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UNIDAD 1: OBJETIVOS  Y CARACTERES ESENCIALES DE LA  UE

Ángel G. CHUECA

SANCHO.-

Sumario:

I)      INTRODUCCIÓN GENERAL.

II)    LOS OBJETIVOS DE LA UNION EUROPEA:

  • a)  LA COMPLEJIDAD EN LOS OBJETIVOS DE LA UE.
  • b)  LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA MISMA.
  • c)   OBJETIVOS ESPECIFICOS EN CADA UNO DE LOS TRES PILARES:
  • d)   LOS OBJETIVOS DE LA CE.
  • e)   LOS OBJETIVOS DE LA PESC.
  • f)  LOS OBJETIVOS DE LA COOPERACIÓN POLICIAL Y JUDICIAL EN MATERIA PENAL:

  III)    CARACTERES ESENCIALES DE LA UE.

A)     Una Unión de Pueblos europeos representada por el Parlamento Europeo.

B)      Una Unión aquejada de déficit democrático

C)      Elección directa del Parlamento Europeo y derecho de petición al  mismo 

D)      Una Unión de Ciudadanos:

        La aparición, consolidación y juridificación del concepto de Ciudadanía de la UE.

       La significación política de la ciudadanía.

E)   La relación entre la ciudadanía de la UE y la  transparencia en la vida de la UE.

F) Los imprecisos límites entre Derechos Fundamentales y Derechos de la Ciudadanía de la UE.

G)  Una Unión respetuosa con los Derechos Fundamentales (aspectos generales).

 

IV) APUNTE BILIOGRÁFICO Y JURISPRUDENCIAL .

V) TEST DE AUTOEVALUACIÓN.

I)                  INTRODUCCIÓN GENERAL

Abordamos este CURSO DE DOCTORADO SOBRE LOS DF EN LA UE en un momento de gran interés teórico y práctico.

El 29 de Octubre de 2004  se firmaba en Roma EL TRATADO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA CONSTITUCIÓN PARA EUROPA (DO de la UE  C 310, 16 de Diciembre de 2004).  

No vamos a examinar el Tratado Constitucional (al que se le suele llamar Constitución, siendo evidentemente un tratado) sino que nos centramos en los DF en la UE; por tanto no examinaremos ni las instituciones ni los modos de adopción de decisiones, ni otras importantes materias, sin duda conocidas por los alumnos de este Curso de Doctorado.

No obstante, en esta primera Unidad, abordaremos cuestiones introductorias, centradas en dos ejes: Los objetivos de la  Unión y los caracteres esenciales de la misma.

Nuestro examen se realiza en el Derecho vigente, o sea siguiendo el TRATADO DE NIZA.

 

II) LOS OBJETIVOS DE LA UNION EUROPEA.

  

A) LA COMPLEJIDAD EN LOS OBJETIVOS DE LA UE.

 Sin ánimo de exhaustividad, analizaré a continuación  los OBJETIVOS DE LA UNION.     Un estudio en profundidad de todas esas materias sin duda conduciría a un tratamiento monográfico de las mismas.

 Al analizar los OBJETIVOS DE LA UNION EUROPEA puede realizarse simplemente un examen del art. 2 (antiguo art. B) del TUE.  Efectivamente ahí se regulan los OBJETIVOS GENERALES y sin duda el examen de esa norma resulta imprescindible.

 

Sin embargo un análisis de tal tenor corre el riesgo de ser tan sólo parcial.  La parcialidad nace del hecho de que la UE tiene además otros objetivos, enumerados en los tres Tratados constitutivos de las tres Comunidades y también recogidos en las disposiciones relativas a la PESC y a la Cooperación Policial y Judicial en Materia Penal. 

 

La comparabilidad entre los objetivos enunciados en tan distintos lugares puede aportar luz sobre los OBJETIVOS ULTIMOS de la misma.  Dicha comparabilidad parte del contenido de las diversas disposiciones del TUE (y de los tratados constitutivos de las tres Comunidades, cuyas disposiciones en esa materia han sido escasamente modificadas por el TUE).

 

El Proyecto de Constitución Europea facilita en gran medida el examen de los valores y los  objetivos que la UE debe defender.

 

Su art. 2, titulado VALORES DE LAUNIÓN, señala:  “La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos.  Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el   pluralismo, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la no discriminación”.

Valores pues plenamente centrados en los DH, en la persona humana, en la dignidad humana.

 

Su art. 3, titulado precisamente OBJETIVOS DE LA UNIÓN, dice lo siguiente:

“1. La finalidad de la Unión es promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos.

2. La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores y un mercado único en el que la competencia sea libre y no falseada.

3. La Unión obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel de vida elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente.  Asimismo promoverá el progreso científico y tecnológico.

La Unión combatirá la marginación social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño.

La Unión fomentará la solidaridad económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros.

La Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la preservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo.

4.En sus relaciones con el resto del mundo, la Unión  afirmará y promoverá sus valores e intereses.  Contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y equitativo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, la estricta observancia y el desarrollo del Derecho Internacional,  y en particular al respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

5. Estos objetivos se perseguirán por los medios apropiados, con arreglo a las competencias atribuidas a la Unión en la Constitución”.

 

Estamos pues ante unos objetivos que interesan a los Derechos Humanos: Se habla de libertades, se habla de desarrollo sostenible, progreso social, etc.

Se reitera la protección a los derechos del niño, la igualdad entre sexos, la erradicación de la pobreza, la protección de los DH...

  Pero hemos de situarnos en el terreno más firme del derecho vigente.  En él podemos distinguir OBJETIVOS GENERALES DE LA UE, por un lado, OBJETIVOS COMUNITARIOS DE LA UE, por el otro, y OBJETIVOS DE LA UE en la PESC y en la Cooperación Policial y Judicial en Materia Penal, finalmente.  

B) LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA  MISMA.

 

 El art. 2 (antiguo art. B) del TUE recoge los OBJETIVOS GENERALES  DE LA UNION.  Utilizando "un género literario clásico en la redacción de todos los tratados internacionales o, al menos de todos los tratados constitutivos de OI", en palabras de D. SIMON se reiteran las finalidades que persigue la Unión, ya expuestas en el preámbulo del mismo tratado; siguiendo al mismo autor puede afirmarse que esta norma por un lado manifiesta la interdependencia de objetivos entre los tres pilares  y, por el otro demuestra que "la suma de las finalidades específicas bajo el "sombrero" de la Unión produce un resultado más importante que la suma aritmética de los componentes" [1] .

 

El TUE  estructura sus objetivos en cinco, enunciados de un modo  bastante inconcreto unos y más concreto otros.  En todo caso, no encontramos demasiada claridad en esta norma ni en la enunciación de los objetivos ni en su inciso final sobre las condiciones y los  ritmos a los que deben alcanzarse.

 

Sin duda el OBJETIVO GENERAL ENUNCIADO en primer lugar es el ECONOMICOSOCIAL.  Señala el Tratado que la Unión tendrá por objetivo "promover un progreso económico y social y un alto nivel de empleo y conseguir un desarrollo equilibrado y sostenible".  Relaciona ya, por tanto, el desarrollo y la vertiente ambiental en este objetivo al hablar de un desarrollo equilibrado y  sostenible.

 

Este primer OBJETIVO GENERAL no finaliza con esos amplios términos.  Prosigue concretando bastante más otros OBJETIVOS también de tendencia económico-social.  Habla así de la creación de un espacio sin fronteras interiores, del fortalecimiento de la cohesión económica y social y del establecimiento de una Unión Económica y Monetaria.  Precisamente en relación con esta última se afina todavía más el perfil de este objetivo, al observar que dicha Unión implicará en su momento una MONEDA UNICA.

 

El segundo OBJETIVO GENERAL consiste en afirmar la IDENTIDAD DE LA UE EN EL AMBITO INTERNACIONAL.  Esa identidad, a veces desdibujada por las querellas de los Estados miembros,  debe lograrse a través de la realización de una POLITICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMUN .  Pues bien, la PESC en el futuro puede alcanzar la definición progresiva de una POLITICA DE DEFENSA COMUN que, en su momento, podría conducir a una DEFENSA COMUN.

 

A pesar de que el TUE habla de la IDENTIDAD DE LA UE en el ámbito internacional, ello no supone que se atribuya a la UNION una subjetividad o personalidad internacional, al menos de un modo expreso.  Cada una en su propio campo de actuación y según las pertinentes reglas de sus tratados, sí  tienen subjetividad internacional las tres Comunidades pero no está claro si también la posee la UNION, que parece tenerla tan sólo en estado embrionario.

 

 No obstante   la subjetividad internacional de la UE constituye  una materia no cerrada sino abierta; así debe entenderse interpretando conjuntamente el art. 2 y el art. 17 (antiguo art. J.4), párrafo 3º del TUE; según esta última norma "la Unión recurrirá  a la Unión Europea Occidental para que elabore y ponga en práctica las decisiones y acciones de la Unión  que tengan repercusiones en el ámbito de la defensa".  Pues bien, si la UE no tuviera ningun tipo de subjetividad internacional difícilmente podría  recurrir a una OI como es la UEO. 

Desde luego los problemas actuales sobre la subjetividad internacional serán superados el día que se adopte el Proyecto de Constitución Europea; efectivamente, su art. 6 señala textualmente: “La Unión tendrá personalidad jurídica”.

 

El tercer OBJETIVO GENERAL se concreta ya en los ciudadanos.  Se pretende defender los derechos e intereses de los nacionales de los Estados miembros mediante la creación de la CIUDADANIA DE LA UNION.   Como es sabido, el establecimiento de la CIUDADANIA (a pesar de ser un OBJETIVO DE LA UE) no se desarrolla en las Disposiciones Comunes del TUE, sino que se traslada al TCE. 

 

Se ha alegado para ello que la aplicación judicial de las normas comunitarias corresponde (en su instancia suprema) al TRIBUNAL DE JUSTICIA y que, si la CIUDADANIA hubiera sido regulada en las citadas Disposiciones Comunes, el mencionado TRIBUNAL no hubiera podido ejercer su control judicial sobre ellas.  A mi entender se trata de un argumento escasamente fundado, como prueba la lectura del art. 46 (antiguo art. L); esa norma concreta hasta dónde alcanza la competencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA; a pesar de su denominación oficial de TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, su competencia se extiende a algunas normas no comunitarias del TUE, tanto del segundo como del tercer pilar [2]

 

En síntesis, nada impedía a los redactores del TUE regular la CIUDADANIA DE LA UE en las Disposiciones Comunes y extender la competencia del Tribunal de Justicia a las normas que la regulasen; ello resulta mucho más claro tras la revisión adoptada en Amsterdam, en la cual se amplía la competencia del Tribunal de Justicia en los pilares segundo y tercero.

 

El cuarto  OBJETIVO GENERAL se concreta en la COOPERACION POLICIAL Y JUDICIAL EN MATERIA PENAL.  Se trata de establecer "un espacio de libertad, seguridad y justicia", que garantice la libre circulación de las personas.  Además este cuarto objetivo incluye el control de las fronteras exteriores, el asilo, la inmigración y la prevención y la lucha contra la delincuencia, materias en parte trasvasadas desde el tercer pilar al TCE.

 

 Finalmente nos encontramos con el mantenimiento y el desarrollo del ACERVO COMUNITARIO.  En tal sentido podemos preguntarnos con V. CONSTANTINESCO si  de ello no se deduce la idea de que los procedimientos comunitarios constituyen una especie de "derecho común", que tiene vocación para absorber en el futuro los procedimientos de cooperación.   La posible "comunitarización" de alguno de los ámbitos de la  cooperación en la Conferencia de 1996  podría confirmar esta hipótesis.

 

Queda por examinar un aspecto: Los objetivos (según afirma el inciso final del art. 2) han de ser logrados en las condiciones y según los ritmos previstos en el Tratado y "en el respeto del principio de subsidiariedad tal y como se define en el rt. 3 B del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea".  Ciertamente si tenemos presente el contenido de los objetivos enunciados, parece que la subsidiariedad deberá jugar en  todos los ámbitos en los que actúe la UE; pero puede desplegar especial fuerza  normativa  (no política) en el desarrollo del acervo comunitario.

C) LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS EN CADA UNO DE LOS TRES PILARES. 

Pero conviene adentrarse además en los objetivos específicos enunciados en cada uno de los tres pilares.  Aunque sea someramente, así obtendremos una imagen panorámica mucho más completa.

 

a) Los objetivos   de la CE.

Para comprobar los objetivos de la CE hemos de revisar los arts. 2 y 4 de su Tratado constitutivo.  El primero de ellos los enuncia, el segundo los concreta un poco más, refiriéndose además a las condiciones, los ritmos y los procedimientos a seguir para su consecución.

Según el art. 2 del TCE esta Comunidad tiene en primer lugar el objetivo de promover un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas.  El carácter fundamentalmente económico de la CE queda así claramente de manifiesto; de todas las maneras, también conviene recordar la conexión integración económica-protección del medio ambiente, deducible del carácter sostenible del desarrollo.

Se pretende lograr además un alto nivel de empleo y de protección social.  Sin duda nos encontramos con una norma básica en un mundo donde la globalización amenaza con barrer cualquier protección social, salvo la más estrictamente individual.

Se busca en tercer lugar la igualdad entre el hombre y la mujer, objetivo introducido en Amsterdam.  Desde hace tiempo, los tratados constitutivos incluían normas sobre no discriminación por razón de sexo, pero eran sobre todo normas de contenido económico; especial importancia ha tenido el antiguo art. 119 del TCE (actual art. 141), que prohibe la discriminación salarial.

Tampoco ha de olvidarse el crecimiento sostenible y no inflacionista que busca la CE ni el alto grado de competitividad y de convergencia de los resultados económicos.  La clave económica (básica para entender la integración europea) se explicita de nuevo.

Afrontando expresamente la relación economía-medio ambiente, se afirma que la CE persigue un alto nivel de protección y de mejora de la calidad del medio ambiente.  La trascendencia de los aspectos ambientales, su carácter transversal, son reiterados una y otra vez por los centenares de normas comunitarias vigentes (Directivas, especialmente).

En la misma dirección se pretende la elevación del nivel y de la calidad de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad entre los Estados miembros.  Aspectos todos ellos tributarios de la economía.

¿Cómo deben lograrse estos objetivos o misiones? Según el art. 2 del TCE mediante el establecimiento de un mercado común, mediante la creación de una unión económica y monetaria y mediante la realización de las políticas o acciones comunes previstas en el tratado.

Todo ello, según el art. 4 del TCE (antiguo art. 3-A) debe efectuarse respetando el principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia y de un modo progresivo.  Las acciones de la Comunidad y de los Estados miembros deben regirse por los principios de precios estables, finanzas públicas y condiciones monetarias sólidas y balanza de pagos estable (art. 4, párrafo 3º).

A pesar de que desde 1993 (entrada en vigor del Tratado de Maastricht) la Comunidad Europea ha perdido  la calificación de Económica, los objetivos han  de situarse sobre todo en el plano económico.  En realidad, la integración comunitaria nunca ha sido exclusivamente económica, pero siempre ha sido principalmente económica.

En esta óptica habremos de destacar con P. REUTER que "la sabiduría" del TCE consiste en no responder de una manera dogmática a la pregunta de qué es económico y qué no lo es. Pero esa misma "sabiduría" no puede ocultar la cara fundamentalmente económica de esa Comunidad.

 

b) Los objetivos  de la PESC.

Desde hacía años, existía en el seno de la Comunidad Europea la llamada Cooperación Política Europea.  Su ordenación se produjo a través de diversos informes y conclusiones, como el informe de Luxemburgo de 1970, el de Copenhague de 1973, el de Londres de 1981 y, finalmente, la Declaración solemne de Stuttgart de 1983.

Es bien sabido que ello originará la primera codificación convencional de esta Cooperación Política en el art. 30 del Acta Única Europea.  Después, en 1992, se estructura la Política Exterior y de Seguridad Común.

Orgánicamente la PESC se estructura mediante acciones sobre todo del Consejo Europeo, que define los principios, las orientaciones generales y las estrategias comunes de la UE (art. 13, antiguo art. J.3, del TUE) y del Consejo de la UE, que adopta las acciones y las posiciones comunes (arts. 14 y 15, antiguos arts. J.4 y J.5).  Este último órgano se ve asistido por un Comité Político (art. 25, antiguo art. J.15, del TUE), con funciones similares a las del Comité de Representantes Permanentes en la CE.

Pues bien, cuando se produjo la caída del muro de Berlín y la desaparición de la URSS parecía como si los problemas defensivos de la UE hubieran dejado de existir.  Sin embargo, prosiguen como demuestra la inseguridad en los Balcanes, la inseguridad en el Mediterráneo Sur o la incapacidad de impedir la diseminación de las armas nucleares de la antigua URSS, unida a la enorme dificultad de establecer unas relaciones estables con la Rusia actual; esta incapacidad surge de la propia inestabilidad rusa.

 Por eso hemos de preguntarnos qué objetivos persigue  hoy la Unión en la Política Exterior y de Seguridad Común.  Para responder a la interrogación hemos de analizar el art.  11, párrafo 1º (antiguo art. J.1) del TUE.

Los redactores de los tratados atribuyen a la PESC   cinco objetivos; su enumeración resulta a veces indeterminada, demasiado ampulosa.  En el actual momento de la integración parece que no cabe una determinación mayor.

Podemos hablar de dos grupos de objetivos: Los dirigidos básicamente hacia el interior de la Unión (que denominaré objetivos ad intra)   y los dirigidos sobre todo hacia el exterior (objetivos  ad extra).  

 

                          -Objetivos  ad intra.

Estos objetivos pretenden fortalecer la Unión internamente; son los dos primeros enunciados en el art. 11, párr. 1º del TUE.

En primer lugar la UE pretende en este pilar la defensa de los valores comunes, de los intereses fundamentales y de la independencia e integridad de la Unión, de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas.  Aparece así la Unión cimentada en dichos valores comunes, pero también asentada en una realidad política e incluso territorial; por eso se habla de la defensa de su independencia y de la integridad de la misma.

Jurídicamente no resulta demasiado exacto atribuir un territorio a la Unión.  Según el Derecho Internacional actual, solamente los Estados disponen de territorio; al hablar de la integridad de la Unión, estamos pues ante una especie de metáfora jurídica que parece preludiar el futuro.

En segundo lugar sobresale el objetivo de fortalecimiento de la seguridad de la Unión en todas sus formas. De esta forma pretende la Unión la estabilidad en el continente pero busca a la vez la elaboración de un sistema europeo de seguridad.

Actualmente el tema de la seguridad en la UE puede enfocarse desde la triple  perspectiva de la Unión Europea Occidental, de la OTAN y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), o sea de un modo asimismo amplio. 

Las relaciones entre la UE y la UEO constituyen sin duda el eterno problema de la multiplicidad de OI a las que se les asigna competencias idénticas, similares o muy próximas.  En la medida en que la UE vaya adquiriendo competencias reales (no simplemente nominales) en materia de seguridad, irá descendiendo el peso específico de la UEO; así parece reconocerlo el art. 17, párr. 1º (antiguo art. J.k) del TUE, al afirmar que la UEO proporciona a la UE el acceso a una capacidad operativa; capacidad operativa prestada y préstamo que desaparecerá cuando la UE tenga su propia capacidad operativa. 

En tal sentido ha de afirmarse con C. GUTIERREZ ESPADA que el Tratado de Amsterdam mantenía la idea de alcanzar una genuina Identidad Europea de Seguridad y Defensa e incluía "el propósito de que esa Identidad se encarne en la UEO y en su integración gradual en la Unión"

No obstante subsiste el problema de la relación entre la UEO y la OTAN y el de la importancia de la OTAN en la defensa de la UE.  En el primer sentido, nos encontramos con una voluntaria sumisión de la UEO a la OTAN.

En el segundo plano hemos de recordar que el art. 17 (antiguo art. J.4) del TUE advierte que la política de la UE respetará las obligaciones derivadas del Tratado del Atlántico Norte y que la OTAN será compatible con la PESC (párrafo 1º).  Se plantea pues de un modo directo la cuestión de la trascendencia de la OTAN y, en definitiva, de todas las denominadas relaciones euroatlánticas, problema que rebasa claramente el presente análisis.

Desde la tercera perspectiva (la OSCE)   el peso específico de la UE (y sus Estados miembros) resulta muy elevado  al menos por tres razones:

1ª Los 15 constituyen casi un tercio de los miembros de la OSCE.

2ª Otros Estados miembros de la OSCE han solicitado su ingreso en la UE; las sucesivas ampliaciones pueden conducir a que los miembros de la Unión Europea, a la vez miembros de la OSCE, constituyan la mitad e incluso la mayoría.

3ª No existe, dentro de la OSCE, ningún otro grupo de Estados tan cohesionado (política, jurídica y económicamente) como el de los Estados miembros de la UE.

Podemos decir  en general  que la UE pretende crear un espacio de seguridad, de estabilidad y de cooperación entre todos los Estados miembros de la OSCE; parte pues de tres principios:  La naturaleza global de la seguridad  (militar, económica, alimentaria, ambiental, humana o de respeto de los derechos humanos), la indivisibilidad de la misma (la seguridad de cada uno está ligada a la seguridad de todos) y la cooperación, buscando siempre objetivos  comunes.

 

                             -Los objetivos ad extra.

La dimensión global de la vida internacional impide que la UE se limita a sí misma.  Por eso la PESC define tres objetivos extra-UE, cuyo eje básico será la cooperación en un doble sentido: La cooperación entre  la Unión y  Estados no miembros de la misma y la cooperación entre la Unión y determinadas Organizaciones Internacionales.

Uno de los objetivos de la PESC precisamente en lo que podemos denominar como la dimensión global de la Unión es  el mantenimiento de la paz y el fortalecimiento de la seguridad internacionales, de conformidad con los principios de la Carta de la ONU, del Acta Final de Helsinki y de la Carta de París, incluidos los principios relativos a las fronteras exteriores. 

Cabe diferenciar dos aspectos: La participación en acciones de la ONU y la cuestión de la posible conversión de la CE (o, en su caso, de la UE) en miembro de la misma ONU.

Respecto al primero de ellos la UE (a través de sus Estados miembros sobre todo) participa actualmente en la definición del concepto amplio de seguridad en el seno de la ONU.  Se trata así de que la UE participe (de un modo activo y no como el que simplemente paga los gastos de algunas acciones) en el llamado "gobierno global".  Precisamente por eso destaca   el art. 17, párrafo 2º  que la Unión puede participar en misiones humanitarias y de rescate, misiones de mantenimiento de la paz, de gestión de crisis y de restablecimiento de la paz.

La participación de la UE (no de alguno o algunos de sus Estados individualmente considerados) en acciones de las NNUU para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales supone asimismo un fortalecimiento de las propias NNUU.  La hegemonía actual de una superpotencia (USA) no beneficia precisamente a la ONU, que debiera potenciar esta participación europea; así lo demuestra la agresión de EEUU y el Reino Unido a Irak en Marzo de 2003.

Respecto a la participación de la CE (o, en su caso de la UE) como miembro de la ONU se suscitan diferentes problemas (que no abordaré ahora).  Es preciso resaltar que la CE ya es miembro (juntamente con sus 15 Estados) de la FAO (Organización de las NNUU para la Agricultura y la Alimentación), en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y en la Organización Mundial del Comercio.  Pero la participación de la CE como miembro de una OI  resulta bastante compleja .

Políticamente esa participación  podría conducir en el futuro a la concesión a la UE "del estatuto de miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad"; el Parlamento Europeo sugiere que la UE se convierta pues en miembro  permanente con derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, sugerencia reiterada  por algunos socialistas europeos.

En este tercer objetivo interesa recordar que el Tratado de Amsterdam ha introducido la exigencia de respeto de las fronteras exteriores de los Estados.   Nos encontramos con una exigencia clásica en el Derecho Internacional Público,  reiterada en el Acta Final de Helsinki de 1975 y que hoy sigue teniendo vigencia ante el interminable proceso de aparación de nuevos Estados.

Enuncia en cuarto lugar el art. 11 del TUE el objetivo del fomento de la cooperación internacional.  Un objetivo plenamente concordante con la Carta de la ONU y con la evolución actual del Derecho Internacional.

Una cooperación que puede  estructurarse asimismo como una contribución al desarrollo de la ONU o puede llevarse a cabo mediante acciones individuales de la misma UE.  Una cooperación en el plano del desarrollo económico, en el ámbito humanitario, en el de protección del medio ambiente,  etc.

Precisamente este cuarto objetivo tiene una estrecha ligazón con el quinto, según el cual la PESC debe buscar el desarrollo y la consolidación de la democracia y del Estado de derecho, así como el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

La UE se preocupa pues a veces también de la situación de los derechos fundamentales fuera de las fronteras de sus Estados miembros.  El Parlamento Europeo constituye en este sentido la institución más caracterizada durante años por la defensa de tales derechos.

Esta preocupación desciende desde la arena política hasta el ámbito más concreto de lo jurídico en la política convencional llevada a cabo sobre todo por la Comunidad Europea, al menos desde 1989.  Inicialmente se trataba de referencias a la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos presentes en los preámbulos de algunos de los tratados celebrados entre la Comunidad y terceros Estados.

    Pero esta proclamación resulta todavía bastante retórica y no permite la suspensión o la terminación del tratado por violación grave y persistente de los derechos humanos por una de las partes.  Por eso la política convencional se perfeccionó y desde 1992 (acuerdos con Brasil, los Estados miembros del Pacto Andino, los Estados bálticos, otros Estados de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) los acuerdos  celebrados por la Comunidad incluyen una cláusula que define la democracia y los derechos humanos como elemento esencial del acuerdo.

Este cambio de política convencional puede tener importantes efectos por cuanto, como indica la Comisión, permite en su caso adoptar determinadas medidas restrictivas en la aplicación del acuerdo e incluso llegar a la aplicación del art. 60 de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados; según esta norma, cuando se produzca una violación grave de un tratado, la parte que no la ha cometido puede dar por terminado el tratado o suspender su aplicación total o parcialmente [3] .

El carácter de elemento esencial de esta cláusula de democracia y derechos humanos sería impugnado por PORTUGAL ante el Tribunal de Justicia en el caso sentenciado el 3 de Diciembre de 1996 [4] .  El Acuerdo de Cooperación entre la CE y la India (de 1994) incluye un art. 1, párr. 1 en el que se lee: "El respeto de los derechos humanos y los principios democráticos es la base para la cooperación entre las partes contratantes y para las disposiciones del presente Acuerdo y constituye un elemento esencial del mismo".

Aducía Portugal que el hecho de que los derechos fundamentales sean principios generales del derecho en el ordenamiento comunitario "no permite llegar a la conclusión de que la Comunidad posee la competencia para adoptar medidas en dicho ámbito, ya sea a nivel interno o externo".  Añadía que las referencias  a estos derechos en el Acta Única Europea y en el preámbulo y algunas normas del Tratado de Maastricht son "de naturaleza programática; definen un objetivo general, pero no confieren a la Comunidad facultades de acción específicas" y el Acuerdo citado superaba esa naturaleza.

El Tribunal se apoya en el art. 130 U (actual art. 177) del TCE y afirma que la política de cooperación al desarrollo debe adaptarse al respeto de  la democracia y los derechos humanos; además observa que ese art. 1, párr. 1, "puede ser, en particular, un factor importante para ejercer el derecho de obtener, en virtud del Derecho Internacional, la suspensión o la finalización de un acuerdo de cooperación al desarrollo, cuando el país tercero no ha respetado los derechos humanos".

Esta sentencia, que pasó en su momento casi totalmente inadvertida, da por terminadas (al menos en la teoría) algunas incertidumbres jurídicas del pasado.  Como observa J.-F. AKANDJI-KOMBÉ, tales incertidumbres surgían de una práctica comunitaria consistente en suspender la aplicación de los tratados en los que era parte la CE, cuando la otra parte realizaba violaciones masivas de los derechos humanos; una práctica bastante discutible desde la perspectiva del Derecho Internacional y de los mismos tratados suspendidos [5] .

La solución estructurada por el Tribunal en el ámbito de la cooperación al desarrollo parece ser válida asimismo para los restantes ámbitos en los cuales la Comunidad celebre un tratado.  Por tanto la cláusula "democracia y derechos humanos" constituye un elemento esencial de los acuerdos en los que específicamente se inserte y no un simple elemento de adorno que se introduce en un momento dado.  

 

c) Los objetivos  de la Cooperación Policial y Judicial en Materia Penal.

Por lo que atañe al tercer pilar, actualmente su ámbito material se ha reducido considerablemente.  Ello es así porque se ha comunitarizado una parte sustancial del mismo, la relativa a los visados, asilo, inmigración y otras políticas relacionadas con la libre circulación de las personas (título V de la parte tercera del TCE).

Dos son pues los ámbitos materiales del tercer pilar, tras la conferencia intergubernamental que elaboró el Tratado de Ámsterdam: La cooperación policial y la cooperación judicial, pero ésta tan sólo en materia penal [6] .

Conviene examinar dos aspectos relevantes en este pilar: Los objetivos propiamente dichos y el déficit democrático de la UE, especialmente relevante en este pilar.

 

                            -Los objetivos propiamente dichos.

El gran objetivo de la UE en este pilar consiste en ofrecer a los ciudadanos "un alto grado de seguridad dentro de un espacio de libertad, seguridad y justicia" (art. 29, antiguo art. K.1, del TUE).  Ese espacio se logrará (según el tratado) elaborando una acción común entre los Estados miembros, en los ámbitos materiales antes indicados, y mediante la prevención y la lucha contra el racismo y la xenofobia.

Obviamente, si se pretende un espacio de libertad, seguridad y justicia, la UE debe respetar los derechos fundamentales de todos; será esta una nota que caracteriza parcialmente a la Unión, porque generalmente respeta los de sus ciudadanos pero no pone el mismo celo en el respeto de los derechos fundamentales o humanos de los extranjeros [7] .

El gran objetivo de la UE se concreta   en la prevención y la lucha contra la delincuencia, organizada o no.  En realidad esta prevención y esta lucha cuenta ya con la acción de un organismo comunitario, la Europol.

En este terreno el art. 30 del TUE prevé que el Consejo de la UE potencie la Europol para que facilite y apoye la preparación, coordinación y ejecución de acciones específicas en la prevención y la lucha contra la delincuencia.  Además la Europol debe potenciar los conocimientos especializados en materia policial, sobre todo en la lucha contra la delincuencia organizada, debe fomentar acuerdos entre las autoridades de distintos Estados y crear una red de investigación, documentación y estadística de delincuencia transfronteriza.

Los delitos específicos sobre los que se ha de centrar la acción en común son el terrorismo, la trata de seres humanos, los delitos contra los niños, el tráfico ilícito de drogas y armas, la corrupción y el fraude.  Estamos ante delitos especialmente dañinos para cualquier sociedad, especialmente los cuatro grupos primeros.

Por lo que atañe a la cooperación judicial se pretende sobre todo la cooperación entre ministerios de los Estados miembros, facilitar la extradición entre ellos, prevenir los conflictos de jurisdicción y adoptar la que podemos denominar como una armonización mínima de las norms penales internas (art. 31 TUE).  Este último objetivo pretende lograr la armonización en los elementos constitutivos de los delitos y en la imposición de ciertas penas, en los ámbitos de la delincuencia organizada, el terrorismo y el tráfico ilícito de estupefacientes.

 

                           -El déficit democrático de la UE en el tercer pilar.

Ya he indicado antes que el Tratado de Ámsterdam atribuye competencia al Tribunal de Justicia para conocer de asuntos de este tercer pilar, en las condiciones fijadas en el art. 35 del TUE.  También observaba que determinados aspectos quedan expresamente fuera de tal competencia: El citado órgano carece de competencia para controlar la validez o la proporcionalidad de las operaciones efectuadas por fuerzas coercitivas de un Estado miembro y tampoco puede juzgar las responsabilidades de los Estados miembros acciones desarrolladas en el mantenimiento del orden público o en la salvaguardia de la seguridad interior.

Existen pues  importantes límites para el control judicial de la UE.  Obviamente pueden existir controles judiciales internos, que deben considerarse normales en un Estado de derecho; por otra parte ni las fuerzas policiales ni las acciones de mantenimiento del orden público o de la salvaguardia de la seguridad interior pueden olvidar el respeto de los derechos humanos; en otros términos, tales acciones pueden ser objeto de un control judicial internacional, en el caso europeo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Centrándonos ahora en el TUE, he de destacar que la estructura intergubernamental del tercer pilar  se halla aquejada de un fuerte déficit democrático.  Hablo de este déficit en el sentido de que no existe una clara sumisión del tercer pilar ni a los parlamentos estatales ni al Parlamento Europeo.

Ciertamente el déficit democrático resulta especialmente patente respecto al Comité de Coordinación, compuesto por altos funcionarios, creado en el art. 36 del TUE (antiguo art. K.8). 

No obstante, el Tratado de Ámsterdam ha suavizado este déficit democrático, al prever que el Consejo de la UE debe consultar ("consultará", dice el art. 39, 1º, del TUE) al Parlamento Europeo, cuando aquél vaya a adoptar una decisión marco, una decisión específica o un convenio;  claro que estamos ante un modo de suavizar el déficit, no de superarlo, porque (en ausencia del oportuno dictamen del PE) el Consejo podrá actuar (art. 39, 1º, in fine).

Por otra parte la Presidencia del Consejo y la Comisión deben informar regularmente al PE sobre sus trabajos en curso y el PE puede formular preguntas o recomendaciones al Consejo.  Pero ahí finaliza este blando control democrático de los trabajos del Consejo en Cooperación Policial y Judicial en Materia Penal.

Tampoco ha de olvidarse finalmente a Europol.   Al menos por el momento, no resulta demasiado claro el control de sus actividades, mediante acciones del Parlamento Europeo.   

III) CARACTERES ESENCIALES DE LA UE.

 

 Una UNION con tan amplios objetivos (económico-sociales, monetarios, políticos, incluso defensivos) parece que debe tener bien definidos sus  CARACTERES ESENCIALES O BASICOS. 

Sin embargo  los que construyen la UNION se muestran divididos sobre  las características más importantes de su construcción; ciertamente -afirma este autor- están de acuerdo en que no edifican un Estado-nación al estilo del siglo XIX; pero por lo demás unos sueñan con un espacio de libre comercio abierto al mundo (y, sobre todo, a los Estados Unidos), sin contenido político, mientras otros pretenden una especie de confederación o de federación, con autonomía política, estratégica, monetaria, etc

Desde luego la integración se ha basado siempre en la progresividad. El art. 1 del TUE ya la enuncia de un modo indudable: "El presenta tratado -dice- constituye una nueva etapa en el proceso creador de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa..."

 En realidad el método de Jean Monnet era bien simple: Hagamos ahora juntos lo que podamos hacer ya juntos; después nacerán nuevas posibilidades, sobre todo a través de las instituciones.  Pues bien, la UNION NO ABANDONA ESTE METODO SINO QUE PROFUNDIZA EN EL.

Estamos, en definitiva, ante una UNION EUROPEA bastante indeterminada, que precisa fijar bien sus carateres esenciales o fundamentales; a mi entender dichos caracteres pueden resumirse en los cinco siguientes:

-Se trata de una UNION  DE ESTADOS DEMOCRATICOS EUROPEOS;

-Una UNION DE PUEBLOS EUROPEOS;

- Una UNION DE CIUDADANOS;

-Una UNION respetuosa con los DERECHOS FUNDAMENTALES y

-Una UNION CUYA NATURALEZA JURIDICA SIGUE SIENDO CONFUSA.

 

 Veremos brevemente los aspectos más sobresalientes  de los pueblos, los ciudadanos y (de forma muy general) los Derechos Fundamentales.  No obstante, debe advertirse que estamos ante un examen general, no exhaustivo.

  A) UNA UNION DE PUEBLOS EUROPEOS, REPRESENTADA POR EL PARLAMENTO EUROPEO.

 En ciertos ámbitos se formula la pregunta de si existe un PUEBLO EUROPEO.  Esta pregunta, que ha originado polémica, ofrece diversas respuestas, dependiendo del difícil concepto de pueblo.

 Desde una perspectiva general puede admitirse la posición del  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMAN que, en su sentencia de 12 de Octubre de 1993 antes citada, señala que el Tratado de la UE "sirve de fundamento a una asociación de Estados con vistas a lograr una unión cada vez más estrecha de los pueblos de Europa, organizados en Estados, pero no un Estado cimentado en un pueblo europeo" [8] .  Con ello se descarta la existencia actual de un PUEBLO EUROPEO.

Hablamos pues desde la perspectiva de una pluralidad de pueblos, con su historia, sus contradicciones, sus aspiraciones.  Pueblos que, en un pasado no muy remoto, se enfrentaron en sangrientas guerras.  En la actual Unión Europea no parece posible estructurar (teóricamente) una hipótesis sobre una guerra entre pueblos integrados en ella.

A mi entender dos aspectos sobresalen en esta perspectiva de los pueblos: Su representación por el Parlamento Europeo y el persistente déficit que sufre la UE.  A este déficit me he referido ya en el tercer pilar.

  Como se desprende de los tratados constitutivos,  los pueblos europeos son asimismo protagonistas de la UNION. Desde el mismo art. 1, el TUE se refiere a los pueblos de Europa.  En efecto, su párrafo segundo observa que el citado Tratado "constituye una nueva etapa en el proceso creador de una Unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa".  He de observar que, en esa locución, no se refiere el texto convencional a los pueblos de los Estados de Europa sino directamente a los pueblos de Europa, sin interponer los Estados, desestatalizando la cuestión.

Precisamente por todo ello choca bastante que el  Tratado por el que se establece una  Constitución  para Europa en su art. I-1 diga que la Constitución “nace de la voluntad de los ciudadanos y de los Estados de Europa de  construir un futuro común”, olvidando a los pueblos.   Este olvido no es puramente casual sino que se debe a una clara intención política.

Es preciso llegar hasta el art. I-3 del Tratado constitucional, donde se definen los OBJETIVOS DE LA UE, para encontrar la primera mención a los pueblos: En su párrafo 1 se observa que “la Unión tiene como finalidad  promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos”.

El mismo art. 1 del TUE profundiza en la idea en su párrafo tercero.  Señala, como antes indiqué, que la UE tendrá por misión organizar de modo coherente y solidario las relaciones entre los Estados miembros y entre sus pueblos.  La locución parece que puede interpretarse   abrazando o regulando dos tipos de relaciones:

 

-Por una parte las existentes entre los Estados miembros; la Unión las hace más intensas de lo que fueran hasta el TUE;

-Por otro lado las relaciones entre sus pueblos; la locución parece un poco enigmática pero indica que forman parte de la UNION (no en un sentido jurídico-formal, sino en un sentido real, de participar en la toma de algunas de sus decisiones) los pueblos europeos.

 

 Para afirmar que la UE ES UNA UNION DE PUEBLOS EUROPEOS no basta con acudir al citado art. 1 del TUE.  Profundizando en esa dirección nos encontramos con otros elementos convencionales.

La existencia de un PARLAMENTO EUROPEO, directamente elegido por los ciudadanos de la UE, resulta otro aspecto de la mayor trascendencia.  En realidad, como he indicado en otro momento, la elección directa del PE constituye un  gran paso hacia adelante en el camino hacia la transformación del ciudadano francés, belga, español, etc., en CIUDADANO EUROPEO.

Ello es así porque el PARLAMENTO EUROPEO no representa a los Estados miembros de las tres Comunidades, sino a los pueblos de los Estados reunidos en ellas ( antiguo art. 137, actual art. 189,  del TCE, por ejemplo).  Aun cuando aquí se utiliza la formulación más estricta, no por ello debe minusvalorarse el hecho de que los representantes en el PE no representan a Estados sino a pueblos.

También en esta materia el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa ha cambiado sensiblemente: según el art. I-20, en su párrafo 2, “el Parlamento Europeo estará compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión”.  Se incrementan pues las referencias a los ciudadanos y se suprimen algunas referencias a los pueblos.

 

En este rápido repaso a la UE COMO UNION DE PUEBLOS EUROPEOS no puede soslayarse la posible existencia de PARTIDOS POLITICOS  A ESCALA EUROPEA.  Según el  art. 191 (antiguo art. 138 A) del TCE tales partidos constituyen un importante factor para la integración en la Unión.  Realmente esos partidos  contribuyen o pueden contribuir a la formación de la voluntad política europea.

 

A través del PE y de su elección directa se inserta la democracia primero en las COMUNIDADES y hoy en la UE.  Claro que la Comunidad no se construyó para ser un órgano democrático; sin embargo, su entorno natural y las exigencias de su propio desarrollo impulsaron a los redactores de los tratados a introducir el órgano parlamentario e incluso a prever su elección directa.

 

Precisamente para que la relación entre los pueblos europeos y la Unión sea más fluida, el TCE recoge hoy el DERECHO DE PETICION AL PARLAMENTO EUROPEO.  Existente desde que comenzara sus primeras sesiones la Asamblea Común de la CECA, su inserción en los Tratados constitutivos se produce tan sólo  con la entrada en vigor del TUE.  Se trata de un derecho que contribuirá a paliar en parte el llamado déficit democrático de la UE.

 

Por otro lado existe el DEFENSOR DEL PUEBLO, regulado en el TCE (art. 21, antiguo art. 8 D).  A él pueden dirigirse las reclamaciones que presenten ciudadanos de la UE o cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en el terrritorio de un Estado miembro (art. 195, antigo art. 138 E del TCE).

B) Una Unión aquejada de déficit democrático.

Puede ser considerado ya un lugar común el hablar del  déficit democrático de la UE.  Pero ese lugar común esconde puntos de indudable interés, relacionados con la protección de los derechos fundamentales y con la misma esencia de la Unión. 

Nos referimos al déficit democrático para indicar la ausencia de paralelismo entre las competencias de la UE y el peso de los ciudadanos de la misma en el sistema de adopción de decisiones.

Deben examinarse sobre todo dos aspectos: La exigencia de democracia a la Unión (que corre paralela a la exigencia de democracia a los Estados candidatos y a los Estados ya miembros) y la elección directa del PE y el derecho de petición al mismo como cauces de la democracia en la Unión.

 El déficit democrático tiene una estrecha relación con una Unión de Derecho, a semejanza de lo que sucede con un Estado de Derecho.  Tal relación se centraliza o focaliza en el Parlamento Europeo (que debe ejercer el control político de los órganos de la Unión, tiene poderes presupuestarios y contribuye a la adopción de normas) y en el Tribunal de Justicia, puesto que la Unión también se halla sometida a su propio Derecho y a las normas internacionales que le obliguen.

Pues bien, examinados  los órganos de la Unión desde la perspectiva de la división de poderes, no podemos decir que exista una legitimidad democrática suficiente: El Parlamento Europeo comparte sus poderes con el Consejo de la UE, éste   tiene una responsabilidad política  muy escasa ante el órgano parlamentario (no puede ser derribado por dicho órgano), no existe un ejecutivo en el sentido estricto del término (no lo es la Comisión Europea), etc.

En el pasado la pertenencia a las Comunidades exigía ya realmente que el Estado que solicitaba su adhesión fuese un Estado democrático.   La Declaración  de la conferencia en la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Copenhague en Diciembre de 1973, adoptaba el  documento titulado "La Identidad Europea"; en él los reunidos manifiestan que defienden la democracia representativa, el imperio de la ley y la democracia social; comienza así la etapa de Declaraciones sobre la materia.  La Declaración sobre la Democracia del Consejo Europeo de Copenhague de Abril de 1978 incide en la misma línea, etc. 

Actualmente la exigencia de la democracia en los Estados miembros  se ha introducido en el TUE en dos niveles: En primer término para su ingreso en la Unión (art. 49); en segundo lugar para el mantenimiento de todos sus derechos y deberes en la misma (art. 7), niveles ambos analizados. 

Surge pues una nítida interacción entre integración y democracia, puesta de relieve ya por la doctrina hace tiempo.  Pero debemos diferenciar entre la democracia en los Estados miembros de la Unión y la democracia en la misma Unión.

Afortunadamente se ha producido además una inserción directa de la exigencia de la democracia respecto a la misma Unión; el art. 6 del TUE observa en su párrafo 1º que la Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho.  Por tanto ésta también debe basarse en la democracia, también debe ser democrática, superando su actual déficit en este terreno.

Desde luego la exigencia de democracia en la Comunidad iba unida a la configuración de ésta como una Comunidad de Derecho, expresión utilizada   por Walter HALLSTEIN en los años sesenta y reiterada después en la doctrina.   Sin embargo, la teoría doctrinal no parece corresponderse con la realidad de la Unión.

Sin duda una referencia inequívoca en esta materia se halla constituida por la  sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de Mayo de 1986, dictada en el caso del  PARTIDO ECOLOGISTA "LOS VERDES"/PARLAMENTO EUROPEO; en ella se lee que "la Comunidad Económica Europea es una Comunidad de Derecho en la medida en que ni sus Estados miembros ni sus instituciones pueden sustraerse al control de la conformidad de sus actos con la carta fundamental que constituye el Tratado" [9] .

La misma calificación de "Comunidad de Derecho" la efectuará el Tribunal en su dictamen de 14 de Diciembre de 1991, emitido en virtud del art. 228, párrafo 2º, apartado segundo, del TCEE, relativo al proyecto de acuerdo de asociación entre la Comunidad y la Asociación Europea de Libre Comercio, sobre la creación del Espacio Económico Europeo (EEE).  El dictamen compara ambas Organizaciones Internacionales y afirma: "El Tratado CEE, aun concluido en forma de un acuerdo internacional, no por ello constituye en menor medida la carta constitucional de una comunidad de derecho..." [10] .

C) Elección directa del PE y derecho de petición al mismo.

 A pesar de todo   subsiste el déficit democrático en la Unión Europea, porque esta Europa – como señalan muchas circunstancias una y otra vez - es el fruto de una disociación objetiva entre la política y el derecho. Un déficit comprobable sobre todo en el funcionamiento de las mismas instituciones de la Unión y que perjudica directamente a las personas. No obstante, nos encontramos ante un déficit democrático cada día menor.  La elección directa del PE, y el incremento de poderes de éste en las sucesivas revisiones de los tratados así lo atestiguan.

La principal manifestación de ese déficit se encuentra en el terreno de la adopción de normas en la Unión.  Sin duda ahí se precisan reformas institucionales de gran calado para lograr la superación de tal situación.

La superación de  ese déficit se produce principalmente a través de la elección directa del Parlamento Europeo, pieza clave en el proceso integrador.  Pero la simple elección del PE cada cinco años no puede producir efectos taumatúrgicos globales; en efecto, la democracia en la UE no puede consistir exclusivamente en la elección quinquenal del órgano parlamentario y necesita ser superado por medios adicionales.

Precisamente el derecho de petición al PE constituye un modo indirecto  pero importante de superar tal déficit.  En realidad, conviene recordar que   este derecho cumple una doble función:

-1º Cumple una  función correctora de las deficiencias de la vida de la UE.  Ello sucede de esa forma porque casi todas las peticiones demuestran el mal funcionamiento de una institución de la Unión o la deficiente aplicación del Derecho Comunitario e incluso su inaplicación.

-2º Además el ejercicio del derecho de petición constituye un  modo de relación entre el PE y los ciudadanos de la UE.  Se trata de un modo esencialmente democrático, abierto a todos (incluso a los no ciudadanos de la Unión).  Este modo de relación (que podemos calificar como directo y simple,  directo entre PE y ciudadanos,  y simple, por las escasas exigencias formales de su tramitación) ha de ser considerado por tanto  como un instrumento de diálogo, a través del cual los peticionarios participan directamente en la vida de la UE.

Las Peticiones ofrecen, por tanto, una posibilidad importante a los ciudadanos de la Unión.  Adicionalmente brindan al órgano parlamentario otra posibilidad: El PE extiende su control a cualquier ámbito de la vida de la UE, porque el Reglamento del PE [11] permite que éste atienda peticiones "sobre un asunto que incida en el ámbito de las actividades de la UNION EUROPEA", según afirma su art. 156, 1º.  Con ello subrayo que -según la norma citada- materias como la PESC o la Cooperación Policial y Judicial en Materia Penal no se hallan excluidas del campo material de las Peticiones.

Obviamente el DEFICIT DEMOCRATICO no desaparece con los medios analizados.  Y, sin embargo, es necesario que desaparezca. Examinando las sucesivas reformas de los tratados constitutivos puede decirse que casi todas ellas han tendido a dotar de mayor eficacia y democracia  al proceso de integración, sin alterar el equilibrio institucional que inspira el sistema ideado por los tratados fundacionales; pero no ha logrado superarse el déficit democrático inicial.

En definitiva la cuestión del déficit democrático puede situarse en dos planos: El de las normas y el de la opinión pública.  En el primero no cabe dudar de la legalidad  de la adopción de normas en la UE; pero la Unión tiene - a los ojos de la opinión pública- una escasa legitimidad democrática

Del examen global del proceso de integración se extrae una clara conclusión,  que podemos formular con G. FEDERICO MANCINI del siguiente modo: "Se l?Europa non dovesse crescere come organismo democratico, quel che resterebbe da organizzare non sarebbe più l?Europa"

D) UNA UNION DE CIUDADANOS.

Si se revisa la Historia de la integración europea, podrá comprobarse cómo en algunos Estados miembros se ha llegado a convocar referendos para decidir sobre materias comunitarias y de la UE.  FRANCIA   y DINAMARCA (con diversas consultas de esta naturaleza, las dos últimas relativas al TUE) constituyen ejemplos claros.  Todavía más claro es el caso de NORUEGA que, por dos veces, ha rechazado su adhesión a las COMUNIDADES EUROPEAS.

Los referendos han sido convocados asimismo en un buen número de Estados de la UE para ratificar el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.

Desde luego no se ha producido una consulta general, a nivel de toda la UE, para que los ciudadanos adopten una decisión, por ejemplo sobre el TRATADO CONSTITUCIONAL.  

Teniendo presentes esas ideas previas, analizaré a continuación cuatro aspectos de la CIUDADANIA DE LA UE: En primer lugar, la aparición, consolidación y juridificación del concepto de CIUDADANIA DE LA UE; en segundo término,  la significación política de la CIUDADANIA DE LA UE;    apuntaré asimismo la relación entre CIUDADANIA  Y TRANSPARENCIA EN LA VIDA DE LA UE; me referiré finalmente a la diferenciación entre los derechos que atribuye la ciudadanía de la UE y los derechos fundamentales o humanos.

 

a) La aparición, consolidación y juridificación del concepto de CIUDADANIA DE LA UE.

Desde  la perspectiva histórica en la  CIUDADANIA DE LA UE podremos distinguir hasta tres fases:  En la primera se produce la aparición del concepto, aunque entonces se hable de ciudadanía europea o ciudadanía de la Comunidad Europea; en la segunda el concepto se consolida; en la tercera alcanza su juridificación.  Para comprender el profundo significado de la CIUDADANIA, repasaré brevemente esas fases.

Suele afirmarse que la base de la UNION EUROPEA se encuentra en la CONFERENCIA "EN LA CUMBRE" celebrada en París en Octubre de 1974; en efecto, su comunicado final señala que los Estados miembros de la CE "están resueltos a reforzar la Comunidad estableciendo una Unión Económica y Monetaria"; además la "Cumbre" se fija como principal objetivo transformar "el conjunto de las relaciones de los Estados miembros en una Unión Europea" [12] .  Sin embargo, este Comunicado final no contiene referencias a la ciudadanía.

La fase de la aparición de este concepto se inicia, por tanto, en la CONFERENCIA "EN LA CUMBRE" celebrada en París en Diciembre de 1974; en ese momento la citada CONFERENCIA se transforma en el CONSEJO EUROPEO.  Su Comunicado final señalaba que el CONSEJO EUROPEO estudiaría la creación de una "Unión de Pasaportes" y la elección directa del PE.  Además el apartado 11 creaba un grupo de trabajo para estudiar "las condiciones y los plazos en los que se podría conceder a los ciudadanos de los Estados miembros derechos especiales como miembros de la Comunidad" [13] .

Si bien se hablaba de los CIUDADANOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS COMO MIEMBROS DE LA COMUNIDAD (locución jurídicamente incorrecta, por ser la CE una OI, cuyos miembros tan sólo pueden ser Estados), aparece la concepción de los derechos especiales, o sea de la participación política de los ciudadanos en la vida comunitaria.  A su vez el INFORME TINDEMANS SOBRE LA UNION EUROPEA (presentado en Diciembre de 1975) prosigue el camino, afirmando la necesidad de una EUROPA DE LOS CIUDADANOS [14] .

En el proceso de aparición juega, finalmente, un importante papel el PE.  Especial mención merece su Resolución sobre la atribución de derechos especiales a los ciudadanos de la Comunidad europea, en aplicación de la Decisión de la Conferencia "en la Cumbre" de París de Diciembre de 1974 (Punto 11 del Comunicado Final) [15] .  La Resolución pretende reforzar la solidaridad entre los ciudadanos de los Estados miembros atribuyendo derechos civiles y políticos.  En tal sentido el PE solicita que se conceda el derecho a un recurso individual ante el TRIBUNAL DE JUSTICIA, el derecho de Petición a ejercer ante el mismo PE (no regulado entonces en los tratados constitutivos, sino en el Reglamento del PE), la elegibilidad activa y pasiva  y el acceso a las funciones públicas a nivel municipal y regional (no estatal), el derecho de residencia de todos los ciudadanos de la Comunidad, etc.  Esta resolución esconde, por todo ello, un cúmulo de sugerencias muy interesantes incluso en la actualidad.

Precisamente la CONSOLIDACION DEL CONCEPTO es obra fundamentalmente del PE.  Tras su elección directa insiste en diversas ocasiones, especialmente en el PROYECTO DE TRATADO QUE INSTITUYE LA UNION EUROPEA.  El art. 3 de ese malogrado PROYECTO regula la CIUDADANIA DE LA UNION y constituye el precedente inmediato de la actual regulación de esta materia en el TCE.

Como consecuencia de esta acción parlamentaria, el CONSEJO EUROPEO creaba el COMITE AD HOC "EUROPA DE LOS CIUDADANOS" o COMITE ADONNINO.  Este Comité presenta presenta dos Informes en Marzo y Junio de 1985 [16] que consolidan el concepto desde la perspectiva del CONSEJO EUROPEO.

Se produce, por último, la fase de la JURIDIFICACION del concepto. En ella juega un importante papel el Documento español titulado "Hacia una Ciudadanía Europea", presentado a la Conferencia Intergubernamental que examinaba la UNION POLITICA [17] .

Obviamente la JURIDIFICACION DEFINITIVA habrá de esperar a la adopción y entrada en vigor   del TUE.  Entre las modificaciones al Tratado de la COMUNIDAD EUROPEA se encuentran los actuales arts. 17 a 22 (antiguos arts. 8 a 8 E),  que establecen la CIUDADANIA DE LA UE.

No parece oportuno realizar ahora un análisis detallado del  CONTENIDO MATERIAL de esas normas.  Sin duda ha sido ya realizado en gran medida por la doctrina,  aun cuando con ello no se hayan agotado las posibilidades de investigación en la materia.

De cualquier modo ha de subrayarse un dato: Las disposiciones del TCE relativas a la CIUDADANIA no son estáticas, sino dinámicas.  Ello se deduce claramente de las propias normas y de un modo explícito del art. 22 (antiguo art. 8 E) que prevé que sean completadas en el futuro. 

 Poco a poco se ha ido adoptando el derecho derivado de la Ciudadanía de la UE.    Directivas y Decisiones adoptadas entre 1993 y 1995; a ellas habrá que añadir las Directivas sobre la libertad de  circulación  y de residencia de personas, aprobadas ya en 1990 [18] .

 En 1993 se  adopta  la DIRECTIVA 93/109/CE del Consejo, por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al PE por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales [19] ; a su vez el 17 de Diciembre de 1994 el Consejo adoptaba la Directiva relativa a la participación en las elecciones municipales [20] .

Por otro lado, la protección del ciudadano de la Unión fuera de las fronteras de los Estados miembros se desarrollaba mediante la Decisión de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo [21] , de 19 de Diciembre de 1995.  Finalmente el estatuto del Defensor del Pueblo era establecido por el PE mediante una Decisión aprobada por el Consejo  el 9 de Marzo de 1994 [22] .

 Desde luego todavía no ha sido regulado el derecho de todas las personas a dirigirse por escrito a las instituciones u organismos de la CE, introducido por el Tratado de Ámsterdam en el actual art. 21 del TCE.  Ese derecho permite dirigirse en cualquier lengua oficial de la CE (art. 314) e incluye el derecho a recibir una contestación en la misma lengua.

En el Proyecto de Constitución Europea se recoge asimismo la ciudadanía de la UE.  Según su art. 1, la Unión nace de la voluntad de los ciudadanos y de los Estados; además el art. 8 contiene una proclamación general de esta ciudadanía.

 

b) La significación política de la CIUDADANIA. 

  Como señalan  diversos autores, la simple introducción del concepto de CIUDADANIA tiene un valor fuertemente emblemático y revela una inequívoca intención política. Tanto desde el punto de vista político como jurídico, ciertamente no resulta  exagerado afirmar que estamos ante una materia de gran trascendencia y de permanente actualidad. 

El desarrollo actual de la CIUDADANIA   constituye el fruto de un proceso iniciado  hace ya  tres décadas, cuando la  COMUNIDAD comienza a proteger los DERECHOS FUNDAMENTALES.  A partir de esos momentos se atisba ya la aparición de la CIUDADANIA.

Desde esa perspectiva en el pasado he realizado diversas referencias a esta materia, comenzando ya en 1978; en efecto, en ese año (refiriéndome a la elección directa del PE) escribía lo siguiente: "No puede afirmarse (con toda precisión) que tras la elección directa haya aparecido el civis europaeus.  Pero sin duda la acción supone un gran avance para la transformación del ciudadano francés, británico, belga, etc., en  CIUDADANO DELA COMUNIDAD”

Por otro lado, en 1989, en el epílogo a mi obra LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA COMUNIDAD EUROPEA, revisaba la significación del sistema comunitario de protección de tales derechos y los enmarcaba en el contexto global del PROCESO DE APARICION DE UNA CIUDADANIA COMUNITARIA; en tal sentido reiteraba una reflexión ya implícita en anteriores publicaciones según la cual "suscitar la cuestión de la ciudadanía comunitaria implica  per se suscitar la cuestión del desarrollo político de la Comunidad".  Me adentraba asimismo en esa dirección, concretando los índices más importantes -que jalonaban el proceso de aparición de la ciudadanía- en los tres siguientes:  La protección de los Derechos Fundamentales en la Comunidad, ejercida por el TRIBUNAL DE JUSTICIA; la existencia y elección directa del PE, que reune a los representantes de los pueblos europeos y el establecimiento de un pasaporte uniforme [23] .

 

c) La relación entre CIUDADANIA DE LA UE y transparencia en la vida de la UE.

Ciertamente la CIUDADANIA DE LA UE tiene diversas vertientes o aspectos.  Una de las más actuales se refiere a su relación con la TRANSPARENCIA EN LA VIDA DE LA UE [24] . Analicemos brevemente el derecho originario que regula la transparencia y el derecho derivado de la misma.

 

-El derecho originario que regula la transparencia.

Hemos de observar en primer término que el mismo art. 1 del TUE, tras ser modificado en Ámsterdam, afirma que (en el proceso creador de una Unión cada vez más estrecha) las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible.  Si la idea de proximidad engarza directamente con el principio de subsidiariedad, la idea de apertura se refiere a la transparencia.

La norma básica sobre la transparencia es el art. 255 del TCE, introducida por el Tratado de Ámsterdam.  Según esta norma, todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica residente en un Estado miembro "tendrá derecho a acceder a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión".

Además de la afirmación de un derecho, el párrafo 2º prevé que el Consejo determinará los principios generales y los límites de este derecho.    El tercer párrafo de esta norma exige que cada una de las citadas instituciones elabore en su reglamento interno disposiciones específicas sobre el acceso a los documentos. 

Conviene recordar a su vez dos declaraciones adoptadas en la última conferencia intergubernamental.  En primer término, según la declaración nº 35 la Conferencia conviene en que los principios y condiciones de la regulación de la transparencia permitirán a un Estado miembro solicitar a la Comisión o al Consejo que no comunique a terceros un documento originario de dicho Estado sin su consentimiento previo.  Estamos pues ante un permiso o ante un derecho de solicitud; pero la declaración no llega a afirmar que la Comisión o el Consejo estén obligados a no comunicar dicho documento.

Por otra parte la declaración nº 41 pretende cubrir la laguna de la transparencia en la CECA y en la CEEA; por eso la conferencia considera que el PE, la Comisión y el Consejo de la UE, cuando actúan en virtud esos dos tratados, "deberían inspirarse en las disposiciones en materia de transparencia, de acceso a los documentos y de lucha contra el fraude vigentes en el marco del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea".  La declaración pretende colmar (sin conseguirlo realmente) la laguna que la conferencia intergubernamental dejó en ambos tratados.

 

-Su regulación  en el derecho derivado.

 Aun antes de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam existían algunos actos de derecho derivado que regulaban la transparencia.  Estamos ante un acto no tipificado y ante cuatro tipificados. 

En la primera categoría recordaré   la DECLARACION INTERINSTITUCIONAL SOBRE LA DEMOCRACIA, LA TRANSPARENCIA Y LA SUBSIDIARIEDAD, adoptada por el CONSEJO, el PARLAMENTO EUROPEO y la COMISION el 25 de Octubre de 1993 [25] .

 Enlazando directamente  DEMOCRACIA Y TRANSPARENCIA, las citadas instituciones se obligan en la Declaración a incrementar la transparencia; en concreto el PE se obliga a dar carácter público a las reuniones de sus comisiones y de sus sesiones plenarias; el Consejo asume la obligación de abrir al público algunos de sus debates, publicar los resultados y las explicaciones de voto, etc. Por su parte la Comisión se compromete a realizar consultas más amplias antes de elaborar sus propuestas, a indicar en su programa de trabajo sus futuras propuestas para que sean debatidas [26] y a adoptar otra serie de medidas adicionales.

La mayor transparencia  del trabajo de las instituciones comunitarias debe lograr una más ágil y fructífera relación entre los ciudadanos y aquéllas.  Pero debe tender además a que éstos ejerzan mayor participación en el proceso de decisión comunitario.

Como plasmación tipificada de la transparencia nos encontramos  el Reglamento (CE) nº 1049/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de Mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos oficiales del Parlamento Europeo, del Consejo y de la  Comisión (DO L 145, 31/05/2001, p. 43.

Dicho Reglamento define los principios, condiciones y límites del acceso a los documentos de las citadas instituciones.  Atribuye ese derecho de acceso a los ciudadanos de la Unión y a las personas físicas o jurídicas que residan o tengan su domicilio social en un Estado miembro.  La solicitud puede hacerse electrónicamente, por escrito o a través de registro.

Debemos destacar las excepciones a este   acceso: Obedecen bien al interés público (defensa, seguridad pública, relaciones internacionales, política financiera o monetaria), bien al respeto a la intimidad e integridad de la persona; tampoco se puede acceder a los documentos en los cuales se hallen datos sensibles para los intereses comerciales o para los intereses de la defensa jurídica de una persona.

En definitiva la transparencia y el acceso de los ciudadanos a la documentación de las instituciones ofrece otra posibilidad de superar (tan sólo en parte, es cierto) el déficit democrático.  Se potencian así los derechos de los ciudadanos como tales; se potencian además otros aspectos relacionados con una sana administración de la UE.

 

D) Los imprecisos límites entre Derechos Fundamentales y Derechos de la Ciudadanía de la UE.

La introducción de la ciudadanía de la UE en el Tratado de Maastricht supuso un trascendental paso adelante para la creación de una Unión Política.  Pero tuvo asimismo reflejos muy significativos en los derechos fundamentales.

Tales reflejos pueden sintetizarse en una doble dirección: Por un lado es difícil separar los derechos de los ciudadanos de la UE de los derechos fundamentales.  Por otra  parte hemos de preguntarnos cuál es la suerte de los derechos  de los extranjeros que viven en el territorio de un Estado miembro de la UE. 

La creación de la ciudadanía de la UE  permite hablar   de tres categorías de personas (además de los apátridas):

1ª Los nacionales de un Estado miembro de la Unión que residen en el territorio de ese Estado; por ejemplo, los españoles que residen en España, los franceses que residen en Francia, etc.   Disfrutan de la plenitud de los derechos que les concede tanto el Derecho de la Unión Europea como el de su Estado (el Derecho Español, en nuestro caso).

2ª Los ciudadanos de la UE que  residen en un Estado distinto al de su nacionalidad; por ejemplo, los españoles que residen en Francia, los italianos que residen en Alemania, etc.  Disfrutan de la plenitud de los derechos que les brinda la Unión Europea, con un status similar al de las personas del primer grupo  pero no idéntico.

3ª Los nacionales de Estados no miembros de  la Unión; por ejemplo, los marroquíes que residen en España o los pakistaníes que residen en Gran Bretaña.  Pues bien, tan sólo los pertenecientes a esta tercera categoría son extranjeros en sentido estricto; su extranjería se concreta en que tienen un status jurídico sensiblemente inferior en derechos al de los dos grupos anteriores.

 

Con la aparición de la ciudadanía de la UE surge un problema adicional: El diferenciar entre derechos fundamentales o derechos humanos y derechos de la ciudadanía de la UE.  

 La diferenciación entre ambos aspectos puede efectuarse desde un doble criterio: Material y personal,  según el primero analizaremos   los derechos atribuidos a la ciudadanía de la Unión  por los arts. 17 a 22 del tratado de la Comunidad Europea.  Sin embargo no ha de olvidarse que el art. 17, afirma en su párrafo 2º,  que los ciudadanos serán titulares de los derechos y sujetos de los deberes previstos en el presente tratado; en otras palabras, los derechos y deberes propios del ciudadano de la Unión se encuentran diseminados por todo el Tratado.

Si llegamos hasta el ámbito personal, comprobaremos que además se produce  otro fenómeno: Algunos derechos atribuidos inicialmente tan sólo a los ciudadanos de la Unión   se extienden después a los extranjeros residentes en territorio de uno de sus Estados miembros.  Ello sucede en el Tratado de la Comunidad Europea en  dos casos:

-El derecho a dirigir peticiones al Parlamento Europeo se atribuye en el art. 21 a los ciudadanos de la UE; por su parte el art. 194 del mismo Tratado lo extiende a cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro; con ello la ampliación del ámbito subjetivo resulta indudable;  por su parte el Reglamento del PE permite que le presenten peticiones incluso los no ciudadanos que residan fuera del territorio de la Unión (art. 158 del Reglamento).

-Lo mismo puede decirse del derecho a presentar reclamaciones al Defensor del Pueblo creado por la Unión Europea,  mientras el art. 21 lo predica de todo ciudadano de la UE, el art. 195 permite que presente reclamaciones  cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, aunque sea extranjera.

Por tanto  los derechos específicos de los ciudadanos de la UE se reducen considerablemente.  Por eso tan sólo  podemos calificar como  derechos específicos de los mismos la libertad de circulación y de residencia, la elegibilidad activa y pasiva a nivel municipal y del Parlamento Europeo, el derecho a solicitar información a las instituciones y organismos comunitarios y la posibilidad de que un Estado miembro ofrezca asistencia diplomática y consular a los nacionales de otro Estado miembro.

 Queda asimismo como derecho específico o propio de los ciudadanos  la igualdad o no discriminación por razón de la nacionalidad (actual art. 6 del TCE) que  tiene gran importancia, sobre todo en conexión con la libertad de circulación y de residencia. 

Los restantes derechos, que configuran la ciudadanía de la Unión Europea, pertenecen, por tanto, a la categoría de los derechos fundamentales o derechos humanos.  Como tales, deben concederse a todos, sean ciudadanos de la UE o no lo sean. 

E)   UNA UNION RESPETUOSA CON LOS DERECHOS FUNDAMENTALES (ASPECTOS GENERALES).

La suerte de los Derechos Fundamentales en la COMUNIDAD EUROPEA se halla claramente delimitada por la jurisprudencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA, desde finales de los años sesenta.  A pesar de todo los tratados constitutivos de las Comunidades no recogían una referencia general expresa a la protección de esos derechos; en otras palabras, no proclamaban ningún catálogo de derechos.

La necesidad de proteger los Derechos Fundamentales en la Comunidad surge cuando el Tribunal de Justicia comprueba que no se estaba asegurada la primacía del Derecho Comunitario; a través de los citados Derechos, se corría el riesgo de una "reestatalización" del ordenamiento comunitario.  Por eso el MECANISMO JUDICIAL COMUNITARIO DE PROTECCION DE DERECHOS FUNDAMENTALES resulta limitado; a pesar de todo ello no parece admisible la tesis de  algunos autores para quienes  la alta retórica de la protección de los Derechos Humanos no es otra cosa que un vehículo para que el Tribunal logre su fin y extienda su poder e influencia.

El Proyecto de Tratado por el que se establece (se establecía) una UE, adoptado por el PE en 1984, constitucionalizaba en su art. 4 los DERECHOS FUNDAMENTALES de una manera inequívoca; precisamente caminaba por la senda ya marcada por los Tratados internacionales de Derechos Humanos, al subrayar que la UE reconocía esos derechos "a toda persona dependiente de su jurisdicción" (art. 4, 1º)

Sin embargo, las esperanzas despertadas por el PROYECTO se desvanecieron.  El ACTA UNICA EUROPEA tan sólo aborda de frente la protección de tales derechos en su preámbulo.  En él los Estados comunitarios se manifiestan dispuestos a proteger la democracia y los Derechos Fundamentales reconocidos en los sistemas internos, en la Convención Europea de 1950 y en la Carta Social Europea.  Al ser expresamente citados como valores a proteger por el ACTA UNICA EUROPEA, se producía ya entonces una "constitucionalización" inicial e insatisfactoria.  Ello es así porque las referencias a Derechos Fundamentales en preámbulos de tratados y exposiciones de motivos de leyes internas suelen servir para muy poco, salvo que actúen como elementos auxiliares de interpretación.

En el plano de los tratados constitutivos, avanzamos un poco más para revisar los   derechos individuales proclamados ya por los mismos.  Estos derechos constituirán en una pequeña parte la plasmación del art. 6, 2º, del TUE.  Estamos ante derechos dispersos por todo el TCE, tratado al que limitaré el estudio,  tras las modificaciones sufridas en Ámsterdam.

 La rica problemática de estos DF será analizada en este Curso.  Seguir la evolución de la materia exige una atención constante a la jurisprudencia.

   APUNTE BIBLIOGRÁFICO Y JURISPRUDENCIAL .

BIBLIOGRAFÍA

-J. AUBERT-FINCK, Les procédures de sanction internationale en vigueur dans l?ordre interne de l?Union et la défense des droits de l ?homme dans le monde, Revue Trimestrielle de Droit Européen 2003, p. 1

-C. CHARRIER, La Communauté de Droit, une étape sous-estimée de la construction européenne, RMCUE Julio-Agosto 1996, p. 532.

-A. G. CHUECA SANCHO, El principio de elección directa del Parlamento Europeo, Revista de Instituciones Europeas 1978, p. 448.

-Idem,  El derecho de petición de los ciudadanos de la Unión Europea al Parlamento Europeo, REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, nº monográfico 18, 1994

- Idem, Los Derechos Fundamentales en la Unión  Europea, 2ª edic., Bosch, Barcelona 1999

-V. CONSTANTINESCO, J.-P. JACQUÉ, R. KOVAR y D. SIMON , Traité instituant la CEE.  Commentaire article par article, Economica, Paris 1992, p.  30.

- P. DYRBERG, El acceso público a los documentos y las autoridades comunitarias, ,RDCE 1997.

 -L.N. GONZÁLEZ ALONSO, Transparencia y acceso a la información en la Unión Europea, Colex, Madrid 2002.

 -K.LENAERTS y M. DESOMER, Bricks for a Constitutional Treaty of the European Union: values, objectives and means, E.L. Rev. 2002, p. 377

-F. MANZINI, Il contributo della Corte di Giustizia allo sviluppo della Democracia nella Comunitâ, Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali 1992.

 

APUNTE JURISPRUDENCIAL:

-Sent. del TJUE 20-Sept-2002 en el caso Rudy GRZELCZYK (analiza el derecho de residencia de los estudiantes, la legislación nacional  belga que garantiza un ingreso mínimo de subsistencia a los nacionales y a quienes sea posible aplicar el Reglamento (CEE) n. 1612/68)

-Sent. del TJUE de 11 de Julio de 2002 en el caso Marie-Nathalie D?HOOP (problemática similar a la del caso anterior).

-Sent. del TJUE de 2 de Octubre de 2003 en el caso GARCÍA AVELLO (analiza la transmisión del  apellido a los hijos de nacionales de Estados miembros, que tengan doble nacionalidad).

TEST DE AUTOEVALUACIÓN.

Nota: Subraya la respuesta acertada o responde muy brevemente (no más de una línea) a la pregunta planteada.

1)                  El TRATADO POR EL QUE  SE ESTABLECE UNA CONSTITUCIÓN PARA EUROPA   los objetivos se recogen en el art.      

2)                  El vigente TUE habla de la IDENTIDAD EXTERIOR DE LA UE:

-Exacto    -Inexacto

3)                  La “sabiduría” del Tratado CE consiste en no decir con exactitud qué es:

-Democracia   -Derechos Fundamentales      -Economía     

4) Los objetivos de la PESC se dividen en esta Unidad en dos  categorías: Indícalas brevemente.  

5) El texto  cita una sentencia del Tribunal de Justicia en la que era demandante PORTUGAL; concreta la fecha

6) En la UE existe un órgano denominado:

-Euroned  -Internet  -Europol  -Interpol

7) Los caracteres esenciales de la Unión son

-8, -5 –7  -6

8) El art. 10 del TUE se refiere a los pueblos de Europa:

-Exacto  -Inexacto

9) El art. 1 del Proyecto de Constitución Europea se refiere a los pueblos de Europa:

-Exacto   -Inexacto.

10) El Derecho de Petición al Parlamento Europeo cumple una doble función; indícalas brevemente:

 

 

11) Los límites entre los derechos fundamentales y los derechos de los ciudadanos de la Unión:

-Son claros   -Son precisos  -Son imprecisos  -Son inexistentes

12) En la ciudadanía de la UE el derecho derivado se ha adoptado mediante:

-Reglamentos  -Directivas  -Decisiones –Recomendaciones  -Dictámenes –De otra forma.

13) En materia de transparencia se dice en la Unidad que existe una norma básica en el Derecho Originario; indica cuál es.

14) El Reglamento relativo al acceso a los documentos es el Reglamento nº         de (fecha)

 

 

[3] Aun cuando la Convención de Viena de 1969 regula tratados celebrados entre Estados, parece aplicable a los acuerdos de asociación celebrados por la Comunidad Europea por una doble razón: Suelen ser acuerdos mixtos, o sea en ellos son partes la Comunidad y sus Estados miembros por un lado y un tercero por el otro; además ha de considerarse que el citado art. 60 codifica una norma consuetudinaria también aplicable a los tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales.

[4] Se trata del as. C-268/94, PORTUGAL/CONSEJO DE LA UE, Rep. 96, p. I-6177, sobre todo pp. I-6210 y I-6214-6218, para las siguientes citas.

[5] Art. cit., p. 373.

[6] Sobre este pilar ver, en general, H. LABAYLE, Un espace de liberté, de sécurité et de justice, RTDE 1997, pp. 863 y ss.

[7] Aspecto a analizar durante este Curso.

[8] Texto en RIE  1993, cita en p. 1007-1008.

[9] As. 294/83, Rep. 86, p. 1339 y ss., considerando 23.

[10] Rep. 91, I-6079.

[11] Texto en DOCE nº L 293, 7-12-95, p. 1.

[12] Texto del Comunicado final en RIE 1974, p. 491 y ss.

[13] Texto en RIE 1975, p. 611 y ss.

[14] Texto en RIE 1976, p. 583 y ss.

[15] Texto en DOCE C299, 12-12-1977, p. 25 y ss.

[16] Texto en BULLTIN DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Supplément 7/85.

[17] Texto en RIE 1991, p. 333 y ss.

[18] Salvo la llamada Directiva de Estudiantes, anulada por sent. de 7 de Julio de 1992, y revisada después en 1993.

[19] DO L 329, 30-12-93, p.34.

[20] Directiva 94/80/CE, DOCE L 368, 31-12-1994.

[21] Decisión 95/353, DOCE L 314 de 28-12-1995.

[22] DOCE L 113, de 4-5-1994.

[23] Los Derechos Fundamentales en la Comunidad Europea, Barcelona 1989, p. 385-390.

 .

[25] Texto en BOLETIN CE 10-1993, p. 120 y ss.

[26] Consultar, por ejemplo, el PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISION PARA 1995, COM (95) 26 FINAL, Bruselas 8-2-1995.

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