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Unidad 5: EL    DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO  EN LA UE

Ángel G. CHUECA SANCHO

agchueca@unizar.es

Sumario:

I)                   EVOLUCIÓN INTERNACIONAL DEL DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO:

A)    La progresiva ampliación del concepto de DH

B)     La evolución normativa de este derecho

C)     La especial trascendencia de la dimensión ambiental en  el derecho al desarrollo sostenible

II)                MEDIO AMBIENTE Y UE EN LOS TEXTOS:

A)    Una definición de MA

B)     El TCE en clave ambiental

C)     La Carta de los DF y el MA

D)     El VI Programa de Acción Ambiental: “El futuro está en nuestras manos”.

III)              LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA:

A)    El caso de los nitratos:  MA y derecho de propiedad.

B)     El caso de la calidad del aire ambiente: MA y distribución de competencias entre el Estado y las CCAA españolas.

C)     El caso del dióxido de carbono: MA, turismos y cambio climático.

D)     El caso de los residuos: MA y gestión descentralizada de residuos.

E)      El caso del corte de la autopista por los Ecologistas: MA y libertad de reunión y manifestación.

F)      Medio Ambiente y emergencia radiológica: Dos sentencias de 2004.

G)     Cuatro casos recientes sobre MA 

 

IV)              LAS DIFICULTADES DE LA UE EN LA APLICACIÓN DEL DH A UN MEDIO AMBIENTE SANO:

A)    Las dificultades en la transversalidad o integración de las exigencias ambientales

B)     Las carencias del Derecho ambiental de la UE.

 

V)                 CONCLUSIÓN GENERAL: MA SANO, CALIDAD DE VIDA, DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD.

 

VI) ACTIVIDAD DE ESTA UNIDAD.

 

I.- EVOLUCIÓN INTERNACIONAL DEL DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO

 

 Vamos a partir de la actual problemática de los DERECHOS HUMANOS.   En general, en sentido jurídico propio, no puede hablarse de Derechos Humanos hasta la Edad  Moderna;  con posterioridad este concepto ha sufrido tal evolución que en estos momentos recoge o engloba Derechos procedentes de distintas generaciones u orígenes.

 

A) La progresiva ampliación del concepto de DH

En los siglos XVII y XVIII aparecen las  DECLARACIONES DE DERECHOS, fruto de la revolución burguesa.  Podemos destacar la Declaración inglesa  de 1689, la Declaración de  VIRGINIA o "DECLARACION DE DERECHOS HECHA POR LOS REPRESENTANTES DEL BUEN PUEBLO DE VIRGINIA" en 1776, la Declaración de la Independencia Norteamericana de   1776 y la más conocida, la DECLARACION FRANCESA DE DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO de 1789.

En estas Declaraciones se recogen los derechos que generalmente calificamos como civiles y políticos o Derechos de la primera generación.  Se regula así la igualdad entre las personas, su libertad, su derecho a la propiedad privada, el principio de legalidad de los delitos y de las penas, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, etc.

     En el siglo XIX nacen los Derechos económicos, sociales y culturales,  como consecuencia de la  revolución industrial  y de las presiones de los primeros sindicatos.  Su cristalización se produce asimismo en Francia, con la revolución de 1848, que da lugar a una Constitución en la cual se proclaman derechos como la enseñanza gratuita, el derecho a la formación profesional, la libertad sindical o la igualdad jurídica en las relaciones entre trabajadores y empresarios.

Como señalaba, al hablar de los Derechos civiles y políticos  nos referimos a los Derechos de la primera generación,  surgidos pues de la ideología liberal que fundamentó a la Revolución Francesa.  A su vez los Derechos económicos, sociales y culturales, nacidos de la ideología socialista, serán calificados como Derechos de la segunda generación.

 Hace ya más de dos décadas la doctrina internacional comienza a examinar   un grupo de Derechos que no nacen ni de la tradición liberal ni de la tradición socialista; se trata de los Derechos de la tercera generación,  también denominados como Derechos de la solidaridad.  Estos derechos pretenden responder a los principales retos a los que se enfrenta la HUMANIDAD en el presente y pueden considerarse como una respuesta del Derecho Internacional de los Derechos Humanos al fenómeno de la globalización.

  Desde la perspectiva jurídica ha de afirmarse que estamos ante otros Derechos Humanos, cuyo proceso de positivación o juridificación todavía no ha finalizado; son derechos, escribe Karel VASAK, cuya protección efectiva exige "la reunión  de los esfuerzos de todos los agentes sociales: Individuos, Estados, otras entidades públicas o privadas" [1] .

 Actualmente los Derechos de la solidaridad se cifran sobre todo en los siguientes: El Derecho a la PAZ, el Derecho a un MEDIO AMBIENTE SANO, el Derecho al DESARROLLO, el Derecho DE AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS, el Derecho de los PUEBLOS A SUS RIQUEZAS Y RECURSOS NATURALES y el Derecho de los PUEBLOS A SU PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL. 

Como digo, estamos ante una materia no cristalizada, ante conceptos en formación o en proceso de juridificación [2] ; por ello la lista puede ser reducida o ampliada;  en este sentido, por ejemplo K. VASAK, incluye entre ellos   el Derecho de propiedad sobre el patrimonio común de la Humanidad y el Derecho de toda persona a comunicarse [3] .

Si recordamos el lema de la Revolución Francesa de LIBERTAD, IGUALDAD y FRATERNIDAD, bien puede afirmarse que los Derechos de la primera generación consagran el valor de la LIBERTAD; los de la segunda juridifican la IGUALDAD y, finalmente, los de la tercera positivan o reflejan la SOLIDARIDAD, la FRATERNIDAD.

 

 B) La evolución normativa de este derecho.

En el Derecho Internacional actual la protección del medio ambiente ha adquirido una gran trascendencia.  Prueba de ello será la celebración en 1992 (en Río de Janeiro) de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y la adopción de numerosos tratados, sobre todo de los tres conectados con esa Conferencia [4] .

 

En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos la proclamación de este derecho resulta reciente; así la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de 1981, lo recoge en su art. 24 el derecho de todos los pueblos a un medio ambiente satisfactorio y favorable a su desarrollo.  A su vez el primer protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (adoptado en 1988) proclama el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano y obliga a los Estados partes a promover la protección, la preservación y el mejoramiento del medio ambiente.

 

En el ámbito del Consejo de Europa el reconocimiento de este derecho parte de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  En sus sentencias dictada el 9 de Diciembre de 1994 en el caso LOPEZ OSTRA/ESPAÑA y el 18 de Febrero de 1998 en el caso GUERRA Y OTROS/ITALIA, dicho órgano judicial reconoce el derecho a un medio ambiente sano y afirma que la contaminación puede violar el respecto al derecho de la vida privada y familiar y de su domicilio. 

 

Desde esta perspectiva puede observarse que también  el sistema de protección de la UE proclama el derecho a un medio ambiente sano. Nos encontraremos con un elevado número de disposiciones de derecho derivado; además la proclamación  se realiza en el TCE.

 

Aparece este derecho en el art. 24 de la Declaración de los Derechos y Libertades Fundamentales, uniendo medio ambiente y protección de los consumidores y considerando ambas materias como objetivos comunitarios.  Por otro lado, la Carta Europea de Derechos del Niño, de 1992, recoge en su apartado 8.30 el derecho de todo niño de poder beneficiarse de un medio ambiente no contaminado, de un alojamiento salubre y de una alimentación sana.

 

En el Tratado CE los arts. 174-176 (antiguos arts. 130 R, 130 S y 130 T, respectivamente) se dedican precisamente a la protección del medio ambiente.  Pero ninguno de ellos proclama de manera expresa el derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano; a lo más que alcanza el art. 174, en su párr. 1º, es a afirmar que la política de la CE en esta materia contribuirá (entre otras cosas) a la protección de la salud de las personas. 

 

Si de los tratados avanzamos hasta el V PROGRAMA O PROGRAMA COMUNITARIO DE POLITICA Y ACTUACION EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE [5] , tampoco encontraremos un reconocimiento directo del derecho a un medio ambiente sano.  Ello sucede a pesar de que el V Programa hable de las personas como agentes en la protección del medio ambiente.

 

En síntesis, no se ha recogido por tanto de manera expresa un derecho a un medio ambiente sano como derecho humano.  Desde luego,  revisando las decenas de normas que regulan esta materia, sin duda es posible deducirlo  de ellas, pero un reconocimiento expreso habría reforzado el sistema de protección de la UE.

 

Vista la evolución de este derecho humano en el Derecho Internacional de los DH, bien puede decirse que el sistema de la UE se encuentra infradesarrollado en esta materia; evidentemente el  infradesarrollo no se observa en el ingente cúmulo de normas ambientales de la Unión, sino en su configuración concreta del medio ambiente como un derecho fundamental o humano.

 

C) La especial  trascendencia de la dimensión ambiental en el derecho al desarrollo sostenible.

 

Vamos a partir de las cinco dimensiones del Derecho Humano al Desarrollo Sostenible.  Estas dimensiones son la política, la económica, la social, la cultural y la ambiental.

 

Contemporáneamente nos  referimos al desarrollo humano y sostenible; en realidad todo desarrollo sostenible debe ser humano. Pero el concepto de desarrollo sostenible resulta actualmente bastante difícil de definir en términos precisos; al ser utilizado además en diversas ramas de las ciencias (Derecho, Economía, Ecología), todavía se incrementa más la dificultad.

Jurídicamente podemos afirmar que el núcleo duro del concepto de desarrollo sostenible está formado por tres principios:  Integración, equidad y uso sostenible.

-La integración exige que la sostenibilidad sea tenida en cuenta en todas las decisiones y estrategias públicas y privadas.   El art. 3 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo se refiere a la integración.

-La equidad implica que los recursos, las tecnologías, etc., se van a utilizar para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y de las generaciones futuras.

-El uso sostenible se centra sobre todo en los recursos: Si se agotan los recursos pesqueros, se agotan las energías no renovables, etc., no se ha llevado a cabo un uso sostenible.

Desde la perspectiva del DERECHO AL DESARROLLO HUMANO Y SOSTENIBLE, hablamos de la  pluridimensionalidad  y ésta engarza directamente con la participación; así lo reconoce la misma Declaración de 1986 en su art. 2, párrafo 3.

 Hablamos de un derecho al desarrollo como derecho humano sostenible o sustentable (como lo denominan los latinoamericanos).  Para que se produzca una verdadera sostenibilidad, deben coexistir armónicamente las cinco dimensiones.

Si falla una de estas dimensiones, en realidad nos encontraremos con la no sostenibilidad a un plazo medio, con la insostenibilidad.

 

 En realidad nos encontramos con la sostenibilidad  o sustentabilidad   Si la examinamos con atención, podremos comprobar que se trata  de una idea o concepto que todavía no ha podido desplegar toda su potencialidad, pero que resulta clave actualmente.   Me refiero a su potencialidad en cuanto implica un giro muy profundo en materias tales como la economía, el derecho, la política  o la sociología; un giro todavía no efectuado o (al menos) no efectuado totalmente.

Como escribe R. MARTIN MATEO este concepto va más allá "de la mera armonización de la economía y la ecología, incluye valores morales relacionados con la solidaridad" [6] .  Actualmente esa solidaridad puede estructurarse   jurídicamente a través de  la equidad.

Inicialmente la armonización entre economía y ecología conduce a una síntesis entre los intereses de los Estados en desarrollo y los de los desarrollados.  Pero esa síntesis se traduce en numerosos supuestos en una indudable ambigüedad en el mismo concepto y, consecuencia directa de la ambigüedad, en su inaplicabilidad o inoperatividad.  Por tanto no puede decirse que estemos ante un concepto que pueda solucionar por sí mismo los graves problemas ambientales y de desarrollo hoy existentes.

Analizadas en profundidad, la protección del medio ambiente y la consecución de un desarrollo sostenible exigen la consecución de un nuevo orden económico internacional y de un orden ecológico internacional.  En materia económica  subsiste el  que  ya he  denominado como Viejo Orden, centrado en el simple juego del poder; en materia ecológica  (en numerosos terrenos) no existe orden anterior alguno porque los problemas ambientales no han sido abordados hasta el presente y (cuando sí se han analizado) no se han tratado con la necesaria perspectiva planetaria. 

  En esta dirección bien puede hablarse de un eco-desarrollo, como hace parte de la doctrina, para indicar que (sin conservación de recursos) no hay futuro.  Por ello los sistemas de producción, de comercio internacional [7] y de consumo insostenibles atentan contra el futuro de todos.

Precisamente teniendo presente tan grave problema, aparece el concepto de desarrollo sostenible.  Concepto que, como es bien sabido,   se difunde a partir del Informe adoptado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Comisión Brundtland, en 1987.    

El concepto es relanzado por la  Declaración de Río (de 1992).  Esta Declaración tiene a mi entender tres ejes: El subjetivo, según el cual la protección del medio ambiente corrsesponde a todos, o sea Estados, Organizaciones Internacionales, Organizaciones no Gubernamentales, empresas y personas físicas; el eje material que se concreta en el desarrollo sostenible y el eje instrumental que se cifra en la cooperación.

La Declaración de Río se refiere al desarrollo sostenible en diversos principios, comenzando por el primero de los incluidos en ella. Así afirma que "los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible.  Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza". 

El principio 3 afirma que el derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.  He aquí el núcleo del concepto de desarrollo sostenible, las necesidades de las actuales y de las futuras generaciones o, en otros términos, la equidad intrageneracional y la equidad intergeneracional.

 A su vez  el principio 4 afirma que "a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del Medio Ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada"; a la misma materia se refiere el principio 8 según el cual "los Estados deberían reducir y eliminar los sistemas de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas".

Por tanto podemos considerar   que la emergencia de un concepto de desarrollo sostenible parte de dos aspectos básicos:

-Por un lado la satisfacción de las necesidades básicas de las generaciones presentes y futuras.  Estamos ante el reconocimiento de los lazos o conexiones entre recursos naturales, recursos financieros, tecnología y actividades de las instituciones nacionales e internacionales.

-Por otro el establecimiento de una sociedad sostenible.  Aparece así el objetivo social del desarrollo .  

La positivación expresa se producirá  cuando los tratados internacionales afirmen la dimensión intergeneracional de los problemas ambientales.  Ello sucede, por ejemplo, en el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (adoptado en Washington en 1979 y generalmente denominado Convenio CITES), que indica en su preámbulo que fauna y flora silvestres "tienen que ser protegidas para esta generación y las venideras"; por otro lado el preámbulo del Convenio sobre la Diversidad Biológica (adoptado en Río en 1992)  señala en el inciso final que las partes se hallan "resueltas a conservar y utilizar de manera sostenible la diversidad biológica en beneficio de las generaciones actuales y futuras". 

A su vez también la Convención Marco sobre el Cambio Climático (de 1992)  constituye   un ejemplo claro de esta tendencia; pues,  en efecto el párrafo final de su preámbulo afirma que las partes están "decididas a proteger el sistema climático para las generaciones presentes y futuras".   y su   art. 3 se refiere directamente a la equidad.

  En el actual momento de las investigaciones del cambio climático, los efectos de éste sobre las generaciones futuras no se hallan claramente determinados.  Pero no por  eso pueden ser menos perniciosos; dependerán, en definitiva, de si somos o no somos capaces de preservar el sistema climático actual; la no preservación, como indiqué en otro lugar, puede tener graves consecuencias económicas, sociales, políticas e incluso jurídicas.

 

DEFINICION DE MA.-

 Podemos ofrecer varias definiciones del MA.   Una de ellas la aportaba la Comisión en 1972, la otra se halla expuesta en  la Directiva sobre evaluación de impacto ambiental y la tercera se debe  a LUDWIG KRAMER.

 

a)      La Comisión, en una comunicación enviada al Consejo el 24 de Marzo de 1972 sobre el primer programa de acción ambiental, define el concepto de MA diciendo lo siguiente: “el conjunto de elementos que forma, en la complejidad de sus relaciones, los marcos, los medios y las condiciones de la vida y de la sociedad tal como existen o tal como son percibidos” (DOCE C 112, 1973, p. 1).  Es curioso que no se cita para nada la persona humana; ésta entrará en el MA con posterioridad, sobre todo a través de los DH.

 

b)      Otra definición la aporta la DIRECTIVA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL.  Según esta Directiva el MA comprende el hombre, la fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje, la interacción entre los diferentes factores, así como los bienes materiales y el patrimonio cultural.  Más que definir, estamos ante un catálogo o  lista o una descripción de los diferentes elementos. Como novedad, aquí se ha incluido ya a la persona humana, al hombre.

 

c)       LUDWIG KRAMER, uno de los expertos más importantes en esta materia en la UE, afirma: “La noción de MA es muy amplia porque incluye tanto el MA económico como el MA social o estético, la ordenación del territorio, la preservación del patrimonio cultural y arqueológico, la biotecnología...” (Juris Classeur Environnement, n° 2/1992, fasc. 120, p. 4 y pp. 13-14).

 

Como señala este autor, desde el punto de vista actual es preciso acercarse al concepto de desarrollo sostenible. Dice el TIJ en su sentencia de 25 de Septiembre de 1997 en el caso GABCIKOVO-NAGYMAROS (Hungría/Eslovaquia): “Esta necesidad de reconciliar el desarrollo económico con la protección del MA está acertadamente expresada en el concepto de desarrollo sostenible” (cons. 140)   Este tema lo analizaré después.

 

 

B) EL TCE EN CLAVE AMBIENTAL

ART. 2.

-Misión promover  un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas.  No desarrollo a cualquier precio, no desarrollismo; sostenibilidad supone una visión a corto, medio y largo plazo

 

-Un crecimiento sostenible y no inflacionista: De nuevo sostenibilidad, el criterio ambiental más importante hoy

 

-Un alto nivel de protección y mejora de la calidad del MA: Expresa directamente las preocupaciones ambientales; no sólo protección de la situación actual sino también mejora de los aspectos negativos actuales.

 

-La elevación del nivel y la calidad de vida: Nivel de vida no es nivel de consumo; es nivel de consumo sostenible y equilibrado, justo; calidad de vida de vida también en la faceta ambiental.  Se entiende que nivel y calidad de vida deben ser elevados para todas las personas, no sólo para unas pocas

 

ART. 6: TRANSVERSALIDAD.  leer. 

TRANSVERSALIDAD: Transportes, comunicaciones,  agricultura, turismo, consumo, etc., deben tener presente el MA en su programación, en su ejecución y en sus consecuencias.

 

Art. 30: LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS Y MA:

Leer art. 23, 1º

Leer art. 30

 

Art.       95, 3º: nivel de protección elevada

 

ARTS. 161-162: FONDOS ESTRUCTURALES.

 

ART. 174, 1º-2º: OBJETIVOS Y PRINCIPIOS Y

 

ART. 174, 3º: PARÁMETROS AMBIENTALES.

 

ART. 174, 4º: COOPERACIÓN

 

ART. 175, 1º, 2º Y 3º:ADOPCIÓN DE DECISIONES

 

ART. 175, 4º Y 5º: FINANCIACIÓN  Y EJECUCIÓN

 

ART. 176: MEDIDAS DE MAYOR PROTECCIÓN.

 

C) LA CARTA DE LOS DF Y MEDIO AMBIENTE:

 

a)     ESTRUCTURA DE LA CARTA:

Proclamación en  Consejo Europeo de Niza 2000, hoy incorporada al Tratado por el que se establece una Constitución para Europa,  en su parte II.

Cap. I Dignidad (II-61-II-65)

Cap. II Libertades (II-66-II-79)

Cap. III Igualdad (II-80-II-86)

Cap. IV Solidaridad (II-87-II-98)

Cap. V Ciudadanía (II-99-II-106)

Cap. VI Justicia (II-107-II-110)

Cap. VII Disposiciones generales (II-111-II-114).

 

b)     UNA LECTURA AMBIENTAL DE LA CARTA.

Preámbulo:

-Párrafo 2º: “la Unión está fundada en los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad”

-Párrafo 3º: La Unión “trata de fomentar un desarrollo equilibrado y sostenible”

-Párrafo 5º: La Carta reafirma “los ds reconocidos especialmente por las tradiciones constitucionales comunes y las obligaciones internacionales  comunes de los Estados miembros, el TUE y los T comunitarios, el CEDH, las Cartas Sociales...así como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las CCEE y del TEDH”.

-Párrafo 6º: “El disfrute de tales ds origina responsabilidades y deberes tanto respecto de los demás como de la comunidad humana y de las futuras generaciones”

-Párrafo 7º: “En consecuencia, la U reconoce los ds, libertades y principios enunciados a continuación”.

 

Articulado:

-Art. II-61 DIGNIDAD HUMANA: Leer

“La base misma de los DF”  Ningún derecho puede “utilizarse para atentar contra la dignidad de otras personas... no podrá atentarse contra ella, incluso en el caso de limitación de un derecho”. 

-Art. II-62, 1º DERECHO A LA VIDA: Vida digna.

-Art. II-63 D A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA  DE LA PERSONA

-Art. II-66 D A LA LIBERTAD Y A LA SEGURIDAD: Distintos conceptos de seguridad (seguridad ambiental, seguridad alimentaria son los más importantes en esa dirección).

-Art. II-67 DERECHO AL RESPETO DE SU  VIDA PRIVADA Y  FAMILIAR, DE SU DOMICILIO Y DE SU CORRESPONDENCIA (casos del Consejo de Europa: LÓPEZ OSTRA, GUERRA y HATTON)

-Art. II-95: PROTECCIÓN DE LA SALUD: Protección preventiva y  cuidados sanitarios posteriores a la enfermedad; interesa sobre todo el primer aspecto; el deterioro ambiental provoca hoy ya casos de cáncer en algunos Estados del Sur (Chile, Argentina); problemas respiratorios en ciudades contaminadas, problemas con las aguas, etc.

-Art. II-97: PROTECCIÓN DEL MA: LEER.  Recoge los arts. 2, 6 y 174 del TCE.  Se inspira igualmente en las disposiciones de determinadas Constituciones de los EM; la Constitución Española lo  afirma en el art. 45

-Art. II-98: PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES: Según el art. 153 del TCE.  Muchos problemas comunes MA-Consumo: Productos tóxicos, desechos producidos por el consumo, etc.

-Art. II-102: DERECHO DE ACCESO A LOS DOCUMENTOS:  Hablamos aquí del acceso a los documentos ambientales.  Convenio de Aarhus de 1998.

 

 

c) Carácter incompleto de la Carta en esta materia:

-Menos protección  que los Estados Miembros

-Menos consagración del Derecho Humano a un MA sano que la jurisprudencia del Consejo de Europa.

-¿Se cumple realmente el art. 6 del TCE: transversalidad del MA?

 

Surge además otro problema:  LA DIFERENCIA ENTRE DERECHOS Y PRINCIPIOS, QUE HEMOS EXAMINADO EN PARTE EN LA UNIDAD 2. 

 Ya su preámbulo nos aporta una idea inicial interesante: “La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados a continuación”.

 En la Carta nos encontramos con una excesivamente amplia lista de “principios”.

 Entre ellos se halla el derecho a la protección del MA.    Si leemos las  EXPLICACIONES (que se hallan en la Declaración nº 12, aneja al Tratado por el que se establece una Constitución para Europa) podremos comprobar cómo esta protección es un principio, que se inspira en el Tratado CE y en determinadas disposiciones constitucionales.

El mismo Tratado constitucional reitera la transversalidad del MA en su art. III-119.  Finalmente las normas esenciales son los arts. III-233 y III-234, que no difieren esencialmente de la regulación actual presente en el TCE

 

D) CONTEXTO DEL  VI PROGRAMA: “MEDIO AMBIENTE 2010: EL FUTURO ESTÁ EN NUESTRAS MANOS” (Programa de Acción para el MA en Europa en los albores del s. XXI).

 

Presentado el 24 de Enero de 2001, aún no aprobado por el Consejo y el PE, el VI PROGRAMA se establece recordando que casi 30 años de política comunitaria han desembocado en un sistema de controles; a pesar de tanto tiempo, sigue habiendo problemas.

 

I.-CUESTIONES GENERALES:

POBLACIÓN

INDUSTRIA

CONSUMO

 

II.-RESULTADOS DEL V PROGRAMA:

EMISIONES INDUSTRIALES Y AGUAS

NUEVAS ESTRATEGIAS

PROBLEMAS PERSISTENTES

 

III.-DESARROLLO SOSTENIBLE:

PROBLEMAS A SOLUCIONAR PARA SOSTENIBILIDAD

CAMBIOS EN LAS ACTUACIONES

IMPLICACIONES ECONÓMICAS

 

IV.-DURACIÓN DEL PROGRAMA:

HASTA 2010

REVISIÓN EN 2005

 

 

ESTRATEGIA DEL VI PROGRAMA:

Nota: En todos los aspectos de la Estrategia se distingue un planteamiento general y unas acciones a llevar a cabo hasta 2010.

I)                    MEJORAR LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

II)                  INTEGRAR LA POLÍTICA AMBIENTAL EN LAS RESTANTES

III)                INCITAR AL MERCADO A ACTUAR A FAVOR DEL  MA

IV)                TRABAJAR EN ASOCIACIÓN CON LAS EMPRESAS

V)                  AYUDAR A LOS CONSUMIDORES A ELEGIR CON CONOCIMIENTO DE CAUSA

VI)                 CAPACITAR A LOS CIUDADANOS Y MODIFICAR COMPORTAMIENTOS

VII)              UNA MEJOR PLANIFICACIÓN Y GESTION DEL SUELO.

 

 

PROBLEMAS A ABORDAR EN ESTE PERÍODO:

Nota: En todos los casos se delimita el problema, los objetivos y metas, la estrategia y las acciones concretas.

 

-EVITAR EL CAMBIO CLIMÁTICO:

Gases de efecto invernadero. Sectores implicados.

Efectos: Cambio en temperaturas, cambio en precipitaciones hídricas, subida del nivel de los mares.

 

-PROTEGER LA NATURALEZA Y LA BIODIVERSIDAD:

Proteger los sistemas naturales, evitar la pérdida de la biodiversidad, proteger suelos contra la erosión y la contaminación

 

 

-PROTEGER LA SALUD:

Productos químicos, plaguicidas, recursos hídricos, contaminación atmosférica, contaminación acústica.

 

-UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS Y ADECUADA GESTIÓN DE RESIDUOS:

Mayor eficiencia en uso de recursos no renovables

Disociar consumo de recursos y crecimiento económico

Potenciación uso recursos renovables

Menor producción de residuos; mejor gestión de los mismos; su eliminación.

 

 

Estas cuatro áreas de atención prioritaria se enfocan no solamente dentro de e la UE sino también en un marco más amplio: Los E que desean su integración en la UE, los E del Mediterráneo y, en temas como la biodiversidad o el CC, todo el mundo.

 

En todo caso, se exige la participación de ciudadanos y empresas y se busca “la consecución de un desarrollo sostenible”, p. 6.

 

LOS CIUDADANOS EN EL SEXTO PROGRAMA.

El VI Programa nos pide que seamos ciudadanos conscientes de la importancia del MA.

 

Se dice que importantes núcleos de ciudadanos están ya muy comprometidos a favor de la protección del MA: Reciclan, compran productos ecológicos, instalan sistemas eficientes de calefacción.

 

Debemos estar más informados, buscar la transparencia e intensificar la participación en la adopción de decisiones. Como votantes y partes interesadas en las decisiones  tienen que conocer y comprender cuáles  son los problemas y las soluciones.

 

En todo caso, la educación es básica.

Se trata de “ofrecer a los ciudadanos información que les induzca a llevar un estilo de vida más sostenible a nivel local, regional y nacional”.  Los ciudadanos “necesitan información práctica que les ayude a utilizar y comprar productos y servicios alternativos que sean eficientes desde el punto de vista energético, reciclables y presenten otras ventajas para el MA”, p. 22.

 

Nivel local: Interés de los ciudadanos por mantener un entorno agradable y preservar el campo y la fauna y flora locales.

En este ámbito, el VI Programa prevé dos acciones: Mejorar el acceso y la calidad de la información y preparar instrumentos prácticos que permitan a los ciudadanos comparar el rendimiento ecológico de  su comportamiento o de su vivienda 

 

III)              LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA.

Examinemos ahora la jurisprudencia del TJ de la UE.  Quede claro que va a ser un examen no completo sino de ciertos aspectos más interesantes y actuales.

A)   El caso de los nitratos: MA y derecho de propiedad

 

Podemos examinar dos casos, el primero de ellos relativo al uso de nitratos y el segundo relativo a la destrucción de peces enfermos.  En los dos se suscita el derecho de propiedad.

 

 La Directiva básica en esta materia es la 91/676/CEE, del Consejo, de 12 de Diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (DOCE L 375, 31-12-1991, p. 1).

 

Otra Directiva muy importante hoy es la 2000/60/CE, del PE y del Consejo, de 23 de Octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DOCE L 327, 22-12-00, p. 1).

 

Voy a referirme a la primera, sobre todo.  En ella examinaré los objetivos, los conceptos y las obligaciones de los EM

 

-Objetivos.-

La directiva sobre los nitratos tiene dos objetivos:

- Reducir la contaminación producida por nitratos de origen agrario

- Actuar preventivamente contra dicha contaminación.

 

-Los conceptos básicos en este caso son:

1º)  Compuesto nitrogenado: Cualquier sustancia química que contenga nitrógeno.

2º) Fertilizante: se incluyen los químicos, el estiércol y los desechos de piscifactorías y depuradoras.

3º) Eutrofización: El aumento de la concentración de nitrógeno en el agua que provoca  el crecimiento acelerado de las algas y especies vegetales.

 

-Obligaciones de los EM.-

Actuaciones de los EM: Determinan listas de aguas, establecen códigos de buenas prácticas agrarias y preparan programas de acción.

- Determinan las aguas afectadas por contaminación o las que pueden estarlo en un futuro próximo. Esa lista de aguas la envían a la Comisión Europea.  Para determinar esas aguas se examina si contienen más de 50 mg/l de nitratos o pueden llegar a contenerlos en un futuro próximo.

-          Establecen  códigos de buenas prácticas agrarias: En ellos se dan indicaciones sobre  los períodos en los cuales no se debe fertilizar la tierra, la aplicación de fertilizantes en terrenos inclinados o en los situados junto a cursos de agua o la rotación de cultivos, entre otros aspectos.

-          Preparan programas de acción  respecto de las zonas vulnerables.  En ellos se incluyen todos los datos científicos, las condiciones ambientales y las medidas concretas a adoptar. 

Finalmente, todo ello lo envían a la Comisión Europea.

 

Veamos la aplicación de esta Directiva en el CASO STANDLEY, METSON Y OTROS (sent del TJ de  29-Abril-1999)

 

1)       HECHOS:  -3 Ríos británicos  contaminados por nitratos utilizados en tareas agrarias.

                         -Gran Bretaña comprueba origen agrario de gran  parte de la contaminación; una pequeña parte es producida por vertidos urbanos o industriales.

                         -Prohíbe usar determinados  productos y fija las cantidades máximas a usar en otros

                          - Como consecuencia, los agricultores tienen peores cosechas

 

En el caso se enfrentan dos principios:

            - “Quien contamina, paga”                                                

             -El derecho de  propiedad.

 

2)       EL TRIBUNAL DICE

-No pagan todo los agricultores (sólo las cargas propias)

-El Derecho de  Propiedad no es absoluto.   Puede restringirse por  interés general

 -Antes está la  salud pública que el derecho de propiedad.   

 

CONCLUSION: Gran Bretaña  ha actuado correctamente, puede prohibir ciertos nitratos y parte de la contaminación deben pagarla los agricultores.

 

Por otra parte interesa la sentencia del TJ de 10 de Julio de 2003 dictada en el caso BOOKER AQUACULTURE LTD Y HYDRO SEAFOOF GSP LTD.  Se  trata de la destrucción de peces enfermos en criaderos británicos.

Como dicha destrucción origina pérdidas a las empresas afectadas,  éstas aducen su derecho de propiedad y solicitan una indemnización.

La sentencia, muy clara, parte del derecho de propiedad, protegido desde el caso HAUER; indica no obstante que los derechos fundamentales “no constituyen prerrogativas absolutas, sino que deben tomarse en consideración atendiendo a su función dentro de la sociedad.  Por consiguiente pueden imponerse restricciones al ejercicio de tales derechos, en particular en el ámbito de una organización común de mercados, siempre que dichas restricciones respondan efectivamente a objetivos de interés general perseguidos por la Comunidad y no constituyan, teniendo en cuenta el objetivo perseguido, una intervención desmesurada e intolerable que lesione la esencia propia de estos derechos” (p. 68).

Por tanto, la sentencia concluye señalando que esas medidas no son incompatibles con el derecho de propiedad. 

 

B) El caso de la calidad del aire ambiente: MA y distribución de competencias entre el Estado y las CCAA españolas.

TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sent. 13-Sept-2001)

Caso COMISION/REINO DE ESPAÑA (as. C-417/99)

 

I.-MARCO NORMATIVO:

-Se acusa a España de la violación de la Directiva 96/62/CE, de 27 de Sept. de 1996, sobre  calidad del aire ambiente.

-Esa norma exige que los Estados Miembros designen las  autoridades competentes y los organismos encargados de la  aplicación de la Directiva.

-Exige además que tales autoridades transmitan las correspondientes informaciones a la Comisión.

-La Directiva daba un plazo de 18 meses desde su publicación.

 

II.-HECHOS:

-España no comunica datos a la Comisión.

-La Comisión se los pide el 25 de Agosto de 1998; al no haberlos recibido, le envía un dictamen motivado el 11 de Diciembre de 1998 para que lo hiciera en dos meses.

-El 2-Marzo-1999 España responde que se había adaptado el Derecho interno  y que la obligación de designar a las autoridades competentes y a los organismos encargados de la aplicación debía cumplirse sólo cuando se completase la Directiva

 

III.-ALEGACIONES DE LAS PARTES:

-La Comisión considera que España incumple la Directiva.

-España dice que no lo hace.

-España señala que “desde el punto de vista constitucional, la protección del MA es una competencia compartida entre el Estado y las CCAA, tanto en el plano legislativo como en el plano ejecutivo” (Cons. 15).

-Por tanto, a nivel general el Ministerio de MA coordina acciones; cada Comunidad Autónoma cumple la Directiva.

 

IV.-DECISION DEL TJ:

-”Todo Estado Miembro es libre para distribuir, como considere oportuno, las competencias internas y de ejecutar una Directiva por medio de disposiciones de las autoridades regionales o locales.  Esta distribución de competencias, sin embargo, no puede dispensarle de la obligación de  garantizar que las disposiciones de la Directiva sean fielmente reflejadas en el Derecho interno” (Cons. 37).

-Por tanto, España ha incumplido sus obligaciones derivadas de esta Directiva.

-Se condena en costas a España.

 

C) El caso del Dióxido de Carbono: MA, turismos y cambio climático

Sent. de 25 de Sept.2003 en el caso COMISION/ALEMANIA.

 

I.-HECHOS.

-La Directiva 1999/94/CE, de 13 de Diciembre de 1999, (del PE y del Consejo de la UE) regula la información sobre el consumo de combustible y sobre las emisiones del CO2, que  debe ser facilitada al consumidor al comercializar turismos nuevos.

-La Directiva daba de plazo hasta el 18 de Enero de 2001 para que los EM adaptaran su derecho interno a la misma y obligaba a los EM a informar inmediatamente  a la Comisión de que habían cumplido ese plazo.

-Alemania incumple el plazo; la Comisión le pide observaciones; como no le satisfacen, le envía un dictamen motivado.

 

 

II.-ALEGACIONES DE LAS PARTES.

-El Gobierno alemán no niega los hechos

-Pero aduce que en fecha próxima habrá adaptado su derecho interno a la Directiva.

-El retraso se debe –dice el Gobierno- a que el Derecho Alemán exige  que, antes de la adaptación, exista una base legal interna.  Por eso se adoptó la Ley sobre ahorro de energía de los aparatos y los vehículos.

-La Comisión afirma que tales aspectos no tienen importancia y que se ha producido la violación del Derecho de la UE.

 

 

III.-DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

-Alemania no ha cumplido sus obligaciones.

-“La circunstancia de que la adopción de una medida de derecho interno sea inminente carece de pertinencia...” (FJ 17)

-Según una jurisprudencia reiterada, “un EM no puede alegar disposiciones , prácticas ni circunstancias de su ordenamiento jurídico para justificar el incumplimiento de las obligaciones y los plazos establecidos por una Directiva”.

-El TJ condena a Alemania.

 

D) El caso de los residuos: MA y gestión descentralizada de residuos

TRIBUNAL DE JUSTICIA

Sent. de 24 Enero 2002

Caso COMISION/REPUBLICA ITALIANA (as. C-466/99)

 

I.-MARCO NORMATIVO.

Se acusa a Italia de la violación de tres Directivas:

-La Directiva relativa a los residuos (modificada) exige que las autoridades competentes adopten uno o varios planes de gestión de residuos.  Plazo máximo para cumplir la exigencia: 1 de Abril de 1993

-La Directiva sobre residuos peligrosos exige que las autoridades competentes adopten planes para esos residuos.   Plazo máximo: 12 Diciembre 1993 

-La Directiva sobre envases y residuos de envases  exige que los planes de residuos se refieran a esta materia.  Plazo máximo: 30 Junio 1996 .

II.- HECHOS:

-Italia presenta a la Comisión planes regionales de gestión de residuos.

-Los planes no incluían los de las Regiones de Sicilia y Basilicata. Había además  planes incompletos de 7 Regiones.

-La Comisión pide a Italia complete datos en un plazo de dos meses.  Incumplido el plazo, le notifica un dictamen motivado, dándole otros dos meses a partir de la notificación.

 

III.-ALEGACIONES ITALIANAS:

-Italia no discute que se han violado obligaciones de Directivas indicadas.  Dice que intervendrá “de manera particularmente enérgica para poner fin a los citados incumplimientos” (Cons. 16).

-Incumplen pues las Regiones, pero responde ITALIA, no cada una de las Regiones

 

IV.-.DECISION DEL TJ

 -Declara que la Rep. Italiana ha incumplido las tres Directivas citadas, al no haber comunicado a la Comisión los planes de Sicilia y Basilicata ni tampoco los planes de gestión de envases y residuos de envases de la totalidad de las Regiones italianas.

-Condena en costas a Italia.

 

Un caso interesante en esta perspectiva es de la COMISIÓN EUROPEA/PORTUGAL, sent. de 27 de Enero de 2005; se trataba de un incumplimiento del Estado Portugués en algo tan importante como la eliminación de aceites usados; como la solución adoptada no es la regeneración de tales aceites (y debería serlo, según el Derecho de la UE), se condena a Portugal.

 

    E) El caso del corte de la autopista por los Ecologistas: MA y libertad de reunión y manifestación.

Sent. de 12 de Junio de 2003 en el caso EUGEN SCHMIDBERGER, INTERNATIONALE TRANSPORTE UND PLANZÜGE c. REPÚBLICA DE AUSTRIA.

I.-HECHOS

-El 12 de Junio de 1998 la asociación Transiforum Austria Tirol, cuyo objetivo es la protección del espacio vital en la región de los Alpes, realiza una concentración  en la autopista del Brenner, provocando el cierre de la misma durante casi 30 horas ininterrumpidas.

 

-Dicha asociación contaba con el permiso del Gobierno austríaco y (días antes de la concentración) dio a conocer a la opinión pública el cierre de la autopista y posibles vías alternativas.

-Schmidberger es una empresa alemana de transportes, que trabaja en rutas Alemania-Italia, utilizando esa autopista.

II.-ARGUMENTOS DE LAS PARTES.

-Al no poder utilizar la autopista, la empresa aduce que se ha violado su derecho a la libre circulación de mercancías dentro de la UE; demanda a Austria ante el Landesgericht de Innsbruck, solicitándole 140.000 chelines austríacos, por no haber actuado contra los grupos ecologistas.

-El asunto llega al Tribunal de Justicia cuando un tribunal austríaco plantea algunas cuestiones prejudiciales sobre esta materia.

-Austria alega que, si hubiera impedido la manifestación pacífica de los ecologistas, habría violado los DF de éstos, sobre todo su libertad de expresión y de manifestación pacífica.

-Se enfrenta pues argumentos económicos (por parte de la empresa) y de derechos humanos por parte del Gobierno austríaco.

 

III.-DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA.

-La libre circulación de mercancías constituye uno de los principios fundamentales de la Comunidad (FJ 51), esencial para formar un mercado interior sin fronteras interiores.

-El hecho de que un EM se abstenga de actuar obstaculiza los intercambios intracomunitarios.

-La protección del MA y de la salud pública, defendida por los ecologistas, puede justificar la restricción de la libre circulación de mercancías (FJ 66)

-“Las autoridades austriacas se basaron en consideraciones en consideraciones relacionadas con el respeto de los DF de los manifestantes en materia de libertad de expresión y de libertad de reunión, que están reconocidas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y por la Constitución Austriaca” (FJ 69)

-“El presenta asunto plantea por lo tanto la cuestión de la necesaria conciliación de las exigencias de la protección  de los DF en la Comunidad con las que se derivan de una libertad fundamental reconocida por el tratado”  (FJ 77).

-Ni la libre circulación de mercancías ni las libertades de expresión y manifestación constituyen prerrogativas absolutas y pueden limitarse.  Por tanto, es preciso ponderar los intereses en juego y determinar “si se ha observado un justo equilibrio entre dichos intereses” (FJ 81)

El TJ concluye que AUSTRIA ha respetado el DERECHO DE LA  UNION EUROPEA

 

F) Medio Ambiente y emergencia radiológica: Dos sentencias de 2004.

Examinemos ahora brevemente la relación entre MA y energía nuclear. Lo haremos solamente desde la perspectiva de la emergencia radiológica.

La primera de ellas es la dictada el 29 de Enero de 2004 en el caso COMISIÓN EUROPEA/GRAN BRETAÑA; la segunda es la dictada el 9 de Diciembre del mismo año en el caso COMISIÓN EUROPEA/REPÚBLICA FRANCESA.

 

En el primer  caso la Comisión lleva a Gran Bretaña al Tribunal de Justicia por el incumplimiento de la Directiva 96/29/EURATOM, del Consejo, de 13 de Mayo de 1996, por la que se establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y dela población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes.

El Tratado Euratom exige en sus arts. 30-33 que el Derecho interno de los Estados miembros fijasen las dosis máximas admisibles, las exposiciones y contaminaciones máximas admisibles y los principios fundamentales de la vigilancia médica de los trabajadores.  La Directiva revisaba las normas existentes desde hacía años, adaptándolas a  los nuevos conocimientos científicos en materia de radioprotección.

Al adoptarse determinadas normas para Inglaterra y Gales por un lado y para Escocia por otro, no se cumplen totalmente las exigencias de la citada Directiva.

Pues bien, Gran Bretaña adaptaba todo su derecho interno pero olvidándose de Gibraltar (cons.11).  ¿Será por esa razón por la que los submarinos nucleares británicos se reparan en Gibraltar?

Por ello la Comisión concluye  que las normas adoptadas para adaptar el derecho interno a dicha Directiva “no eran aplicables en todo el territorio del Reino Unido” (cons. 12).  La sentencia condena a Gran Bretaña señalando que la adaptación de la Directiva 96/29/EURATOM, del Consejo, no se ha producido en todo el territorio británico.

 

La segunda sentencia de incumplimiento la dicta el Tribunal en el caso COMISIÓN EUROPEA/REPÚBLICA FRANCESA y afecta a la Directiva 89/618/EURATOM del Consejo, de 27 de Noviembre de 1989, relativa a la información de la población sobre las medidas de protección sanitaria aplicables y sobre el comportamiento a seguir en caso de emergencia radiológica.

 

En este caso Francia incumple determinadas normas de la Directiva mencionada en sus arts. 2, 3, 6 y 7.  Resulta importante el incumplimiento sobre todo en materia de información a la población afectada por un accidente nuclear; la Directiva exige en su art. 6 que la población efectivamente afectada sea informada sin dilación sobre la situación de emergencia y sobre el comportamiento a adoptarse, mientras el Derecho francés  (valiéndose de una triquiñuela jurídica) afirmaba que los mensajes por radio y televisión “debían difundirse dentro de los plazos señalados respectivamente por el ministro responsable de la seguridad civil o por el prefecto responsable de la dirección de auxilio y repetirse, en su caso, según una periodicidad establecida por  éste”.  Parece como si en un tema tan esencial para la población todavía pudiesen introducirse criterios de discrecionalidad política de los políticos decisores...

 

 

G) Cuatro casos recientes sobre MA 

Examinar la jurisprudencia de la UE en el terreno ambiental resulta muy complejo; pero  podemos referirnos a otras sentencias recientes.  Solamente citaré cuatro dictadas en    Octubre y Noviembre de 2003 y Diciembre de 2004.

 

En primer termino destaco la sentencia del TJ de 23 de Octubre de 2003 en el caso JAN NILSSON (C-154/02), que afecta al comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestres.  Encontramos aquí el Convenio de Washington de 1973, aplicado en la Comunidad desde 1984; en el ámbito de la UE interesa sobre todo el Reglamento (CE) n. 338/97, del Consejo, de 9 de Diciembre de 1996.

El litigio surge porque el Sr. NILSSON compró ilegalmente en Suecia ejemplares muertos y disecados de gavilanes, alcotanes, un oso pardo,  etc.

 

En segundo lugar destaca la sentencia del TJ  de 25 de Noviembre de 2003 en el caso COMISIÓN/ESPAÑA sobre la calidad de las aguas interiores de baño. Estamos en realidad ante una sentencia por incumplimiento de otra anterior sentencia de 1998; la Comisión recuerda que dichas aguas deben tener una calidad indicada en la Directiva 76/160/CEE y que el 20% de tales aguas no alcanzan esa calidad.

La sentencia concluye condenando a España al pago de 624.150 € al año por cada punto porcentual de zonas de baño en las aguas interiores españolas que no respeten los valores fijados por dicha Directiva.

 

Por otra parte haré una referencia la sentencia del TJ de 27 de Noviembre de 2003 en el caso COMISIÓN/FRANCIA sobre la no adaptación del derecho francés a las exigencias de la Directiva 92/219/CEE sobre organismos modificados genéticamente.  La sentencia demuestra que diversas normas del Code de l?Environnement no cumplen las exigencias de la mencionada Directiva.

 

Finalmente conviene recordar la sentencia de 9 de Diciembre de 2004 dictada en el caso COMISIÓN EUROPEA/ESPAÑA.  Se cuestiona la Directiva 79/409/CEE del Consejo relativa a la conservación de las aves silvestres.

El caso surge porque la Comunidad Valenciana permite la denominada caza mediante el “parany”, caza con liga  o captura mediante un sistema tradicional en el que se utiliza un entramado de varetas montado en un árbol al que se atraen las aves mediante reclamos.  El Decreto 135/2000 de la Comunidad Valenciana establece un régimen para la caza mediante este sistema.

Al utilizar el “parany”, también se capturan otras especies, estando pues ante un método no selectivo de captura; cuando se aduce que ese método se permite contra los zorzales, que atacan a los olivos y producen daños importantes, el Tribunal de Justicia señala que también existen olivares en Castilla la Mancha y Andalucía y allí se cazan solamente con escopeta, o sea mediante un método selectivo.

 

 

IV)              LAS DIFICULTADES DE LA  EN LA APLICACIÓN DEL DH A UN MEDIO AMBIENTE SANO.

Analicemos ahora brevemente algunas dificultades de la UE para proteger el DH a un MA sano.  No son las únicas existentes, pero sí parecen ser las más importantes.

 

 

A) LAS DIFICULTADES EN LA TRANSVERSALIDAD O  INTEGRACIÓN DE LAS EXIGENCIAS AMBIENTALES 

 

Resulta interesante analizar  el principio de integración en general.  Repasemos brevemente los siguientes aspectos. Evolución del principio, significado, fundamento e implicaciones.

 

-Evolución

 

Los orígenes del principio se sitúan en el Segundo Programa de Acción (1977-1981).

Pero su formulación actual se debe sobre todo a la influencia de la Cumbre de Río 1992 sobre MA Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  El principio n° 4 de la Declaración de Río afirma textualmente: “A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del MA deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada”.

 

De modo que tenemos el principio de integración íntimamente unido al de la SOSTENIBILIDAD.

 

En el Derecho Ambiental de la UE a partir del 2 Programa se inserta en todos los Programas posteriores. 

 

-Significado actual.

La positivación en el sentido normativo se produce con el Acta Única Europea.  Hoy se halla recogida en el art. 6 del TCE: LEER.

 

Del examen de la evolución del principio se deduce que su carácter vinculante ha ido mejorando progresivamente:

-Primero se le consideraba “un componente de las restantes políticas de la CE” (Acta Única Europea)

-El Tratado de Maastricht afirmaba que las exigencias ambientales “deben ser integradas en la definición  y la aplicación de las restantes políticas de la Comunidad”

-Los Tratados de Amsterdam y   Niza    afirman que no solamente deben integrarse esas exigencias en las restantes políticas sino también en las acciones de la Comunidad; además   la integración se hace “en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible”.

La integración pues afecta a las políticas y a las acciones, a la teoría y a la práctica de la UE y de sus Estados miembros.

 

El Sexto Programa se refiere a la integración en las pp. 14-15.  Según este documento “es preciso integrar objetivos medioambientales desde las primeras fases de los procesos de cada una de esas políticas y evaluar y tomar decisiones con conocimiento de causa con una perspectiva temporal mucho más larga”

 

Por otro lado, el Sexto Programa se refiere (pp. 68-70) a la elaboración continuada de indicadores que permitan medir esta integración.  Dice el Sexto Programa que es necesario buscar “indicadores que calibren los progresos con respecto a unos objetivos determinados, incluyendo indicadores del valor monetario de los efectos del deterioro ambiental... Se están preparando conjuntos  de indicadores claros y coherentes para evaluar los avances en relación con objetivos precisos”.

 

Según el Sexto Programa, la UE cuenta ya con indicadores genéricos, que serán completados con indicadores de calidad ambiental y unos conjuntos básicos de indicadores de integración para cada política.

 

Hemos de preguntarnos qué debe integrarse.  La respuesta parte del examen del art. 174 del TCE.

 

- Habrá que integrar los objetivos del 174, 1°

-          Habrá que integrar los principios del 174, 2°

-          Habrá que integrar finalmente los datos científicos disponibles, las condiciones ambientales de las diferentes regiones de la UE, etc. (174, 3°).

 

Pero integración no significa que las consideraciones ambientales sean prioritarias sobre otras consideraciones, no significa primacía de éstas sobre las demás; sin embargo, si las medidas propuestas en una política concreta implican el riesgo de  provocar graves daños al MA, entonces parece que no habrá integración si se adoptan tales medidas; se violará el art. 6 del TCE.

 

La Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) ha elaborado el modelo DPSIR: D (Driving Factors  o factores económicos importantes), P (pressures o presiones sobre el MA), S (State o estado y evolución del MA), I (Impacts o impactos o efectos sobre el MA) y R (reponses o respuestas a los problemas ambientales).

 

La integración representa un desafío sin precedentes: Exige que todas las políticas de la UE respeten las exigencias ambientales.  Ese respeto debe ser doble: En la formulación de las políticas y en su aplicación.

 

Como escriben Arnaud COMOLET y Aline DECONINCK, subsiste completamente el problema de la aplicación de este principio,  porque exige un cambio en las mentalidades: “el cambio de la aproximación tradicional reactiva a una aproximación pro-activa” o previa.  Además (señalan ambos autores) “exige una implicación de los actores locales y económicos”.  Por eso “uno de los mayores desafíos será elevar al MA desde la situación marginal,  en la que se encuentra confinado con frecuencia, a la situación de dimensión completa del desarrollo humano” (Revue Européenne de Droit de l?Environnement n° 2/2001, pp. ¿251?; su estudio se titular “Le principe d?intégration. Historique et interprétation”).

 

 

B) LAS CARENCIAS DEL DERECHO AMBIENTAL DE LA UE.

 

La protección real del MA en la UE resulta difícil, problemática.  Parece que se van dando pasos importantes, pero a mi entender insuficientes.

 

Pasos importantes en la educación ambiental, en la  participación de todos los agentes en la protección o en la adopción de normas a diferentes niveles (tratados internacionales, UE, Estados, CCAA, municipios).

 

Pero junto a esos pasos, persisten reticencias de los poderes públicos, las empresas y los simples particulares a la hora de aplicar realmente las normas.  Los plazos en la aplicación de las normas se dilatan, a veces no se reprimen con la firmeza suficiente los atentados al MA, los problemas se niegan, etc.

 

En algunos sectores, las cosas mejoran (aguas potables, control de vertederos).  En otros las cosas empeoran: Gases de efecto invernadero, atmósfera, desaparición de especies...

 

Podemos resumir las principales carencias en tres aspectos: Inexistencia de un cuerpo de inspectores ambientales de la UE, complejidad del Derecho ambiental de la UE y dificultad de las ONG?S para demandar ante el Tribunal de Primera Instancia y el TJ.

 

-Inexistencia de un cuerpo de inspectores ambientales de la UE. 

 

El TCE atribuye  a la Comisión Europea importantes poderes de inspección en materia de derecho de la competencia (arts. 81-82, sobre todo).  La Comisión puede enviar sus inspectores a cualquier empresa de cualquier EM sin previo aviso y éstos pueden actuar (Reglamento 17).  No sucede lo mismo en materia ambiental.  Al revisarse el status de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), se pensó en crear estos inspectores, pero no se hizo. 

 

Por tanto, la Comisión no puede realizar una inspección directa en el territorio de los EM si éstos no consienten; pues bien, cuando se les acuse de violar el D del MA, generalmente no permitirán esa inspección directa; su deber de lealtad comunitaria  (art. 10 TCE) no parece que llegue a ese extremo.

 

Complejidad del actual Derecho ambiental de la UE.

 

El Derecho ambiental de la UE resulta demasiado complejo.  Una Directiva, modificada una y otra vez (alguna de ellas hasta 26 veces) y sin un texto consolidado difícilmente puede ser consultada ni siquiera por el experto.  Es necesaria pues una codificación.  Esa codificación podría hacerla la COMISION EUROPEA siempre que se le atribuya el poder de codificación del derecho ambiental derivado.

 

Dificultad de las ONG?S para acudir ante el TPI y el TJ.

 

¿Qué sucede cuando se detecta una violación del Derecho ambiental? Las personas que lo detectan, pueden acudir a los tribunales internos, a la Comisión por la  vía de la  queja, al Parlamento Europeo por la  vía del derecho de petición, que tenemos todos los ciudadanos.  Pero no pueden llevar ese caso ante el TPI ni ante el TJ.

 

El TCE no permite ese recurso; acaso no debiera concederse de modo indiscriminado, pero sí sería posible atribuirlo a las ONG?S más representativas.

V) CONCLUSION GENERAL: MA SANO, CALIDAD DE VIDA, DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD

 

Voy a terminar con una conclusión general, que será crítica, y que centraré en  LA CONJUGACION DEL MA SANO, LA CALIDAD DE VIDA, EL DESARROLLO Y LA SOSTENIBILIDAD.

 

1° Hablamos como el D al MA sano como un DH o Derecho Fundamental de todos; por eso el Tratado CE habla del MA y dice que debe contribuir a la salud de las personas.  La Carta de DF considera el MA como un DF.

 

Quien contamina, no respeta ese Derecho, sea la Admón pública o un simple particular.

 

El TEDH ha admitido en diversas sentencias que el D al MA forma parte de los DH: Destacan sobre todo dos casos, la sentencia de 1994 en el caso LÓPEZ OSTRA/ESPAÑA y la sentencia de Octubre de 2001 en el caso HATTON AND OTHERS/UNITED KINGDOM. Veamos un poco el primero de los casos, la condena a España y la obligación de pagar a la Sra LÓPEZ OSTRA y a su abogado.

 

CALIDAD DE VIDA: No se trata de tener más bienes, sino de disfrutar de una mejor calidad de vida e incluso de bienes mejores (alimentos biológicos, por ejemplo).  Esa calidad depende de muchos factores, entre ellos un MA sano.  Por eso el D a un MA sano debe conectarse con los DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, que también son DF, según la Carta adoptada en Diciembre de 2000, a la que me refería ayer.

 

3° DESARROLLO: Desarrollo rural o urbano pero en sus cinco dimensiones: Político, económico, social, cultural y ambiental; si no existen las cinco dimensiones, no hay desarrollo.

 

El MA no condena de zonas rurales a pobreza y a subdesarrollo.  Para ello hay que preservar recursos, especies y espacios.  Debe tener en cuenta el desarrollo de todas las zonas.

 

4° SOSTENIBILIDAD: Presente y futura. Las generaciones actuales deben poder cubrir sus necesidades, pero también deben dejar el planeta de manera que las generaciones futuras cubran las suyas.  Hablamos así de equidad  intra e intergeneracional.

 

Keba M?BAYE, un africano experto en Derechos Humanos, escribe: “La tierra no es una herencia de nuestros antepasados; es un préstamo de nuestros sucesores”.

 

VI)              ACTIVIDAD DE ESTA UNIDAD.-

En lugar de un test, esta Unidad te ofrece otra actividad:

Busca, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia,   la sentencia dictada  el 13 de  Enero de 2005 en el caso SOCIETÀ ITALIANA GRAGAGGI SpA

El comentario debe tener los siguientes elementos:

a)      Hechos que originan el caso

b)      Partes (entes públicos o privados) que intervienen en este caso tanto ante el Tribunal de Justicia como ante los Tribunales Italianos

c)       Derecho de la UE aplicable

d)      Alegaciones de las partes

e)      Solución dada por el TJ

f)        Opinión personal tuya.

 

Te pido un breve comentario, por lo cual no debes pasarte de ocho páginas (máximo 16.000 caracteres de ordenador).

 

 

 



[1] La expresión DERECHOS HUMANOS DE LA SOLIDARIDAD se debe a Karel VASAK (Le Droit International des Droits de l'Homme, Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de La Haya 1974-IV, p. 344).

 

[2]  Consultar Philip ALSTON, Conjuring up New Human Rights: A proposal for Quality Control, American Journal of International Law 1984, p. 607 y ss. y, del mismo autor,  Making Space for New Human Rights: The Case of the Right to Development,  Harvard Human Rights Yearbook 1988, p. 3 y ss.

[3] Pour une troisieme génération des Droits de l?Homme, Études et essaius sur le Droit International Humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de JEAN PICTET, Croix-Rouge, Ginebra 1984, p. 837 y ss.

[4] La convención marco de las NNUU sobre cambio climático, la convención sobre diversidad biológica y la convención sobre desertificación.

[5] Com (92) 23 final, 20 Mayo 1992, vol. II.

[6] Manual de Derecho Ambiental, Trivium, Madrid 1995, p.  42.

[7] H. MUÑOZ, El debate comercio internacional vs. ecología, Síntesis, Julio-Diciembre  1993, pp. 167-170.

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