del mismo modo el marido nombrado tutor por la mujer, no pierdan la tutela por el hecho de casarse de nuevo. Además, "el sobrevivient de los ditos coniuges, si querrá tener, nodrir e alimentar a sus propias expensar sus fillos, no le puedan seyer tirados por otro algún. E si los ditos pupilos no tenrán padre, ni madre, o el padre o la madre no los querrán alimentar a sus propias expensas, el agüelo o la agüela los pueda tener, e alimentar a sus propias expensar".

Las últimas palabras transcritas dieron lugar a la admisión del ejercicio de la autoridad familiar por los abuelos sobre sus nietos, que la Compilación de 1967 recogía y que, tras la reforma de 1985, se encuentra regulada en el art. 10. La primera parte, tras una profunda reforma del sistema en 1985, conduce a la autoridad familiar del viudo sobre los hijos de su cónyuge (hijastros suyos) y a lo ahora dispuesto en el art. 9-3.

También se introduce la prescripción de veinte años en los depósitos o comandas, y se proporciona a los herederos facilidades procesales para obtener los bienes que estuvieron sujetos a viudedad (vid. art. 88 Comp.). Sobre el ejercicio del derecho de viudedad que recae en villas o castillos se había pronunciado otro fuero de 1442 (Zaragoza, María Reyna Lugarteniente); y es que la viudedad es una institución que incide con fuerza en la vida social y económica, por lo que recaba periódicamente la atención del legislador.

9.                Las Observancias

Ya la primera edición de los Fueros (1476/77) contiene, con foliatura distinta, la colección llamada generalmente "Observancias". En realidad, su título es más largo y da mejor idea de su complejo contenido: "Observantiae consuetudinesque Regni Aragonum in usu communiter habita", es decir, Observancias y costumbres del Reino de Aragón comúnmente tenidos en uso.

La colección de Observancias se había confeccionado oficialmente a mediados del siglo XV, pero compilando materiales anteriores. En efecto, para la resolución de los pleitos los jueces no sólo tenían en cuenta los fueros, sino también costumbres, precedentes de otros juicios (sobre todo, del Justicia Mayor) y opiniones de los foristas, que se recogían por escrito bajo el nombre de Observancias. Las primeras, asistemáticas, que se conocen pueden ser de finales del siglo XIII. A principios del XIV el Justicia Pérez de Salanova recoge una colección sistematizada por el orden de los fueros. En el último tercio del mismo siglo Jaime de Hospital elabora una colección más amplia, romanizada y tendente a la teorización, que sigue igualmente el orden que entonces tenían los fueros (en su inmensa mayor parte, referidas a los de Jaime I).

Las Cortes celebradas en Teruel en 1428 acuerdan por "acto de Cortes" encomendar al Justicia Martín Díez de Aux que, con otros juristas por él designados, proceda a reunir en un volumen los usos, observancias y actos de Cortes del reino. Cumplen el encargo de manera selectiva y resumida, en nueve libros y en latín. Sin duda, utilizaron recopilaciones anteriores, especialmente la de Jacobo de Hospital. Antich de Bagés criticaría que se dejaran fuera observancias realmente aplicadas, acusando a los compiladores de pretender seguir siendo indispensables, como únicos conocedores de las inéditas. Lo cierto es que, desde entonces, las Observancias, que habían sido expresión de una forma flexible de creación del Derecho en manos de los foristas, en especial de los jueces y por encima de todos del Justicia, se congelan y petrifican en un breve texto ya inalterable.

Aunque las Observancias así coleccionadas por encargo de las Cortes no habían de adquirir más valor que el que tuvieran con anterioridad, lo cierto es que se imprimieron, a continuación de los Fueros, desde 1476/77, prácticamente como si fueran leyes.

De este modo, sin haber sido nunca promulgadas, se consideraron vigentes con fuerza de ley, y aun se teorizó sobre la preferencia entre fueros y observancias en razón de las fechas de unos y otras. Más aún, cuando en 1925 se promulga el Apéndice al Código civil correspondiente al Derecho civil de Aragón, en la fórmula derogatoria se incluyen la Observancias, como si de leyes se tratara.

10.          La Recopilación sistemática de los Fueros impresa en 1552

Cuando se imprimieron por vez primera los Fueros (1476/77) ya sólo una pequeña parte de los mismos (los correspondientes a la Compilación de Huesca de 1247) estaban ordenados según un criterio sistemático, y aun aquéllos en un orden para entonces incomprensible.

Con el paso del tiempo y la adición según fechas de los fueros de las sucesivas Cortes el volumen foral había de resultar de difícil consulta. Al trabajo de encontrar el fuero (para lo que había índices alfabéticos de rúbricas) se añadían las dudas sobre si no estaría derogado o modificado por otros posteriores.

Las Cortes celebradas en Monzón en 1533, bajo la presidencia de Carlos I, le informaron de la necesidad de reformar el volumen de los Fueros, por lo que el Rey, "a suplicación de la Corte y de voluntad de aquella, dió comisión a ciertas personas para la reformación del dicho volumen: la cual por destorvos que se travessaron no pudo efectuarse por entonces".

Fue también en Monzón, en las siguientes Cortes (1547), presididas por el entonces Príncipe Don Felipe, donde se tomó la decisión que había de resultar definitiva. Se encomienda la tarea de reformar el volumen de los fueros (naturalmente, sin alterar su contenido: algo así como un "texto refundido") a una comisión formada por veintiuna personas, allí nombradas (nueve por parte del Rey y tres por parte de cada uno de los cuatro brazos de las Cortes).

La obra compuesta por la comisión de Cortes de 1547 es impresa en 1552, en Zaragoza, por Pedro Bernuz. El texto y ordenación en ella dados son repetidos (hasta en la paginación) en todas las ediciones posteriores (incluída, por tanto, la más a la mano para el estudioso actual, que es la de Savall y Penén), con las adiciones necesarias. Veámoslos, por tanto, con algún detenimiento.

La decisión básica es separar y distinguir los fueros considerados vigentes de los que la derogación por otros posteriores o el desuso hacían ya inaplicables. Estos últimos no son, sin embargo, simplemente suprimidos y excluidos, sino que se publican formando un cuerpo aparte, con el título de "Fori, quibus in iudiciis nec extra ad praesens non utimur" ("Fueros que al presente no usamos ni en los juicios ni fuera de ellos").

El cuerpo principal de la obra lo constituyen el conjunto de los fueros promulgados desde 1247 hasta 1547 y considerados vigente en esta fecha, refundidos y ordenados todos ellos en nueve libros, bajo rúbricas que suelen ser las que ya tenían en la colección cronológica. En cada rúbrica, los fueros están ordenados por orden cronológico, indicándose al principio de los de unas mismas Cortes el Rey  que las convocó y el lugar y fecha de celebración. Tanto las rúbricas como la aludida indicación están en latín (con algunas excepciones en las rúbricas), aunque luego los fueros se reproducen en la lengua en que ya estaban en la colección cronológica (en latín hasta los primeros años del siglo XV, con pequeñas excepciones en ambos sentidos).

Probablemente, el modelo justinianeo (con la errónea suposición de que el Codex estaba dividido en nueve libros) sirvió a la Comisión de 1547 para situar en cada uno de los nueve libros los fueros cuyas rúbricas, ya en la colección cronológica, coincidían, total o parcialmente, con los títulos de cada uno de los nueve primeros libros del Código. Lo que ocurre es que las rúbricas romanizantes no siempre tienen mucho que ver con los fueros que encabezan, por lo que la agrupación resulta temáticamente muy heterogénea. El resto de los fueros, sin rúbricas equiparables a las romanas, se colocarían por su afinidad (o las de sus rúbricas) con los previamente situados. Lo que parece seguro es que en ningún momento se intentó un orden original, inducido de la materia regulada.

Al separar cada fuero, según su rúbrica o contenido, de los otros promulgados en las mismas Cortes, no podían publicarse precedidos de los proemios y seguidos, en su caso, de los colofones con que aparecían en la colección cronológica. También aquí los comisionados optaron por no prescindir de ningún párrafo de los que antes constituían el volumen de los Fueros. Ahora aquellos proemios y colofones se publican al comienzo de la obra, por orden cronológico, cada uno tras unas líneas referidas al rey o lugarteniente que hizo fueros en Cortes. Así se encuentra el prólogo Nos Iacobus, que precedía a la Compilación de 1247 y, sucesivamente, los que de Cortes de ese siglo y posteriores se habían impreso. Todo ello bajo el título: "Los Serenísimos Reyes de Aragón de inmortal memoria, que han celebrado Cortes en el Reyno, y en aquellas hecho Fueros, Leyes y Constituciones, de voluntad de la Corte y cuatro Braços de aquella, son los que se siguen: con designación de los lugares y tiempos que las dichas Cortes se tuvieron".

11.          Los Actos de Cortes

En las Cortes de Aragón se toman muchos más acuerdos y decisiones que los que luego se promulgan como Fueros, pero no se habían coleccionado ni impreso sino éstos hasta que en Cortes de Monzón de 1552-53 y por Acto de ellas se encomienda a una comisión de representantes del Rey y de los cuatro brazos que compongan una colección con los Actos de Cortes que convenga publicar, y que ésta se imprima.

Así se hace con rapidez, pues en 1554 se publica "Actos de Cortes del Reyno de Aragón", en la imprenta de Pedro Bernuz (en el mismo tamaño, forma y carácter de letra que su edición de Fueros). Allí se transcriben, ordenados cronológicamente, Actos de Cortes desde las de Cariñena en 1360 a las de Monzón de 1552-53, con indicación de las hojas del registro del proceso de las correspondientes Cortes en que se encuentra el original.

La comisión antepone un erudito prólogo en que ilustra la necesidad de que las leyes sean públicas y su conocimiento al alcance de todos mediante analogías entre las Leyes y el Sol (pues, como éste, no han de estar ocultadas en lugares secretos) y documentado recuerdo al romano Gneo Flavio.

En realidad, no era ésta la primera vez que las Cortes cuidaron de la publicación de Actos de Cortes distintos de los Fueros. En mi opinión, en el encargo conferido en 1427 a la comisión que presidió Díez de Aux se incluían los Actos de Cortes (Actus Curiarum), por más que sólo en muy pequeña medida los incluyó aquélla comisión en su relativamente breve trabajo, pues sólo 17 Actos de Cortes, desde 1364 a 1428, se encuentran al final del libro IX de las Observancias.

Muchas opiniones se han producido sobre la distinción entre Fueros y Actos de Cortes. Creo que es plenamente correcta la de Gerónimo Martel (Forma de celebrar Cortes en Aragón) quien, tras indicar que unos y otros se tramitan y aprueban del mismo modo, se pronuncia así: "Aunque los Fueros y Actos de Corte son una misma cosa, comunmente se les da esta diferencia en el nombre de los unos a los otros que fueros, propiamente llamamos a las leyes que se otorgan para la expedición de la justicia, assí en las cosas civiles como criminales, y estos ordinarimante son los que se imprimen, aunque sean temporales, lo demás que se otorga y concede se llama Actos de Corte como son las habilitaciones, salarios, limosnas y lo que para los oficios de la Diputación y tocante al buen gobierno dello se provee, y de estos muchos se imprimen y muchos se dexan de imprimir por ser como son muy particulares, y de la misma manera se observan, guardan y executan como los mismos Fueros, pues los unos y los otros son actos hechos por el Rey y la Corte que estamos obligados a la custodia y guardia de ellos".

12.          Los foristas y sus obras

La norma jurídica necesita intérpretes que la hagan aplicable y vital. Los Fueros tuvieron a los foristas, autores de obras que constituyen una tradición doctrinal aragonesa comparable con la de los demás Derechos territoriales europeos y, como todas ellas, inmersa y en contraste con el Derecho común europeo.

A. Edad Media. Vidal de Canellas es el primer gran autor que escribió sobre Fueros. El Liber in Excelsis, citado hasta principios del siglo XIV como "Libro de Fueros", conservó en este siglo y en el XV una gran autoridad aun cuando se le consideraba obra privada, meramente doctrinal. Todavía en el XVIII se le cita, aunque para entonces debían ser muy escasos los ejemplares. Al hablar de la Compilación de Huesca (1247) ya nos hemos ocupado de este  forista de excepcional cultura jurídica.

José Luis Lacruz ("Contribución a la metodología del Derecho privado en Aragón", 1944) señaló como primeros intérpretes de los Fueros, tras Vidal de Canellas, a "Martín Sagarra y Sancho de Ayerbe, que viven en la segunda mitad del siglo XIII; Pérez de Salanova, Pelegrín de Anzano, Juan Pérez de Patos y Jacobo de Hospital, que viven en el siglo XIV".

Pérez de Patos es el más importante representante del género de las Glosas a los Fueros: las suyas llegaron a ser consideradas como "glosa ordinaria". El último representante del género de la glosa puede ser, ya a finales del siglo XV, Martín de Pertusa.

De Martín Sagarra y de Sancho de Ayerbe sabemos que fueron autores (¿recopiladores?) de Observancias, lo mismo que Pelegrín de Anzano y Pérez de Salanova. Este último fue Justicia de Aragón largos años durante el reinado de Jaime II y, probablemente, el primero que ordenó las Observancias siguiendo el orden de los Fueros.

El autor más importante de Observancias es Jacobo (o Jaime) de Hospital, en obra compuesta sobre la de Pérez de Salanova, pero ampliada y enriquecida con Summas y Quaestiones iuris, que sirvió a su vez de base para que la Comisión presidida por Díez de Aux en 1427 entresacara las que pasaron a la breve recopilación oficial.

Antich de Bages criticó el trabajo de la Comisión al comentar ampliamente las Observancias en importante obra, desgraciadamente nunca impresa, de la que la BUZ posee uno de los manuscritos.

B. Siglo XVI.

a) EL "Repertorio" de Molino y los Escolia de Portolés. La obra más importantes para la práctica en los siglos XVI y XVII es, sin duda, la que con el título Repertorium fororum et Observantiarum Regni Aragonum una pluribus cum determinationibus Consilii Justitiæ Aragonum practicis atque cautelis eisdem fideliter annexis publica Miguel Del Molino en Zaragoza, 1513, en la imprenta de Coci. Conocida habitualmente como "el Repertorio" o Repertorium. La parte más importante, escrita casi en su totalidad en latín, son las voces ordenadas por orden alfabético en las que se resumen los Fueros y Observancias pertinentes y se explican concisamente los puntos controvertidos, con cita de decisiones judiciales (muchísimas del Justicia) y opiniones de foristas y juristas.

Su éxito lo muestran las ediciones de 1533, 1554 y 1585, los voluminosos Scolia sive Adnotationes con que Portolés enriqueció el Repertorio (entre 1587 y 1592) y su utilización, confesada o no, por autores posteriores, hasta nuestros días.

Se le ha atribuido, con error, un Formulario de actos extrajudiciales de la sublime arte de la notaría (Zaragoza: Jorge Coci, 1523), obra de un notario anónimo del siglo XVI.

b) Manuales ("Sumas"). Jaime Soler publicó en 1524 una breve Suma de los Fueros y Observancias del noble e ínclito reino de Aragón. Es la primera Suma impresa que conocemos, y la primera escrita en castellano. Poco más sabemos de este autor, que parece ser el mismo que publica un Repertorio de todas las leyes de Castilla (Toledo, por Gaspar de Ayala, 1529).

Con sólo dos años de distancia entre sí (1587 y 1589) aparecen otras dos Sumas de los Fueros y Observancias, de Bardaxí la primera y de Bernardino de Monsoriu la otra. A diferencia de la de Soler, siguen el orden de la recopilación de Monzón, 1552. Son libros elementales para facilitar la práctica, sobre todos a quienes no han estudiado Derecho en la Universidad ni leen cómodamente el latín.

Juan Ibando de Bardaxí es también autor de unos elegantes Comentarios a los cuatro primeros libros de los Fueros, que salieron póstumos en 1592.

c) Práctica procesal. Del último tercio del siglo XVI son dos importantes obras para la práctica de los tribunales y ante los tribunales: el Libro de la práctica iudiciaria del reyno de Aragón, de Pedro de Molinos (1575, con reediciones en 1625 y 1649), que parece ser la que tuvo mayor predicamento, y Methodus, sive ordo procedenti judiciarus Stylum et Foros Aragoniae, de Miguel Ferrer (1579)

d) Decisiones. Casi al final de este siglo (1598) aparece la primera colección de decisiones de la Real Audiencia: Monter de la Cueva, Martín, Decisionum Sacrae Regiae Audientiae Caesaraugustanae civilium Regni Aragonum. Merecía la pena coleccionar y estudiar las resoluciones de la Real Audiencia del Reino de Aragón porque sus decisiones estaban motivadas, es decir, expresaban los normas que habían de aplicar, las interpretaban y argumentaban el sentido del fallo: algo prohibido a los Tribunales en casi toda Europa (en Aragón quedó prohibido por aplicación de las leyes de Castilla tras la Nueva Planta).

e) Monografías. La primera monografía conocida, con el título de Tractatus de divisione bonorum soluto matrimonio (sobre el consorcio o comunidad conyugal), es obra de Martín de Pertusa y Pedro Francés, escrita en romance en la segunda mitad del siglo XV y publicada sin indicación de autoría y con su texto castellanizado bajo la voz Divisio en la edición de 1585 del Repertorio de Miguel del Molino.

Las monografías más importantes en el Derecho civil aragonés son las de Portolés, Tractatus de consortibus eiusdem rei et fideicomiso legali (sobre el consorcio foral), impresa en 1584, 1619 y 1691; y la de Andrés Serveto de Aniñon, Tractatus de succesionibus ab intestato secundum Leges Aragoniae (Bolonia, 1558). Este culto Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia (en la que fue becario en el Colegio de San Clemente) y catedrático luego en la de Zaragoza escribió también Tractatus de consortio et retractu foralibus et de retractu conventionali secundum Leges Aragonensium (1589).

D. Siglo XVII. Se publican en este siglo otras importantes colecciones de dictámenes y decisiones de tribunales, como las de Luis de Casanate, José Sessé y Piñol, Juan Cristóforo de Suelves y Español y Juan Crisóstomo Vargas Machuca. Son gruesos volúmenes de heterogéneo contenido, insuficientemente explorados por los estudiosos.

E. Siglo XVIII. Todavía en los pocos años del siglo XVIII en que estuvieron vigentes en su integridad los Fueros de Aragón se publicó la primera edición (1703; hubo otra en 1788) del Tyrocinium de Lissa y Guevara (Gil Custodio).Obra didáctica, de iniciación, en los moldes de las Instituciones de Justiniano.

Aunque su obra salió a la luz ya tras la abolición de los Fueros, puede considerarse como el último forista, que señala el punto final de una época, a Luis Franco de Villalba, magistrado que ya había hecho carrera con los Austrias y será muy influyente con Felipe IV (V de Castilla). Su voluminoso "Código" (Fororum et Observantiarum Regni Aragonum Codex sive enodata methodica compilatio jure civile et canonico fulcita, legibus Castelae conciliate, atque omnigena eruditione contexta, Zaragoza, 1727) es un complicado y farragoso almacén de heterogénea erudición e intención, en que los Fueros y Observancias se relacionan y comparan con el Derecho castellano (ya, prácticamente, Derecho supletorio en Aragón), el romano y el canónico, con cita de autores de países y épocas distintos.

13.          Decadencia foral

En 1591 es decapitado, por orden de Felipe I (II en Castilla) el Justicia de Aragón Juan de Lanuza "el Mozo". En las Cortes celebradas en Tarazona al año siguiente la constitución del Reino cambia en aspectos muy sustanciales. Los Fueros no quedaron derogados o abolidos -ni la institución del Justicia suprimida-, pero sí modificados profundamente en aquellas Cortes de 1592, pues decapitado el Justicia y con el ejército castellano en los alrededores, los cuatro brazos acceden fácilmente a las pretensiones del soberano, dirigidas a cambiar la manera de formarse la voluntad de los brazos en las Cortes, a sujetar a su voluntad la institución del Justicia y la Diputación del Reino, a limitar las garantías procesales y a introducir la censura de imprenta, entre otras innovaciones.

Después de estas Cortes nada volvió a ser como fue en la vida política, administrativa y judicial del Reino, aunque se guardaran hasta cierto punto las apariencias.

Las reuniones de Cortes del siglo XVII son escasas y todas, salvo las de 1626, celebradas en Zaragoza (1645-46, 1677-78, ya con Carlos II, y 1686-87). Apenas se legisla sobre Derecho privado. Las de 1592 habían aprobado que los legatarios pudieran tomar posesión de los bienes legados (vid. art. 164 LS) y hecho una aclaración sobre los fueros de mercaderes alzados (es decir, quebrados). En las de 1626 se hace una precisión sobre derechos de los legatarios y, en 1678, se extiende el derecho de saca a las ventas judiciales y se introduce la exigencia de inventario y caución a los que tienen usufructo de viudedad sobre bienes muebles.

14.          La Nueva Planta.

A. Los Decretos. En 1706 Zaragoza y parte del Reino se suman a la causa del Archiduque Carlos, de modo que cuando las tropas de Felipe de Borbón (al que los aragoneses habían jurado fidelidad, y él los Fueros, en 1701, y tenido Cortes en 1704) triunfan en Almansa el Reino puede considerarse vencido. Es el momento del Decreto de abolición de los Fueros (26 de junio de 1707).

Para Aragón en 1711 era ya definitiva la victoria de Felipe IV, cuando promulgó su Decreto de 3 de abril de 1711, que es el que de modo estricto merece denominarse "de Nueva Planta".

Aunque es común y puede admitirse hablar genéricamente de "Decretos de Nueva Planta", conviene sin embargo hacer algunas distinciones y precisiones. En primer lugar, que los Decretos de Felipe IV que abolen los Fueros de Aragón y, luego, establecen su subsistencia únicamente para lo que sea "entre particular y particular" son distintos y de contenido no coincidente con el referido a Cataluña (1716); que el trasfondo político y jurídico no es el mismo que en Valencia (donde los furs quedaron definitivamente abolidos) y que los problemas y las soluciones son también distintas en Mallorca (1715). Además, que si bien los dos Decretos más importantes para Aragón son los citados de 1707 y 1711, el número de los pertinentes se eleva al menos a cinco.

Los Decretos se presentan como expresión del poder absoluto del Rey que, en el primero de ellos, fundamenta su derecho en la rebelión de los aragoneses y el dominio absoluto que le corresponde por herencia y por derecho de conquista, razones por las cuales abole los Fueros de Aragón y sujeta al Reino a las leyes de Castilla. Dice así en lo más esencial:

".he juzgado por conveniente (assi por esto, como por mi deseo de reducir todos mis Reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres i Tribunales, governándose igualmente todos por las leyes de Castilla, tan loables, i plausibles en todo el universo) abolir, i derogar enteramente, como desde luego doi por abolidos i derogados todos los referidos fueros, privilegios, practica, i costumbre hasta aquí observadas en los referidos Reinos de Aragón, i Valencia, siendo mi voluntad que estos se reduzcan a las Leyes de Castilla."

Se ha hablado de un designio unificador por parte del monarca, que sería por ello también modernizador, a la manera francesa. Pero de hecho, ni en Navarra ni en Vizcaya alteró el régimen foral. Sobre todo, se aparta decisivamente del modelo francés al sujetar un reino a las leyes de otro, el de Castilla. La cuestión no es en modo alguno anecdótica. Ciertamente, este es el designio de imposición de las leyes de Castilla que iniciaron los Austrias, al menos desde Felipe I, y que tuvo señalada expresión en el memorial del Conde-Duque de Olivares. Desdichadamente, perdurará en los siglos posteriores, llevará al relativo fracaso de la codificación civil y explica en buena parte la difícil articulación política de los distintos elementos de la nación española todavía hoy, a principios del siglo XXI.

El Decreto de abolición y unificación, con los demás referentes a la "Nueva Planta", no formó nunca parte del Derecho aragonés. No tiene sitio en el sistema de fuentes del ordenamiento aragonés, en el que es impensable. Nunca se imprimió, que se sepa, en Aragón. Sí en Castilla, donde era de esperar dado su origen: entre los Autos Acordados que completan la Nueva Recopilación de las Leyes de Castilla, y luego (recortados y refundidos) en la Novísima Recopilación de las Leyes de Castilla, en su Libro III, título 3 ("De los Fueros provinciales") y en el Libro V, título VII. Es allí donde los juristas españoles aprendieron a ver los Fueros de Aragón como una rareza consentida, privilegio y peculiaridad dentro de las leyes castellanas. Contra la verdad histórica.

Felipe IV rectificó ligeramente un mes después (Decreto de 29 de julio de 1707), pero sólo en cuanto que reconoce que muchos aragoneses, tanto ciudades y villas como particulares, eclesiásticos y seglares, nobles, caballeros y ciudadanos le han permanecido fieles y no deben ser notados de rebeldes, razón por la cual les mantiene en todos sus privilegios particulares; pero insiste en la abolición de los fueros del Reino.

Para la historia del Derecho aragonés, mucha mayor importancia tuvo la rectificación introducida en 1711, tras consulta que, a diferencia de Valencia, encontró respuesta en Aragón. El Decreto de 3 de abril de 1711 establece una nueva forma o estructura de gobierno en Aragón y nombra los distintos cargos, empezando por el "Comandante General" (luego se llamará "Capitán General") "a cuyo cuidado esté el Govierno Militar, Político, Económico y Governativo", cargo que recae en el Principe Tserclaes de Tilly, que presidirá por ello la Audiencia. Esta tendrá dos Salas, una para lo Civil, con cuatro ministros, y otra con cinco para lo Criminal, nombrados libremente por el monarca sin atender a su procedencia. Pues bien,

".en la Sala del Crimen se han de juzgar y determinar los pleitos de esta calidad según la costumbre y Leyes de Castilla. [mientras que] la Sala Civil ha de juzgar los Pleytos civiles, que ocurrieren, según las Leyes Municipales de este Reyno de Aragón, pues para todo lo que sea entre particular y particular, es mi voluntad se mantengan, guarden y observen las referidas Leyes Municipales, limitándolas sólo en lo tocante a los contratos, dependencias y casos, en que Yo interviniere con cualquiera de mis vasallos, en cuyos referidos casos y dependencias, ha de juzgar la expresada Sala de lo civil, según las leyes de Castilla."

En el par de líneas que van puestas en cursiva, por sí tan poco expresivas, descansa la existencia del Derecho civil aragonés hasta nuestros días.

B. El Derecho civil que subsiste. A partir de 1711, de los Fueros quedan vigentes únicamente las reglas que rigen las relaciones entre particulares. Todo lo demás es Derecho castellano (gobierno y administración,  asuntos penales). De modo aproximado, puede decirse que queda vigente el Derecho civil, aunque en la época el concepto no está fijado del mismo modo que hoy. Acaso incluya algunas cuestiones que hoy consideraríamos de Derecho administrativo (de hecho, en 1722 se confirmaría que las Ordinaciones de Montes y Huertas de la Ciudad de Zaragoza seguían en vigor), pero, sobre todo, incluye en principio el procesal civil y las reglas de Derecho mercantil contenidas en los Fueros; además de las más estrictamente civiles, sobre obligaciones y contratos, propiedad y otros derechos reales, personas y derecho de familia y sucesiones.

C. El problema de las fuentes y el Derecho supletorio. Ciertas normas, las de Derecho privado (incluido el procesal), siguen vigentes, pero han desaparecido las fuentes propias de producción jurídica. Abolidas las Cortes de Aragón, sólo el Monarca que legisla para Castilla y, ya en el siglo XIX, las Cortes españolas podían hacer evolucionar eficazmente un Derecho que, conforme pasa el tiempo, queda más alejado de las necesidades y valoraciones de una sociedad en cambio. A partir de 1711 puede decirse que el problema del Derecho (civil) aragonés es, básicamente, un problema de fuentes. Y así continuará hasta la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía, en que las Cortes de Aragón asumen la competencia legislativa sobre Derecho civil.

El Derecho aragonés, que hasta 1711 no había reconocido -oficialmente- la necesidad de acudir a cuerpos legales extraños para dar respuesta a todos los casos que pudieran presentarse, se ve forzado a admitir (ante la imposibilidad de que sus fuentes propias atiendan a nuevas necesidades) un Derecho supletorio producido fuera de Aragón. El hecho de que el Derecho castellano estuviera vigente en el reino de Aragón para todo lo que no fuera "entre particular y particular", así como la negativa histórica a aceptar la aplicación del Derecho común romano-canónico (que, sin embargo, también tuvo partidarios), llevaron -al parecer, sin mayor disputa- a aceptar la aplicación del Derecho castellano como supletorio de los preceptos aún vigentes de los Fueros y Observancias.

D. Los autores. Ya se ha mencionado el Codex de Franco de Villalba. En el último tercio del siglo XVIII destacan dos obras de distinta índole, buen exponente de la visión que podía tenerse del Derecho aragonés en la época.

La Ilustración a los quatro processos forales de Aragón, de Juan Francisco La Ripa, vio la luz por vez primera en 1764. Su objeto directo es la exposición de las especialidades procedimentales de los procesos de aprehensión, firma, inventario y manifestación, sólo en sus aspectos civiles y tal como se practicaban en la época, como excepciones al procedimiento ordinario castellano que se había introducido. Su utilidad práctica era evidente. El conocimiento del estilo de la Audiencia de Aragón era difícil incluso para los magistrados que se incorporaban a ella, como muestra el éxito de las notas que, siendo oidor de la misma, escribió Francisco Carrasco y que corrían manuscritas.

La Segunda Ilustración (1772) tiene mayor ambición histórica y doctrinal, además de aportar en las últimas cincuenta páginas una monografía sobre el régimen económico matrimonial, tal como lo regulaban los fueros o podía pactarse en capítulos, incluido, naturalmente, el derecho de viudedad.

En 1771 publica Ignacio Jordán de Asso, junto con Miguel de Manuel, un manualito dedicado a la enseñanza  en las Universidades del Derecho "vigente" (no ya el romano), con el título Instituciones del Derecho civil de Castilla, en el que, al fin de cada uno de los capítulos, "se añaden las diferencias que de este Derecho se observan en Aragón por disposición de sus Fueros". El Derecho civil aragonés, por tanto, aparece como una serie de excepciones o peculiaridades referidas al Derecho castellano, que implícitamente se considera el "común".

Esta forma de ver las relaciones entre Derecho aragonés y Derecho castellano (generalizando, los "derechos forales", según terminología acuñada en la época), como excepciones al "Derecho común", que sería el castellano, carece de fundamento histórico. Es fruto de una determinada voluntad política unificadora del Derecho que confunde e identifica "castellano" y "español", política que se recrudecerá en el siglo XIX y supondrá, para el Derecho aragonés, una rémora que hoy todavía padecemos. Pero el libro de Asso, que tuvo varias ediciones (la última en 1806), utilizado largamente en las Universidades -donde nunca se ha enseñado de manera reglada el Derecho aragonés; tampoco, hasta este siglo, en la de Zaragoza-, sirvió al menos para que los juristas españoles de principios del siglo XIX supieran de la existencia de nuestro Derecho civil.

15.          La Codificación.

A. La actitud aragonesa ante el Código civil. Los juristas aragoneses del pasado siglo comparten con otros muchos juristas españoles el proyecto político de lograr una  legislación civil unificada para toda España, mediante un Código civil único. No sería ello sino culminación de una forma de concebir la sociedad y el Derecho que ha propiciado las transformaciones jurídicas que, desde las Cortes de Cádiz -abolición de privilegios estamentales, incorporación de señoríos jurisdiccionales a la Corona, conversión de los solariegos y territoriales en propiedad capitalista de la tierra, leyes desamortizadoras, ley hipotecaria, unificación del Derecho mercantil en el Código de comercio de 1829, etc.- han configurado un Derecho capitalista y un mercado nacional único, en cuyo seno el Derecho civil aragonés ha sufrido los mismos cambios de fondo que el Derecho castellano. Un Código civil único no es visto, en principio, como una imposición contra la que hay que luchar, sino como un ideal que llama a una tarea común, nacional española.

Esto no significa menosprecio o renuncia del Derecho aragonés, pues en el Código español, para los juristas aragoneses, no habría de recogerse sólo la legislación castellana, sino también la de las demás regiones, muy señaladamente la aragonesa, que juzgan superior en muchos aspectos.

Testimonios de esta actitud de los juristas aragoneses ante la Codificación hay muchos, mientras que es difícil encontrar alguno en contrario.

Opinan así foralistas tan relevantes como Joaquín Martón y Gavín y Francisco Santapau y Cardós (autores del mejor tratado de Derecho aragonés del siglo XIX, aunque quedó incompleto), Pascual Savall y Dronda y Santiago Penén y Debesa, que publicaron en 1866 la edición de los Fueros y Observancias de que nos hemos servido todos desde entonces, Joaquín Gil Berges, Decano del Colegio de Abogados de Zaragoza durante buena parte de su vida e impulsor del Congreso de Jurisconsultos de 1880-81, o el mismo Joaquín Costa.

B. El Congreso de Jurisconsultos Aragoneses. El Congreso de Jurisconsultos aragoneses fue convocado en 1880 para realizar la tarea de codificación del Derecho aragonés propuesta por Gil Berges, para quien si la promulgación de un Código civil español seguía retrasándose, los aragoneses debían tomar la iniciativa de formar un Código civil aragonés: un verdadero Código, "Cuerpo legal completo, ordenado y metódico", formado por, a) de una parte, todos los artículos del Proyecto de 1851 que, cualquiera que sea su procedencia, no lesionen la esencia y nervio del Derecho foral; b) sustituyendo los contradictorios con éste por las disposiciones que constituyen la legislación civil aragonesa, "expurgadas de resabios y rancideces de la edad media, rectificadas en sus extravíos, fijadas en los puntos controvertibles, innovadas en lo necesario y con tendencia a un fin nacional".

"Nacional" quiere decir, obviamente, "español". Naturalmente, ello supone la derogación de los Fueros y Observancias, pues, desde su promulgación, el Código aragonés, aunque limitado en el espacio, habría de ser un verdadero código en la tradición ilustrada y revolucionaria.

Pero el Decreto de 2 de febrero de 1880, del Ministro de Gracia y Justicia Alvarez Bugallal, vino a condicionar aquellos propósitos, en sí mismos, por lo demás, de incierta realización.

De una parte, y para redactar una Memoria de las instituciones aragonesas que, como excepción, han de incluirse en el Código para regir únicamente en Aragón, se nombra a Luis Franco y López vocal correspondiente de la Comisión General de Codificación, y este acepta y realiza la tarea al margen del Congreso ya convocado (fecha su Memoria en 31 diciembre 1880, cuando el Congreso no terminará hasta meses más tarde), en cuyas tareas para nada participa. Las "Instituciones" de Franco y López no corresponden a la idea codificadora con que el Congreso fue convocado.

De otra parte, los congresistas dudan sobre el alcance que hay que dar al propuesto "Código aragonés".

Los acuerdos del Congreso en la sesión de 18 de noviembre de 1880 entienden oportuna y conveniente la codificación del derecho civil foral vigente en Aragón, con las reformas y supresiones aconsejadas por la experiencia, y consideran dos hipótesis, que podrían darse sucesivamente. Hecho el Código civil aragonés, debía solicitarse -a las Cortes- que fuera desde luego promulgado como ley de Aragón, y que rigiera mientras no se publicara el Código general civil de España; pero si llega a formularse un proyecto de Código general civil de España, deberá solicitarse que se incluyan en él las instituciones fundamentales del Derecho civil aragonés como Derecho general de España o como Derecho particular de Aragón y después de formado el Código civil aragonés, deberá acudirse al Derecho general para suplir sus deficiencias.

Pero al llegar a la última sesión (7 de abril de 1881), ya se prevé que el Código civil español se aprobará en breve. Se constituye una Comisión codificadora, compuesta por dieciséis jurisconsultos (que se nombran) para que redacten un Proyecto de Código civil Aragonés, pero este Código civil aragonés se entiende necesariamente limitado a "todo el derecho civil especial de Aragón que debe quedar vigente como excepción del derecho común de España". "Especial", "excepción" y "derecho común de España" son conceptos clave en este texto, y lo serán en efecto en los siguientes cien años.

La Comisión, compuesta por los más notorios foralistas de la época, no realizó el trabajo encomendado, ni parece que se lo propusiera de inmediato, a la espera de los acontecimientos.

C. Las conclusiones del Congreso, directrices de política legislativa.

Los acuerdos o conclusiones tienen la finalidad de fijar el sentido general de los preceptos que la Comisión Codificadora habría de redactar para el Código Civil Aragonés, a la manera de "bases" para su desarrollo en el texto articulado. Contienen, por tanto, sustanciales y conscientes propuestas de modificación del Derecho aragonés entonces vigente. Son las normas que se pretenden modificar legislando para el futuro (objeto previsible de mayores desacuerdos) las que, por ello mismo, ocupan mayor espacio en las conclusiones.

Algunas de las propuestas innovadoras entraron luego en el Derecho vigente y hoy las vemos como cosa ordinaria, mientras que otras iban por caminos de supresión o de modificación radical de instituciones que, sin embargo, pervivieron en etapas posteriores.

D. El Código civil y sus Ley de Bases. La Ley de Bases del Código civil, de 1888, renunció a un Código civil único y exclusivo para toda España. De acuerdo con su art. 5.º (que pasó al 12 del Código, con la adición de "escrito o consuetudinario) "las provincias y territorios en que subsiste derecho foral lo conservarán por ahora en toda su integridad, sin que sufra alteración su actual régimen jurídico escrito o consuetudinario por la publicación del Código, que regirá tan solo como supletorio en defecto del que lo sea en cada una de aquellas por sus leyes especiales".

El Código civil español de 1888 no incluía -no incluye- todo el Derecho civil vigente en España. Los Derechos forales -entre ellos el aragonés- se conservarán en toda su integridad por ahora. Indicación temporal esta última que suponía una amenaza aunque sin señalar plazo cierto.

Una amenaza pero también una promesa: la futura elaboración y aprobación de "apéndices del Código civil, en los que se contengan las instituciones forales que conviene conservar en cada una de las provincias o territorios donde hoy existen".

Por tanto, el futuro oficialmente previsto en 1888 para las normas civiles de los Fueros y Observancias entonces vigentes era su reducción a un apéndice al Código que contuviera sólo las "instituciones que conviene conservar". La decisión última sobre esta conveniencia y, por tanto, la extensión sustantiva del "apéndice" correspondía a las Cortes. Se preveía la intervención ("previo informe") de las Diputaciones provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel y de los Colegios de Abogados.

Mientras tanto, el Código civil entraba a regir en Aragón, salvo en aquellas materias civiles reguladas en los Fueros y Observancias. El art. 13 Cc. disponía que en Aragón el Código comenzará a regir "al mismo tiempo que en las provincias no aforadas en cuanto no se oponga a aquellas de sus disposiciones forales o consuetudinarias que actualmente estén vigentes". Esta regulación se introdujo a consecuencia de un voto particular en el Congreso formulado por Gil Berges, acorde con el sentir general de los juristas aragoneses (expresado en su Congreso de 1880-81) de que el Código civil había de ser el único supletorio del Derecho aragonés.

16.          Los Proyectos de Apéndice

A. El camino hacia el Apéndice. La obra de Franco y López. Aragón fue el único país de fuero que puso inmediatamente manos a la obra de formar un "apéndice", aunque ya se comprende que no todos los juristas estuvieran igualmente convencidos de la conveniencia de este camino ni concibieran del mismo modo la extensión y alcance del "apéndice" de Derecho civil aragonés.

Franco y López, influyente político del partido conservador además de competente abogado y foralista, había dado temprana muestra de su conocimiento del Derecho aragonés al publicar en 1841, junto con su coetáneo y amigo Felipe Guillén y Carabantes, unas Instituciones de Derecho civil aragonés, compendio único en castellano, en el que aprendieron varias generaciones de foralistas.

En 1880, como se ha dicho, presentó a la Comisión de Codificación, de la que era miembro correspondiente, su "Memoria sobre las instituciones que deben continuar subsistentes del Derecho civil aragonés y reforma y adiciones que en ellas es conveniente establecer", que contiene un proyecto de ley de 210 artículos distribuidos en un Título Preliminar y cuatro libros. En su opinión, buena parte de las instituciones civiles forales debían o podían suprimirse, en aras de la unificación del Derecho civil español, conservándose tan sólo algunas especialidades irreductibles al Derecho castellano y cuyo desarraigo de la vida social aragonesa parecía imposible. Ni la costumbre contra ley ni el principio Standum est chartae tenían sitio en su propuesta.

En 1893 publicó una "Adición a la Memoria", que no es sino una adaptación de ésta al nuevo Código, con algunos puntos de vista nuevos.

B. La Comisión de 1889. El Proyecto Ripollés (1899). Distinto talante, siempre dentro del respeto de las previsiones de la Ley de Bases, muestra el Proyecto de Apéndice elaborado por la Comisión que comenzó a trabajar en Zaragoza el mismo año 1889.

Cuando una Real Orden de 15 de octubre de este año recuerda a las Corporaciones provinciales y Colegios de Abogados la necesidad de evacuar con brevedad el informe previsto en la Ley de Bases, previo a la formación del Proyecto de Apéndice, la Diputación de Zaragoza, con sano criterio, toma la iniciativa de celebrar (como se hizo el 26 de octubre de 1889) una reunión general de representantes de las Diputaciones y Colegios de Abogados, en la que se dio entrada también a los del Colegio de Notarios y de la Facultad de Derecho de Zaragoza. En ella se acordó crear una comisión de ocho ponentes (Gil Berges, Martón, Escosura (Desiderio), Casajús, Ripollés, Isabal, Serrano (Luciano) y Sasera) con el encargo de presentar, además de un informe sobre la "Memoria" de Franco y López (que por esta razón y ser miembro correspondiente de la de Codificación es el único de los foralistas conocidos del momento que no forma parte de esta "Ponencia"), un proyecto de Apéndice del Derecho civil aragonés, en forma de Código, del cual había de ser supletorio el Código civil general de España.

Este es el origen del Proyecto que se publicará en 1899 (conocido como "Proyecto Ripollés"). En realidad, el texto estaba completamente redactado en 1895, pero entendieron entonces que "no eran tiempos adecuados para preparar y obtener reformas legislativas de tal alcance". Recordemos que está por medio la fecha crucial de 1898; el año anterior fue asesinado Cánovas, en el 95 había comenzado la guerra de Cuba.

En 1899, cuando en el primer gabinete Silvela accede a la cartera de Gracia y Justicia Durán y Bas, se publicó un Real Decreto constituyendo en Aragón, como en los demás territorios con Derecho civil especial, comisiones de juristas dependientes de la General de Codificación. La preexistente Comisión aragonesa, que ahora se considera a sí misma "privada", se disuelve y remite a la nueva Comisión "oficial" el proyecto que tenía terminado. Se imprime entonces -a cargo de la Diputación Provincial de Zaragoza-, "por si lo consideraba [la nueva Comisión] aprovechable en sus tareas, y toda vez que aquella recibió su encargo de las mismas Corporaciones que ahora han intervenido en el nombramiento de vocales para la segunda".

La denominación "Código civil de Aragón", que se propone para la ley, es muy significativa. Corresponde a las conclusiones del Congreso de 1880-1881. Ripollés admitía que la ley hubiera de llamarse "Apéndice" (por no poder evitarlo), "si bien para el uso ha de procurarse introducir el nombre de "Código civil de Aragón", o el de "Código especial de Aragón".

C. La Comisión de 1899. El Proyecto Gil Berges (1904). La siguiente Comisión estaría constituida por nueve vocales, designados por cada una de las Diputaciones y Colegios de Abogados, la Universidad, el Colegio Notarial y la Academia jurídico-aragonesa y presidida por Joaquín Gil Berges. A este se debe la mayor parte, cuando no la totalidad, de la redacción del articulado y, sin duda, la extensa y brillante Exposición de Motivos, con interesante información sobre Derecho consuetudinario. Se publicó -también por la Diputación provincial de Zaragoza- en 1904.

Sus 370 artículos comienzan con un Título Preliminar sobre fuentes. La norma primera es "el tenor de las cláusulas de los documentos, de acuerdo con el apotegma Standum est chartae". Sólo a falta de documentos y para suplir las oscuridades y omisiones de que adolezcan aplicarán los Tribunales la costumbre; y sólo tras la costumbre (local, comarcal y territorial, por este orden) se aplicarán "las disposiciones de este Apéndice". De modo que éste carece de normas imperativas. El Código civil sólo es supletorio en último lugar, en ausencia de norma privada, de costumbre y de regla contenida en el Apéndice.

Los cuatro libros en que se distribuye su articulado no siguen el orden del Código, siendo su principal divergencia el tratamiento en el Libro I de todo el Derecho de la persona y, sobre todo, de la familia (incluida, naturalmente, la viudedad), con lo que se llega así al art. 226.

Los otros tres libros, mucho más breves, tienen los mismos rótulos que los correspondientes del Código, pero contenido más específico y fragmentario.

D. Formación y vigencia del Apéndice de 1925. El Proyecto de la Comisión aragonesa fue enviado al Gobierno a fines de 1904. Pasaron casi veinte años antes de que éste tomara ninguna iniciativa conocida. No antes de 1922 (en que en las Cortes se produjo alguna intervención motivada por la jurisprudencia abusivamente unificadora del Tribunal Supremo), la Comisión Permanente de la General de Codificación, bajo la presidencia de Antonio Maura, inicia la redacción de un Anteproyecto de Apéndice Aragonés. Lleva fecha de 18 de junio de 1923 (el golpe de Estado de Primo de Rivera ocurre el 13 de septiembre) y el Directorio Militar, en sus primeros meses de confusa actitud regionalista, encuentra una buena ocasión de demostrar que es capaz de llevar a cabo en semanas la tarea que el régimen parlamentario no había logrado durante decenios, según dice el nuevo Ministro de Gracia y Justicia, el aragonés Galo Ponte y Escartín.

El Proyecto se sometió a información pública el 27 de febrero de 1924 (Gaceta de Madrid de 2 de marzo), acaso para hacer olvidar el formal incumplimiento del art. 7º de la Ley de Bases: ni se recabó previo informe de las Corporaciones aragonesas (salvo que se entienda por tal el Proyecto enviado veinte años antes), ni la Comisión de Códigos se limitó a ser oída, sino que de ella procedía en su integridad el Proyecto. La información pública apenas tuvo otro fruto que el contenido doctrinal de algunos de los escritos presentados y muy escasos cambios en el Proyecto: el más importante, pero puramente simbólico, la introducción de la frase Standum est chartae en lugar inocuo (art. 59), en que nada cambiaba sobre lo ya decidido.

17.          El Apéndice de 1925

El "Apéndice al Código civil correspondiente al Derecho foral de Aragón" fue aprobado por Decreto de 7 de diciembre de 1925, para entrar en vigor, por previsión expresa, el 2 de enero de 1926. Este Decreto de la Dictadura fue ratificado con fuerza de ley -junto a otros muchos- por la República, mediante la ley de 30 de diciembre de 1931.

Sus escasos 78 artículos se presentaban bajo rúbricas no numeradas, siguiendo el orden de materias del Código civil: como si fueran simples excepciones de los preceptos de éste. Impresión que acentuaba el art. 1.º, al disponer que "según está  preceptuado por los artículos 12 y 13 del Código Civil, las disposiciones forales del presente Apéndice regirán en Aragón, no obstante lo estatuido por aquella ley común acerca de los respectivos casos y asuntos".

Las materias tratadas eran las relaciones jurídicas entre ascendientes y descendientes, la ausencia, la tutela y la mayor edad (arts. 2-13, en lo que correspondería al libro I del Código); las servidumbres (arts. 14-16, que correspondería al libro II), los testamentos y sus formas, la herencia, la institución de herederos, la legítima, la sustitución y la desheredación, la sucesión intestada y disposiciones comunes a las herencias con testamento o sin (arts. 15-47, que correspondería al libro III) y los contratos sobre bienes concernientes al matrimonio, la sociedad conyugal tácita, la sociedad conyugal paccionada, la viudedad, el contrato de compra y venta y los contratos especiales sobre ganadería (arts. 48-77, que correspondería al libro IV).

El art. 78 contenía una disposición final (en realidad, derogatoria) del siguientes tenor: "Desde que entre en vigor el presente Apéndice, quedará totalmente derogado el Cuerpo legal denominado "Fueros y Observancias del Reino de Aragón".

Dada la evidente desproporción entre las propuestas aragonesas de codificación civil y su fruto en la Gaceta de Madrid en forma de "Apéndice", el Apéndice de 1925 recibió una acogida muy desfavorable en los medios jurídicos aragoneses. Una de las más fuertes razones del rechazo fue la mutilación a que sometía al Derecho aragonés, principal­mente en cuanto a sus fuentes. Como dejó escrito Moneva, "se hizo más vehemente entre los letrados aragoneses el deseo de corregir yerros del Apéndice que lo había sido el de verlo publicado".

El único mérito que se suele reconocer al Apéndice es el de haber puesto fin a la abusiva jurisprudencia del Tribunal Supremo negando aplicación a las normas aragonesas sobre sucesión abintestato y, desde el punto de vista de la práctica, su -relativa- facilidad de aplicación.

Sin embargo, conviene recordar que ha sido la norma legal vigente durante más de cuarenta años y que todavía algunas cuestiones que llegan hoy a los tribunales se rigen por sus reglas. Derogado por la Compilación en 1967, todo su contenido viene a estar incluido en ella, si bien -además de algunas opciones de signo distinto- con otra sistemática, alcance más amplio y una técnica superior.

También puede decirse que el "Apéndice" nos deparó, indirecta­mente, una obra fundamental sobre los Fueros. Marceliano Isábal, vocal de la Comisión de Codificación y que, con toda probabilidad, no había quedado muy contento del resultado al que había tenido que contribuir, publicó un notable homenaje al Derecho entonces derogado. Su "Exposición y comentario del cuerpo legal denominado Fueros y Observancias del Reino de Aragón", que sintetiza en artículos redactados con técnica moderna el Derecho civil de los Fueros y Observancias y expone su contenido, es la última obra dedicada a aquel Cuerpo legal en su conjunto (en cuanto estaba vigente tras la Nueva Planta). Fue publicada en 1926 por el Colegio de Abogados de Zaragoza con la fotografía de su autor, que era el Decano del mismo.

18.          Del Apéndice a la Compilación de 1967

Ya se ha dicho que tan pronto como se publicó el Apéndice los juristas aragoneses se propusieron revisarlo y mejorarlo. La primera ocasión se presentó bajo la Constitución republicana, de modo que en 1935 se constituyó una Comisión para la revisión del Apéndice, nombrada por el Ministro de Gracia y Justicia. También durante la Segunda República, los Proyectos de Estatuto de Autonomía de Aragón (en 1931, el de la Diputación de Zaragoza y el del S.I.P.A.; en 1936, en de Caspe y "el de los notables") tuvieron en cuenta el Derecho foral aragonés para recoger competencias legislativas y de diversa índole sobre el mismo por parte de la futura (y, como se sabe, nunca existente entonces) región autónoma.

En la posguerra, Aragón vuelve a ser, como había sido en el siglo XIX, el mayor impulsor de la legislación foral en España. Aquí surgió la convocatoria de un "Congreso Nacional de Derecho civil", celebrado en Zaragoza en octubre de 1946, en el que, con asistencia de autoridades nacionales y representación de los juristas de todas las regiones con Derecho civil propio, se aprobaron unas conclusiones que sentaron las bases para la formación y aprobación de todas las Compilaciones de los Derechos civiles forales o especiales promulgadas entre 1959 y 1973. La iniciativa de aquel Congreso procedía del grupo de juristas aragoneses reunidos en el Consejo de Estudio de Derecho Aragonés (incardinado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en la Facultad de Derecho de Zaragoza), que organizó desde 1942 en Jaca Jornadas de Estudios del Derecho aragonés estrechamente relacionadas con los trabajos prelegislativos. Sólo este contexto organizativo, dedicado al estudio y difusión del Derecho civil aragonés, hizo posible la existencia de la Compilación.

La Comisión de Juristas aragoneses que, desde 1944, tenía el encargo de redactar un texto articulado de Derecho civil aragonés (cuya tramitación ulterior y aprobación había de producirse en instancias madrileñas) tomó en 1953 el acuerdo de formar un Seminario presidido por uno de sus miembros, el profesor Lacruz Berdejo, formado por jóvenes investigadores, que habría de aportar a las Secciones y Pleno de la Comisión el estudio histórico y de Derecho comparado, con los materiales correspondientes, así como propuestas articuladas sobre cada una de las instituciones. La importancia decisiva de la actividad del Seminario para la Compilación de 1967 puede apreciarse por la simple lectura de los Informes en él elaborados, publicados mucho tiempo después (en 1996) por iniciativa del Justicia de Aragón.

La Comisión hizo público un primer Anteproyecto en 1962, sobre la base del que el Seminario había concluido el año anterior, que se sometió a información pública.

De la posterior evolución (Comisión de Codificación, primero en Sección especial y luego en el Pleno; Cortes, en Comisión y en Pleno), interesa señalar aquí que la necesidad de someter el texto elaborado en Aragón a otras instancias y poderes externos suponía -sin perjuicio de algunas aportaciones y mejoras- una merma y recorte del contenido posible de la ley. También, que, en definitiva, el contenido de la Compilación aprobada como Ley 15/1967, de 8 de abril, corresponde en su inmensa mayor parte al texto propuesto por la Comisión aragonesa, basado en el de su Seminario.

19.          La Compilación de 1967.

La Compilación, con las limitaciones de toda obra humana y las específicas de una época y unos condicionantes políticos y jurídicos, acertó en lo esencial. Acertó, para empezar, en la determinación del sistema de fuentes (ley, costumbre, principios generales, entre ellos el standum est chartae), dando así satisfacción a las aspiraciones manifestadas por los juristas aragoneses desde finales del pasado siglo.

También puede considerarse, en general, acertado el elenco de instituciones jurídicas que regula y la forma en que lo hace. En muchas de ellas son perfectamente detectables los antecedentes que se remontan a los Fueros y Observancias, adaptados, como es obvio, a las necesidades y criterios de los aragoneses del siglo XX.

La Compilación tenía 153 artículos (más una disposición derogatoria del Apéndice, otra final y doce transitorias) distribuidos en un título preliminar ("Las normas en el Derecho civil de Aragón") y cuatro libros: I, Derecho de la persona y de la familia (arts. 4-88, de los que los arts. 23 a 88 han sido derogados y sustituidos por la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad de 2003); II, Derecho de sucesiones (arts. 89-142: derogado y sustituido por la Ley de Sucesiones por causa de muerte, de 1999); III, Derecho de bienes (arts. 143-148) y IV, Derecho de obligaciones (arts. 149-153). En opinión de Castán Tobeñas y de De los Mozos, su sistemática recuerda a la del Código civil italiano de 1942; pero el hecho es que la distribución de las materias es también muy similar a la del Proyecto aragonés de 1904.

20.          Evolución del Derecho civil aragonés en el marco autonómico.

En 1967 la Compilación valía como ley del Estado español, en el contexto de un proceso compilador de todos los Derechos llamados forales que tendía a la formación de un futuro Código civil general español. En aquella etapa, su texto no tuvo otra modificación que la introducida, muy poco antes de la Constitución y en atención a ella, por R.D-L. 33/1978, de 16 de noviembre, sobre mayoría de edad, cuyo art. 4.º modificaba los arts. 6.º, 27 y 99-1 Comp. sustituyendo la expresión "veintiún años" por "dieciocho años".

Desde 1978, promulgada la Constitución, el Derecho civil aragonés sólo puede ser competencia legislativa autonómica, mientras que, correlativamente, el Estado -entendiendo por tal sus órganos centrales- en nada puede alterarlo. Nada puede hacerse, por tanto, que tienda a la promulgación de un Código civil único para toda España. Por decirlo con una de las conclusiones del Congreso de Jurisconsultos sobre los Derechos civiles territoriales en la Constitución, celebrado en Zaragoza en 1981, "la Constitución garantiza la pluralidad de regímenes jurídicos civiles coexistentes en el territorio nacional, entendiéndola no ya como un problema, sino como un bien enriquecedor. La Constitución de 1978, a diferencia de las anteriores, no establece como un desideratum la unificación del Derecho civil".

El legislador aragonés ha asumido decididamente la responsabilidad de poner al día el Derecho civil propio, ejerciendo sus competencias de "conservación, modificación y desarrollo" en el marco del art. 149-1-8.ª Const. Merece recordarse que el Tribunal Constitucional, señaladamente en su Sentencia de 12 de marzo de 1993, ha interpretado este artículo en un sentido muy favorable a la competencia legislativa autonómica.

La primera ley aprobada por las Cortes de Aragón en ejercicio de esta competencia fue la de 21 de mayo de 1985, preparada por dos comisiones técnicas (la primera, constituida en 1981, presidida por Lacruz Berdejo). Su principal finalidad era la "adaptación constitucional", para lo que modificó parcialmente bastantes artículos de la Compilación -sin alterar la estructura y opciones principales de ésta- para acomodar sus prescripciones a los principios constitucionales, en particular los de igualdad entre los cónyuges y de no discriminación por razón de filiación. Siguió así los pasos del legislador central, que en 1981 había realizado tarea de finalidad similar en el Código civil. También aprovechó para introducir algunas otras reformas circunstanciales.

De acuerdo con su artículo 1º, "se adopta e integra en el Ordenamiento jurídico aragonés el texto normativo de la Ley 15/1967, de 8 de abril". Dicho de otro modo, la Compilación, que hasta entonces valía como ley estatal, desde este momento vale como ley autonómica, es Derecho (civil) autonómico, sustentado en su vigencia y fuerza de obligar por la voluntad del pueblo aragonés manifestada a través de sus repre­sentantes. La Exposición de Motivos de 1967 parece quedar al margen de esta "integración", pero no hay duda de que mantiene la misma utilidad que tenía para la interpretación de los preceptos de aquella fecha.

La Ley de 1985 derogó la Disp. Adicional de la Compilación (ya claramente inadecuada) sobre revisión decenal y Comisión compiladora; y añadió otras disposiciones transitorias a las de 1967.

Posteriormente, una Ley de 25 abril 1988 (que, recurrida de incons­titucionalidad, dio origen a la favorable S. T.C. 12 de marzo de 1993) introdujo un precepto sobre equiparación de los hijos adoptivos (art. 19 Comp.); y otra de 29 marzo 1995 modifica los arts. 135 y 136 para dar entrada a la Comunidad Autónoma como sucesora abintestato en defecto de toda otra persona con derecho a heredar y en lugar del Estado.

Tras las anteriores modificaciones del texto de la Compilación se abre una nueva etapa en la legislación autonómica en materia de Derecho civil. Una Comisión asesora del Gobierno de Aragón en esta materia hizo pública en octubre de 1996 una Ponencia General sobre "Objetivos y método para una política legislativa en materia de Derecho civil en Aragón", que se hizo llegar a todos los profesionales del Derecho con ejercicio en la Comunidad. En ella se propone y razona la formación de un Cuerpo legal del Derecho civil de Aragón (si ha de llamarse o no "Código" queda por el momento sin decidir) que sustituiría en su momento a la Compilación vigente, recogiendo y ampliando el contenido de ésta.

Como primer paso, en 1999 (Ley 1/1999, de 24 de febrero) se aprobó una extensa Ley de Sucesiones por causa de muerte, de 221 artículos, que entró en vigor el siguiente 23 de abril. Deroga el Libro II de la Compilación.

Poco posterior, del mismo año 1999, es la Ley relativa a parejas estables no casadas (Ley 6/1999, de 26 de marzo), fruto de uno Proposición de Ley presentada en las Cortes de Aragón.

Preparada, como la Ley de Sucesiones, por la Comisión aragonesa de Derecho civil, en 2003 se aprobó la Ley de régimen económico matrimo­nial y viudedad (Ley 2/2003, de 12 de febrero), que, como aquélla, entró en vigor el siguiente 23 de abril. Consta de 120 artículos, y derogó los arts. 7º y 22 a 88 del Libro I de la Compilación. La ley 13/2006, de 27 de diciem­bre, de Derecho de la persona, preparada también por la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, deroga el Libro Primero "Derecho de la per­sona y de la familia" de la compilación. Consta de 168 artículos y entró en vigor el 23 de abril de 2007.

Con la misma preparación se promulgó la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho civil patrimonial, que entró en vigor el 1 de enero de 2011, sobre la materia de los libros III (Derecho de bienes) y IV (Derecho de obligaciones) de la Compilación, que quedaron derogados. Meses antes se había aprobado la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres (llamada habitualmente de "custodia compartida"), fruto de una proposición parlamentaria.

21. El Código del Derecho Foral de Aragón de 2011

Con la citada ley de Derecho Patrimonial se culminaba el programa propuesto por la Comisión Aragonesa de Derecho civil en su memoria de 1996. Quedaba ahora la tarea de formar con todas ellas (más las dos de iniciativa parlamentaria) un "Cuerpo legal" que contuviera todas las normas legales del Derecho civil de Aragón de manera sistemática, en sustitución de la Compilación de 1967.

Las Cortes optaron pon encomendar al Gobierno la formación de un texto refundido de las leyes citadas con el título de "Código del Derecho Foral de Aragón". La Comisión asesora había propuesto el de "Código del Derecho Civil de Aragón": el calificativo "civil" tiende a connotar que no es un Derecho especial por su contenido ni mucho menos excepcional respecto de algún otro; el de "foral", bien fundado en la historia, concuerda con la dicción del Estatuto de Autonomía de 2007.

La delegación legislativa se incluyó como disposición final primera en la Ley 8/2010, de Derecho Patrimonial, y daba al Gobierno el plazo de un año a partir del 1 de enero de 2011. Aunque la autorización incluía la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que habían de ser refundidos, el Gobierno ha realizado el encargo con la mayor fidelidad a los textos legales previos y en un breve tiempo, en el entendimiento de que la tarea, encomendada a la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, era predominantemente técnica.

El resultado, publicado con el Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, es un Código de factura moderna, compuesto por 599 artículos, precedidos de un extenso Preámbulo (refundición de los preámbulos de las leyes refundidas) y seguidos de unas cuidadas Disposiciones transitorias. Su ordenación no es muy distinta de la de la Compilación: Título preliminar (Las normas en el Derecho civil de Aragón), Libro I (Derecho de la Persona), Libro II (Derecho de la familia),  Libro III (Derecho de sucesiones por causa de muerte) y Libro IV (Derecho patrimonial). Las leyes de parejas estables y de custodia compartida se han insertado en los lugares oportunos. El Código entró en vigor, por disposición expresa del Decreto Ley, el día 23 de abril de 2011.

Nada más procede decir aquí sobre su contenido, puesto que de ello se ocupa el resto de este Manual. Con el Código del Derecho Foral de Aragón la fecha de 2011 se añade a la breve serie de fechas que sitúan en el tiempo los Cuerpos legales del Derecho aragonés: 1247, "Fueros de Aragón" (Código o Compilación de Huesca); 1447 (o 1452, fecha de la publicación), Recopilación sistemática de los Fueros; 1925, Apéndice; 1967, Compilación. Cinco fechas en nueve siglos. Siete si se añaden las de la formación oficial de las Observancias (1428) y de la publicación de la colección de Actos de Corte (1554). El futuro, naturalmente, no está escrito.

 

BIBLIOGRAFÍA: DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús, Los Fueros de Aragón, colección "Mariano de Pano y Ruata", Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, Zaragoza, 1997 y "La recuperación del Derecho civil de Aragón", en Aragón, Veinte años de Estatuto de Autonomía, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2002, págs. 161 a 222 (accesible en Internet, <http://www.unizar.es/derecho/derecho_aragones/progcivil/Documentos/Veinte.pdf>); LALINDE ABADÍA, Jesús, Los Fueros de Aragón, Librería General, Zaragoza, 1976 (hay edi­ciones posteriores) y "Derecho y Fuero", en Comentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón, dirigidos por José Luis Lacruz Berdejo, tomo I, Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1988, págs. 9-88.

Ediciones contemporáneas de fuentes generales

Fueros, oobservancias y actos de Corte del Reino de Aragón. Edición facsimilar de la de Pascual Savall y Dronda y Santiago Penén y Debesa; estudio prelimi­nar, traducciones, textos complementarios e índices [por Jesús Delgado Echeverría. (et alii)]. Zaragoza, El Justicia de Aragón e Ibercaja, 1991.

Los Fueros de Aragón. La Compilación de Huesca. Edición crítica de sus versio­nes romances, por Antonio Pérez Martín. El Justicia de Aragón, 1999.

Los antecedentes y formación del Apéndice de 1925, en Los proyectos de Apéndice del Derecho civil de Aragón (1880-1925), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2006, con estudio preliminar de J.D.E.

La formación de la Compilación de 1967, en  Informes del Seminario (1954-1958) de la Comisión Compiladora del Derecho Foral Aragonés. El Justicia de Aragón, Zaragoza, Volumen I, 1996, con estudio preliminar de J.D.E.

El proceso legislativo desde la Constitución de 1978 al CDFA de 2011 puede seguirse en SERRANO GARCÍA, José Antonio: «Derecho civil de Aragón: presente y futuro», Revista de Derecho civil aragonés, IFC, 15, 2009, pp. 23-72; Martínez Martínez, María, "Conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil aragonés: de la Compilación al Código del Derecho foral de Aragón de 2011", Derecho Privado y Constitución, 25, 2011, pp. 175-227. Una versión discrepante y adversa en Moreu Ballonga, José Luis, "Una reflexión crítica sobre la expansiva reforma legal del Derecho civil aragonés, ADC, LXIII, I, 2010, pp. 5-45.

 

Todas las obras impresas de Derecho aragonés se encuen­tran en imagen en la Biblioteca Virtual de Derecho Aragonés  (BIVIDA <http://www.bivida.es>).