Desde el inicio del curso hasta finales del mes de abril han llegado a la Oficina de la Defensora de la Universidad de Zaragoza 125 solicitudes de actuación. Entre los cuestiones planteadas destacan las quejas relacionadas con la selección de profesorado no permanente y con la elección de docencia, así como problemas de ambiente laboral y desacuerdos con la convocatoria de plazas del personal de administración y servicios. Igualmente, siguen surgiendo problemas relacionados con los planes de estudios en extinción, fundamentalmente debidos al desconocimiento de los alumnos de las normas existentes para poder optar al tercer año sin docencia.
Otro tema relevante han sido las quejas de alumnos respecto a la docencia impartida y evaluaciones realizadas por profesores, que ha experimentado un importante incremento en los últimos meses y, en el otro lado, quejas de profesores respecto a estos escritos de los alumnos. La percepción de los conflictos por parte de alumnos y profesores es muy diferente. Algunas de las razones que, según la Defensora, María José Rabanaque, han contribuido a que aumenten este tipo de conflictos están relacionadas con la crisis económica, que a menudo afecta al núcleo familiar. Sobre todo en lo referente al aumento del precio de segundas y sucesivas matrículas y con las normas de permanencia en los grados, en los que los alumnos consumen convocatorias aunque no se presenten a los exámenes. Estos hechos hacen que los estudiantes sean menos tolerantes a tasas elevadas de suspensos, especialmente cuando consideran que la calidad de la docencia no es la adecuada, o cuando la relación con el profesor no es bien valorada por el alumnado.
Otro motivo de queja, según Rabanaque, han sido las denegaciones de becas que han venido a dificultar la continuidad de los estudiantes universitarios con problemas económicos. Han llegado a la Oficina de la Defensora alumnos a los que les resulta difícil seguir estudiando porque no pueden seguir pagando la matrícula, o porque tienen que buscar trabajo para ayudar al núcleo familiar. Si bien la Universidad dispone de ayudas para situaciones sobrevenidas, va a resultar imposible poder paliar, sólo desde la Institución, este problema.
En el último año han tenido lugar dos circunstancias que han ocasionado graves consecuencias para el acceso y la continuidad en las carreras académicas de los estudiantes. La primera es la modificación de la Ley Orgánica de Universidades por el artículo 6.5 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril de 2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. La segunda es el endurecimiento de las condiciones de acceso a las becas generales y de movilidad de la última convocatoria publicada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Como valoración global, la Defensora Universitaria percibe en los estudiantes una gran preocupación por las dificultades económicas para poder finalizar sus carreras académicas, a la que se une la falta de perspectiva laboral. Por su parte, en el personal docente e investigador no permanente, la Defensora considera las dificultades para conseguir una estabilidad laboral y la falta de perspectiva de futuro y en el personal de administración y servicios se destaca la falta de perspectiva de promoción y el enrarecimiento del ambiente laboral en algunos servicios.
