El 17 de octubre de 2011 se presentaba en Zaragoza el Observatorio de contratación pública. Dos años después de su creación, son más de cien los colaboradores que participan en esta iniciativa, representativos de muy diversos perfiles: académicos, gestores, miembros de órganos consultivos y órganos de recursos, abogados, etc.
En dos años se han publicado más de cien artículos en la Tribuna de opinión, y dado cuenta de más de 400 noticias relevantes relacionadas con la contratación pública. La web (www.obcp.es) acumula una media de casi 7.000 visitas mensuales. Se han organizado cinco seminarios de especialización por los que han pasado alrededor de 300 personas en total, y se han realizado tres ediciones (2010, 2011, y la que acaba de salir al mercado, correspondiente a 2012) del anuario «Observatorio de contratos públicos» publicado por la editorial Civitas-Aranzadi.
La voz del Observatorio también ha estado presente en algunos de los procedimientos normativos más relevantes en materia de contratación pública. Fijó su posición en la consulta promovida por la Comisión Europea con ocasión del Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación pública de la Unión Europea (COM(2011) 15 final), documento que se encuentra en la génesis del nuevo paquete de Directivas en materia de contratación que serán aprobadas -con casi total seguridad- el próximo mes de diciembre. También participa en la consulta pública sobre el Anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno, influyendo en la nueva redacción del precepto que aborda la obligación de publicidad activa de determinada información sobre los contratos públicos.
Además, presentó -con éxito- su candidatura para formar parte del Grupo de expertos de la Comisión en materia de contratación pública, y más recientemente, la web del Observatorio se ha incluido entre las fuentes de información recomendadas por el programa de capacitación en materia de contratación pública de la Organización de las Naciones Unidas (UNPCDC).
En el apartado de colaboraciones, destaca la mantenida con los órganos de recurso especial en materia de contratación pública (Tribunal Administrativo Central de recursos Contractuales y órganos autonómicos de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Aragón, Cataluña, País Vasco, Castilla y León y Navarra). En el marco de uno de los seminarios organizados por el Observatorio en Cuenca en el mes de enero de este año se reunió a los Presidentes de dichos órganos para presentar públicamente la actividad de los mismos. Además, a través del Observatorio se ha dado cuenta de sus acuerdos de coordinación. También se han fortalecido las relaciones internacionales: mantiene un fluido contacto con el Osservatorio di Diritto Comunitario e Nazionale sugli appalti pubblici de Italia, con el que trabaja conjuntamente en el desarrollo de algunos proyectos, y también ha acordado colaborar con el Tribunal de Contratos Públicos de Panamá en temas de formación. Además, ha incorporado al observatorio algunos expertos internacionales que proceden de Argentina, Italia, Portugal o Dinamarca.
Todo lo anterior le ha convertido en un referente en esta materia, gracias al esfuerzo de todos los que han participado en este proyecto. Resulta obligado el reconocimiento destacado a todos los colaboradores, así como a las instituciones que nos brindan su apoyo, especialmente a los partners Everis y el Ministerio de Economía y Competitividad.
En cuanto al futuro, no son pocos los retos que quedan por abordar. En pocos meses habrá nuevas Directivas de contratos públicos que habrá que incorporar al Ordenamiento interno, y el Observatorio intentará aportar su granito de arena en ese proceso.
Además, desde el Observatorio se quiere promocionar en el corto y medio plazo algunas líneas de actuación que considera estratégicas. En primer lugar, está estudiando la posibilidad de poner en marcha acciones colaborativas para dar soporte a programas de compra pública innovadora. También quiere implicarse activamente en la denominada «transición» hacia la contratación pública electrónica. Y por otra parte, quiere impulsar el debate del reconocimiento profesional de las funciones de contratación pública.
